8 de agosto de 2011
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"Cacoa" Calderón y Elba Esther presentan
Dos buenas razones para votar por Cacoa Calderón y por Pena Miento
PGR rechinando de limpias Por Ricardo Rocha
Reiteran algunas corrientes de izquierda apoyo a AMLO
La corriente Izquierda Democrática Nacional y el Movimiento Nacional por la esperanza, encabezados por Dolores Padierna y René Bejarano, llamaron a hacer un frente contra Enrique Peña Nieto rumbo al 2012.
Aprobación de Calderón la más baja en tres años
[Encuesta]
Por El Universal
México, DF.- De acuerdo con una encuesta nacional realizada por "El Universal" y Buendía & Laredo para dar a conocer la opinión de la ciudadanía respecto a la gestión del presidente Felipe Calderón, en agosto de 2011, la aprobación del Mandatario es prácticamente la misma que hace tres meses.
Los datos de la encuesta nacional, cara a cara, de “El Universal” y Buendía & Laredo indican que 53% de los mexicanos respalda la gestión del Primer Mandatario. A pesar de la estabilidad, esta cifra es una de las más bajas registradas en los últimos tres años.
En cuanto al rumbo del país, predominan las opiniones negativas, pero éstas han disminuido en los últimos meses. Hoy, sólo 39% dice que el país va por mal camino, cuando un año atrás la cifra era de 45%. Sin embargo, la demanda de cambio de rumbo gubernamental es mayoritaria: 55% de los encuestados demanda cambiar el rumbo del gobierno del presidente Calderón y sólo uno de cada cinco encuestados (21%) pide continuidad. Entre ambos extremos aparece un 18% de la población que quiere mantener el rumbo, pero con algunos cambios.
Al igual que en encuestas anteriores, la política social es una de las áreas mejor evaluadas del Gobierno federal. Más de la mitad de la población tiene opiniones favorables de las tareas realizadas en salud y educación (58% y 52%, respectivamente). En cambio, las opiniones negativas son mayoritarias en los temas de generación de empleos y combate a la delincuencia.
Otros indicadores muestran una ligera tendencia negativa. Más de la mitad de la población (52%) señala que Calderón ha hecho menos de lo que esperaba de él y sólo 13% dice que ha rebasado sus expectativas. Un porcentaje similar (49%) considera que Calderón está en el peor momento de su gestión y sólo uno de cada cinco encuestados (22%) cree que está viviendo su mejor etapa.
Lo anterior se traduce en un menor optimismo sobre el último tramo de la actual administración. El balance de optimismo (personas optimistas menos personas pesimistas) es de sólo +5 en agosto de 2011, cuando seis meses atrás era de +16.
A menos de un año de la elección presidencial, y en medio de la cada vez más abierta competencia electoral, la población continúa con una percepción desfavorable de la situación política del país: 43% considera que ésta es mala, mientras que 23% señala que es buena. Estas proporciones prácticamente se han mantenido sin cambio en los últimos años. En resumen, los datos de la encuesta nacional muestran estabilidad en la evaluación de la figura presidencial, aunque esto se da en un marco de percepciones negativas sobre la situación general del país.
En cuanto al rumbo del país, predominan las opiniones negativas, pero éstas han disminuido en los últimos meses. Hoy, sólo 39% dice que el país va por mal camino, cuando un año atrás la cifra era de 45%. Sin embargo, la demanda de cambio de rumbo gubernamental es mayoritaria: 55% de los encuestados demanda cambiar el rumbo del gobierno del presidente Calderón y sólo uno de cada cinco encuestados (21%) pide continuidad. Entre ambos extremos aparece un 18% de la población que quiere mantener el rumbo, pero con algunos cambios.
Al igual que en encuestas anteriores, la política social es una de las áreas mejor evaluadas del Gobierno federal. Más de la mitad de la población tiene opiniones favorables de las tareas realizadas en salud y educación (58% y 52%, respectivamente). En cambio, las opiniones negativas son mayoritarias en los temas de generación de empleos y combate a la delincuencia.
Otros indicadores muestran una ligera tendencia negativa. Más de la mitad de la población (52%) señala que Calderón ha hecho menos de lo que esperaba de él y sólo 13% dice que ha rebasado sus expectativas. Un porcentaje similar (49%) considera que Calderón está en el peor momento de su gestión y sólo uno de cada cinco encuestados (22%) cree que está viviendo su mejor etapa.
Lo anterior se traduce en un menor optimismo sobre el último tramo de la actual administración. El balance de optimismo (personas optimistas menos personas pesimistas) es de sólo +5 en agosto de 2011, cuando seis meses atrás era de +16.
A menos de un año de la elección presidencial, y en medio de la cada vez más abierta competencia electoral, la población continúa con una percepción desfavorable de la situación política del país: 43% considera que ésta es mala, mientras que 23% señala que es buena. Estas proporciones prácticamente se han mantenido sin cambio en los últimos años. En resumen, los datos de la encuesta nacional muestran estabilidad en la evaluación de la figura presidencial, aunque esto se da en un marco de percepciones negativas sobre la situación general del país.
Qué pena-Hernández
Operan en México agentes de la CIA y la DEA señala el NYT
Washington asume un papel directo en la lucha contra cárteles
Pretende además infiltrar a detectives privados en una corporación policiaca mexicana
Periódico La Jornada
Lunes 8 de agosto de 2011, p. 2
Lunes 8 de agosto de 2011, p. 2
Nuevos agentes de la CIA (Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos), civiles del Pentágono, militares retirados y agentes de la DEA (agencia anti drogas) se están desplegando en México, al ampliar Washington su papel directo en la guerra antinarcóticos en el país vecino.
De hecho hasta está considerando emplear contratistas de seguridad privados, con iniciativas diseñadas para evadir leyes mexicanas que limitan la presencia de fuerzas de seguridad extranjeras en el país, reportó el periódico The New York Times.
En las semanas recientes un pequeño número de agentes de la CIA y civiles del Departamento de Defensa de Estados Unidos comenzaron a trabajar en una base militar en el norte de México, donde por primera vez oficiales de seguridad de ambos países trabajan conjuntamente en recaudar información y planear operaciones.
Por otro lado, también se contempla insertar un equipo estadunidense de contratistas privados dentro de una unidad policiaca antinarcóticos mexicana, informó el rotativo.
Funcionarios de ambos países indicaron al NYT que estas nuevas iniciativas han sido elaboradas de tal manera que evadirán las restricciones de las leyes mexicanas que prohíben a militares y policías extranjeros operar en territorio nacional.
En la base militar mexicana, un equipo integrado por menos de 24 agentes de la DEA y la CIA, junto con militares retirados del Comando Norte del Pentágono, instala un centro de inteligencia basado en el modelo de los centros de fusión que Estados Unidos opera en Afganistán e Irak para vigilar a grupos insurgentes.
La iniciativa se desarrolló después de que se intensificó la violencia en Monterrey, Nuevo León, y de que el gobierno del presidente Felipe Calderón solicitó a sus contrapartes estadunidenses mayor acceso a tecnología sofisticada de vigilancia y a expertos. Después de meses de negociaciones, Estados Unidos estableció en las semanas recientes el centro de inteligencia en la base militar mexicana, cuya ubicación no fue revelada por el NYT, a solicitud de las autoridades estadunidenses.
El reportaje del diario, firmado por Ginger Thompson y publicado en la primera plana de su edición dominical, afirma que, con esta iniciativa, Washington cambia su papel tradicional de compartir información a estar más directamente involucrado en recaudarla.
Los oficiales estadunidenses enfatizaron que jugarán un papel exclusivamente de apoyo a las autoridades mexicanas. Un oficial militar estadunidense declaró al rotativo que “los mexicanos están a cargo. Es su show. Sólo somos de apoyo técnico”.
Por otro lado, ex oficiales de la DEA informaron al NYT que ambos países evalúan una propuesta para insertar a un grupo de contratistas de seguridad privados –conformado, entre otros, por ex agentes de la DEA y ex integrantes de grupos especiales de las fuerzas armadas estadunidenses– en una unidad de policía antinarcóticos mexicana especializada, la misma que llevó a cabo el operativo en coordinación con la DEA para detener al capo José Antonio Hernández Acosta la semana pasada.
Aunque el periódico informa que esta medida aún no se ha aprobado, indicó que la labor del grupo estadunidense sería tener una especie de academia de capacitación dentro de la misma unidad, para ayudar a guiar operaciones a fin de que concluyan en procesos judiciales exitosos. De hecho, fiscales mexicanos también trabajarían con la unidad, según las fuentes estadunidenses.
Entre Afganistán y Colombia
Varios analistas de seguridad de ambos países comparan los desafíos de ayudar a México a reconstruir sus fuerzas de seguridad y sus instituciones civiles con retos parecidos a los de Afganistán, reporta Thompson, en los que Washington lucha junto a un socio al que necesita, pero en el que no confía del todo. Recuerda que el nuevo embajador estadunidense en México llega desde un puesto diplomático en Kabul.
Pero, agrega, funcionarios del gobierno de Barack Obama descartan esa comparación con Afganistán y prefieren comparar la situación en México con la de Colombia hace unos 15 años. Estos funcionarios dicen que una de las lecciones que han aprendido es que en toda lucha contra el crimen organizado las cosas tienden a empeorar antes de mejorar.
El NYT indica que, a través de la Iniciativa Mérida, Estados Unidos ha otorgado capacitación a casi 4 mil 500 nuevos agentes de Policía Federal; ha ayudado a realizar intervenciones de telecomunicaciones, en el manejo de informantes y en el interrogatorio de sospechosos, como también en la entrega de helicópteros Blackawk. Además, en meses recientes ha realizado sobrevuelos de territorio mexicano con naves no tripuladas manejadas a control remoto (los llamados drones) para detectar narcotraficantes.
Las nuevas iniciativas, reporta Thompson, se llevan a cabo tres años después de que Estados Unidos incrementó su asistencia de seguridad a México a través de la Iniciativa Mérida (con un presupuesto de 1.4 mil millones de dólares, más otros millones del Departamento de Defensa). A la vez, también se impulsan estas iniciativas un año antes de elecciones federales en los dos países donde ambos presidentes y sus partidos podrían enfrentar cuestionamientos sobre la estrategia antinarcóticos que han implementado y sus resultados.
Su obra-Helguera
Astillero
Felipe deja herencia
Soldados en las calles
Gringos bien metidos
Primero la lana: PRI
Julio Hernández López
En el tramo presuntamente final de su macabra administración, con buena parte del país fuera de control y estando en desesperada búsqueda de tretas para mantenerse en el poder por sí mismo o mediante prolongaciones familiares o grupales, Felipe Calderón Hinojosa abre más la puerta a la intervención policiaca y militar estadunidense, promoviendo que agentes extranjeros actúen en suelo mexicano en faenas de abierta conducción y supervisión de fuerzas gubernamentales nativas y tratando de dejar como herencia envenenada tales avanzadas gringas.
Lo revelado ayer por The New York Times en primera plana confirma que la extrema debilidad política del panista que fue impuesto en 2006 en Los Pinos ha sido ventajosamente aprovechada por tales patronos extranjeros. Apenas tratando de acomodarse en la silla principal del poder mexicano, Calderón ya estaba siendo instruido para que desatara una guerra de la que nunca habló en su campaña ni estaba en el horizonte real de las demandas y necesidades de la sociedad mexicana, pero sí en los planes de seguridad nacional del vecino país, que sigue consumiendo como si nada aquellas mercancías de estupefacción por cuya producción y distribución en México se viven diarias matanzas y una inseguridad social extrema.
Ahora, cuando teóricamente va de salida, ese mismo personaje de la derecha mexicana permite que cuando menos dos docenas de agentes de DEA, CIA y el Pentágono se asienten físicamente en una base militar del norte de México para participar codo con codo, minuto a minuto, en fases de operaciones delicadas contra narcotraficantes, según lo dado a conocer por el diario neoyorquino. Y no solamente eso: en busca coordinada de darle la vuelta a las leyes mexicanas, se planea la incrustación en las fuerzas mexicanas de ex militares y ex agentes estadunidenses en calidad de empleados de firmas privadas de seguridad que colaborarían como si no fuesen parte de proyectos oficiales diseñados en Washington.
Calderón dejará de herencia –si es que finalmente se va del poder– a los militares en las calles, constituidas esas fuerzas armadas en virtuales grupos de presión –Ejército, Marina y mandos castrenses en secretarías estatales de seguridad pública y en diversos niveles de las policías–, que no cederán fácilmente a las eventuales pretensiones de regresarlos a sus cuarteles y castigar sus abusos y delitos. Hoy ya es difícil diseñar el futuro del país sin considerar ese factor activo, suelto, que podría incluso tornarse amenazante, de las botas militares en las calles. Igual sucederá con la apertura de las puertas mexicanas al paso de agentes extranjeros para operaciones directas al estilo Colombia. La Iniciativa Mérida sabidamente es el caballo de Troya aceptado y deseado por un gobernante de facto que necesita contar con la protección y ayuda de sus patronos iniciales y terminales, los mismos que hoy se revuelven, alarmados, ante sus problemas económicos mayúsculos (generados, entre otras cosas, por el desmesurado gasto belicista, rubro que en México deberíamos poner en el centro de la discusión, pues el dinero público allá y acá es despilfarrado en aventuras militares de enorme costo que para ser sufragadas desplazan otros rubros de interés social).
En el proceso de rediseño del México a conveniencia de quienes ocupan el poder y saben que cada vez van quedando más distantes de la sociedad, Felipe Calderón necesita contar con poderes dictatoriales que le permitan decretar estados exprés de excepción, no solamente para enfrentar eventuales afectaciones a la seguridad interior a causa de narcotráfico o delincuencia desbordada, sino también protestas y movilizaciones de índole social, laboral, política o electoral. En acuerdo con la cúpula del priísmo peñanietista (que le agradece la liberación de Hank Rhon, el gozoso sacrificio de Bravo Mena para dar paso a Eruviel Ávila, y la sospechosa insistencia derrotista en inflar a Ernesto Cordero como presunto aspirante presidencial), el calderonismo ha podido empujar, luego de dos años de haber presentado su propuesta de reformas a la ley de seguridad nacional, esas pretensiones autoritarias.
El procesamiento de ese acuerdo sustancial entre el calderonismo y el peñanietismo salinista necesita apariencias de pluralidad, tolerancia e incorporación de voces críticas y opositoras, pero numéricamente todo está listo para sacar adelante a como dé lugar las reformas en seguridad nacional que hoy desea el felipismo y mañana cree que tendrá en sus alforjas el gaviotismo. Para efectos de convalidación de ese proceso es muy importante la participación del movimiento pacifista que tiene como figura central al poeta Javier Sicilia, quien ayer modificó su original alejamiento del esquema de diálogo que había concertado con los poderes Legislativo y Ejecutivo y virtualmente anunció su retorno a las mesas de discusión –ya avanza la correspondiente al Poder Judicial–, a reserva de ciertas señales institucionales de buena voluntad que estarían por ser emitidas y valoradas.
Sin embargo, y a pesar de pactos en lo oscurito y aritmética legislativa disponible para sacar adelante el sueño verde olivo de Calderón, hay dos puntos por resolver: uno se apellida Beltrones y forma parte del rejuego interno del PRI, donde aún habrá acomodos, forcejeos y reventa de votos de calidad en relación con esa resistencia interna provisionalmente rejega. El otro es el imparable sentido de aprovechamiento priísta de la debilidad calderonista, pues ahora Humberto Moreira ha reiterado que apoyarán las reformas laboral, política y de seguridad nacional... pero después de que se modifiquen las fórmulas de asignación del presupuesto federal a los gobernadores (no lo dijo, pero en especial a los priístas). Primero la lana, y después las reformas. Coopelas, Felipe, o cuello a tus iniciativas legislativas. Bueno, con esas exigencias priístas, hasta el improbable Cordero habrá de acelerar su renuncia a la secretaría que nunca ejerció, para tratar de afianzar la candidatura que nunca imaginó.
PAN, ¿un peligro para México?
Jorge Camil
¿Cómo ganar una campaña presidencial con más de 40 mil muertos a cuestas? Ese era el predicamento de Felipe Calderón de cara a 2012, hasta que sus asesores, quizá los mismos que diseñaron la campaña contra Andrés Manuel López Obrador en 2006, creyeron haber encontrado la solución. No fue difícil porque hoy, como advirtió Manuel Vicent en El País (http://bit.ly/jmVGf1), las elecciones se ganan con una sola frase. Olvídese de partidos, ideologías y principios morales.
Con sólo cuatro palabras, el eje del mal, George W. Bush ganó sus primeras elecciones y envió a 4 mil 500 jóvenes (http://icasualties.org/) a una muerte segura en Irak. Fueron la carne de cañón de su guerra contra el terrorismo, que con un costo superior a tres billones de dólares tiene a Estados Unidos y al mundo entero al borde del colapso económico. Por cuanto a nuestra propia guerra nadie tiene la menor idea de cómo ha sido financiada, ni de su costo en términos económicos, aunque en vidas humanas pudiese llegar a 70 mil en 2012.
En un artículo anterior, sobre la reunión de Chapultepec con la Caravana de la Paz, creí adivinar que Calderón había lanzado a prueba una frase con visos de tema de campaña (http://bit.ly/pFrOzn). En realidad fue más que eso. Fue el inicio de la purificación: Los soldados no causan violencia por estar ahí; están ahí porque hay violencia (el retruécano del huevo o la gallina). Aunque todos sabemos de sobra que los soldados llegaron primero, el inefable Alejandro Poiré decidió llover sobre mojado: ¡Todos pidieron la lucha anticrimen! (¿todos, monsieur Poiré?). No obstante, Amnisty International considera que nos dirigimos a una represión sistematizada, como ocurrió en algunas dictaduras del cono sur (http://bit.ly/pwxnyg).
En 2006 la frase diseñada por Dick Morris no intentaba vender a Calderón como producto de moda. Pretendía solamente eliminar al candidato ganador en las encuestas. Así que tras una campaña para caracterizar a López Obrador como un Hugo Chávez mexicano, lo presentaron como un peligro para México. Ese fue sin duda uno de los factores importantes en la derrota perredista. ¿Los otros? No vale la pena mencionarlos; los sospechosos de siempre: Fox, Salinas, las televisoras, la Iglesia, y los pusilánimes electores mexicanos.
Hoy, seis años después, un Fox desilusionado pronostica el regreso del PRI, y un ex presidente del PAN, Germán Martínez Cázares, se pregunta si las alianzas con el PRD constituyen un peligro para México. En forma inesperada mostró a un PAN enfermo (Reforma, 11/07/11), por causas que no se alojan en el PRI, o en las encuestas, ni en los medios de comunicación. La causa es interna y profunda. Acusa como motivo de los últimos fracasos electorales una traición al carácter libertario del PAN. Se refirió a algunas maneras de ser panista y, emulando a Daniel Cosío Villegas, habló de distintos estilos de gobernar. Describió al partido como un enfermo que ha perdido las ganas de comer. No distinguió entre buenas y malas maneras de ser panista, ni dio ejemplos de los diferentes estilos de gobernar.
Pero no era necesario, porque el primero que viene a la mente es Vicente Fox, un panista heterodoxo que hoy pronostica la derrota del partido en 2012; un oportunista que utilizó el registro del PAN en 2000, y con ayuda de Rob Allyn, otro publicista gringo, fundó un partido paralelo (Amigos de Fox). Hizo campaña al margen del partido y recibió contribuciones ilegales; gobernó como quiso, o más bien como quiso su esposa, la señora Marta. Juntos iban de la mano ostentándose con frivolidad como pareja presidencial. Hoy Fox recorre Estados Unidos volviendo a promover el libro de Rob Allyn, que nadie lee, y concediendo entrevistas para especular sobre la derrota del PAN y el triunfo de Enrique Peña Nieto, un miembro de la generación de jóvenes priístas que crecieron en un ambiente democrático.
Volviendo a la crítica de Martínez Cázares, reconozco que nunca imaginé a Vicente Fox al lado de Manuel Gómez Morín, Efraín González Luna o Carlos Castillo Peraza. Fox es harina de otro costal. Y para demostrarlo él mismo reconoce, comprobando lo poco que le importa la crítica de Acción Nacional, que muchos panistas piden “que ya se calle ese pinche Fox, que todo el día dice pendejadas…” (¿se imaginan eso en boca de Gómez Morín?).
Martínez Cázares da ejemplos de traiciones a la ideología libertaria del PAN, como la traición a la libertad sindical, y la reforma electoral en la que votaron con el hígado para dañar a las televisoras; dice que dejaron de apoyar a la iniciativa privada. Sin referirse a la maestra, asegura que en educación privilegiaron la cúpula sindical y descuidaron a maestros y padres de familia. Afirma que algunos panistas se convirtieron en gestores de dinero y programas públicos; formaron rebaños electorales que reciben línea.
El ex dirigente deplora que se hayan aliado con el PRD (enemigos de la libertad), con quienes hipotecaron la modernización del país y contribuyeron a promover políticas públicas que son un peligro para México.
El despertar
Calderón: ¿un solo error?
José Agustín Ortiz Pinchetti
El general Obregón decía –como recuerda Agustín Basave– los políticos cometen un solo error, todos sus demás errores derivan de ese. Pongamos a prueba esa tesis en el caso de Felipe Calderón: podría pensarse que su macro error ha sido la macro guerra. 40 mil muertos. El trafico y las redes criminales se han duplicado, la escalada sigue y seguirá hasta el fin del sexenio. Si uno no sabe a dónde va puede terminar en el peor lugar posible.
Si vemos un poco más a fondo, ese macro error se derivó de otro. Calderón se lanzó a la aventura militar para compensar su ilegitimidad de origen. Quiso justificarse demostrando que tenía agallas imitando a Salinas, un usurpador anterior. Pero él no podía detener a ninguno de los innumerables políticos –delincuentes– porque dependía de ellos.
Atrás de la ilegitimidad de origen hubo otra pifia: perdió su oportunidad de limpiar su elección y demostrar que tenía verdadera valentía aceptando la propuesta de la oposición del recuento (voto por voto, casilla por casilla). Prefirió llegar al poder manchado.
Atrás de ese error hay otro: haber autorizado la campaña del miedo, el terrorismo mediático contra Andrés Manuel López Obrador impulsado desde la Presidencia y la cúpula empresarial, en violación al espíritu y la letra de la ley. La campaña dividió a la sociedad, la puso al borde de la violencia, que se hubiera producido si AMLO no hubiera disciplinado a su gente. La polarización puede revivirse potenciada a la décima en 2012.
Y más profundo encontramos otro error de los que se derivan todos: violentar los principios democráticos al intentar ganar a como diera lugar como hacían los priístas, según denunció en 1988 Manuel Clouthier. Sabemos o deberíamos saber que el que rompe con sus principios en aras de sus intereses, tarde o temprano también destruye sus intereses. A esto se debe la múltiple ruina del régimen de Calderón, del PAN y del país.
A la moda-Hernández
La tríada militar
Raymundo Riva Palacio
Hay mucho ruido en torno a la Ley de Seguridad Nacional que distrae y esconde una lucha dentro del Gobierno federal que se arrastra desde que se presentó la iniciativa hace 28 meses. En 2010, el secretario de Gobernación, Fernando Gómez Mont, habló por teléfono con el coordinador del PRI en la Cámara de Diputados, Francisco Rojas, para apurarlo a aprobar la minuta en los términos como la había aprobado el Senado en abril. Rojas, al enfrentar la oposición de la coordinadora del PAN, Josefina Vázquez Mota, quien pidió revisarla y enmendarla, la congeló.
Lo que reflejaba ese momento es uno de los episodios más delicados que ha vivido la administración de Felipe Calderón, y probablemente el choque más serio dentro de las Fuerzas Armadas desde que en vísperas de las elecciones presidenciales en 1994, un grupo de coroneles preguntó en Washington cuál sería la reacción del gobierno de Bill Clinton si, en caso de violencia en la jornada electoral, intervinieran militarmente. La respuesta informal del Departamento de Estado fue que no reconocerían un gobierno surgido en esas condiciones.
La necesidad de un marco jurídico que blinde a las Fuerzas Armadas en sus tareas dentro del marco de la guerra contra las drogas unió a los militares. La reforma la Ley de Seguridad Nacional vigente desde 2005, los ha dividido. El sector más duro del Ejército orilló al general Galván a plantear zonas de excepción –estados de sitio- que fueran declaradas únicamente por el Ejecutivo, sin mediar el Congreso ni los gobiernos locales, así como atribuciones que corresponden a la autoridad civil, como tareas de investigación policial, cateos y funciones de ministerio público.
La urgencia planteada por Gómez Mont a Rojas –y respaldada implícitamente por el presidente Calderón- acotaba las aspiraciones del alto mando militar, y buscaba que con una aprobación rápida podrían neutralizarse las presiones del sector duro del Ejército. De acuerdo con protagonistas de aquellas negociaciones, Rojas no entendió el problema en toda su dimensión y favoreció indirectamente a ese sector, que durante el último año fue ascendiendo dentro de la estructura de mando –todos fueron promovidos- y adquiriendo un mayor poder dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los tres generales que encarnan al sector más duro del Ejército vienen de la rama de la Caballería –el general secretario procede de Artillería-, y tienen experiencia de mando de tropa. Representan un creciente poder incrustado en la cúpula de las Fuerzas Armadas que reúnen habilidades y capacidades. Los generales Gaytán y Oliver Cen tienen amplia experiencia en el combate al narcotráfico –el subsecretario fue comandante de la Sección Décima del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que se encarga de operaciones contra el narcotráfico-, mientras que el general Miranda tiene nexos con la clase política –producto de los seis años que pasó al lado del presidente Ernesto Zedillo, como jefe del Estado Mayor Presidencial.
El general Gaytán fue promovido a la Subsecretaría de la Defensa el 16 de septiembre pasado, cuando se presentó ante la sociedad política montado en un caballo al frente de la parada militar, y se mantuvo estático frente al balcón presidencial de Palacio Nacional, mientras duraba el desfile. El general Gaytán ya fue designado para encabezar el desfile militar el próximo año, en un mensaje anticipado al alto mando, al ser tradicionalmente la cabeza del último desfile del sexenio quien encabece la terna para la designación del nuevo secretario de la Defensa.
La presión de esta tríada venía en ascenso cuando volvió a plantearse la discusión de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional y buscar su aprobación durante el periodo extraordinario en este verano, que coincidió con varios incidentes donde participaron militares en la muerte de civiles. El más grave, porque no hubo margen a equivocación, se dio en mayo pasado en Cuernavaca, cuando la policía municipal entregó al Ejército al joven Jethro Ramsés Sánchez, quien dos días después de ingresar a la zona militar, apareció muerto en la calle.
La violación de los derechos humanos por parte de los militares, que ha crecido durante la guerra contra las drogas, les redujo capacidad de acción y presión. Pero ni les ha quitado la iniciativa, ni ha anulado su pretensión de tener atribuciones por encima del poder civil, de acuerdo con personas en el centro de la negociación. Entraron en un periodo de repliegue mientras, se puede alegar, baja la atención sobre las Fuerzas Armadas. El ruido en el Congreso y los gritos del poeta-activista Javier Sicilia, también se puede argumentar, no ayudan a ver el fondo de todo lo que está en juego.
Al polarizarse la discusión entre los civiles, se empuja a definiciones bipolares. Si hay zonas del país donde la gente no le importan estas turbulencias de la democracia y quieren paz sin importar que el camino por la que la plantea el Ejército puede conculcar libertades, no puede descartarse la posibilidad de que se apruebe una nueva Ley de Seguridad Nacional afín no a los intereses nacionales que aspiran la consolidación de las libertades, sino que responde al diseño de seguridad nacional en la cabeza de esta tríada en el poder militar.
Lo que reflejaba ese momento es uno de los episodios más delicados que ha vivido la administración de Felipe Calderón, y probablemente el choque más serio dentro de las Fuerzas Armadas desde que en vísperas de las elecciones presidenciales en 1994, un grupo de coroneles preguntó en Washington cuál sería la reacción del gobierno de Bill Clinton si, en caso de violencia en la jornada electoral, intervinieran militarmente. La respuesta informal del Departamento de Estado fue que no reconocerían un gobierno surgido en esas condiciones.
La necesidad de un marco jurídico que blinde a las Fuerzas Armadas en sus tareas dentro del marco de la guerra contra las drogas unió a los militares. La reforma la Ley de Seguridad Nacional vigente desde 2005, los ha dividido. El sector más duro del Ejército orilló al general Galván a plantear zonas de excepción –estados de sitio- que fueran declaradas únicamente por el Ejecutivo, sin mediar el Congreso ni los gobiernos locales, así como atribuciones que corresponden a la autoridad civil, como tareas de investigación policial, cateos y funciones de ministerio público.
La urgencia planteada por Gómez Mont a Rojas –y respaldada implícitamente por el presidente Calderón- acotaba las aspiraciones del alto mando militar, y buscaba que con una aprobación rápida podrían neutralizarse las presiones del sector duro del Ejército. De acuerdo con protagonistas de aquellas negociaciones, Rojas no entendió el problema en toda su dimensión y favoreció indirectamente a ese sector, que durante el último año fue ascendiendo dentro de la estructura de mando –todos fueron promovidos- y adquiriendo un mayor poder dentro de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Los tres generales que encarnan al sector más duro del Ejército vienen de la rama de la Caballería –el general secretario procede de Artillería-, y tienen experiencia de mando de tropa. Representan un creciente poder incrustado en la cúpula de las Fuerzas Armadas que reúnen habilidades y capacidades. Los generales Gaytán y Oliver Cen tienen amplia experiencia en el combate al narcotráfico –el subsecretario fue comandante de la Sección Décima del Estado Mayor de la Defensa Nacional, que se encarga de operaciones contra el narcotráfico-, mientras que el general Miranda tiene nexos con la clase política –producto de los seis años que pasó al lado del presidente Ernesto Zedillo, como jefe del Estado Mayor Presidencial.
El general Gaytán fue promovido a la Subsecretaría de la Defensa el 16 de septiembre pasado, cuando se presentó ante la sociedad política montado en un caballo al frente de la parada militar, y se mantuvo estático frente al balcón presidencial de Palacio Nacional, mientras duraba el desfile. El general Gaytán ya fue designado para encabezar el desfile militar el próximo año, en un mensaje anticipado al alto mando, al ser tradicionalmente la cabeza del último desfile del sexenio quien encabece la terna para la designación del nuevo secretario de la Defensa.
La presión de esta tríada venía en ascenso cuando volvió a plantearse la discusión de las reformas a la Ley de Seguridad Nacional y buscar su aprobación durante el periodo extraordinario en este verano, que coincidió con varios incidentes donde participaron militares en la muerte de civiles. El más grave, porque no hubo margen a equivocación, se dio en mayo pasado en Cuernavaca, cuando la policía municipal entregó al Ejército al joven Jethro Ramsés Sánchez, quien dos días después de ingresar a la zona militar, apareció muerto en la calle.
La violación de los derechos humanos por parte de los militares, que ha crecido durante la guerra contra las drogas, les redujo capacidad de acción y presión. Pero ni les ha quitado la iniciativa, ni ha anulado su pretensión de tener atribuciones por encima del poder civil, de acuerdo con personas en el centro de la negociación. Entraron en un periodo de repliegue mientras, se puede alegar, baja la atención sobre las Fuerzas Armadas. El ruido en el Congreso y los gritos del poeta-activista Javier Sicilia, también se puede argumentar, no ayudan a ver el fondo de todo lo que está en juego.
Al polarizarse la discusión entre los civiles, se empuja a definiciones bipolares. Si hay zonas del país donde la gente no le importan estas turbulencias de la democracia y quieren paz sin importar que el camino por la que la plantea el Ejército puede conculcar libertades, no puede descartarse la posibilidad de que se apruebe una nueva Ley de Seguridad Nacional afín no a los intereses nacionales que aspiran la consolidación de las libertades, sino que responde al diseño de seguridad nacional en la cabeza de esta tríada en el poder militar.
Haiga sido como haiga sido-Helguera
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