14 de julio de 2011
Videos de México
Promo El Equipo en el Canal de las Estrellas
Monterrey Rojo
Militares mexicanos que violen Derechos Humanos irán a juicio civil
La decisión de la Corte Suprema de México de que los militares que cometan delitos contra los derechos humanos, puedan ser juzgados en tribunales civiles ha sido calificada como histórica en el país. Hasta ahora, esos casos son juzgados en tribunales militares según el código de justicia militar. La Corte no modifica este código, pero ordena a todos los jueces del país que los militares que hayan cometido violaciones a los derechos humanos se atiendan por la autoridad civil correspondiente. TeleSUR
18 personas asesinadas por el narcotráfico en Ciudad Juárez
En México, 18 personas fueron asesinadas en Ciudad Juárez a manos de los cárteles de droga, los crímenes están supuestamente vinculados con el narcotráfico, la canciller, Patricia Espinoza, insistió que la Casa Blanca debe regular la venta de armas. TeleSUR
Otorga Permanente licencia a Creel
Pese a que hubo quienes se opusieron a que el senador panista pidiera permiso por tiempo indefinido, la asamblea la aprobó por mayoría y le concedieron la licencia para separarse de sus funciones.
Caso Mariel Solís; familiares exigen justicia
Luego de ser acusada y detenida por ser supuestamente cómplice del asesinato de un catedrático de la UNAM en 2009. Familiares y amigos piden que se resuelva el caso lo antes posible, ya que aseguran, es inocente.
Videos del Mundo
Cortejo fúnebre de Facundo Cabral va a Buenos Aires
Familiares, amigos y admiradores del cantautor argentino, Facundo Cabral, acompañaron su cortejo fúnebre hasta un cementerio privado a unos 40 km de Buenos Aires. TeleSUR
Paga la SSP 118 mdp por serie de tv
La realización de la serie de televisión El Equipo costó a la Secretaría de Seguridad Pública federal 118 millones 116 mil 880 pesos, de acuerdo con el contrato firmado entre la dependencia federal y Televisa
Lilia Saúl | El Universal
La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) pagó a Televisa por la producción de 13 capítulos de El Equipo, 118 millones 116 mil 880 pesos.
De acuerdo con el contrato entregado a EL UNIVERSAL por la Secretaría de Seguridad Pública, obtenido a través de la Ley Federal de Transparencia, la dependencia pidió a Televisa realizar una serie desde junio de 2010, fecha en que la SSP federal que encabeza Genaro García Luna, ya tenía los recursos autorizados a través de la partida 3701 y con la autorización del Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y Servicios de la secretaría citada.
La SSP aprobó desde mayo de 2010 la elaboración de este serie dentro del marco de la campaña denominada “Policía Federal Héroes Anónimos”.
De acuerdo con datos proporcionados por la SSP, la filmación duró aproximadamente tres meses y se realizó en las instalaciones de la dependencia.
El contrato OM/DGRMSG/AD/022/ 2010, que consta de 23 cuartillas, denominado “Servicios de Preproducción, Producción, Postproducción y Difusión en Televisión Abierta con Cobertura Nacional de la Campaña Contingente Denominada ‘Policía Federal Héroes Anónimos’”, cuenta con las firmas, por parte de la Secretaría de Seguridad Pública, de María Luisa Olivas, directora general de Prevención del Delito y Participación Ciudadana; Alejandro Sosa Arciniega, director general de Recursos Materiales y Servicios Generales, y Verónica Peñuñuri Herrera, directora general de Comunicación Social.
Televisa, beneficiaria del contrato a través de la adjudicación directa, no cobró por la transmisión de la serie por considerarla “material educativo”.
“La realización y difusión de la serie se realizará sin ánimo de lucro directo o indirecto para la secretaría, por ser de utilidad pública su difusión, en razón de ser material educativo de relevancia nacional y con temática de trascendencia actual”, señala el contrato.
La dependencia dijo no contar con documentos para conocer si todo el equipo utilizado para la elaboración de la serie era de la Policía Federal o de Televisa, así como los elementos que aparecieron en la serie como “extras” si les fue pagada o no su participación.
En el contrato se establece que la serie de televisión se conformará por 13 episodios. “Los servicios de difusión en televisión abierta con cobertura nacional de ‘la serie’ se realizarán a través de cualquiera de los canales de televisión abierta que comercializa el prestador de servicios, incluyendo los canales con los que cuente o llegue a comercializar, debido a su esquema y capacidad corporativa con la que cuenta, para lograr la mayor cobertura a nivel nacional”.
Dentro de las cláusulas se incluye una en la que los actores y participantes de la producción estaban obligados a no asistir a sus labores en “estado de ebriedad” o “con aliento alcohólico” y los uniformes serían proporcionados por la empresa Televisa y no por la Secretaria se Seguridad Pública federal, evitando la mala imagen en el uso del uniforme que se les designe. Televisa corrió a cargo de los salarios y de las erogaciones adicionales que hubiese hecho la empresa para la teleserie.
La cláusula décima quinta establece “confidencialidad” para que ambas partes se obliguen a mantener “estricta confidencialidad” y a no divulgar información derivada de la prestación de “los servicios” de conformidad con lo estipulado en el “Anexo Único”, el cual no fue entregado en la solicitud de información. Los derechos de propiedad industrial serán de la SSP.
Rebasó ya FCH gasto de Fox en propaganda
En cinco años de gobierno, la administración de Felipe Calderón ha erogado en publicidad y comunicación social 70% más que lo gastado por Vicente Fox en igual periodo
Jorge Ramos El Universal
En lo que va de la administración del presidente Felipe Calderón Hinojosa las dependencias han erogado más de 21 mil millones de pesos para comunicación y difusión de mensajes en medios de comunicación, cifra que rebasa los 16 mil millones que gastó en todo su sexenio Vicente Fox Quezada.
Para 2011, el gasto en comunicación fue de 5 mil 487 millones de pesos, cifra 6% superior a la programada en 2010.
Hasta ahora se trata de la cantidad erogada más grande de la actual administración y de los últimos 11 años en el rubro de publicidad y comunicación social, según datos oficiales que fueron solicitados por EL UNIVERSAL, vía la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental.
Entre 2001 —primer año de gobierno del Partido Acción Nacional (PAN)— y 2011 la actual administración federal multiplicó 280% su presupuesto para difundir logros.
En total, la administración de Vicente Fox (2000-2006) gastó 16 mil 326 millones de pesos en publicidad y comunicación social.
En los cinco años que lleva Calderón Hinojosa en la Presidencia de la República, el gasto en esa área ya rebasó los 21 mil millones de pesos.
En 2007 la administración del presidente Felipe Calderón inició con un gasto de 3 mil 425 millones de pesos; en 2008 aumentó a 4 mil 212 millones de pesos y, no obstante que en 2009 disminuyó a 3 mil 704 millones, al siguiente ejercicio creció a 5 mil 152 millones de pesos.
La administración pública federal se compone de 245 dependencias encabezadas por la Presidencia; le siguen 19 secretarías de Estado (Gobernación, Función Pública, Hacienda y Crédito Público, Relaciones Exteriores o Salud, entre otras) y organismos como el IMSS, el ISSSTE y Petróleos Mexicanos (Pemex), entre otros.
Cambio de estrategia
El 3 de agosto de 2010, durante los Diálogos por la Seguridad que abrió Calderón con diversos actores de la vida pública del país, el mandatario admitió que la comunicación social en su gobierno no es su fuerte.
“No hemos sabido explicar qué estamos haciendo, por qué lo estamos haciendo, qué estamos viendo a nuestro alrededor”, dijo en aquella ocasión. Meses después, creó la figura del vocero de la narrativa anticrimen, responsabilidad que recayó en Alejandro Poiré.
El presupuesto en comunicación social para 2011 —5 mil 487 millones de pesos— equivale a una quinta parte del autorizado a la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) en este año, que asciende a 29 mil 223 millones 146 mil 316 pesos, de los cuales 26 mil 81 millones de pesos corresponden a recursos federales, y 3 mil 141 millones de pesos a ingresos propios de la máxima casa de estudios.
Los recursos de la UNAM deben alcanzar para cubrir las necesidades materiales, humanas y académicas de una población estudiantil superior a 250 mil alumnos. Esta institución genera más de 50% de la investigación científica del país.
Apuesta por redes sociales
En marzo de 2011, el gobierno federal estrenó un nuevo diseño de su portal de internet, en el que todos los integrantes del gabinete subieron a Twitter.
Desde marzo de 2010, la Presidencia de la República contrató a la empresa Lunave Multimedios, S.A. de C.V. —por 3 millones de pesos, según el contrato ITP-0060-0710— para asesorías “en análisis de contenido de opinión pública en las redes sociales”.
La estela y la corrupción
Rafael Cardona
El monumental fracaso del monumento al Bicentenario-Centenario (acabe como acabe ya es un desastre) ha sido ocasión de señalamientos de alta corrupción por parte de César Pérez Becerrril, el arquitecto de la célebre “Estela de luz”, cuyo costo se ha aumentado exponencialmente.
Pérez Becerril acudió al diputado (PV) Pablo Escudero, presidente de la Comisión de la Función Pública, a quien le confió la ruta de las desventuras y deshonestidades en las adquisiciones. Escudero, como representante popular, divulgó los hechos y exigió una explicación.
Ayer el secretario de Educación, Alonso Lujambio, en cuyas manos cayeron los finales de unos festejos desorganizados de origen y mal resueltos al cuarto para las doce, fuera como fuera y costara cuanto costara, solicitó pruebas. En ese sentido, el diputado Escudero le tomó la palabra y lo conminó a un debate público.
“Sin duda alguna –dice la carta enviada a la SEP y dirigida al secretario—, quisiera llamar su atención destacando la importancia de que una discusión sobre un caso de alta relevancia en materia de transparencia y rendición de cuentas y corrupción tiene que trascender de los ‘dimes y diretes’ como usted menciona. Por lo anterior, le propongo que pase a un debate serio y a la presentación de documentos oficiales respecto a la construcción del monumento denominado ‘La Estela de Luz’ y a sus múltiples irregularidades
“Un ejercicio democrático de rendición de cuentas al que usted está obligado como servidor público, con gusto veo cómo empieza a rendir cuentas en los medios de comunicación y a proporcionar información desconocida con anterioridad, aunque ése no sea el espacio ideal. Celebro sin duda alguna que lo esté haciendo.
“Tampoco podría dejar de mencionarle que usted fue citado para comparecer en la Cámara de Diputados por la comisión que yo me honro en presidir, en dos ocasiones, y usted optó por no asistir a rendir cuentas.
“Estoy convencido que el nombramiento que le hizo el Sr. Presidente de la República para encargarse de los Festejos del Bicentenario no sólo consistía en acudir a las fiestas patrias, a brindar y cortar listones. Consistía y consiste en transparentar el gasto y rendir cuentas de los miles de millones que se usaron para estos festejos.
“Me parece que es momento de trasladar esta discusión en algunos medios de comunicación a un debate formal y público en la Cámara de Diputados, incluso con un representante del auditor superior de la Federación para entregarle en ese acto los documentos que acreditan (o explican) las irregularidades.
“Estoy convencido de que estamos a tiempo de corregir todas las irregularidades y dar vista a las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades por actos de corrupción y sacar adelante este proyecto majestuoso que debiera ser orgullo nacional y no vergüenza general.
“Por lo anterior, le propongo que usted escoja moderador, ya sea algún comunicador (quizá Denise Dresser) o algún diputado incluso del PAN para que usted se sienta cómodo y en condiciones de ordenar el debate. Le propongo como fecha tentativa la Cámara de Diputados el día lunes 18 de julio o el martes 19 de julio a las 12:00 horas.
“Con gusto aceptare el formato que usted considere pertinente”.
Pérez Becerril acudió al diputado (PV) Pablo Escudero, presidente de la Comisión de la Función Pública, a quien le confió la ruta de las desventuras y deshonestidades en las adquisiciones. Escudero, como representante popular, divulgó los hechos y exigió una explicación.
Ayer el secretario de Educación, Alonso Lujambio, en cuyas manos cayeron los finales de unos festejos desorganizados de origen y mal resueltos al cuarto para las doce, fuera como fuera y costara cuanto costara, solicitó pruebas. En ese sentido, el diputado Escudero le tomó la palabra y lo conminó a un debate público.
“Sin duda alguna –dice la carta enviada a la SEP y dirigida al secretario—, quisiera llamar su atención destacando la importancia de que una discusión sobre un caso de alta relevancia en materia de transparencia y rendición de cuentas y corrupción tiene que trascender de los ‘dimes y diretes’ como usted menciona. Por lo anterior, le propongo que pase a un debate serio y a la presentación de documentos oficiales respecto a la construcción del monumento denominado ‘La Estela de Luz’ y a sus múltiples irregularidades
“Un ejercicio democrático de rendición de cuentas al que usted está obligado como servidor público, con gusto veo cómo empieza a rendir cuentas en los medios de comunicación y a proporcionar información desconocida con anterioridad, aunque ése no sea el espacio ideal. Celebro sin duda alguna que lo esté haciendo.
“Tampoco podría dejar de mencionarle que usted fue citado para comparecer en la Cámara de Diputados por la comisión que yo me honro en presidir, en dos ocasiones, y usted optó por no asistir a rendir cuentas.
“Estoy convencido que el nombramiento que le hizo el Sr. Presidente de la República para encargarse de los Festejos del Bicentenario no sólo consistía en acudir a las fiestas patrias, a brindar y cortar listones. Consistía y consiste en transparentar el gasto y rendir cuentas de los miles de millones que se usaron para estos festejos.
“Me parece que es momento de trasladar esta discusión en algunos medios de comunicación a un debate formal y público en la Cámara de Diputados, incluso con un representante del auditor superior de la Federación para entregarle en ese acto los documentos que acreditan (o explican) las irregularidades.
“Estoy convencido de que estamos a tiempo de corregir todas las irregularidades y dar vista a las autoridades correspondientes para deslindar responsabilidades por actos de corrupción y sacar adelante este proyecto majestuoso que debiera ser orgullo nacional y no vergüenza general.
“Por lo anterior, le propongo que usted escoja moderador, ya sea algún comunicador (quizá Denise Dresser) o algún diputado incluso del PAN para que usted se sienta cómodo y en condiciones de ordenar el debate. Le propongo como fecha tentativa la Cámara de Diputados el día lunes 18 de julio o el martes 19 de julio a las 12:00 horas.
“Con gusto aceptare el formato que usted considere pertinente”.
La descarga…
La verdad está cabrón…
No sólo García Luna dilapidó 118 millones de pesos en la miniserie “el Equipo” (ni que fuera el Real Madrid) a razón de 13 capítulos, $300 mil pesos por minuto, $5 mil pesos por segundo…
La mentada “Estela de Luz” para celebrar el Bicentenario, igualmente, Lujambio y su cochinero…
Concesión a una empresa que estaba inhabilitada, recimentación porque la obra no estaba bien calculada...inicialmente nos costaría 200 millones pero como hubo “adecuaciones” subió a nadamás 690 millones.
Si esto ya es un insulto, la mentada mayor es saber que en lo que va del Calderonato el “Gobierno Federal” se ha chutado 21 mil millones de pesos en “propaganda gubernamental”…
Que poca y escasa madre tiene Felipe Calderón…
Y lo que falta por destaparse…Aquí entre nos…
La$ enormes inversiones$ de la fea “Primera Dama” Márgara Zavala en Telecomunicaciones hacen parecer a Martha Sahagún una nenita
La Corte, los fueros y la certidumbre
Razones
Jorge Fernández Menéndez
La resolución de la Suprema Corte de Justicia que determina que cualquier caso de violación a los derechos humanos de civiles por parte de elementos militares deberá ser juzgada por tribunales civiles y no castrenses, es de enorme trascendencia y va mucho más allá de los delitos que pudieran cometer hombres o mujeres de uniforme.
En los hechos, la resolución de la Corte desata el debate que se había tejido en torno al tema del fuero civil y militar. Me parece además, la decisión más sensata: los delitos que sean del ámbito eminentemente militar deben seguir siendo juzgado por los tribunales y leyes militares, los que involucren violaciones graves a derechos humanos de civiles deben pasar a la justicia civil. Ese era, también, uno de los capítulos que tenía atorada la ley de seguridad nacional en el Congreso y ahora, con la decisión de la Corte puede allanarse su aprobación, por lo menos en ese punto (recordemos que la citada ley tiene que sufrir muchas más modificaciones, sobre todo en temas como los mandos de fuerzas militares respecto a autoridades civiles, en mecanismos de protección de información, de respeto a las propias instituciones militares, entre otros puntos).
No será sencillo darle trámite a este tipo de casos, primero porque el tema es complejo y no todos son de las características del caso Radilla (un hombre que fue desaparecido y muerto en forma clandestina por elementos militares en los años 70) que motivó la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que respaldó la Suprema Corte de Justicia. También es verdad, como han advertido muchos miembros de áreas de seguridad federal, militares y civiles, que en ocasiones son los propios integrantes de las organizaciones criminales quienes impulsan denuncias para frenar las acciones de militares y policías en su contra: lo hemos visto en todo el territorio nacional, la más reciente y evidente en Michoacán.
Lo que se debe tener, es un marco legal adecuado para la participación de las fuerzas armadas en los temas de seguridad. No puede ocurrir que, como sucedió en los años 70 en la lucha contra los grupos armados, o con hechos como el 86 o el halconazo, décadas después se planteen procesos con marcos legales que no existían en su momento. Lo sucedido con la comisión de crímenes del pasado, durante el sexenio pasado, lastimó mucho la relación con las fuerzas armadas y estuvo muy lejos de arrojar claridad sobre lo ocurrido. Ahora las fuerzas de seguridad y sobre todo los militares están participando activamente en un proceso más complejo, violento y extendió en la lucha contra el crimen organizado, teniendo que hacerse cargo en muchas ocasiones incluso de la seguridad pública en estados y municipios. Debe haber normas claras que les otorguen a los hombres y mujeres de uniforme, certidumbre y límites precisos para su accionar. Como hemos dicho, la resolución de la Corte sobre el fuero civil y militar, ayuda a acercar posiciones en la debatida ley de seguridad nacional, pero es impostergable que ésta, con las modificaciones necesarias, sea aprobada por el Congreso.
La decisión de la Corte le dará más oxígeno y transparencia a este tipo de casos y permitirá, simultáneamente, que las propias fuerzas armadas tenga un parámetro preciso para saber cómo actuar en este tipo de temas. En realidad, esta decisión creo que protege mucho más a la institución militar que cerrar esos casos estrictamente a la justicia militar.
Pero el tema va mucho más allá. La resolución de la Corte insiste en que México debe respetar todos los tratados internacional que ha suscrito y que se deben realizar las adecuaciones a la constitución y las leyes que los mismos determinan. Estamos hablando de cientos de normas que no se respetan con el argumento, que se manejó durante mucho tiempo, de que los tratados internacionales, aunque hubieran sido suscritos por México y avalados por el Senado, no podían estar por encima de la Constitución.
La Corte no dice que están por encima de la Carta Magna, sino que son parte de ordenamientos internacionales avalados por México que deben estar dentro de la Constitución y las leyes. Eso implica la obligatoriedad de cambios en muchas áreas, en forma notable, por ejemplo, en la electoral. Hay convenios y decisiones de tribunales internacionales que México reconoce, que se deberán aplicar en el terreno de lo electoral, de la seguridad, de la ecología, de la justicia.
No sé cómo se terminará implementando está decisión en el terreno político y legislativo. Por lo pronto la propia Corte exhortó a todos los tribunales del país, en todos los niveles, a aceptar e impulsar esta norma en todos los procesos en los que se vean involucrados. Si es así, se reducirá la discrecionalidad y seremos cada vez más parte de un sistema de justicia y de leyes equiparable a nivel global.
En los hechos, la resolución de la Corte desata el debate que se había tejido en torno al tema del fuero civil y militar. Me parece además, la decisión más sensata: los delitos que sean del ámbito eminentemente militar deben seguir siendo juzgado por los tribunales y leyes militares, los que involucren violaciones graves a derechos humanos de civiles deben pasar a la justicia civil. Ese era, también, uno de los capítulos que tenía atorada la ley de seguridad nacional en el Congreso y ahora, con la decisión de la Corte puede allanarse su aprobación, por lo menos en ese punto (recordemos que la citada ley tiene que sufrir muchas más modificaciones, sobre todo en temas como los mandos de fuerzas militares respecto a autoridades civiles, en mecanismos de protección de información, de respeto a las propias instituciones militares, entre otros puntos).
No será sencillo darle trámite a este tipo de casos, primero porque el tema es complejo y no todos son de las características del caso Radilla (un hombre que fue desaparecido y muerto en forma clandestina por elementos militares en los años 70) que motivó la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que respaldó la Suprema Corte de Justicia. También es verdad, como han advertido muchos miembros de áreas de seguridad federal, militares y civiles, que en ocasiones son los propios integrantes de las organizaciones criminales quienes impulsan denuncias para frenar las acciones de militares y policías en su contra: lo hemos visto en todo el territorio nacional, la más reciente y evidente en Michoacán.
Lo que se debe tener, es un marco legal adecuado para la participación de las fuerzas armadas en los temas de seguridad. No puede ocurrir que, como sucedió en los años 70 en la lucha contra los grupos armados, o con hechos como el 86 o el halconazo, décadas después se planteen procesos con marcos legales que no existían en su momento. Lo sucedido con la comisión de crímenes del pasado, durante el sexenio pasado, lastimó mucho la relación con las fuerzas armadas y estuvo muy lejos de arrojar claridad sobre lo ocurrido. Ahora las fuerzas de seguridad y sobre todo los militares están participando activamente en un proceso más complejo, violento y extendió en la lucha contra el crimen organizado, teniendo que hacerse cargo en muchas ocasiones incluso de la seguridad pública en estados y municipios. Debe haber normas claras que les otorguen a los hombres y mujeres de uniforme, certidumbre y límites precisos para su accionar. Como hemos dicho, la resolución de la Corte sobre el fuero civil y militar, ayuda a acercar posiciones en la debatida ley de seguridad nacional, pero es impostergable que ésta, con las modificaciones necesarias, sea aprobada por el Congreso.
La decisión de la Corte le dará más oxígeno y transparencia a este tipo de casos y permitirá, simultáneamente, que las propias fuerzas armadas tenga un parámetro preciso para saber cómo actuar en este tipo de temas. En realidad, esta decisión creo que protege mucho más a la institución militar que cerrar esos casos estrictamente a la justicia militar.
Pero el tema va mucho más allá. La resolución de la Corte insiste en que México debe respetar todos los tratados internacional que ha suscrito y que se deben realizar las adecuaciones a la constitución y las leyes que los mismos determinan. Estamos hablando de cientos de normas que no se respetan con el argumento, que se manejó durante mucho tiempo, de que los tratados internacionales, aunque hubieran sido suscritos por México y avalados por el Senado, no podían estar por encima de la Constitución.
La Corte no dice que están por encima de la Carta Magna, sino que son parte de ordenamientos internacionales avalados por México que deben estar dentro de la Constitución y las leyes. Eso implica la obligatoriedad de cambios en muchas áreas, en forma notable, por ejemplo, en la electoral. Hay convenios y decisiones de tribunales internacionales que México reconoce, que se deberán aplicar en el terreno de lo electoral, de la seguridad, de la ecología, de la justicia.
No sé cómo se terminará implementando está decisión en el terreno político y legislativo. Por lo pronto la propia Corte exhortó a todos los tribunales del país, en todos los niveles, a aceptar e impulsar esta norma en todos los procesos en los que se vean involucrados. Si es así, se reducirá la discrecionalidad y seremos cada vez más parte de un sistema de justicia y de leyes equiparable a nivel global.
Astillero
Criterios orientadores
Fuero y redefiniciones
Corresponsabilidad punible
Obispo Vera describe a Coahuila
Julio Hernández López
Una grave irresponsabilidad histórica ha cometido la administración felipista al arrojar a las fuerzas armadas a una guerra interna que ha puesto a prueba la lealtad de esos cuerpos militares y marinos en tanto no hay un sustento legal pleno e irrebatible para las operaciones de combate al narcotráfico que ahora, a la luz de las restricciones impuestas al fuero castrense en materia de violaciones a los derechos humanos de civiles, podrán llevar a tropa y oficiales al banquillo de los paisanos y que a la luz de otro juicio, el histórico, también podrían llegar a sentencias rigurosas.
Calderón ha obligado a segmentos verde olivo a preguntarse en voz baja las razones por las cuales están en las calles, cumpliendo instrucciones directas de su jefe institucional acampado en Los Pinos pero a sabiendas de que no cuentan con protección legal ni justificaciones suficientes. Personajes que vivieron en el primer nivel político los momentos cruciales del plantón poselectoral de Reforma afirman en privado, sin que exista prueba de ello, que el entonces secretario de la Defensa Nacional solicitó a su jefe indicaciones por escrito para proceder a levantar a los manifestantes, con la intención de salvaguardar la institucionalidad castrense de las consecuencias que tuviera una orden presidencial de ese calado. Y en este sexenio vertiginoso para los militares, algunos se preguntan cuál será la valoración judicial e histórica de su actuar desbordado, temiendo que al cambio de administración pudieran fortalecerse las demandas de enjuiciar a quienes fueron copartícipes de la masacre nacional.
Ayer mismo, por ejemplo, tres generales acudieron al Senado de la República para hablar sobre asuntos de seguridad nacional y dejaron constancia de la necesidad que sienten en sus filas de contar con precisión jurídica a la hora del cumplimiento de instrucciones provenientes de Los Pinos. En concreto, los militares abogaron por la aprobación de la ley de seguridad nacional que regule sin equivocación los alcances y responsabilidad del actuar de las fuerzas armadas ante situaciones excepcionales que exijan su intervención.
Algo más: el mismo martes que la Suprema Corte de Justicia de la Nación cumplía con la sentencia emitida desde 2009 por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional y Marina pretendieron, mediante un comunicado conjunto, reducir a mero criterio orientador las nuevas disposiciones aprobadas por la máxima sala del poder judicial federal. Respetuoso del equilibrio entre los tres poderes de la Unión, el gobierno federal reitera su respeto a los criterios orientadores formulados por el máximo tribunal para los órganos jurisdiccionales del país, decía el boletín de prensa. ¿Respetuoso y respeto? ¿Podría ser de otra manera, y por ello esas tres secretarías tuvieron que confirmar su disposición a respetar lo que en estricto sentido nada más deberían declararse dispuestas a cumplir? ¿Criterio orientador, es decir, llamadas a misa, simples sugerencias y consejos, o imperio de la ley que ha de cumplirse sin más?
Por otra parte, pero no desligado de lo anterior, el obispo de Saltillo, Raúl Vera, encabezó ayer la peregrinación anual de su diócesis a la Basílica de Guadalupe, en la ciudad de México, y pronunció una homilía que es una radiografía de lo que se vive en Coahuila y que poca difusión mediática alcanza, razón por la cual aquí se reproducen algunos de los pasajes más notables:
“Coahuila (está) sumido en la violencia y el desconcierto social, en la destrucción de las instituciones y en el empobrecimiento creciente. Los partidos se valieron de las clásicas trampas puestas a la ciudadanía empobrecida para aprovechar su necesidad y comprarle el voto, moverla a votar por medio de promesas de índole inmediatista y no mediante una agenda política madura, que garantice la restructuración profunda del estado. Qué pena que los partidos políticos solamente vieron en la ciudadanía carne de cañón para seguir aplicando los clásicos métodos de manipulación de los electores e inyectar así una fuerte dosis de regresión al Estado autoritario y paternalista.
“La mordaza a los medios de comunicación y la corta visión social en el proyecto político de la función pública, que privilegia el prestigio necesario para mantener la carrera política de los funcionarios, han rodeado de silencio los graves acontecimientos violentos que vivimos día con día en nuestro estado. Esto significa un retraso para la búsqueda de soluciones, porque si lo que se busca es invisibilizar los acontecimientos y no enfrentarlos para llegar a una solución efectiva, lo que prevalecerá será la impunidad.
“En Coahuila, en los últimos seis meses, según el recuento de un diario de Saltillo, tenemos 300 ejecuciones. La PGR, en su web oficial reporta 654 muertes en eventos violentos en Coahuila de 2006 a 2010. El Centro de Derechos Humanos de la diócesis tiene documentadas 185 desapariciones forzadas en el estado, y las autoridades estatales han recibido 219 denuncias de desaparición de personas.
También sabemos que hay decapitados, extorsiones, desplazamientos de poblaciones pequeñas, propiciadas por personas de la delincuencia organizada, agresiones a edificios públicos, concretamente en Saltillo la presidencia municipal y las instalaciones de un partido político. Hemos tenido en la zona norte del estado saqueo, quema y destrucción total de viviendas en algunas ciudades, en espacios céntricos y a plena luz del día. Coahuila ocupa el tercer lugar en el país en agresiones a reporteros e instalaciones de medios de comunicación.
Y, mientras Córdova anuncia que se va de Salud para buscar la candidatura panista al gobierno de Guanajuato, Creel escenifica despedidas fotográficas en el Senado rumbo a 2012, y Gordillo se niega a ser jubilada, ¡hasta mañana, con García Productions pagando a Televisa 118 millones de pesos por producir la serie denominada El Equipo!
Fuero militar
Jaque Mate
Sergio Sarmiento
“Cuando en un delito o falta del orden militar estuviese complicado un paisano, conocerá del caso la autoridad civil que corresponda”. Artículo 13 constitucional
Lo paradójico del caso es que tuvo que venir un tribunal internacional para obligar al Estado mexicano a cumplir lo que dice nuestra propia Constitución. El artículo 13 de nuestra Carta Magna señala, efectivamente, que no debe haber tribunales especiales y que serán las cortes civiles las que ventilen los casos de delitos en que se vean involucrados civiles. La tradición y el Código de Justicia Militar, sin embargo, les han dado a los tribunales militares un fuero inconstitucional en estos casos que ha durado demasiado tiempo.
El fuero militar no debería ser necesariamente razón de impunidad. Las autoridades militares nacionales han señalado en distintas ocasiones que los efectivos que violan la ley o las garantías individuales son juzgados por los jueces militares y que lo hacen con una severidad mayor que los tribunales civiles.
La verdad, sin embargo, es que los comandantes suelen proteger a los efectivos a su cargo y lo hacen a través del fuero militar. Ahí está el caso de los marinos que asesinaron a la señora Patricia Terroba de Pintado en el fraccionamiento Los Limoneros a las afueras de Cuernavaca en diciembre de 2009. La Secretaría de la Marina se negó a investigar lo sucedido hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos la obligó. Pero aun en los casos en que supuestamente se investiga o se castiga en el fuero militar a alguien, el resultado no se comunica a la sociedad. Hasta la fecha, por ejemplo, no conocemos nada acerca de las investigaciones de la Armada sobre la muerte de Patricia Terroba.
Incluso en tiempos normales sería necesario acotar el fuero militar a aquellos delitos que involucren directamente la disciplina militar. En momentos en que el Gobierno de la República ha recurrido al Ejército y a la Marina para realizar labores de policía esta delimitación se vuelve mucho más urgente. Los gobernados no tenemos ninguna defensa ante los abusos de la autoridad si ésta se refugia en un fuero en el que los civiles no tenemos defensa y en el que además no existe transparencia.
Nadie puede cerrar los ojos a los problemas que soldados y marinos están enfrentando en esta guerra contra el crimen organizado a la que ellos no pidieron ingresar. Recientemente Milenio Televisión dio a conocer un video que mostraba la tortura, con increíble saña, de dos soldados que ni siquiera tenían nada que ver con la lucha contra el narcotráfico. Fueron levantados, torturados y presumiblemente asesinados por el simple hecho de ser militares.
La experiencia nos dice, sin embargo, que también los efectivos de las fuerzas armadas abusan de los gobernados. Se ha hecho común, por ejemplo, que los soldados o los marinos ingresen por la fuerza en viviendas sin órdenes de cateo o de aprehensión, supuestamente tras haber recibido denuncias anónimas. También han disparado y matado a civiles inocentes en circunstancias que no pueden justificarse por miedo o por una respuesta a una agresión.
Ha sido necesaria la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que finalmente el gobierno federal acepte respetar lo que dice el artículo 13 de la Constitución. Habrá que ver si tenemos que esperar también un proceso similar para que las autoridades mexicanas obedezcan el artículo 129 de la Constitución, ese que dice que “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.”
Lo paradójico del caso es que tuvo que venir un tribunal internacional para obligar al Estado mexicano a cumplir lo que dice nuestra propia Constitución. El artículo 13 de nuestra Carta Magna señala, efectivamente, que no debe haber tribunales especiales y que serán las cortes civiles las que ventilen los casos de delitos en que se vean involucrados civiles. La tradición y el Código de Justicia Militar, sin embargo, les han dado a los tribunales militares un fuero inconstitucional en estos casos que ha durado demasiado tiempo.
El fuero militar no debería ser necesariamente razón de impunidad. Las autoridades militares nacionales han señalado en distintas ocasiones que los efectivos que violan la ley o las garantías individuales son juzgados por los jueces militares y que lo hacen con una severidad mayor que los tribunales civiles.
La verdad, sin embargo, es que los comandantes suelen proteger a los efectivos a su cargo y lo hacen a través del fuero militar. Ahí está el caso de los marinos que asesinaron a la señora Patricia Terroba de Pintado en el fraccionamiento Los Limoneros a las afueras de Cuernavaca en diciembre de 2009. La Secretaría de la Marina se negó a investigar lo sucedido hasta que la Comisión Nacional de Derechos Humanos la obligó. Pero aun en los casos en que supuestamente se investiga o se castiga en el fuero militar a alguien, el resultado no se comunica a la sociedad. Hasta la fecha, por ejemplo, no conocemos nada acerca de las investigaciones de la Armada sobre la muerte de Patricia Terroba.
Incluso en tiempos normales sería necesario acotar el fuero militar a aquellos delitos que involucren directamente la disciplina militar. En momentos en que el Gobierno de la República ha recurrido al Ejército y a la Marina para realizar labores de policía esta delimitación se vuelve mucho más urgente. Los gobernados no tenemos ninguna defensa ante los abusos de la autoridad si ésta se refugia en un fuero en el que los civiles no tenemos defensa y en el que además no existe transparencia.
Nadie puede cerrar los ojos a los problemas que soldados y marinos están enfrentando en esta guerra contra el crimen organizado a la que ellos no pidieron ingresar. Recientemente Milenio Televisión dio a conocer un video que mostraba la tortura, con increíble saña, de dos soldados que ni siquiera tenían nada que ver con la lucha contra el narcotráfico. Fueron levantados, torturados y presumiblemente asesinados por el simple hecho de ser militares.
La experiencia nos dice, sin embargo, que también los efectivos de las fuerzas armadas abusan de los gobernados. Se ha hecho común, por ejemplo, que los soldados o los marinos ingresen por la fuerza en viviendas sin órdenes de cateo o de aprehensión, supuestamente tras haber recibido denuncias anónimas. También han disparado y matado a civiles inocentes en circunstancias que no pueden justificarse por miedo o por una respuesta a una agresión.
Ha sido necesaria la intervención de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para que finalmente el gobierno federal acepte respetar lo que dice el artículo 13 de la Constitución. Habrá que ver si tenemos que esperar también un proceso similar para que las autoridades mexicanas obedezcan el artículo 129 de la Constitución, ese que dice que “En tiempo de paz, ninguna autoridad militar puede ejercer más funciones que las que tengan exacta conexión con la disciplina militar.”
Ordena Ifai a Presidencia localice permisos de los sobrevuelos de aeronaves extranjeras
No procede declaratoria de inexistencia; la SRE dijo que el Ejecutivo solicitó ese apoyo
Elizabeth Velasco C.
Periódico La Jornada
Jueves 14 de julio de 2011, p. 10
Jueves 14 de julio de 2011, p. 10
El pleno del Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó a la Presidencia de la República que realice una búsqueda de permisos y peticiones de apoyo y colaboración del titular del Ejecutivo, Felipe Calderón, al gobierno de Estados Unidos, para que aeronaves no tripuladas realicen sobrevuelos en territorio mexicano.
Durante el debate del recurso 2848/11, interpuesto por un ciudadano, los comisionados advirtieron que no procede la declaratoria de inexistencia de la Presidencia, pues la secretaria de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, asumió ante el Senado que fue el Presidente quien solicitó la ayuda y no la cancillería.
Esto, conforme a lo establecido en la Constitución y en la Ley de Seguridad Nacional, la cual otorga atribuciones al titular del órgano de seguridad, en este caso el Presidente de la República, para conocer de los programas de cooperación internacional.
El pleno observó que la búsqueda de los documentos debe incluir a la secretaría técnica del gabinete de seguridad nacional, los Servicios a la Navegación en el Espacio Aéreo Mexicano (Seneam), a las secretarías de la Defensa Nacional (Sedena), de Marina (Semar) y de Relaciones Exteriores (SRE), así como a la Procuraduría General de la República (PGR).
Además, se orientó al peticionario a acudir a esas dependencias, porque deben contar con datos estadísticos relativos a la cantidad de vuelos y su ruta respecto de aeronaves de gobiernos extranjeros, incluidas las del ejército, fuerza aérea y guardacostas, y aviones autorizados para participar en intercambio de información contra el narco, tal como se establece en las Bases de Coordinación para Autorizar Sobrevuelos en el Espacio Aéreo Mexicano y Aterrizaje de Aeronaves Extranjeras.
Los permisos, autorizaciones y rutas de los sobrevuelos son atribución del Seneam, órgano desconcentrado de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT). La ponencia de la comisionada María Elena Pérez-Jaén analizó las atribuciones del Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen) –a donde había remitido la secretaría técnica del gabinete de seguridad nacional– y resolvió que no cuenta con ellas.
Los comisionados precisaron que si después de la búsqueda no se encuentra la información, la Presidencia de la República tendrá que hacer la declaratoria de inexistencia, en los términos establecidos en la Ley Federal de Transparencia. En caso de encontrarla, deberá analizar si la misma es de carácter reservado, y, si es el caso, el Ifai aplicará la cláusula de verificación.
También se evaluó el recurso en que se le solicitó a la cancillería mexicana copia simple del documento en que el Estado mexicano permite al gobierno de Estados Unidos sobrevolar con aviones no tripulados el territorio nacional.
De acuerdo con los alegatos de la dependencia y la normatividad aplicable, el pleno confirmó la inexistencia de la información declarada por la SRE.
Las rebanadas del pastel
Carlos Fernández-Vega
Otra aventura de percepciones: dice el inquilino de Los Pinos que las mejores condiciones de vida en el país lograron reducir el número de mexicanos que emigran al norte en busca de empleo; por su lado, la OCDE documenta que, en realidad, tal reducción simplemente ha sido resultado de la profunda crisis en el vecino del norte y el endurecimiento de los controles fronterizos (adivinen cuál es la versión correcta).
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