SABINAS LA SOMBRA DE LA IMPUNIDAD Y

Sabinas: la sombra de la impunidad

El accidente ocurrido en un pozo de carbón de la empresa Binsa en Sabinas, Coahuila, los cinco mineros muertos y los nueve atrapados en el socavón, y el joven de 15 años que resultó gravemente herido a consecuencia del hecho, han vuelto a poner de manifiesto la indolencia e inoperancia de las autoridades federales en materia de portección a los asalariados y cumplimiento de las leyes correspondientes. A las afirmaciones formuladas pocas horas después de la explosión por el titular de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), Javier Lozano, de que hay nulas posibilidades de rescatar con vida a los trabajadores atrapados, se sumaron ayer los jaloneos entre esa dependencia y la Secretaría de Economía por la responsabilidad de las deplorables condiciones –prácticamente clandestinas, a decir del propio Lozano– en que operaba el pozo minero.

Es inevitable vincular la explosión ocurrida anteayer en el municipio coahuilense con la que tuvo lugar hace un lustro en el yacimiento de Pasta de Conchos –que cobró la vida de 65 mineros, cuyos cuerpos siguen sin ser rescatados–, así como con los incendios registrados en junio de 2009 y en noviembre del año pasado, respectivamente, en la guardería ABC de Hermosillo, Sonora –subrogada por el IMSS a particulares–, donde medio centenar de niños murieron quemados, y en un local de la empresa Coppel en Culiacán, Sinaloa, donde fallecieron seis empleadas que habían sido encerradas bajo llave mientras realizaban un inventario. El denominador común de esos episodios, además de una cadena de negligencias e incumplimientos a las normativas de seguridad por parte de particulares, es una persistente impunidad por efecto de la falta de voluntad política de las autoridades para sancionar a los responsables.
Tal circunstancia no sólo representa un doble agravio para las víctimas y sus familiares, por cuanto cancela la procuración e impartición de justicia, sino que abre un amplio margen para que ocurran nuevas tragedias, como la registrada en Sabinas. Ahora, para colmo de males, y al igual que lo sucedido en Pasta de Conchos hace un lustro, en vez de consagrarse a rescatar a los trabajadores enterrados, las autoridades renuncian de antemano a la perspectiva de sacarlos con vida –no otra cosa se desprende de la declaración del secretario del Trabajo– y se enfrascan en intercambios declarativos inútiles e impresentables.
Por lo que hace al supuesto compromiso de la Procuraduría General de la República de aplicar la ley con todo rigor contra los responsables por la explosión, tal afirmación colisiona con el desempeño de esa dependencia ante eventos de este tipo: en el caso de Pasta de Conchos fue más destacado el papel de la PGR en la persecución del líder minero, Napoleón Gómez Urrutia, que en el esclarecimiento de los hechos y sanción de los responsables; en el de la guardería ABC, la dependencia incurrió en un desmanejo en la procuración de justicia de tal magnitud, que incluso su entonces titular, Eduardo Medina Mora, dijo días después de los hechos que nadie iría a la cárcel. Con tales antecedentes, la intervención de la PGR no es un dato esperanzador con miras al cumplimiento de la ley; antes bien, y por desgracia, parece probable que contribuya a preservar la impunidad.
El episodio de Sabinas ha puesto en relieve, de nueva cuenta, condiciones laborales difícilmente distinguibles de la esclavitud, que ocurren en el marco de una lógica económica que preconiza la depredación de los recursos humanos y naturales. En lo inmediato, y más allá de la necesaria corrección de esta circunstancia –que implicaría un urgente viraje en el modelo económico vigente–, la obligación principal del gobierno es llevar a cabo las maniobras de rescate necesarias para sacar de la mina a los trabajadores. En un entorno social devastado por la preservación de una política económica que lleva a la miseria a grandes sectores de la población –empleados o no–, y por una estrategia de seguridad fallida y de resultados por demás cruentos, el gobierno federal ha agotado ya el margen de maniobra del que pudo haber dispuesto para actuar de otro modo. Si el sentido de responsabilidad y de respeto a la vida humana no es suficiente para que las autoridades se esfuercen en cumplir con esa responsabilidad, deben hacerlo por mero interés de supervivencia política.

Calpulálpam de Méndez contra la explotación minera

Francisco López Bárcenas

Los días 20 y 21 de mayo del presente año se realizará en la comunidad de Capulálpam de Méndez, municipio de Ixtlán, en la sierra Zapoteca de Oaxaca, el tercer foro nacional Tejiendo la resistencia en defensa de nuestros territorios. El encuentro es impulsado por varias autoridades municipales y comunales de la región, acompañadas por organizaciones sociales del estado de Oaxaca, preocupadas por el deterioro de los territorios indígenas, la destrucción del tejido social, la violación de los derechos de los pueblos y la irracional explotación de los recursos naturales, como efecto de las actividades de apropiación de los recursos naturales que empresas privadas, la mayoría de capital trasnacional, llevan a cabo en contubernio con autoridades federales.

La elección de Capulálpam como sede del encuentro también tiene el propósito de brindar solidaridad con sus habitantes, amenazados por la actividad de la minera canadiense Continuum Resources, la que entre los años 2002 y 2006 recibió del gobierno federal concesiones mineras para explorar y extraer oro y plata en una extensión superior a las 50 mil hectáreas de tierras que forman parte del territorio de los pueblos zapotecos y mixes. Para realizar sus trabajos la empresa canadiense se asoció con la Compañía Minera de la Natividad y Anexas, que desde el siglo XIX operaba en la zona, lo mismo que con la American Smelting and Refining Company (Asarco), una importante productora de cobre y otros metales, subsidiaria del Grupo México, la cual desde 1993 realizó actividades de exploración minera en la zona, y es titular de concesiones en otras partes del estado, como el municipio de Zaniza.
Como parte de las actividades que Continuum Resources y sus asociadas han realizado para llevar a cabo sus planes, perforaron túneles que se extendieron por las zonas de bosque y acuíferos de la comunidad, teniendo como consecuencia la desaparición de trece manantiales que alimentaban a la comunidad y su entorno; también se posesionaron de tierras comunales de Capulálpam donde depositaron materiales de desecho, contaminando ríos y arroyos, ocasionando un desastre ambiental. Esta situación, grave en sí misma, se complica más porque entre los años 2005 y 2007 la empresa Continuum Resources y la Compañía Minera de la Natividad y Anexas localizaron otras vetas de oro y plata en una zona acuífera de Capulálpam, prácticamente en la superficie terrestre, por lo cual ambas empresas planearon una explotación a tajo abierto para la obtención de los minerales.
En esta nueva fase de la explotación minera no es sólo la biodiversidad, la tierra y el medio ambiente lo que se encuentra en peligro de ser destruido por la actividad minera, lo están también los lugares sagrados, donde los habitantes de la zona realizan diversos rituales propiciatorios, entre ellos las peticiones de lluvia, igual que los sitios de importancia histórica para la comunidad y el estado. Pero eso no es todo. La mayoría de las actividades mineras se han realizado en contravención de las leyes ambientales. Esto quedó demostrado desde hace cuatro años, cuando la protesta de los habitantes obligó a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) a realizar una revisión ambiental y, como consecuencia de ello, la clausura temporal de las actividades mineras de Continuum Resources y la Compañía Minera de la Natividad y Anexas.
Ahora los habitantes de Capulálpam andan preocupados porque hace unos días el representante de la empresa les comunicó que están a punto de reiniciar operaciones. Su inquietud estriba en que es evidente que los daños al medio ambiente no han sido reparados; varias presas de jales que tenía la empresa se derrumbaron con las torrenciales lluvias que en septiembre del año pasado asolaron la sierra norte del estado; además de que la empresa Contiunuum Resources vendió sus acciones y concesiones a otra empresa minera de nombre Sundance, la cual ha anunciando que pronto comenzará la explotación de los recursos minerales que se localizan en las zonas acuíferas de Capulálpam.
En este escenario, a los habitantes de Capulálpam no les queda otro camino que la resistencia para defender sus derechos, que es también su futuro y el de sus hijos. El pasado domingo 10 de abril, en pleno aniversario del asesinato de Emiliano Zapata, la asamblea general de comuneros y comuneras ratificó su voluntad de no permitir la actividad minera en su territorio, por destructiva, contaminante y no aportar ningún beneficio a la comunidad. Capulálpam ha advertido a Sundance y la Compañía Minera de la Natividad y Anexas que no dará autorización para la explotación de oro y plata. Ahora preparan el tercer foro nacional Tejiendo la resistencia en defensa de nuestros territorios, donde esperan a otros pueblos con los mismos problemas, para ir tejiendo una oposición más fuerte, que sea capaz de oponerse a la fuerza de las mineras.