21 de junio de 2011
Videos del Mundo
Océanos amenazados de muerte
Los océanos del mundo corren el riesgo de entrar en una fase de extinción de especies marinas sin precedentes en la historia de la humanidad. TeleSUR
Videos de México
El dinero no me interesa, no lo necesito: Onésimo Cepeda
El obispo de Ecatepec fue entrevistado por el director de MILENIO, Carlos Marín.
Ni he pensado en declinar: Bravo Mena
El candidato del PAN aseguró que está trabajando para ganar.
Hank, dispuesto a cooperar con su partido
El empresario señaló que nunca que deja la política, aseguró que en la PGR lo trataron bien y habló de su apoyo en el Edomex.
Moreira, mi compañero: Cristina Díaz
La secretaria general del PRI estuvo en el TRAGALUZ de Fernando del Collado.
Asesinan a periodista junto a su familia en México
Miguel Ángel López Velasco, un periodista mexicano que informaba sobre seguridad y crimen organizado, fue asesinado en su residencia en Veracruz junto a su esposa y su hijo menor. TeleSUR
http://multimedia.telesurtv.net//21/6/2011/38948/asesinan-a-periodista-junto-a-su-familia-en-mexico/
Clase Política
Revés a Javier Lozano
Miguel Ángel Rivera
Una vez más, la Secretaría del Trabajo pierde terreno en el ámbito judicial frente a uno de los líderes sindicales a los que ha combatido con mayor ahínco: el dirigente minero Napoleón Gómez Urrutia.
Ahora, la Suprema Corte de Justicia de la Nación limitó las facultades de la Secretaría del Trabajo, al determinar que la dependencia no puede validar o anular la elección de la dirigencia de un sindicato.
El fallo deriva de una demanda de amparo interpuesta por el líder minero, porque se le negó la toma de nota.
Ordena la Corte a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social no interferir en los procesos internos de los sindicatos
La instancia debe limitarse a revisar el respeto a los requisitos estatutarios, considera
Pendiente, la solicitud de amparo presentada por el sindicato de mineros
Periódico La Jornada
Martes 21 de junio de 2011, p. 14
Martes 21 de junio de 2011, p. 14
En votación dividida, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió que la toma de nota de los sindicatos por parte de las autoridades laborales debe limitarse a la verificación de los requisitos estatutarios, sin revisar lo que haya resuelto la asamblea sindical, por lo que la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) sólo podrá negar el registro o toma de nota a una dirigencia sindical sin hacer pronunciamiento sobre la validez, cuando falte alguno de los requisitos indicados en los estatutos de los sindicatos.
De esta manera, con el apoyo de la mayoría de ministros (seis votos a cinco) el pleno aplazó la revisión del amparo presentado por el sindicato minero, en el que impugna la decisión de la STPS de negar la toma de nota a la dirigencia sindical que encabeza Napoleón Gómez Urrutia.
Como lo adelantó este medio, el proyecto de dictamen elaborado por Sergio Aguirre Anguiano planteaba negar el amparo al sindicato minero ante la negativa de la autoridad laboral a entregar la toma de nota. Fuentes judiciales consultadas dieron por un hecho que igualmente su nuevo documento negará el amparo.
Fernando Franco, quien fue subsecretario del Trabajo del 8 de diciembre de 2000 a 15 de enero de 2005, se declaró impedido para conocer del amparo –o cual fue avalado por el pleno.
De esta manera, serán 10 los ministros que resuelvan la demanda del sindicato minero y, de acuerdo con funcionarios judiciales consultados, la moneda está en el aire y se prevé una votación dividida.
En la sesión de ayer, el ministro presidente Juan N. Silva Meza planteó que el Estado está obligado a respetar las elecciones internas de los sindicatos. El Estado no puede interferir ni puede tener una participación a través de la cual entorpezca la ejecución de decisiones tomadas por sus agremiados.
Subrayó que ni siquiera en el caso del registro sindical, cuando recién se constituye un sindicato, tiene la autoridad administrativa o facultades para autorizar o aprobar, menos aún para negarse a reconocerlos, salvo que se incumplan formalidades muy sencillas, estipuladas por la ley.
Funciones de la autoridad administrativa
Aseveró que no es la autoridad administrativa a quien corresponde juzgar la legalidad estatutaria de una elección sindical.
Silva coincidió con la mayoría –Sergio Aguirre Anguiano, Margarita Luna Ramos, Fernando Franco, Luis María Aguilar y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia– que con el nuevo criterio, la autoridad puede revisar simples formalidades de la documentación con que se acompaña la solicitud de toma de nota y nunca aspectos sobre la elegibilidad de quienes fueron electos.
Aguirre, en cambio, dijo que la libertad sindical se defiende a través del acto administrativo simple que es la verificación, lo que no significa escamotear la libertad sindical, sino afincar la libertad sindical.
José Ramón Cossío, Arturo Zaldívar y Olga Sánchez Cordero consideraron que la autoridad no estaba facultada para intervenir en la vida interna de los sindicatos; mientras que Jorge Pardo Rebolledo se opuso a que la jurisprudencia fuera modificada.
Lozano interpreta que el fallo le permite verificar los comicios
Defensores de los derechos esperan pleno respeto a la ley
Patricia Muñoz Ríos
Periódico La Jornada
Martes 21 de junio de 2011, p. 14
Martes 21 de junio de 2011, p. 14
La Secretaría del Trabajo, encabezada por Javier Lozano Alarcón, hizo su propia interpretación sobre la resolución que tomó ayer la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) sobre el tema de la toma de nota y sostuvo que el máximo tribunal del país le dio facultades para cotejar las actas de asamblea de los sindicatos y verificar los procesos electorales que lleven a cabo los gremios.
Esta dependencia aseguró que la Corte le dio atribuciones para que al momento de que las dirigencias sindicales le soliciten la toma de nota, es decir, cuando le piden el reconocimiento oficial para sus líderes, pueda verificar la documentación de los procesos electorales, y resolver si cumplieron o no con los procesos formales de los estatutos.
Es decir, según esta secretaría, continuará pidiendo a los sindicatos que entreguen información de sus procesos electorales, cotejando actas y otras atribuciones que han sido cuestionadas por los gremios independientes.
Aun cuando reconoció que el contenido íntegro de la nueva jurisprudencia se conocerá hasta que se termine de redactar la tesis correspondiente, conforme a lo resuelto por los ministros, la dependencia se adelantó y sostuvo que la SCJN autoriza a la dependencia a verificar los procesos electorales de los sindicatos.
Por otra parte, la Comisión Internacional para los Derechos de los Trabajadores (International Commission for Labor Rights, ICLR), con sede en Nueva York, emitió un comunicado en el que señala que el sindicalismo internacional está pendiente de este caso, de si la Suprema Corte se une a los tribunales progresistas del mundo, o si se mantendrá al margen de ese consenso global enfatiza que sean los sindicalizados los que determinen sus dirigencias y resuelvan en detrimento de los derechos de los trabajadores.
Esta organización indicó que ha seguido el caso del amparo solicitado por el Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros para que se entregue la toma de nota al dirigente del gremio, Napoleón Gómez Urrutia, y que incluso en septiembre de 2010 presentó un memorial de amicus curiae o amigo de la corte ante la SCJN, al cual se adhirieron 47 organizaciones internacionales y prestigiados académicos de diversos países, solicitando a esta instancia que resuelva en favor del gremio.
La Suprema Corte está obligada a cumplir conforme al Convenio número 87 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el cual ha sido ratificado por México y es por tanto parte del derecho de este país y prohíbe que los gobiernos interfieran en la selección que de sus direcciones sindicales lleven a cabo los miembros de los sindicatos mediante elecciones internas.
La titular del consejo de directores del organismo internacional, Jeanne Mirer, señaló que “la delegación de expertos internacionales del ICLR que visitó México en mayo de 2010, la cual investigó este caso y presentó el memorial de amicus curiae, está convencida de que de negarle el amparo al sindicato minero, la Suprema Corte irá en contra del consenso global en materia de libertad sindical, en particular sobre el derecho de los miembros de un sindicato a elegir a sus representantes en completa libertad.
La placa de Marisela y la
desobediencia civil
Javier Sicilia
A quienes fuimos y vivimos el consuelo.
A lo largo de la Caravana del Consuelo por la Paz y la Justicia, muchos dolores –signos ominosos de la inseguridad, la injusticia y la impunidad que reina en nuestra clase política– se fueron sumando al consuelo. Esos dolores hicieron que en Chihuahua colocáramos, en un acto de desobediencia civil y como lo hicimos en Cuernavaca con nuestros muertos, una placa en las baldosas del Palacio de Gobierno con el nombre de Marisela Escobedo, la luchadora por los derechos humanos que fue asesinada a las puertas del mismo palacio, después de que el victimario de su hija fuera liberado. La placa, a la que deben sumarse los nombres de los cientos de asesinados en esa entidad, es un recordatorio a las autoridades de que la muerte de Marisela es su responsabilidad, y que le deben a ella, a su hija y a cientos de víctimas y de familias destruidas la justicia que merecen. Es también un recordatorio a los ciudadanos de que eso no debe suceder ya en nuestro país.
El enojo del gobierno de Chihuahua por ese acto ha sido tan grande como su ignorancia política y su cinismo. Un día después de nuestra partida rumbo al epicentro del dolor, Ciudad Juárez, la secretaria general de Gobierno, Graciela Ortiz, declaró: “Cuando un ciudadano le exige al gobierno que cumpla con la ley, debe poner el ejemplo (…) existe toda una normatividad que prohíbe la instalación (sic) o destrucción de un edificio público… El Palacio de Gobierno es un edificio público, pero tiene regulaciones, no se respetaron (…) incluso se destruyó un mosaico que tiene muchos años (…) la expresión (de Javier Sicilia de que si el gobernador retira la placa es un criminal) me parece que no corresponde a una realidad, ya que si algo ha habido a las auténticas causas sociales, ha sido respeto…” (El Diario, 11 de junio de 2011).
El enojo del gobierno de Chihuahua por ese acto ha sido tan grande como su ignorancia política y su cinismo. Un día después de nuestra partida rumbo al epicentro del dolor, Ciudad Juárez, la secretaria general de Gobierno, Graciela Ortiz, declaró: “Cuando un ciudadano le exige al gobierno que cumpla con la ley, debe poner el ejemplo (…) existe toda una normatividad que prohíbe la instalación (sic) o destrucción de un edificio público… El Palacio de Gobierno es un edificio público, pero tiene regulaciones, no se respetaron (…) incluso se destruyó un mosaico que tiene muchos años (…) la expresión (de Javier Sicilia de que si el gobernador retira la placa es un criminal) me parece que no corresponde a una realidad, ya que si algo ha habido a las auténticas causas sociales, ha sido respeto…” (El Diario, 11 de junio de 2011).
Ciertamente rompimos el “mosaico” de la entrada y pegamos con cemento y tornillos la placa en memoria de Marisela; ciertamente también violamos las regulaciones de ese edificio público (y si el gobernador quiere encarcelarnos estamos dispuestos, nosotros no creemos en el cinismo). Lo que, sin embargo, olvida la secretaria es que no habríamos violentado esa ley si el propio gobierno hubiera, como es su responsabilidad primera, cuidado la integridad de Marisela y de su hija Rubí, y si después de los amargos sucesos, frutos de su irresponsabilidad, hubiera hecho ya la justica que la muerte de esa madre y de esa hija reclaman a través nuestro. La secretaria de Gobierno –preocupada más por el “mosaico” de la entrada del inmueble, propiedad del estado, es decir, de los ciudadanos, que por el feminicidio de esas dos mujeres y la impunidad del crimen– olvida también que en la escalinata de ese mismo lugar hay una placa de cantera que rememora el atentado al gobernador Patricio Martínez. ¿Allí –porque se trataba de un gobernador y de un hombre– no se violó la normatividad? Con esa actitud de desprecio por los ciudadanos y la justica que legítimamente reclamamos, la funcionaria da una señal de lo que tanto criticamos: las autoridades no sólo continúan creyendo que su tarea es defender a las instituciones y no a la ciudadanía, sino también que las instituciones y el gobierno son lo mismo, y que éste tiene privilegios –en este caso, negarse a aceptar su responsabilidad en los crímenes de Marisela y de Rubí– que deben proteger por encima de los ciudadanos. Con ello, la secretaria de Gobierno no sólo muestra su ignorancia política, sino su insensibilidad y su desprecio frente al dolor que padece la gente de su entidad. Su actitud es tan criminal como lo sería el acto de quitar la placa que los ciudadanos decidimos colocar en el centro mismo del crimen.
Si el gobernador del estado la quita, mostrará su complicidad con el crimen; si no hace justicia a Marisela y a los cientos de crímenes que permanecen dormidos en la procuraduría, lo mostrará también, y nosotros iremos otra vez a Chihuahua a colocarla de nuevo hasta que entiendan, hasta que cambien su conducta, hasta que se haga justica y cumplan con su deber.
Con la placa de Marisela, que se agrega a las placas que en Cuernavaca hemos ido colocando también en el Palacio de Gobierno, los ciudadanos hemos iniciado el memorial del dolor, el memorial de nuestros muertos que claman justicia y que gritan desde el silencio que debemos conquistar la paz para que este horror no vuelva a sucedernos nunca. Sus nombres, que revelan la inhumanidad en la que los criminales y la incapacidad de los gobiernos nos han sumido, son un recordatorio de esa justicia que les deben y nos deben, y de la paz que les arrancaron y nos arrancaron.
Los ciudadanos, que cargamos con miles de dolores, desobedeceremos en la medida en que el gobierno no cumpla con su deber. Si los gobiernos no fundan un orden basado en la seguridad, la justicia y la paz, los ciudadanos no cooperaremos con ellos para recordarles su deber. Si eso implica la cárcel, iremos a ella, pero no traicionaremos la justicia y la dignidad que reclamamos y nos corresponden por el simple y único hecho de existir.
Además opino que hay que respetar los Acuerdos de San Andrés, liberar a todos los zapatistas presos, derruir el Costco-CM del Casino de la Selva, esclarecer los crímenes de las asesinadas de Juárez, sacar a la Minera San Xavier del Cerro de San Pedro, liberar a todos los presos de la APPO, hacerle juicio político a Ulises Ruiz y devolver la dignidad a las víctimas de la guerra de Calderón.
La diferencia se llama Encinas
Pedro Miguel
Hace 11 años el Partido Revolucionario Institucional tuvo una oportunidad irrepetible para dejar de ser una excrecencia mafiosa del poder público y convertirse en un partido político. Ante un gobierno legítimo, pero bisoño, torpe y abiertamente reaccionario, el PRI habría podido redefinirse como una fuerza opositora socialdemócrata, dejar las cadenas de complicidad y corrupción en las oficinas públicas federales que se veía obligado a abandonar, romper con el modelo neoliberal que él mismo había impuesto 12 años antes y erigirse en defensor de instituciones forjadas bajo su reinado, sí, pero como resultado de movilizaciones, presiones y reivindicaciones populares: Pemex, la CFE, el IMSS y el ISSSTE, Luz y Fuerza. Semejante transformación habría dado lugar a una verdadera transición democrática en el país y habría obligado al foxismo a gobernar con un mínimo respeto a la legalidad vigente.
No se pudo o no se quiso. Los líderes priístas en sus diversas vertientes optaron, en cambio, por consolidar sus alianzas oscuras con los poderes fácticos locales, nacionales y transnacionales y por refrendar, sobre la base de la impunidad, el cogobierno de hecho con el panismo, forjado durante el salinato y consolidado en el zedillato. Quienes en 2000 decían buscar una versión mexicana del Pacto de la Moncloa omitían el hecho de que el equivalente ya se había generado: fue el consenso transpartidista entre el Revolucionario Institucional y Acción Nacional para mantener, contra viento y marea, el modelo económico de la Revolución Conservadora, agravado por tres componentes locales: el caudillismo mafioso, la corrupción endémica y la inveterada violencia de Estado contra la población. El foxismo aprovechó la revuelta electoral ciudadana contra el régimen no para transformarlo, sino para perpetuarlo. Seis años más tarde, la ciudadanía volvió a rebelarse contra el poder público, y como para entonces ya no hubo forma de engatusarla con un candidato del cambio, se recurrió al fraude simple y brutal.
Hoy en día, el PAN y el PRI, con la participación auxiliar del Panal y del Verde, pelean centímetro a centímetro las posiciones de poder en juego y recurren a las mismas viejas armas: el desvío escandaloso de recursos públicos con fines electoreros, el uso de las instituciones de procuración de justicia para golpear al adversario, el sometimiento de los organismos autónomos, las alianzas con vertientes poco mencionadas de la delincuencia organizada (la sindical, la mediática, la financiera), el voto corporativo y otras. Para ellos, el único propósito de gobernar es seguir gobernando.
Lo que se juega en los pleitos entre panistas y priístas es, proporciones guardadas, lo mismo que se disputa en un partido de futbol: el triunfo de un logotipo y premios en efectivo para quienes lo llevan puesto en el lomo. Por lo demás, ni unos ni otros resolverán las tragedias nacionales –miseria, desigualdad, marginación, desempleo, violencia, liquidación de la soberanía, ilegalidad manifiesta en el accionar institucional, autoritarismo creciente– porque ellos mismos son causantes y beneficiarios del desastre.
Ahí tienen la campaña de Eruviel Ávila: acarreos, maquinarias matraqueras, promesas estúpidas (como esa de suprimir la tenencia vehicular, que ya fue suprimida) y desmesuradas (nada más 6 mil), gastos desorbitados en propaganda, reclutamiento de plumas a modo para difundir un discurso que es puro vacío. Qué parecida, esa campaña, al vacuo e irritante Vivir mejor, un ejercicio de la mentira que, de no ser por la pobreza de su sintaxis, sería indistinguible de la grandilocuente auto exaltación que caracterizaba a los presidentes priístas.
No es de extrañar que la ciudadanía otorgue su respaldo a propuestas políticas distintas –cuando las hay– a esa sopa bipartidista sangrienta y corrompida. Eruviel es el rostro del aparato jurásico (aunque se rasure el bigotito de licenciado Trastupijes y se ponga o se quite maquillaje literal y figurado) y Felipe Bravo Mena es más de lo mismo, pero huérfano de maquinaria propagandística y electoral oficial; de ahí sus denodados y estériles esfuerzos por existir como candidato. La diferencia en el Edomex se llama Alejandro Encinas. A pesar de las encuestas cuchareadas en favor del aspirante oficialista, con todo y los votos inducidos que el aparato gestiona desde ya para Eruviel, el ex jefe de Gobierno del Distrito Federal tiene amplias posibilidades de triunfo porque es el único candidato a gobernar la entidad con propuestas específicas y viables para empezar a remediar el saldo pavoroso del régimen, porque no pertenece a él y porque no pretende perpetuarlo.
Astillero
Tentaciones familiares
La señora Margarita
Hank, listo para BC
Más golpes a periodistas
Julio Hernández López
La más que evidente carencia de cuadros panistas con potencia electoral, y el sabido gusto extremo de Felipe Calderón por las sorpresas y torcimientos, ha hecho resaltar a últimas fechas la eventual condición competitiva de su esposa, Margarita Zavala Gómez del Campo, como una carta falsamente oculta que por necesidades del servicio se pudiese ver impelida a pelear por un cargo en los próximos comicios, ya fuera para mantener el ajuar familiar por seis años más en los armarios de Los Pinos o para fortalecer el muy acariciado proyecto felipista de terminar con la hegemonía perredista en el Distrito Federal.
A las especulaciones sobre esa maniobra conyugal dio cuerpo Jacobo Zabludovsky en días pasados en su columna de El Universal, al hacer un recuento de las ventajas de una candidatura de la señora Zavala a la Presidencia de la República y mencionar con fundamentos ajedrecísticos que, como en las grandes partidas, el rey tiene su mejor defensa y ataque en la reina. A juicio del periodista, la postulación de la esposa de Calderón es, para ser exactos, la más sólida posibilidad, tal vez la única, de que el PAN retenga la Presidencia. El texto cierra con una petición directa: Dele permiso, don Felipe.
Además de la sabida y reiterada vocación de las familias Calderón y Zavala para ocupar puestos públicos y encontrar acomodo en las listas partidistas de candidaturas a cargos de representación popular, la hipótesis de una postulación de la señora Margarita tiene sustento en el hecho cierto de que los panistas no parecen contar con un aspirante no familiar para la máxima contienda de 2012, pues el presunto delfín felipista, el secretario de Hacienda, no solamente no crece en términos políticos, sino además se ha especializado en producir declaraciones torpes y desmedidas que acaban lesionando su de por sí escuálido capital político.
Frente a él, peleando en busca de que el título de Favorito de Los Pinos no le sea asignado al Cordero expiatorio, está el secretario de educación pública, Alonso Lujambio, patinando también en el aire, sin propuestas ni fuerza, atenido difusamente a una posible ayuda electoral de la multipartidista Elba Esther Gordillo, que está colocando fichas en cuanto tablero le es posible. Y la desdibujada Josefina Vázquez Mota, que más bien pareciera estar dándole mantenimiento preventivo al nicho de una candidatura presidencial femenina predestinada a la hildebrándica jefa verdadera. Los demás aspirantes panistas sólo están haciendo ruido en busca de posteriores premios de consolación.
En ese contexto, la lupa pública habrá de posarse de manera más abierta en los actos y dichos de quien con rapidez va asumiendo un nuevo rol político que deja atrás su original perfil discreto (circunspección que no significa que fuera ajena o distante del ejercicio político pinolero, en el que influyó más de lo que las apariencias denotaban, entre otras cosas para establecer un contraste intencional con el activismo imprudente, por decir lo menos, de su antecesora en el escaparate matrimonial).
Ayer, por ejemplo, en entrevista radiofónica, Zavala, en su carácter de funcionaria del DIF, pareció necesitada de aprovechar el foro del anuncio de una conferencia binacional sobre reducción de la demanda de drogas para acomodar una posición aparentemente benigna, casi color de rosa, en un terreno minado. Así nomás, a golpe de pura voluntad y buenos deseos, la posible precandidata a algo se permitió soltar frases que no se compadecen de la terrible realidad nacional: Me parece que estamos en buen momento para trabajarla y tener éxito, trabajarla con nuestros jóvenes a través de las escuelas, trabajarla con los padres de familia y las mamás, dijo en referencia a la prevención del consumo de drogas en México (trabajas una prevención sin verdura ni cátsup, podría haber dicho un tortero de circunstancias).
En otros muelles electorales los reportes son variados. Fortalecido por la fallida tormenta en su contra que le armaron en días pasados, Jorge Hank Rhon se dice dispuesto a zarpar nuevamente en busca de convertir a Baja California en un casino, si la matriz tricolor así se lo ordena a él, capitán de navío Caliente. Por lo pronto, asistió reposado y torero a una sesión de preguntas de reporteros, decidido a no poner mala cara a nada, dispuesto a acudir ante las autoridades judiciales cuantas veces se lo pidan y deseoso ya de dar vuelta a la página para entrarle a la faena central a la que tanto le han ayudado sus torpes adversarios.
En sentido contrario, Luis Felipe Bravo sigue penando en las aguas mexiquenses, endureciendo el discurso contra Encinas para conjurar con esos golpes sobre el yunque declarativo cualquier pretensión central de hacerlo declinar su naufragante candidatura. Nunca se pudo hacer a la mar, de tal manera que su destino impensado sería bajar a la playa y declararse en vacaciones, o sostenerse a bordo y aferrarse al tercer lugar garantizado. En otras postales alegres, los tres tenores del perredismo volverán a actuar en foro mexiquense, esta vez para acompañar a Alejandro Encinas en su cierre de campaña. Cárdenas, López Obrador y Ebrard darán el último empujón político, mientras la selva electoral se prepara para que mapaches, grillos de alto nivel (entre ellos, ex gobernadores con harto efectivo) y jilgueros a sueldo den por triunfador a Enrique Peña Nieto, rumbo a Los Pinos, en su versión preparatoria denominada Eruviel Ávila.
En otro puerto, el de Veracruz, un comando entró a la casa de un columnista del diario Notiver, Miguel Ángel López Velasco, y lo asesinó junto con su esposa y uno de sus hijos. El periodista, que firmaba sus textos como Milo Velo, se especializaba en temas de policía y seguridad pública. Obviamente, las autoridades han prometido que investigarán a fondo y han ofrecido las clásicas condolencias. En Acapulco, por otra parte, reporteros marcharán hoy de mañana para exigir que se devuelva con vida al jefe de información de Novedades de Acapulco, Marco Antonio López Ortiz, quien fue desaparecido el pasado 7.
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