Ajuste de cuentas
Villalobos protege la red de corrupción creada por Yunes en el
Issste, acusan diputados
Legisladores del Panal exhiben documentos para sostener sus
denuncias
Jesús Villalobos después de comparecer ante diputados. Lo
acompañan las legisladoras Ana Elia Paredes y Martha Angélica BernardinoFoto José Antonio López
Enrique Méndez
Periódico La Jornada
Viernes 15 de julio de 2011, p. 2
Viernes 15 de julio de 2011, p. 2
La comparecencia del director del Issste, Jesús Villalobos López,
en la Cámara de Diputados permitió a legisladores denunciar con documentos una
presunta red de corrupción creada en la época de Miguel Ángel Yunes. A su vez,
Elba Esther Gordillo pudo utilizar la bancada de Nueva Alianza (Panal) para dar
respuesta a su ex aliado político.
Aunque ninguno forma parte de la Comisión de Salud, ante la que Villalobos
compareció, seis de los siete diputados del Panal –sólo faltó Jorge Kahwagi–
exhibieron copias de contratos que, señalaron, inflan los precios en la compra
de botiquines y de periqueras para guarderías del instituto, y que
revelan el crecimiento exponencial de la entrega de vales de medicamentos para
su intercambio en farmacias particulares.
Ante la andanada, el funcionario adujo que él no respondería a señalamientos
de un conflicto que le es ajeno, y ante las críticas por la deficiente atención
en las clínicas y hospitales, reviró:
Yo sí me atiendo en el Issste. Mi madre también y no se ha quejado del servicio, menos conmigo.
Desde el arranque de la comparecencia, el diputado Roberto Pérez de Alva, ex
dirigente de la sección 37 del SNTE en Baja California, definió el perfil que
tendrían las intervenciones del Panal.
Cuestionó la relación de amistad de Villalobos con Yunes, y mostró una
fotografía en la que aparece el ex candidato panista al gobierno de Veracruz
sentado y en playera y short, abrazando a una mujer.
Esta persona que aparece con el ex director del instituto es la delegada del Issste en la zona norte (Sandra Ortega Rivas), y curiosamente es hermana de la directora de Turissste (Rossana del Carmen Ortega Rivas), tan cuestionada, afirmó.
Diputados de PRI, PRD y PVEM insistieron en que, independientemente de la
disputa pública entre el ex director del instituto y Gordillo, Miguel Ángel
Yunes creó una red de corrupción que protege Villalobos, quien fue director de
finanzas hasta que su jefe renunció para buscar la gubernatura de Veracruz.
Durante casi toda la reunión, que duró cinco horas, diputados de PAN y PRD
permanecieron detrás del funcionario, con mantas de rechazo a Gordillo.
Que la maestra saque las manos del Issste, escribieron los panistas Gerardo de los Cobos y Arturo Ramírez Bucio en una cartulina, y a su lado el perredista Avelino Méndez exigía:
Auditoría al Issste.
En una exposición que los legisladores calificaron de utópica, Villalobos
López alegó que 551 empleados del instituto han sido inhabilitados por malos
manejos, y entregó tres cajas con documentos que, aseguró, comprueban el uso de
8 mil millones de pesos en contratos que ya han sido examinados por la Auditoría
Superior de la Federación.
Gerardo del Mazo (Panal) entregó copias de oficios donde se comunica a
Villalobos López que, al 30 de abril, el instituto había entregado un millón 761
mil 488 cupones para medicinas no disponibles en las farmacias del instituto,
equivalentes a 2 mil 331 millones 807 mil 374 pesos.
Uno de los oficios, del 6 de mayo, enviado a Villalobos por el director de
Superissste, Rogelio Ruiz Durán, alerta de que de ese monto el instituto debía
mil 804 millones 868 mil 190 pesos a cuatro proveedores de medicamentos.
En otro oficio, del 16 de mayo, el director de Finanzas, Guillermo Álvarez
del Castillo, fue informado de que debido al adeudo, los proveedores decidieron
no surtir más medicamentos, lo cual provocó un desabasto adicional.
Villalobos trató de eludir las críticas, al señalar que si el instituto
otorga vales a sus pacientes es porque así lo aprobó la Cámara de Diputados el
año pasado, por iniciativa del PVEM. Sin embargo, la reforma votada en octubre
fue a la Ley del Seguro Social.
Admitió que el instituto impulsó la apertura de farmacias privadas adyacentes
a clínicas y hospitales para que los derechohabientes
sólo crucen la callepara cambiar sus vales.
El presidente de la Comisión de la Función Pública, Pablo Escudero (PVEM),
afirmó que uno de los focos de corrupción en el Issste es su agencia de
turismo.
No lo decimos nosotros, sino el resultado de las auditorías que se le practicaron, en las que se revela que Turissste firmó contratos directos por más de mil 200 millones de pesos para los festejos del bicentenariode la Independencia.
Expuso que si bien Villalobos no designó a la directora del Turissste,
Rossana del Carmen Ortega Rivas, la mantuvo en el cargo.
¿Quién protege esta red de corrupción que opera sin vergüenza ni pudor alguno? ¿No le da vergüenza saber que enfrente de usted se comete esta corrupción? Usted debió haberla removido del cargo.
El funcionario afirmó que en marzo la junta directiva del Issste aprobó un
acuerdo para que Turissste sólo ofrezca paquetes vacacionales.
Mariel: atropello y justicia extraviada
La liberación de Mariel Solís Martínez, alumna de la Universidad
Nacional Autónoma de México (UNAM), acusada de complicidad en el asesinato de
Salvador Rodríguez y Rodríguez –catedrático de esa casa de estudios–, ocurrido
en agosto de 2009, es en sí misma una buena noticia, toda vez que implica la
corrección de una profunda injusticia: cabe recordar que la estudiante fue
detenida en condiciones por demás irregulares (sin que mediara orden de
aprehensión y en circunstancias, según el testimonio de la víctima, semejantes a
las de un secuestro), y que fue presentada ante la opinión pública como
delincuente, pese a que el proceso judicial contra ella ni siquiera había
iniciado, además de que se pretendió fundamentar las acusaciones en pruebas
endebles: el testimonio de uno de los autores materiales del citado delito
–quien, según versiones extraoficiales, se habría contradicho respecto de la
declaración en que inculpaba a Mariel Solís– y un video en el que se
identificaa la universitaria, a pesar de que quien aparece en la imagen es una mujer de complexión y rasgos palmariamente distintos.
Con tales precedentes, el reconocimiento público que hizo ayer la
procuraduría capitalina sobre la inocencia de la acusada y su decisión de
desistir acción penal en su contra es una decisión acertada. Sin embargo, el
hecho mismo de que Solís haya pisado la cárcel y enfrentado la kafkiana
situación de tener que demostrar su inocencia –a pesar de que la Constitución
demanda la presunción de ésta hasta que se demuestre lo contrario– exhibe el
grado de vulnerabilidad en que se encuentra prácticamente cualquier ciudadano en
el país ante la propia autoridad, y pone en evidencia el exasperante extravío de
los aparatos de procuración e impartición de justicia, en los que el abuso del
poder, la fabricación de culpables, el empleo faccioso y discrecional de las
leyes, la impunidad, la corrupción, la discriminación y la violación a las
garantías individuales son parte del patrón de conducta de las instituciones
supuestamente encargadas de salvaguardar el estado de derecho.
Adicionalmente, y si se toma en cuenta que un componente ineludible de la
excarcelación de Mariel Solís fue la presión ejercida por estudiantes y
académicos de la UNAM a través de las redes sociales y la exhibición del caso en
los medios de comunicación, es pertinente preguntarse cuántas personas en el
país se encuentran en una situación similar sin que sus casos hayan salido a la
luz pública. En ese sentido, y aunque en la hora presente las críticas se
centren –y con razón– en el dislate cometido por la procuraduría capitalina, es
pertinente señalar que los vicios señalados se reproducen en todos los niveles,
incluido el federal: un dato revelador es el elevado porcentaje de personas
–casi tres de cada cuatro– que han sido presentadas por el actual gobierno
federal como integrantes de la delincuencia organizada y que han debido ser
liberadas posteriormente por falta de pruebas, por deficiencias en la
integración de los expedientes acusatorios, por corrupción de jueces o por una
combinación de esos factores. No parece descabellado suponer que, en más de uno
de esos casos, los acusados ha padecido circunstancias similares a las que
sufrió Mariel Solís Martínez.
Finalmente, mal haría el gobierno capitalino en considerar zanjado este
asunto solamente con la excarcelación consumada ayer. Por el contrario, hay
indicios de irregularidades cometidas por agentes judiciales y del Ministerio
Público que detuvieron y encarcelaron a una mujer manifiestamente inocente. Lo
procedente, en este caso, es emprender acciones orientadas a reparar el daño a
Mariel y a esclarecer y sancionar a los malos funcionarios que la privaron
injustamente de su libertad. Las sanciones legales a que dé lugar este atropello
deben ser vistas como un paso ineludible para impedir la persistencia y la
repetición de injusticias como la cometida contra esta estudiante
universitaria.
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