5 de julio de 2011
La descarga…
Es patético…La gente votó el domingo por el PRI porque...
“Roban…pero tienen experiencia”
Diluvio mexiquense-Rocha
Videos de México
Dispendio y exceso marcaron campaña en el Estado de México
La campaña electoral para el Estado de México, aledaño a la capital mexicana, que define este domingo a su próximo gobernador, estuvo marcada por el dispendio y el exceso en financiamiento a propagandas, remarcó el analista Eduardo Huchim, quien alertó que los comicios en esa provincia son vividos como preámbulo de la elección presidencial del 2010. TeleSUR
Gana abstencionismo en las elecciones del Estado de México
El Partido Revolucionario Institucional, ganó los comicios electorales para gobernador del Estado de México, con el 62% de los votos totales. TeleSUR
Juntos para impugnar
Serpientes y Escaleras
Salvador García Soto
Si no pudieron aliarse en la elección para evitar ser arrollados como lo fueron ayer por la maquinaria del PRI, el PAN y el PRD ahora han decidido unirse, ya pasados los comicios, para impugnar la elección de ayer en el Estado de México y buscarán revertir, juntos en los tribunales, el apabullante resultado con el que barrieron a sus candidatos el domingo.
Ayer mismo, cuando todavía no se reponían del descontón en las urnas, los equipos de Alejandro Encinas y de Luis Felipe Bravo Mena sostuvieron, con el consentimiento de las dirigencias nacionales del PAN y el PRD, los primeros contactos para armar un recurso de impugnación común en el que pedirán la anulación de los comicios mexiquenses por una causal tipificada en la legislación electoral del Estado de México como motivo de nulidad de una elección: el rebase de los topes de gastos de campaña.
El tope de gastos de campaña para las elecciones de Gobernador en el Estado de México fue de 203 millones de pesos para la campaña que comenzó el 16 de mayo y terminó el 29 de junio pasado. Según la impugnación conjunta que preparan PAN y PRD, Eruviel Ávila, candidato ganador de la Alianza “Unidos por ti”, habría gastado “hasta cuatro veces ese monto” en su proselitismo para lo cual, los abogados de los dos partidos buscarán reunir las pruebas que sustentarán su recurso legal que se presenta primero ante el Tribunal Electoral del Estado de México, pero el objetivo es llevarlo hasta el Tribunal Electoral federal.
El voto nuevo
Entre las explicaciones de por qué el PRI sigue ganando elecciones de manera tan abrumadora como el domingo se ha escuchado de todo: desde las teorías de la “involución democrática” por las prácticas y las mañas electorales que prevalecen en las elecciones mexicanas, hasta la exaltación de la vieja maquinaria priísta bien aceitada con recursos públicos que sigue arrasando con todo a su paso, hasta la ineptitud electoral del PAN y el PRD que, a pesar de que ya son gobierno y se dicen “partidos nacionales”, siguen sin construir realmente estructuras reales y operativas en muchos estados de la República.
Pero una de las más interesantes hipótesis para explicar lo sucedido el domingo, cuando vuelve a arrollar un partido como el PRI, que gobernó el país por 70 años y fue responsable de algunos de los peores vicios, prácticas y problemas que aún arrastra el país y sus sistema político —desde la corrupción hasta el corporativismo, pasando por el fraude electoral y la pobreza— es la que se refiere al llamado “voto nuevo” o los “electores jóvenes”.
Según esta explicación una buena parte de los votantes que está ganando el PRI son jóvenes de entre 18 y 30 años que votaron por primera vez en el año 2000 y en elecciones subsiguientes o que se estrenaron como electores en estos comicios. A todos esos nuevos votantes el discurso del “viejo PRI corrupto y atroz” no les dice nada porque no vivieron en la época del priísmo como partido autoritario y de Estado, y por ello ese sector del electorado estaría apoyado al PRI por sus estrategias de mercadotecnia política y porque es el partido que más gana elecciones.
Una motivación más tendría que ver con la decepción de las clases medias de los gobiernos del PAN y del PRD, y en el caso del panismo, que prácticamente terminó de perder en la elección mexiquense lo que le quedaba de aquel mítico “corredor azul” del Valle de México, el voto de rechazo a favor del PRI puede ser un aviso de lo que puede venir en 2012, ante el clima de inseguridad y violencia que priva en buena parte del país, que los electores están cargando directamente al presidente Calderón.
Finalmente, hay una idea de que los electores están asociando con el PRI en este contexto de violencia y caos que viven amplias zonas del país y es la “experiencia”. Lo que para el priísmo fue su peor defecto en el año 2000, cuando se decía que tenían “experiencia pero para robar”, hoy poco más de una década después se está volviendo, a juzgar por los resultados, una virtud cuando el razonamiento popular, decepcionado de otras opciones políticas, termina diciendo lastimosamente: “roban pero tienen experiencia”.
Ayer mismo, cuando todavía no se reponían del descontón en las urnas, los equipos de Alejandro Encinas y de Luis Felipe Bravo Mena sostuvieron, con el consentimiento de las dirigencias nacionales del PAN y el PRD, los primeros contactos para armar un recurso de impugnación común en el que pedirán la anulación de los comicios mexiquenses por una causal tipificada en la legislación electoral del Estado de México como motivo de nulidad de una elección: el rebase de los topes de gastos de campaña.
El tope de gastos de campaña para las elecciones de Gobernador en el Estado de México fue de 203 millones de pesos para la campaña que comenzó el 16 de mayo y terminó el 29 de junio pasado. Según la impugnación conjunta que preparan PAN y PRD, Eruviel Ávila, candidato ganador de la Alianza “Unidos por ti”, habría gastado “hasta cuatro veces ese monto” en su proselitismo para lo cual, los abogados de los dos partidos buscarán reunir las pruebas que sustentarán su recurso legal que se presenta primero ante el Tribunal Electoral del Estado de México, pero el objetivo es llevarlo hasta el Tribunal Electoral federal.
El voto nuevo
Entre las explicaciones de por qué el PRI sigue ganando elecciones de manera tan abrumadora como el domingo se ha escuchado de todo: desde las teorías de la “involución democrática” por las prácticas y las mañas electorales que prevalecen en las elecciones mexicanas, hasta la exaltación de la vieja maquinaria priísta bien aceitada con recursos públicos que sigue arrasando con todo a su paso, hasta la ineptitud electoral del PAN y el PRD que, a pesar de que ya son gobierno y se dicen “partidos nacionales”, siguen sin construir realmente estructuras reales y operativas en muchos estados de la República.
Pero una de las más interesantes hipótesis para explicar lo sucedido el domingo, cuando vuelve a arrollar un partido como el PRI, que gobernó el país por 70 años y fue responsable de algunos de los peores vicios, prácticas y problemas que aún arrastra el país y sus sistema político —desde la corrupción hasta el corporativismo, pasando por el fraude electoral y la pobreza— es la que se refiere al llamado “voto nuevo” o los “electores jóvenes”.
Según esta explicación una buena parte de los votantes que está ganando el PRI son jóvenes de entre 18 y 30 años que votaron por primera vez en el año 2000 y en elecciones subsiguientes o que se estrenaron como electores en estos comicios. A todos esos nuevos votantes el discurso del “viejo PRI corrupto y atroz” no les dice nada porque no vivieron en la época del priísmo como partido autoritario y de Estado, y por ello ese sector del electorado estaría apoyado al PRI por sus estrategias de mercadotecnia política y porque es el partido que más gana elecciones.
Una motivación más tendría que ver con la decepción de las clases medias de los gobiernos del PAN y del PRD, y en el caso del panismo, que prácticamente terminó de perder en la elección mexiquense lo que le quedaba de aquel mítico “corredor azul” del Valle de México, el voto de rechazo a favor del PRI puede ser un aviso de lo que puede venir en 2012, ante el clima de inseguridad y violencia que priva en buena parte del país, que los electores están cargando directamente al presidente Calderón.
Finalmente, hay una idea de que los electores están asociando con el PRI en este contexto de violencia y caos que viven amplias zonas del país y es la “experiencia”. Lo que para el priísmo fue su peor defecto en el año 2000, cuando se decía que tenían “experiencia pero para robar”, hoy poco más de una década después se está volviendo, a juzgar por los resultados, una virtud cuando el razonamiento popular, decepcionado de otras opciones políticas, termina diciendo lastimosamente: “roban pero tienen experiencia”.
¡Cómo lograr algo de ese modo!
Jorge Carrillo Olea
Pareciera ya inútil remarcar el increíble desorden que hay en el seno del gabinete de seguridad nacional y sus consecuencias. La razón de tal desorden, a diferencia de tantos enredos administrativos, es una y simple: se carece totalmente de liderazgo. El Presidente se ha negado a adoptar esa obligada función. Públicamente, ante el consejo, ha dicho que él no cree en esas armonías forzadas. En vez de procurar un liderazgo institucional, ejecutivo, o sea la conducción sistémica del planeamiento, organización, dirección y control de un proyecto, ejerce uno de corte insustancial, o sea tolerancia y aceptación al quehacer de voluntades independientes.
Las consecuencias han sido de conformación paulatina. En la primera reunión supuestamente sustancial, cuyo único asunto fue el anuncio de la guerra al narco, todo mundo se rigidizó, pero un segundo después todos sonrieron y empezaron a llover felicitaciones por el arrojo anunciado. Nadie, de los que tenían obligación de preguntar, objetar, pedir un detalle o el estudio que sustentaba la decisión, dijo nada. Tal vez esto hizo insuflarse a Calderón, sintiéndose amo y señor de la situación. ¡Era innecesario golpear la mesa!
Las consecuencias inmediatas fueron que cada quien empezó a actuar por su cuenta –presupongo la buena voluntad– tanto en el fangoso campo de la inteligencia como en el de las operaciones. En inteligencia en general y operaciones, el Ejército llevaba ventaja, dado su tradicional despliegue y contacto con las realidades locales; la Policía Federal, menos conocedora en ese momento, tenía también antecedentes. La Marina era la que, empezando a cambiar de medio ambiente de operación, estaba en clara desventaja.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la SHCP, pieza clave, tiene escasísima coordinación en estas operaciones, no rinde cuentas ni está obligada a cooperar ni informar más que a autoridades de esa secretaría. La UIF es el instrumento de seguridad nacional responsable de combatir el financiamiento al terrorismo, al crimen organizado, lavado de dinero, fraudes empresariales y, en los últimos años, prevenir el ingreso de dinero sucio a campañas políticas y procesos electorales. Creada hace seis años, ha sufrido varias crisis, alguna de corrupción, por haberse visto varios de sus funcionarios involucrados en ventas ilegales de bienes nacionales. Su disfunción es incontrovertible.
Esto podría tener como metáfora un arrancadero de caballos. En materia de inteligencia el Ejército continuó solo con sus tradicionales prácticas; la policía, gracias a los antecedentes de García Luna en la materia, tomó un paso constante de superación, y la Marina, en un ambiente nuevo, acudió al auxilio de las agencias de inteligencia de EU. Inteligencia de muy alta tecnología, satelital, de sistemas inteligentes que dan grandes recursos de control sobre la recurrencia casi profética de la información y con recursos humanos altamente calificados. La UIF, más que nadie, actúa por su lado.
Aquí surge un elemento abstracto, pero determinante: la añeja antipatía del Ejército por la asociación con fuerzas estadunidenses, que lo llevó a enconcharse; la proclividad de la Marina exactamente por lo contrario, que la llevó a acentuar dependencias que son nocivas a la larga, y a la SPP a imitar a Marina en la conveniencia de ligarse a EU. Todo a ciencia y paciencia de Calderón.
Esto habría de ser –con todo lo grave de su propio peso– la primera falta de autoridad del Presidente: no poner orden, dando lugar a competencias sumamente dañinas, y abrir espacios de incalculables ramificaciones a los intereses estadunidenses.
La entonces proclamada y ostentada como guerra por el Presidente rompía con uno de sus principios clásicos: la coordinación y la cooperación. La coordinación es deber ineludible del mando; la cooperación es deber ineludible de los escalones subalternos. Ninguna se ha dado.
La otra expresión de la inobservancia de ese principio sería en el campo de las operaciones. De manera reconocida por todo mundo, el secretario de Marina, más audaz y codicioso que el cauteloso de Defensa, convenció a Calderón de llevar hasta el centro del país sus operaciones, violentando la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal (artículo 30, fracción 4) y la propia Ley Orgánica de la Armada de México (artículo 2).
Sin juzgar si para bien o para mal, simplemente eso sucedió ante la inmovilidad del Presidente. Los resultados se vieron en la persecución y asesinato de Arturo Beltrán Leyva; el homicidio de una madre de familia, señora Terroba Pintado, y un transeúnte, en Cuernavaca, en diciembre de 2009, y el posterior asesinato de la familia Angulo Córdoba en Tabasco, resultado de un faroleo de la Secretaría de Marina. La participación de la Armada en Cuernavaca se dio –según Wikileaks– por la negativa a actuar del general Galván. Esto es, cada quien hizo autónomamente lo que le pareció correcto. Todo por una razón: el señor no quiere o no puede poner orden.
Si una nueva distribución de competencias territoriales era necesaria en el convencimiento del gabinete de seguridad nacional y del Presidente, se debieron hacer los cambios legales correspondientes a la luz de situaciones que la ley no contempló en el momento de su redacción original. No, se aplicó el cómodo principio de laissez faire, laissez passer.
Las sesiones del gabinete de seguridad nacional han viajado de lo caótico de enfrentamientos verbales a la molicie del silencio cómplice o la grata charla casi social en que cada quien, como si se estuviera en un acuerdo individual, sólo informa y anuncia lo que a su área corresponde, dejando embargado lo que cree que es sólo para Calderón. La línea transversal de los avenimientos no existe. El secretario técnico del gabinete, Alejandro Poiré, debe sufrir para redactar las actas de las sesiones.
De ahí que el Cisen haya cobrado un valor crecientemente preponderante, aunque saliéndose peligrosamente de su papel ortodoxo. Obtiene información criminal, la procesa y discute en privado con el Presidente ante el caleidoscopio infructuoso que es el conjunto. Cumple una función que correspondería a los otros miembros del gabinete, pero lo hace por necesidad, por un vacío, exponiéndose a una contaminación que no le corresponde. Su director, persona de seriedad, inteligencia y lealtad, es de varios modos un fiel de la balanza en los juicios presidenciales.
Esto no podría seguir siendo, mas no hay esperanzas de cambio. El carácter integrista del Presidente, su alucinación de ser el dueño de la razón así lo apunta, pero dada la gravedad, ineficacia y vulnerabilidad que se han creado, habría que darle solución, así ésta deba pasar, y debiera ser así, por la retoma de las riendas perdidas del Presidente y por la reorganización de la fuerzas armadas. ¡Pero no hay esperanza en ninguno de los sentidos!
El laboratorio del Edomex-Fisgón
La Suprema Corte se dispone a desacatar la sentencia de la Comisión Internacional de Derechos Humanos en el caso Radilla
Uno de los puntos básicos del fallo es la desaparición del fuero militar
Jesús Aranda
Periódico La Jornada
Martes 5 de julio de 2011, p. 13
Martes 5 de julio de 2011, p. 13
El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) se perfila para no acatar en su totalidad la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) sobre el caso Rosendo Radilla. Se prevé que los ministros no cumplan con la resolución del organismo internacional respecto, entre otras cosas, a que los militares que violen derechos humanos de civiles sean juzgados por el fuero común y no por el castrense.
Al iniciar este lunes la discusión sobre la sentencia de la CIDH del 23 de noviembre de 2009, en la que condenó al Estado mexicano por la desaparición forzada de Radilla, ocurrida en 1974 en un retén militar, la mayoría de ministros se pronunció porque la SCJN no debe someterse a las decisiones administrativas de un tribunal extranjero.
Sergio Aguirre Anguiano, Guillermo I. Ortiz Mayagoitia, Luis María Aguilar, Jorge Mario Pardo Rebolledo y Margarita Luna Ramos se pronunciaron abiertamente en contra de la propuesta de dictamen –elaborado paradójicamente por Luna Ramos– que contiene dos tesis con las que la Corte fundamentaría el cumplimiento de la sentencia.
Una de dichas tesis, que no fueron avaladas por Ramos, quien dijo que las había incluido en su proyecto porque así lo instruyó el pleno cuando revisó este asunto por primera vez, en agosto pasado, señala que el reconocimiento de su jurisdicción contenciosa obliga a la SCJN a adoptar los criterios interpretativos de aquélla (la CIDH) en los litigios de ley en los que el Estado mexicano sea parte.
Y la otra subraya que la desaparición forzada de personas es delito de naturaleza continua, por lo cual es imprescriptible. Con esta decisión quedaría sin efecto la reserva que impuso el gobierno mexicano en 2008, cuando aceptó la jurisdicción de la Convención Interamericana de Derechos Humanos, la cual indicaba que ésta sería aplicable para casos de desaparición forzada ocurridos a partir de esa fecha.
Los ministros coincidieron en que si bien la Suprema Corte está sometida a la jurisdicción de la CIDH, al final de cuentas esta obligación solamente se va a dar en la materia de nuestra competencia, en la materia de los actos que de alguna manera involucran el cumplimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del propio Poder Judicial de la Federación.
En todo caso, subrayó Luna Ramos, no tenemos por qué comprometernos para los actos consecuentes, cuando todavía el Poder Legislativo no ha cumplido con la parte que le corresponde, si todavía no tenemos la noticia cierta de cuál va a ser la reforma al artículo 57 del Código de Justicia Militar.
La sentencia de la CIDH señala que los jueces federales deben juzgar los asuntos en los que militares violen derechos humanos de civiles, aun cuando no se haya concretado la reforma al fuero de guerra.
En este contexto, José Ramón Cossío, Olga Sánchez Cordero y el ministro presidente Juan N. Silva Meza ratificaron su apoyo al primer dictamen que se discutió en agosto pasado, en el que se planteaba que la Suprema Corte acatara en su totalidad la sentencia, incluido el considerando que decía que los jueces federales tenían que conocer los juicios en contra de militares que violaran derechos humanos de civiles, sin esperar a que se aprobara una reforma legal al fuero de guerra.
El análisis del tema continuará este martes.
La vía larga de la justicia
Magdalena Gómez
Hacia el final de su sexenio, Felipe Calderón busca evadir la responsabilidad sobre los efectos de sus decisiones porque reitera que no se arrepiente de ellas. La más destacada de ellas es la relativa a la guerra emprendida para combatir al crimen organizado. No hay vuelta, estamos ante asuntos de Estado y existen responsabilidades concretas que hasta hoy no han sido sancionadas. Y no se trata de ánimos pendencieros o no proclives al diálogo; estamos hablando de justicia y del sentido del derecho y sus instituciones. De no ser así, ¿para qué organizar un Estado y unos poderes, si no fue para garantizar los derechos del pueblo?
La realidad ha dejado a nuestra Constitución como una suerte de imaginario; uno de ellos es el relativo a la justicia pronta y expedita que, al no ser ni lo uno ni lo otro, conjuga a un auténtico nini. Sin embargo, no por ello debemos renunciar a la exigencia de su cumplimiento. Hacerlo implica desconocer que es resultado de luchas históricas del pueblo y colocarnos en la lógica de la discrecionalidad que entraña arbitrariedad y exclusión.
Hoy es evidente que la justicia interna no responde a su cometido. Por ello se está recurriendo a espacios internacionales, de manera destacada al ámbito interamericano. Ahí se están resolviendo casos emblemáticos, si bien en lapsos cercanos a los diez años en promedio. Las organizaciones de derechos humanos, como Tlachinollan, el Centro Pro, Fundar, la Comisión Mexicana de Derechos Humanos, el Centro Frayba con el apoyo del Centro de Justicia Internacional (Cejil), promueven y acompañan a víctimas. Pese a ello, es importante anotar que la justicia internacional es subsidiaria respecto de la nacional, aquélla no releva a ésta ni lo pretende.
Así que no se deja de lado la exigencia de lograr una justicia interna con apego a los derechos humanos. Por ello estas mismas organizaciones, junto a otras agrupadas en la Red Todos los Derechos para Todas y Todos, sostuvieron la demanda hoy lograda en torno a una reforma constitucional como la recién promulgada, que amplía el campo de los derechos humanos. En este camino de luchas de largo plazo y de congruencia y riesgo en el día a día vale la pena señalar que se está avanzando en configurar las condiciones para detener la inconstitucional militarización acentuada de manera drástica por el calderonismo, que tiene en curso una estrategia de control de daños para construir una ruta auto exculpatoria.
Es útil mencionar algunos casos donde la Corte Interamericana ha fallado contra el Estado mexicano, como el de los ecologistas en Guerrero Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, donde el Ejército aparece como el autor de torturas y detención arbitraria en 1999 y el sistema de procuración y administración de justicia cómplice los condena y, pese a que el foxismo los liberó por razones humanitarias, se negaron al abrazo pues con ello el Estado no reconoció su inocencia, no sancionó a los militares torturadores ni otorgó la debida reparación del daño y salieron en busca de justicia, cuya sentencia en favor está en espera de cumplimiento pleno y fue dictada en diciembre de 2010; el de Rosendo Radilla, desaparecido desde 1974, en cuya sentencia se cuestiona el fuero militar, entre otras implicaciones de importancia. Precisamente la Corte deberá resolver en estos días, pues en este caso se le asignó la responsabilidad de pronunciarse en relación con el artículo 13 constitucional; también está el caso de Inés Fernández Ortega y Valentina Rosendo Cantú, indígenas violadas por elementos del Ejército. En todos ellos se piden reformas al código de justicia militar.
Estos son casos con sentencia, pero hay otros en camino y en la misma lógica, como la petición a la CIDH el 8 de febrero de 2010, que aún no tiene resolución sobre admisibilidad y fue presentada por Reynalda Morales Rodríguez, viuda de Zenón Alberto Medina López, una de las cuatro personas ejecutadas arbitrariamente por militares en la sierra de Badiraguato, Sinaloa, en marzo de 2008, quien según la Corte carece de legitimación para exigir que el fuero militar se sometiera a control constitucional, razón por la que le negaron un amparo. En esta línea se encuentra el caso, en Chihuahua, de Nitza Paola Alvarado Espinoza, Rocío Alvarado Reyes y José Ángel Alvarado Herrera y 33 de sus familiares, ambos vinculados a la aplicación de los operativos militares bajo el pretexto del combate al crimen organizado.
La semana pasada el gobierno acudió a la Corte Interamericana a responder por dos de los casos ya mencionados. Hoy la alta comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Navi Pillay, está en México. Se trata de proteger a las víctimas y también a sus defensoras y defensores. Éstos son los caminos del estado de derecho. La militarización es contraria al mismo, por ello se está tejiendo pacientemente un blindaje contra la impunidad.
La Familia coahuilense-Hernández
Las cartas marcadas de Elba Esther
Luis Hernández Navarro
Elba Esther Gordillo tiene tantas caras como cirugías plásticas se ha hecho. Para obtener lo que quiere es capaz de hacer cualquier cosa: sonreír, amenazar, conversar, chantajear, reír, llorar, sobornar, seducir o golpear. Decir la verdad no es una de sus cualidades, tampoco la lealtad. No en balde uno de sus libros favoritos es Elogio a la traición, escrito por Denis Jeambar e Ives Roucaute.
La conferencia de prensa que ofreció el pasado 29 de junio es una muestra ejemplar tanto de sus dotes histriónicas como de su desapego a la congruencia entre lo que dice y la realidad. Durante horas mintió a mansalva, dijo medias verdades y ocultó hechos significativos.
El objetivo central de su encuentro con los medios de comunicación fue golpear al presidente Felipe Calderón, vilipendiar a sus enemigos políticos, amenazar a quienes la han abandonado, aparentemente ofrecer su fuerza política al mejor postor y, por supuesto, ensalzar a sí misma y a su familia.
En los últimos días Elba Esther habló formalmente bien de Felipe Calderón, declaró que es el presidente de la educación y aceptó –como lo ha hecho con todos los gobiernos en turno– su segunda reforma educativa del sexenio. Sin embargo, en los hechos, frente a los periodistas le clavó el puñal por la espalda. En un momento en que el jefe del Ejecutivo quiere presentarse ante la opinión pública como el paladín de la ética, la profesora Gordillo lo presentó como un político mercanchifle, que hace arreglos en lo oscurito que luego niega en público.
Durante años, la maestra tuvo un grupo compacto para hacer política conocido como la Banda de la Y. Lo integraban Francisco Yáñez (que se hace llamar el Búfalo de Metal), Miguel Ángel Yunes, y el yerno cómodo Fernando González. Pero la banda se desintegró. Involucrado con Carolina Enríquez Valles, miss Ciudad de Chihuahua 1978, Yáñez intercedió ante la Procuraduría General de la República (PGR) por la hermana de ésta, detenida por el Ejército cuando participaba en el cargamento de camionetas de droga que serían pasadas hacia Estados Unidos. El Búfalo de Metal cayó en desgracia. Miguel Ángel Yunes, quien ocupó la dirección del Issste merced a la negociación de Elba Esther con Calderón, contendió por la gubernatura de Veracruz con el PAN, y dejó en su lugar en la institución a Jesús Villalobos, un personaje ajeno a la líder vitalicia del SNTE. En diciembre del año pasado se hizo la ruptura entre el veracruzano y la profesora Gordillo, cuando ella se presentó a la toma de posesión del nuevo gobernador jarocho, a pesar de las impugnaciones de Yunes.
Orgullo de su nepotismo, a partir de ese momento Elba Esther comenzó a hacer política con un nuevo grupo compacto, integrado exclusivamente por su yerno y la Banda de la M: Maricruz Montelongo y Mónica Arreola, sus dos hijas, distanciadas entre sí. Fernando González, además de ser subsecretario de la SEP, manejó durante varios años la formación de los cuadros electorales del SNTE, muchos de los cuales ocupan ahora la dirección de las secciones sindicales en los estados, desplazando a los viejos líderes. Mónica Arreola es, desde el pasado 30 de junio, la flamante secretaria general del Partido Nueva Alianza, del que la profesora Gordillo asegura no ser militante a pesar de que decide todo lo importante que sucede dentro. Y como presidente del instituto político se está estrenando Luis Castro, antiguo secretario particular de la maestra, maltratado por ella en público en innumerables ocasiones, quien trabajó en Europa como espía del Cisen bajo la cobertura de ser periodista de Notimex y luego se desempeñó como funcionario de la PGR.
En la conferencia de prensa, Elba Esther aseguró que aún no adopta una decisión acerca de a cuál candidato apoyará en 2012, porque hay mucha confusión. De lengua se come un taco. En la sucesión presidencial juega con cartas marcadas. Una cosa es lo que quiere que los demás crean que hace y otra lo que verdaderamente hace. Meses atrás, la profesora Gordillo saltó del barco panista al que subió en 2000 con Vicente Fox. Ante la inminencia del naufragio blanquiazul se apresta a pactar con el partido que la expulsó de sus filas, o, más específicamente, con Enrique Peña Nieto. Humberto Moreira, el presidente del PRI, es una pieza suya. Eruviel Ávila, el abanderado tricolor en el estado de México, obtuvo la candidatura con el apoyo de ella.
Pero, por lo pronto, no puede (y no le conviene) hacer pública esa alianza. Sobre su cabeza cuelga una espada de Damocles. Su liderazgo formal en el SNTE es absolutamente irregular, pues contraviene los estatutos del organismo gremial. Si el gobierno federal quiere puede anular su representación gremial. Para evitarlo, Elba Esther necesita que el tiempo corra. Conforme más cerca esté la sucesión presidencial, menos probable es que se le desconozca. Por ello quiere hacer creer que no ha tomado aún una decisión de a quién aliarse en 2012, aunque todos los pasos que ha dado se dirigen hacia Peña Nieto.
La madrugada del 24 de abril de 1989, a los pocos minutos de ser ungida secretaria general del SNTE por Carlos Salinas de Gortari, Elba Esther Gordillo declaró a la prensa: ¡El sindicato jamás volverá a permitir la instalación de un cacicazgo, porque daña a la conciencia, al intelecto de los maestros de México! Desde entonces han transcurrido 22 años. Así de confiables son sus palabras...
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