DE LA CORRUPCION EN PEMEX

Los criminales se han sofisticado en su estructura y en uso de tecnología, advierte Meade

El robo de combustible rebasó por mucho el monto de 2010: Suárez Coppel

Antonio Meade, secretario de Energía, y el director general de Pemex, Juan José Suárez Coppel, durante la conferencia de prensa ofrecida sobre robo de combustibleFoto José Antonio López

Víctor Cardoso

Periódico La Jornada
Viernes 17 de junio de 2011, p. 25

El robo de combustibles en el país alcanza niveles alarmantemente graves, al grado de que en los primeros cuatro meses del año rebasó por mucho los registros alcanzados en 2010, afirmó el director de Pemex, José Suárez Coppel.

En conferencia de prensa conjunta con el secretario de Energía, José Antonio Meade, los funcionarios hicieron un urgente llamado a los legisladores para aprobar los cambios propuestos por el Ejecutivo al Código Penal Federal en un periodo extraordinario de sesiones. El secretario de Energía señaló que las bandas criminales dedicadas al robo de combustible se han sofisticado tanto en su estructura como en el uso de tecnología de última generación.

Suárez Coppel añadió que el valor de los combustibles robados entre enero y abril de este año se calcula en más de 3 mil millones de pesos, y su volumen es superior a 20 mil barriles por día, algo así como 100 autotanques diarios llenados a su máxima capacidad.

También informó que hasta ayer se han detectado un total de 556 tomas clandestinas en el sistema nacional de ductos, cantidad equivalente a 80 por ciento de las 710 detectadas el año pasado.

Además, mencionó, fueron desarticuladas tres bandas delictivas en 2010, y en lo que va de 2011 se detuvo a los integrantes de otra organización. Como parte de las acciones en contra del robo de mercancía a la petrolera dijo que se canceló la franquicia a cerca de 30 gasolineras involucradas en el mercado ilícito de combustibles.

Sobre el proceso que lleva a cabo Pemex en Estados Unidos contra siete empresas de ese país a las que se acusa de adquirir combustible robado por 300 millones de dólares, el director de Pemex dio a conocer que otras siete compañías de ese país fueron acusadas por el mismo delito.

En otro tema, a una pregunta expresa Suárez Coppel informó que unos 20 trabajadores de la empresa se encuentran secuestrados por bandas del crimen organizado que operan en la región de la cuenca de Burgos, área que abarca parte de los estados de Tamaulipas, Nuevo León, Coahuila y norte de Veracruz.

Ha habido secuestro de trabajadores, no necesariamente a la hora en que están realizando el trabajo, aunque en algunos casos sí han ocurrido durante su jornada laboral. Estamos apoyando a las familias y sí, es algo realmente preocupante. Hay un número que fue secuestrado en horas de trabajo; otro, fuera de horas de trabajo.

–Existen versiones de que también algunas instalaciones habrían sido secuestradas, ¿es cierto? –se le preguntó.

–No hay instalaciones secuestradas –aseguró.

El secretario Meade Kuribreña resaltó la urgencia de que los diputados aprueben la minuta de proyecto de decreto enviada por el Ejecutivo federal para reformar tanto los códigos Penal Federal, Federal de Procedimientos Penales, como la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada en Materia de Robo de Hidrocarburos.

El robo de combustibles, dijo, es complicado porque tiene varias vertientes: implica un reto de seguridad industrial, pone en riesgo la vida de personas y afecta el patrimonio de Pemex. Además, para el robo de combustibles, que ha venido creciendo en los últimos años, las organizaciones criminales han crecido en su sofisticación; se han organizado mejor y ejecutan el delito con tecnología de última generación.

Por eso, remarcó, es muy importante que Pemex y el gobierno federal cuenten con el apoyo de una legislación robusta y acorde a la dificultad del fenómeno que enfrentamos, que se ha vuelto un tema de gran urgencia.

De aprobarse y una vez en vigor permitirá, primero, sancionar la alteración de manera dolosa de instrumentos de medición para enajenar o suministrar hidrocarburos; agravar las penas para el trabajador que con motivo de su función suministre información de las instalaciones, equipo u operación de la industria que resulte útil o auxilie la comisión de dichos delitos, y además se podrá sancionar la posesión ilícita de combustibles.

Halló irregularidades e incumplimiento en contratos para Pemex

Sanciona la SFP con 5 inhabilitaciones por 19 años y multas a Erucoyma

Elizabeth Velasco

Periódico La Jornada
Viernes 17 de junio de 2011, p. 25

La Secretaría de la Función Pública (SFP) sancionó con cinco inhabilitaciones por 19 años a la empresa Erucoyma SA de CV, y le impuso igual número de multas por más de 6.3 millones de pesos, por incurrir en irregularidades y en el incumplimiento de dos contratos por 11 millones de pesos.

Los contratos se adjudicaron a la empresa para la rehabilitación de los ductos de los sectores Salamanca y Venta de Carpio, de Pemex Gas y Petroquímica Básica (PGPB).

Las sanciones se aplicaron también a 10 funcionarios públicos adscritos al sector ductos de PGPB, por conductas indebidas en el proceso de adjudicación del contrato y en la supervisión de las obras en las instalaciones de la paraestatal.

Por las irregularidades, la SFP presentó dos denuncias penales ante la Procuraduría General de la República (PGR). La primera en contra de Luis César Nevárez Vega, especialista técnico B de PGPB, por su intervención en las evaluaciones y en el dictamen técnico mediante el cual nombró como ganadora a Erucoyma.

Según datos proporcionados por la dependencia, Nevárez habría recibido 10 mil pesos de la empresa por la asignación del sector Venta de Carpio.

La segunda denuncia penal se interpuso contra los servidores públicos de la paraestatal Javier Guerrero Martínez, José Manuel Jiménez Trejo, Rogelio Olivera Kapellman, Francisco Cruz Lagunes, Sandro Colchado, Iván Martín Romero González, Eduardo Alejandro Lechuga y Jorge Gómez García, quienes no verificaron la realización de los trabajos, los cuales quedaron incompletos o fueron mal realizados.

También denunció penalmente al representante legal de Erucoyma, Luis Mota. Según la SFP, la firma constituyó empresas en el ramo de la construcción con el uso de prestanombres; contó con información privilegiada y con datos sobre el presupuesto interno de la paraestatal; realizó evaluaciones irregulares, y además de hacer mal los trabajos y fuera de las especificaciones acordadas, subcontrató proveedores no autorizados.

Aunado a ello, no acreditó la experiencia básica, abandonó la obra y proporcionó información falsa sobre el manejo de residuos sólidos peligrosos, generados durante los trabajos.

Fue mediante una denuncia anónima como la SFP tuvo conocimiento de las irregularidades, a finales de 2008, fecha en que comenzó la investigación sobre las presuntas irregularidades de los contratos de los sectores referidos de PGPB.