La intromisión podrá ser realizada por otras dependencias del gobierno
federal
La Siedo y el Cenapi, facultados para solicitar intervenciones
telefónicas
Gustavo Castillo y Fernando Camacho
Periódico La Jornada
Viernes 15 de julio de 2011, p. 10
Viernes 15 de julio de 2011, p. 10
Por decisión de la titular de la Procuraduría General de la
República (PGR), Marisela Morales Ibáñez, la Subprocuraduría de Investigación
Especializada en Delincuencia Organizada (Siedo) y el Centro Nacional de
Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi)
serán los órganos encargados de solicitar intervenciones telefónicas e
información a las distintas compañías de telecomunicación para perseguir a
presuntos delincuentes; aunque también podrán solicitar a otras dependencias de
la administración pública federal o gobiernos estatales que realicen esas
acciones.
La PGR dio a conocer el acuerdo A/056/11 en materia de intervención de
comunicaciones privadas, mediante el cual se autoriza a la Siedo, al Cenapi y en
caso de requerirlo a otras instancias de gobierno,
solicitar información y asistencia técnica a los concesionarios de redes públicas de telecomunicaciones y comercializadoras de estos servicios.
De acuerdo con el documento publicado en el Diario Oficial de la
Federación, el Ministerio Público Federal, por conducto de la Siedo, tendrá
la facultad de solicitar la información y asistencia técnica en delitos como
secuestro, delincuencia organizada, lavado de dinero, trata de personas y otros
ilícitos como el tráfico de drogas.
La PGR indicó que estas peticiones de intervención telefónica las podrá
realizar
sin perjuicio de poder solicitar el apoyo para la ejecución de la intervención de comunicaciones privadas a otras dependencias de la administración pública federal o entidades federativas.
En tanto que el Cenapi tendrá facultades para gestionar las solicitudes de
información y asistencia técnica a los concesionarios de redes públicas de
telecomunicaciones y las comercializadoras de estos servicios, en los casos de
los delitos graves que no sean competencia de la Siedo.
Todas las intervenciones que realicen los empleados de la PGR deberán ser
aprobadas por jueces federales, y en las solicitudes deberán incluir qué tipo de
comunicaciones será materia de la intervención, los sujetos y lugares a
intervenir y el periodo que abarcará la intromisión y, en su caso, las líneas,
aparatos, números y los demás datos que resulten necesarios, explicó la
PGR.
Atareados en Michoacán-Helguera
Son
ociososlos cabildeos de altos mandos: Labastida y Torres
El Senado no avalará crear un Estado policiaco-militar
Andrea Becerril
Periódico La Jornada
Viernes 15 de julio de 2011, p. 9
Viernes 15 de julio de 2011, p. 9
Legisladores de PRI y PRD advirtieron que pese a los cabildeos de
altos mandos del Ejército, el Senado no avalará cambios a la ley de seguridad
nacional que permitan avanzar hacia un Estado policiaco-militar.
El senador priísta Francisco Labastida Ochoa dijo que su bancada definió ya
su postura en lo que se refiere a esa legislación y con la resolución de la
Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que acota el fuero militar, están
doblemente obligados a que los miembros del Ejército que violen derechos humanos
de civiles sean juzgados por tribunales del fuero común.
A su vez, el perredista Tomás Torres confirmó que ha habido reuniones de las
comisiones dictaminadoras de ambas cámaras.
Sé que ha habido negociaciones intensas, pero en principio la postura es no mover el contenido de la minuta, dijo.
Asimismo, calificó de
ociosoel cabildeo que vienen realizando mandos militares, el más reciente un día antes (el miércoles pasado), cuando tres funcionarios de alto nivel de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) se reunieron con legisladores de la Comisión Bicamaral de Seguridad Nacional.
Advirtió que incluir en la minuta que se ventila en San Lázaro aquellas
facultades que pretendía el Ejército y se suprimieron, puede llevar a litigios
de constitucionalidad por las reformas recientes en materia de derechos
humanos.
Labastida, en tanto, dijo que el Congreso está obligado jurídicamente a
respetar la resolución reciente de la Suprema Corte y los tratados
internacionales signados por México, y a legislar basado en el convencimiento de
que debe haber un respeto a los derechos humanos.
Sobre las peticiones que formularon mandos castrenses el pasado miércoles en
el Senado, en el sentido de que no se incluya nada referente a fuero militar en
la ley de seguridad nacional, el ex candidato presidencial del PRI comentó que
los legisladores están obligados a escuchar a todas las partes, pero
eso no quiere decir que cambiemos nuestra posición.
Recordó que cuando se dictaminó esa ley en el Senado, de forma definitiva,
Pedro Joaquín Coldwell y Jesús Murillo Karam, ambos del PRI, advirtieron que no había ninguna otra salida más que remitirse a la Constitución y a los tratados internacionales en lo que se refiere al fuero militar.
Labastida recalcó que ese señalamiento no debe eliminarse de la minuta de Ley
de Seguridad Nacional que se discute en estos momentos en el Congreso. Precisó
que la postura de la bancada del PRI, y del propio coordinador Manlio Fabio
Beltrones, es
continuar por el mismo camino, bajo la idea de que no son viables los cambios que pretendan transitar hacia un Estado policiaco-militar”.
El senador priísta expuso asimismo que los militares no pueden violar
derechos humanos con la justificación de que se obedecen órdenes superiores.
Tenemos el mayor respeto y reconocimiento al Ejército, pero ni el secretario de la Defensa, ni ningún mando militar, pueden ordenar que se vulnere la Constitución y se dispare, por ejemplo, a una familia porque el vehículo en que viajaban no escuchó la orden de parar ante un retén.
Sobre el tema, el senador del sol azteca Tomás Torres consideró que el
pretexto expuesto se trata de una defensa anticipada.
En materia penal es una causa excluyente de responsabilidad que se llama cumplimiento de un deber o un mandato legítimo. Sólo que el que recibe esa orden está obligado a valorar si la misma viola o no derechos humanos.
Recalcó que no se pueden otorgar al Ejército facultades de investigación en
delitos federales o comunes, ni ninguna otra prerrogativa.
Hay que abordar ese marco legal, pero anteponiendo lo fundamental, que son los derechos humanos de los mexicanos, concluyó.
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