Dictan libertad por falta de elementos a Hank
Además
del empresario quedan libres otros 10 coacusados
Tijuana,
BC.- | Martes 14 de junio de 2011
Julieta Martínez/Corresponsal | El
Universal
5:39
horas
Una juez federal decretó libertad por
falta de elementos para procesar a Jorge Hank Rhon y 10 coacusados.
A la espera del dictamen, simpatizantes del empresario colocaron
veladoras en los márgenes de la carretera El Hongo-Mexicali, mientras escuchaban
música e incluso consumían bebidas alcohólicas. Asimismo, decenas de vehículos
de transporte urbano propiedad del diputado priísta Gregorio Barreto Luna
también fueron instalados en la carretera.
La entrada al penal de mediana seguridad de El Hongo fue bloqueado
por unidades de la policía estatal preventiva para impedir que los manifestantes
se acercaran a la puerta del centro de readaptación social.
Seis abogados defensores de Hank Rohn entre quienes se encuentran
Fernando Benítez Álvarez del Castillo, Oscar Téllez Ulloa, Luis Javier Algorri
Franco y otros, fueron bloqueados por agentes estatales.
La madrugada del pasado 4 de junio elementos del ejército mexicano
detuvo al dueño del grupo caliente y otros 10 hombres acusados de posesión de
armas de fuego.
El empresario aseguró que el arsenal (88 armas largas y cortas, más
de 9 mil cartuchos y una granada de gas) fueron sembradas en su residencia
ubicada en los terrenos del hipódromo Caliente donde fue
arrestado
Las rebanadas
del pastel
Carlos Fernández-Vega
El país al garete, y el rabioso candidato Felipe Calderón sigue en
campaña: pega aquí, pega allá, escupe para arriba, a todos les echa la culpa,
patea por doquier y permanentemente voltea hacia atrás, lo que confirma que el
puesto de presidente de la República se mantiene vacante desde hace seis años, o
más, porque Vicente Fox también dejó la plaza vacía (aunque éste, cuando menos,
lo reconoció).
Astillero
Pleito de
capos
Farsa
justiciera
Exacerbar
ánimos
Nueva treta
sucia
Julio Hernández López
Felipe Calderón está demostrando sin sombra de duda que está
dispuesto a hacer lo que sea necesario para no entregar el poder (o, cuando
menos, no cederlo a otro partido y, en el mejor de sus escenarios, dejarlo en
manos de algún personaje débil y manipulable, algún cordero de sacrificio). Por
lo pronto, sostiene una guerra abierta contra el PRI, restregándole en el rostro
de dinosaurio presuntamente sometido a cirugía estética las mil culpas
innegables que le corresponden en la desgracia nacional, pero comprometiendo en
esos lances la de por sí muy demeritada investidura institucional que tomó en
2006 y que hoy está convirtiendo sin reparos en ropa de combate electoral, dando
por fenecido el lapso de ciertas aspiraciones de gobernabilidad, quemando
puentes partidistas y hundiendo sus naves pinoleras en el mar de los comicios
venideros, cancelada ya su etapa de presunto presidente de un país, para
asumirse y declararse presidente del comité nacional panista en (otra)
guerra.
En ese nuevo giro bélico, el hermano de la precandidata Cocoa está
utilizando el andamiaje institucional para propósitos partidistas pero, sobre
todo, grupales. No le asisten intenciones justicieras, que tuvo larga
oportunidad de demostrar sin contaminación de tiempos electorales, sino el
propósito de exterminar al adversario copetón y tricolor para dar paso a la
desinflada bandería propia. Calderón fue beneficiario de maniobras electorales
de gobernadores priístas en 2006 para adulterar los resultados que de por sí le
resultaron oficialmente tan ajustados que una parte importante de la sociedad no
le creyó triunfador ni lo ha creído hasta ahora. Por ello, por esos pactos de
defraudación electoral –varios de ellos teniendo como eje operativo a la
profesora Gordillo, que luego fue premiada con la concesión de fuentes de
enriquecimiento que a la fecha mantiene, como el ISSSTE, la Lotería Nacional y
la subsecretaría más importante de la SEP–, Calderón nunca actuó contra el góber
precioso, ni Ulises represor, ni los mandatarios norteños siempre involucrados
en asuntos oscuros. No es menor el dato de que el michoacano hoy escandalizado
contra el PRI pudo escenificar una accidentada toma de posesión gracias al apoyo
de ese partido, el mismo que le dio la base de gobernabilidad en el primer tramo
de su administración.
Pero, ¿denunciar lo que hoy está haciendo Calderón es una manera de
defender al PRI, en particular a su virtual candidato Peña Nieto y su mánager
Salinas? No, pero justamente en esa formulación simplista radica la nueva trampa
del felipismo, que se ha podido sostener en el ilegítimo poder dividiendo al
país y envenenándolo con planteamientos sucios. Allí está el ejemplo de la
polarización social, con abiertos tintes de clasismo y racismo en algunos casos,
para tratar de arrinconar y satanizar a la porción electoral que según los
números oficiales representaba la mitad, menos un 0.56 por ciento (siempre de
acuerdo con las impugnadas cifras finales), de las voluntades cívicas
concurrentes a las urnas. Y la muy peligrosa etiquetación, contra quienes se
oponen a la locura bélica instaurada por el presimuerte, de servir al
narcotráfico y estar bajo su patrocinio.
No puede haber duda: Jorge Hank Rhon debe estar en la cárcel, pero
por muchas otras razones aparte de la eventual posesión de armas sin control;
Humberto Moreira debe responder por los descubrimientos de explicable éxito
empresarial de uno de sus asistentes más perdurables; en prisión deberían estar
los distinguidos miembros de la autocracia priísta que masacraron jóvenes y
cancelaron libertades, y castigo debería haber para los gobernantes de tres
colores que causaron crisis económicas de las que ellos salieron beneficiados,
al igual que la élite empresarial, mediante Fobaproas y demás; pero el
calderonismo no está actuando hoy contra el PRI con intención de hacer justicia
(pues, en realidad, ese mismo felipismo ha cumplido de manera acelerada esas
mismas etapas delictivas desde el gobierno: desdén por la legalidad, alta
corrupción, masacre de jóvenes a lo largo del país y contubernio con ciertos
grupos de la iniciativa privada), sino de impedir que otro grupo mafioso le
quite el control de la plaza, tratando de cerrar la competencia electoral a esa
dupla corleonesca peleada por el botín, sin permitir opciones de cambio y salud
pública, convirtiendo lo electoral en un peligroso pleito de capos. En esa
hipócrita exacerbación de los ánimos de linchamiento del priísmo corrupto está
el plan felipista de conservación del poder. Calderón está anunciando que
utilizará el aparato gubernamental para aplastar a sus contrincantes y, de
continuar en esa tesitura, las maniobras de Vicente Fox en 2006 serán recordadas
como una pequeña travesura con botas.
México
SA
Bienes
públicos, negocios privados
Paraestatales
para los barones
Fibra
óptica, regalo a particulares
Carlos Fernández-Vega
En eso de
utilizar bienes públicos para hacer jugosos negocios privados nadie le gana al
autodenominado gobierno mexicano y a la oligarquía autóctona, sin olvidar la
cada día más gruesa rebanada que se come el capital trasnacional. Norma desde
tiempos de Miguel de la Madrid, la desincorporación (léase privatización) de la
infraestructura productiva del Estado sólo ha sido un traspaso a los barones de
siempre, con los resultados de siempre: mayor concentración del ingreso y la
riqueza, fortalecimiento de la tendencia monopólica y nulos beneficios para
quienes deben cubrir exorbitantes precios por algo construido y desarrollado con
recursos fiscales.
El referido
ex inquilino de Los Pinos, más Salinas, Zedillo, Fox y Calderón no dejaron viva
una sola empresa del Estado: de las líneas aéreas a los ferrocarriles; de la
banca a generación eléctrica; de los ingenios azucareros a las carreteras; de
los fertilizantes al abasto de alimentos; del petróleo a los satélites, más lo
que se quede en el tintero. Con tal de entregar los bienes de la nación a los
monopólicos barones, no se tentaron el corazón para desaparecer empresas
paraestatales y echar a la calle a miles de trabajadores, tal cual sucedió
con Luz y Fuerza del Centro, la cual escondía un exquisito bombón
–pagado con recursos de los mexicanos– que el capital privado exigió para
sí.
Con el
pretexto de que tal paraestatal consumía crecientes subsidios (cerca de 40 mil
millones de pesos, producto de las elevadas tarifas que le imponía la Comisión
Federal de Electricidad, y los no pocos regalos que la directiva de LFC
entregaba a las grandes empresas al no cobrarles el consumo de energía
eléctrica), el gobierno calderonista extinguió Luz y Fuerza del Centro y de
inmediato, en charola de plata, entregó el bombón escondido: un tendido mayor a
mil kilómetros de fibra óptica (Internet, televisión por cable y telefonía), con
potencial económico inmejorable.
LFC impedía
el negocio privado, luego entonces era imprescindible extinguir la paraestatal,
tal cual procedió el calderonato. Superado ese impedimento, el inquilino de Los
Pinos procedió a entregar el bombón a Televisa, Megacable y Telefónica Movistar,
no sin añadir la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad
(otros 20 mil kilómetros). ¡Y listo! Un filón más para los de siempre, con los
resultados de siempre.
Apenas dos
semanas después de la extinción de LFC, la Secretaría de Comunicaciones y
Transportes, con el inefable Juan Molinar Horcasitas en funciones de titular,
anunció que licitaría el tendido de fibra óptica de la Comisión Federal de
Electricidad y el correspondiente a Luz y Fuerza del Centro. Para conocer el
jugoso alcance del negocio vale precisar que la red de CFE tiene un potencial de
2 mil 961 clientes por kilómetro; la de LFC, de 27 mil 273 clientes por
kilómetro (en una de las zonas del país con mayor poder adquisitivo y desarrollo
tecnológico). Se licitó, y por una casualidad de la vida el ganador (y único
postor) fue un grupo de inversionistas (constituido ex profeso) conformado por
Televisa-Megacable-Telefónica Movistar.
Cuando se
dieron a conocer las bases de la licitación quedó claro que la concesión será
por 20 años (con 10 de prórroga) y el valor mínimo se fijó en 858.6 millones de
pesos, más una oferta hasta 3 por ciento superior a ese monto, con el añadido de
que el mantenimiento del tendido de fibra óptica será realizado por la Comisión
Federal de Electricidad, con cargo al permisionario. ¿Cuánto ofreció el llamado
Televisa-Megacable-Telefónica Movistar en la solitaria puja? Exactamente
el valor mínimo más el 3 por ciento de rigor. Ni un centavo adicional en
esa competencia en solitario, mejor conocida como traje a la medida.
Vale
recordar lo anterior, porque en su edición dominical, La Jornada (Israel
Rodríguez) denunció que los beneficiarios privados de este nuevo filón
–construido con recursos e los mexicanos– han incumplido con lo originalmente
pactado. El compromiso oficial (Calderón dixit) fue que la entrega de la
red de fibra óptica a nivel nacional “busca la expansión ordenada, competitiva,
bajo reglas claras y no discriminatorias a los servicios de telecomunicaciones
en las próximas dos décadas al menos. Para garantizar el acceso neutral, no
discriminatorio a su red de fibra iluminada, la CFE pondrá a disposición de los
operadores 111 puntos de entrada a la red, denominados hoteles de
telecomunicaciones, en los cuales podrán conectarse entre sí, transmitir voz,
datos, video y acceder a una red de cobertura nacional. Con la fibra óptica se
esperaba que las universidades públicas, las entidades federativas, los centros
de investigación e incluso los hogares tuvieran acceso mediante el fluido
eléctrico a la transmisión de voz, datos e imagen, lo que no ha
sucedido.
¿Qué alcance
tiene el nuevo negocio privado con bienes de la nación? El Comité Nacional de
Estudios de la Energía explica de qué se trata: la fibra óptica tiene un amplio
campo de aplicaciones además de la telefonía; automatización industrial,
computación, sistemas de televisión por cable y transmisión de información de
imágenes astronómicas de alta resolución, entre otras. En México existe una red
troncal de comunicación por fibra óptica que enlaza las ciudades más importantes
del país a través de un tendido de miles de kilómetros de fibra. Además se
encuentra en operación la línea de cable submarino de fibra óptica Columbus II,
que comunica a Estados Unidos, México y Centroamérica con Europa y el resto del
mundo. La ruta trazada en 1492 por las carabelas del almirante, es hoy la red de
telecomunicaciones más importante en América y Europa. La capacidad de
transmisión de datos entre ambos continentes por esta red se ha incrementado en
más de 500 por ciento, lo que equivale a miles de canales de televisión; 350 mil
llamadas telefónicas simultáneas o la transmisión de 200 millones de caracteres
en sólo tres segundos. Gracias a este cable submarino se puede intercambiar
información en segundos por fax, red digital integrada, audio, texto, servicio
digital, videoconferencias, televisión, datos por computadora y telefonía de
larga distancia.
Las
rebanadas del pastel
Carlos
Fernández-Vega
El tendido
de la citada red costó 30 mil millones de pesos (recursos públicos). En 2010,
primer año de ejercicio privado, la CFE obtuvo ingresos por 266 millones 984 mil
pesos, pero al descontar los gastos de operación, la depreciación y amortización
y otros gastos, la utilidad neta se redujo a solamente 103 millones 401 mil
pesos (La Jornada). ¡Negocio redondo! (obvio es que no para los
mexicanos).
Sempra Energy recibió
del gobierno federal 5 mil 655 metros de terreno ganado al
mar
La empresa inició la construcción de un muelle 5 años antes de
obtener la enajenación
La trasnacional Sempra Energy fue beneficiaria de una desincorporación de 5 mil 665 metros cuadrados de mar territorial mexicano en 2010. El gobierno federal a través del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, firmó el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El acto permitió a la empresa estadunidense operar un muelle de descarga de gas licuado natural. Desde 2005 se había modificado la morfología en la zona costera del litoral de Ensenada, Baja California, para levantar la obra que beneficiara a la planta regasificadora Costa Azul.
Cinco años después de haber iniciado la construcción del muelle en cuestión, y a un año de que Sempra solicitara la desincorporación de esa área de litoral mexicano, el gobierno federal concedió la enajenación para que continúe operando la recepción del gas licuado natural, requerido en su planta termoeléctrica de Mexicali, instalación donde se produce electricidad que se distribuye y vende en territorio estadunidense.
El argumento que Elvira Quesada dio para desincorporar el terreno ganado al mar en favor de la trasnacional fue el siguiente: “la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no ha encontrado elementos que hagan previsible determinar que el inmueble, objeto del presente acuerdo, sea susceptible de destinarse preferentemente a la prestación de servicios públicos, por lo que ha determinado la conveniencia de llevar a cabo la operación materia de este acuerdo en virtud del derecho de preferencia que tienen los particulares para adquirir los terrenos ganados al mar que tengan concesionados, en los términos de la ley de la materia.
“Y que toda vez que se ha integrado el expediente respectivo, con base en las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales y siendo propósito del Ejecutivo Federal dar al patrimonio inmobiliario federal el óptimo aprovechamiento”.
El documento publicado hace un año señala que el 14 de junio de 2004, la Semarnat otorgó a favor de la empresa Energía Costa Azul –propiedad de Sempra– la concesión ISO MR DGZF-269/04, respecto de una superficie de 15 mil 193 metros cuadrados de zona federal marítima terrestre, localizada en la autopista Tijuana-Ensenada, municipio de Ensenada, Baja California.
También el 21 de abril de 2005, el gobierno federal panista otorgó el permiso de obras que modificarían la morfología costera, mediante resolución ISO MR No. DGZF-002/05 con objeto de iniciar obras de arranque de muelle, arranque de puente con caballetes, arranque de calzada elevada montada sobre pedraplén de roca, rellenos para plataforma de concreto, estación de bombeo y paso de tuberías. Y fue el 8 de julio de ese año que la autoridad autorizó dicha modificación.
No obstante, la Semarnat aduce en el texto publicado en el Diario Oficial que Energía Costa Azul obtuvo la autorización en materia de impacto ambiental número SGPA-DGIRA-DIA-788/03, del 8 de abril de 2003 –dos años antes de haber solicitado permiso para construir el muelle– y ésta la emitió la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la dependencia.
Y como resultado de la terminación de las obras se generó una superficie de 5 mil 665 metros cuadrados de terrenos ganados al mar sujetos al régimen de dominio público de la Federación.
Años después Sempra solicitó, en junio de 2009, la desincorporación y enajenación a título oneroso de la superficie referida, a través de una de sus representantes legales, Tania Ortiz.
Un año después el gobierno federal respondió afirmativamente a la pretensión de la trasnacional: “Se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación la superficie de 5 mil 665 metros de terrenos ganados al mar, y obras existentes, localizadas en carretera escénica Tijuana-Ensenada Km. 81.2 lotes 24, 25, 26, 27, 28 y 29 en la localidad de El Sauzal, municipio de Ensenada en Baja California, y se autoriza su enajenación a título oneroso a favor de Energía Costa Azul.
“Si dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor del presente instrumento jurídico no se hubiere protocolizado la enajenación a título oneroso que se autoriza, por causas imputables a Energía Costa Azul, determinadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, este acuerdo quedará sin efectos, debiendo dicha dependencia notificar a la persona moral mencionada y publicar en el Diario Oficial de la Federación un aviso en el que se dé a conocer esta circunstancia.
“Energía Costa Azul, S. de R.L. de C.V. queda obligada a responsabilizarse por los daños y perjuicios que pudieran producirse a terceros, por las obras existentes o que en un futuro realice, liberando al gobierno federal de cualquier responsabilidad por este concepto. Esta prevención deberá de insertarse en el título de propiedad que al efecto se expida.
“Para la realización de obras que en un futuro realice Energía Costa Azul en el terreno materia del presente acuerdo, deberá obtener los permisos respectivos de las dependencias competentes, cumpliendo los requisitos que al efecto establezcan la legislación federal, estatal o las regulaciones municipales correspondientes.”
Fuente: La Jornada
La trasnacional Sempra Energy fue beneficiaria de una desincorporación de 5 mil 665 metros cuadrados de mar territorial mexicano en 2010. El gobierno federal a través del secretario de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Juan Rafael Elvira Quesada, firmó el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación.
El acto permitió a la empresa estadunidense operar un muelle de descarga de gas licuado natural. Desde 2005 se había modificado la morfología en la zona costera del litoral de Ensenada, Baja California, para levantar la obra que beneficiara a la planta regasificadora Costa Azul.
Cinco años después de haber iniciado la construcción del muelle en cuestión, y a un año de que Sempra solicitara la desincorporación de esa área de litoral mexicano, el gobierno federal concedió la enajenación para que continúe operando la recepción del gas licuado natural, requerido en su planta termoeléctrica de Mexicali, instalación donde se produce electricidad que se distribuye y vende en territorio estadunidense.
El argumento que Elvira Quesada dio para desincorporar el terreno ganado al mar en favor de la trasnacional fue el siguiente: “la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales no ha encontrado elementos que hagan previsible determinar que el inmueble, objeto del presente acuerdo, sea susceptible de destinarse preferentemente a la prestación de servicios públicos, por lo que ha determinado la conveniencia de llevar a cabo la operación materia de este acuerdo en virtud del derecho de preferencia que tienen los particulares para adquirir los terrenos ganados al mar que tengan concesionados, en los términos de la ley de la materia.
“Y que toda vez que se ha integrado el expediente respectivo, con base en las disposiciones de la Ley General de Bienes Nacionales y siendo propósito del Ejecutivo Federal dar al patrimonio inmobiliario federal el óptimo aprovechamiento”.
El documento publicado hace un año señala que el 14 de junio de 2004, la Semarnat otorgó a favor de la empresa Energía Costa Azul –propiedad de Sempra– la concesión ISO MR DGZF-269/04, respecto de una superficie de 15 mil 193 metros cuadrados de zona federal marítima terrestre, localizada en la autopista Tijuana-Ensenada, municipio de Ensenada, Baja California.
También el 21 de abril de 2005, el gobierno federal panista otorgó el permiso de obras que modificarían la morfología costera, mediante resolución ISO MR No. DGZF-002/05 con objeto de iniciar obras de arranque de muelle, arranque de puente con caballetes, arranque de calzada elevada montada sobre pedraplén de roca, rellenos para plataforma de concreto, estación de bombeo y paso de tuberías. Y fue el 8 de julio de ese año que la autoridad autorizó dicha modificación.
No obstante, la Semarnat aduce en el texto publicado en el Diario Oficial que Energía Costa Azul obtuvo la autorización en materia de impacto ambiental número SGPA-DGIRA-DIA-788/03, del 8 de abril de 2003 –dos años antes de haber solicitado permiso para construir el muelle– y ésta la emitió la Dirección General de Impacto y Riesgo Ambiental de la dependencia.
Y como resultado de la terminación de las obras se generó una superficie de 5 mil 665 metros cuadrados de terrenos ganados al mar sujetos al régimen de dominio público de la Federación.
Años después Sempra solicitó, en junio de 2009, la desincorporación y enajenación a título oneroso de la superficie referida, a través de una de sus representantes legales, Tania Ortiz.
Un año después el gobierno federal respondió afirmativamente a la pretensión de la trasnacional: “Se desincorpora del régimen de dominio público de la Federación la superficie de 5 mil 665 metros de terrenos ganados al mar, y obras existentes, localizadas en carretera escénica Tijuana-Ensenada Km. 81.2 lotes 24, 25, 26, 27, 28 y 29 en la localidad de El Sauzal, municipio de Ensenada en Baja California, y se autoriza su enajenación a título oneroso a favor de Energía Costa Azul.
“Si dentro de los dos años siguientes a la entrada en vigor del presente instrumento jurídico no se hubiere protocolizado la enajenación a título oneroso que se autoriza, por causas imputables a Energía Costa Azul, determinadas por la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales, este acuerdo quedará sin efectos, debiendo dicha dependencia notificar a la persona moral mencionada y publicar en el Diario Oficial de la Federación un aviso en el que se dé a conocer esta circunstancia.
“Energía Costa Azul, S. de R.L. de C.V. queda obligada a responsabilizarse por los daños y perjuicios que pudieran producirse a terceros, por las obras existentes o que en un futuro realice, liberando al gobierno federal de cualquier responsabilidad por este concepto. Esta prevención deberá de insertarse en el título de propiedad que al efecto se expida.
“Para la realización de obras que en un futuro realice Energía Costa Azul en el terreno materia del presente acuerdo, deberá obtener los permisos respectivos de las dependencias competentes, cumpliendo los requisitos que al efecto establezcan la legislación federal, estatal o las regulaciones municipales correspondientes.”
Fuente: La Jornada
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