Creel: Tres años de impunidad
Luto que no cesa.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
CREEL,
CHIH. (Proceso).- Durante tres años escucharon promesas de gobernantes
que decían compartir su dolor. Sin embargo, este martes 16 se cumple el
tercer aniversario de la masacre en la que perdieron a sus esposos,
hermanos o hijos, y las familias de los 12 jóvenes y el bebé asesinados
en este pueblo siguen con las manos vacías: los homicidas no están
pagando una condena y el memorial que iba a construirse en honor a los
difuntos fue dejado a medias.
Para combatir el olvido al que sus muertos han sido condenados y repudiar la infamia ocurrida durante este sexenio en este pueblo serrano, las familias organizan un homenaje.
“El día 16, vamos a colocar una placa en memoria de los 13, en el mugrero de plaza que se hizo y que nunca terminaron. Todo lo seguimos viendo como una burla porque el juicio a los tres detenidos siempre se pospone y no han ido por otro de los asesinos que ya dijimos dónde está”, critica Brisa Loya, hermana de Kristian, uno de los jóvenes estudiantes masacrados.
Connie Encinas, quien perdió a su esposo y a su bebé de año y medio en la matanza, confirma: “La plaza está igual: ni se ve porque no tiene ni luz, está incompleta, le faltaron detalles, les iban a poner las fotos de ellos en unos monolitos, pero el gobernador Reyes Baeza la dejó incompleta, y ahora menos le va a echar ganas el nuevo. Como vemos que se va a quedar así haremos una misa, una procesión, y pondremos una placa para que sepan que no los vamos a olvidar nunca, se haga o no justicia”.
El 16 de agosto de 2010, una caravana de asesinos entró al pueblo y no encontró a ningún policía que la interceptara (convenientemente, las autoridades estaban de día de campo), llegó a la pista donde recién terminaba una carrera de caballos, interrogó a varios asistentes, se dirigió a una bodega donde un grupo de muchachos descalzos jugaba carreras, sacó sus metralletas, disparó contra 19, hirió a uno, mató a 13 (entre ellos a un bebé en brazos de su padre), salió rechinando llanta por la calle principal y cruzó varios pueblos sin un solo inconveniente.
Al lugar de los hechos no llegó ninguna autoridad a levantar los cadáveres, por lo que el cura del pueblo, Javier Ávila, tuvo que fungir como Ministerio Público. Desde entonces las familias no han dejado de investigar la masacre y ni de exigir justicia: suspendieron todos los actos públicos en el pueblo, detuvieron el tren Chihuahua-Pacífico, tomaron casetas, se presentaron en actos del gobernador, hicieron plantones, se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, ofrecieron recompensas por los asesinos, interceptaron al presidente Felipe Calderón, se entrevistaron con funcionarios de la ONU y se unieron al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Pero nada les ha valido contra la impunidad.
“Las familias llegan (a este tercer aniversario) con su dolor que nadie se los ha quitado, con una esperanza muy debilitada y desilusionados en la justicia y en la verdad. Llegamos muy decepcionados de las actuaciones de los gobiernos estatal y federal porque vemos que la táctica de los gobiernos es dilatar y dilatar la justicia para cansar a la gente y apostarle al olvido, pero nosotros le apostamos a la memoria”, dice el jesuita Ávila.
Hay memoria, pero no justicia
En una ceremonia solemne, en la que se tiene planeado que participen representantes del Movimiento por la Paz y organizaciones de toda Chihuahua, se colocará la placa con la inscripción: “Porque el hombre es capaz de las peores atrocidades y no podemos permitir que se borre la historia ni se pierda la memoria, se construyó esta Plaza por la Paz, símbolo de la barbarie y la impunidad a la memoria de los masacrados en este lugar el 16 de agosto del 2008”.
Le seguirán los nombres de Daniel Armendáriz Galdeán (18 años), Fernando Adán Córdova Galdeán (19), Kristian Loya Ortiz (22), Daniel Alejandro Parra Mendoza (20), Alberto Villalobos Chávez (28), Luis Javier Montañez Carrasco (29), Édgar Alfredo Loya Ochoa (33), Édgar Arnoldo Loya (1), Juan Carlos Loya Molina (21), Fredy Horacio Aguirre Orpinel (34), Alfredo Caro Mendoza (36), René Lozano González (17) y Óscar Felipe Lozano Lozano (19).
Tras la colocación de la placa habrá un encuentro donde cualquiera de los asistentes podrá tomar la palabra y en la que se reflexionará sobre la manera en la que las organizaciones nacionales y estatales, con las personas comprometidas, podrán articularse para trabajar juntas.
“Reyes Baeza nunca terminó la plaza, que se entregó sin terminar y se sigue deteriorando. Tampoco hizo las otras dos obras que ofreció, no terminaron el área deportiva y al centro cultural, que se solicitó mucho antes de la masacre, ni siquiera le pusieron la primera piedra”, señala el sacerdote, que acompaña a los deudos desde la masacre.
Los tres años en que las autoridades han ignorado sus exigencias de justicia han sido pesados. El año pasado fue asesinado uno de los padres de familia más activo en la investigación de la masacre: Daniel Parra, padre del joven Daniel Alejandro y quien se topó de frente con los sicarios cuando iban en retirada. A todas las familias las tocó la enfermedad. El caso más extremo es el cáncer en la garganta que le acaban de detectar al señor Óscar Loya.
Sobre esto, su hija Brisa dice: “Cuando empezamos las terapias, la psicóloga nos decía: ‘Saquen todo, no se queden con nada, a la larga les afecta, se les hace cáncer’, y eso pasó con mi papá por la tristeza, la amargura, la impotencia, el coraje que se tragó por lo de mi hermano, pero ahorita, gracias a Dios, sí le está echando ganas y, como todas las familias, estamos tratando de salir adelante”.
El señor Loya, de 58 años, días después de recibir una de sus sesiones de quimioterapia habla con esta reportera: “Yo nunca he fumado, he llevado una vida sana, no tomo alcohol ni nada, y hasta el médico me dijo: ‘Esto te pasó porque nunca te atendiste una depresión muy fuerte y tus defensas se bajaron’. Y sí lo creo: mi garganta se enfermó de tanto que gritamos y que no nos hicieron caso”.
Desde el sillón de la sala de su casa, frente a la chimenea de donde cuelga un retrato con la foto de su hijo Kristian, al quien día y noche acompañan las luces de unas veladoras, explica: “El expediente (de la investigación) es un cochinero: en vez de investigar a los asesinos nos acusaron a todos de narcos. Es algo triste, como lo de la plaza, que aunque no la terminaron como lo prometieron cuando menos dejaremos esa placa ahí para que sepa la gente por qué la ponemos”.
Todas las familias la pasaron mal. Quien no necesitó pastillas para dormir, enfermó de nervios, tuvo problemas del corazón o padeció incremento de presión o diabetes. La depresión o la rabia, para muchos, parecía inmanejable. Con el tiempo, cada uno fue encontrando la manera de canalizar sus emociones. Echaron mano de grupos de autoayuda, terapias psicológicas, clases de boxeo, o se refugiaron en la iglesia y en el trabajo.
“A mí me dejaron sin mi marido y mi hijo, me dejaron sin nada, pero gracias a Dios he tratado de salir adelante. Muy al principio no hallaba qué hacer, sentía una desesperación, algo horrible; sentía un miedo a todo, a estar sola, a que nos hicieran algo, a enfrentar todo yo sola. He salido adelante gracias a que tomé unas terapias, a mi familia y a Dios”, dice la señora Encinas.
Y Yuriana Armendáriz, hermana de Daniel, relata: “Estamos exactamente igual de lastimados y de dolidos, pero un poco más fortalecidos. En mi caso, el de mi hermana, y la señora Blanquita, las Lozano, mi tía Bety y su esposo, pertenecemos a una agrupación de autoayuda (Guerreros Unidos) donde se trabaja con adicciones y defectos de carácter, pero a donde todas llegamos por problemas de depresión. (La tragedia) me llevó a la neurosis, estaba vuelta loca. Estar en la agrupación nos ha ayudado a ir aprendiendo a vivir con este dolor, a tranquilizarnos. Obvio que no se olvida, pero está sanando”.
La joven, que representó a Creel en los diálogos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con los legisladores, lamenta que, además de que no se ha hecho justicia, las autoridades ni siquiera han reforzado la seguridad del pueblo para que no ocurra otra masacre: “Las cosas siguen igual”.
Para combatir el olvido al que sus muertos han sido condenados y repudiar la infamia ocurrida durante este sexenio en este pueblo serrano, las familias organizan un homenaje.
“El día 16, vamos a colocar una placa en memoria de los 13, en el mugrero de plaza que se hizo y que nunca terminaron. Todo lo seguimos viendo como una burla porque el juicio a los tres detenidos siempre se pospone y no han ido por otro de los asesinos que ya dijimos dónde está”, critica Brisa Loya, hermana de Kristian, uno de los jóvenes estudiantes masacrados.
Connie Encinas, quien perdió a su esposo y a su bebé de año y medio en la matanza, confirma: “La plaza está igual: ni se ve porque no tiene ni luz, está incompleta, le faltaron detalles, les iban a poner las fotos de ellos en unos monolitos, pero el gobernador Reyes Baeza la dejó incompleta, y ahora menos le va a echar ganas el nuevo. Como vemos que se va a quedar así haremos una misa, una procesión, y pondremos una placa para que sepan que no los vamos a olvidar nunca, se haga o no justicia”.
El 16 de agosto de 2010, una caravana de asesinos entró al pueblo y no encontró a ningún policía que la interceptara (convenientemente, las autoridades estaban de día de campo), llegó a la pista donde recién terminaba una carrera de caballos, interrogó a varios asistentes, se dirigió a una bodega donde un grupo de muchachos descalzos jugaba carreras, sacó sus metralletas, disparó contra 19, hirió a uno, mató a 13 (entre ellos a un bebé en brazos de su padre), salió rechinando llanta por la calle principal y cruzó varios pueblos sin un solo inconveniente.
Al lugar de los hechos no llegó ninguna autoridad a levantar los cadáveres, por lo que el cura del pueblo, Javier Ávila, tuvo que fungir como Ministerio Público. Desde entonces las familias no han dejado de investigar la masacre y ni de exigir justicia: suspendieron todos los actos públicos en el pueblo, detuvieron el tren Chihuahua-Pacífico, tomaron casetas, se presentaron en actos del gobernador, hicieron plantones, se manifestaron frente al Palacio de Gobierno de Chihuahua, ofrecieron recompensas por los asesinos, interceptaron al presidente Felipe Calderón, se entrevistaron con funcionarios de la ONU y se unieron al Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad. Pero nada les ha valido contra la impunidad.
“Las familias llegan (a este tercer aniversario) con su dolor que nadie se los ha quitado, con una esperanza muy debilitada y desilusionados en la justicia y en la verdad. Llegamos muy decepcionados de las actuaciones de los gobiernos estatal y federal porque vemos que la táctica de los gobiernos es dilatar y dilatar la justicia para cansar a la gente y apostarle al olvido, pero nosotros le apostamos a la memoria”, dice el jesuita Ávila.
Hay memoria, pero no justicia
En una ceremonia solemne, en la que se tiene planeado que participen representantes del Movimiento por la Paz y organizaciones de toda Chihuahua, se colocará la placa con la inscripción: “Porque el hombre es capaz de las peores atrocidades y no podemos permitir que se borre la historia ni se pierda la memoria, se construyó esta Plaza por la Paz, símbolo de la barbarie y la impunidad a la memoria de los masacrados en este lugar el 16 de agosto del 2008”.
Le seguirán los nombres de Daniel Armendáriz Galdeán (18 años), Fernando Adán Córdova Galdeán (19), Kristian Loya Ortiz (22), Daniel Alejandro Parra Mendoza (20), Alberto Villalobos Chávez (28), Luis Javier Montañez Carrasco (29), Édgar Alfredo Loya Ochoa (33), Édgar Arnoldo Loya (1), Juan Carlos Loya Molina (21), Fredy Horacio Aguirre Orpinel (34), Alfredo Caro Mendoza (36), René Lozano González (17) y Óscar Felipe Lozano Lozano (19).
Tras la colocación de la placa habrá un encuentro donde cualquiera de los asistentes podrá tomar la palabra y en la que se reflexionará sobre la manera en la que las organizaciones nacionales y estatales, con las personas comprometidas, podrán articularse para trabajar juntas.
“Reyes Baeza nunca terminó la plaza, que se entregó sin terminar y se sigue deteriorando. Tampoco hizo las otras dos obras que ofreció, no terminaron el área deportiva y al centro cultural, que se solicitó mucho antes de la masacre, ni siquiera le pusieron la primera piedra”, señala el sacerdote, que acompaña a los deudos desde la masacre.
Los tres años en que las autoridades han ignorado sus exigencias de justicia han sido pesados. El año pasado fue asesinado uno de los padres de familia más activo en la investigación de la masacre: Daniel Parra, padre del joven Daniel Alejandro y quien se topó de frente con los sicarios cuando iban en retirada. A todas las familias las tocó la enfermedad. El caso más extremo es el cáncer en la garganta que le acaban de detectar al señor Óscar Loya.
Sobre esto, su hija Brisa dice: “Cuando empezamos las terapias, la psicóloga nos decía: ‘Saquen todo, no se queden con nada, a la larga les afecta, se les hace cáncer’, y eso pasó con mi papá por la tristeza, la amargura, la impotencia, el coraje que se tragó por lo de mi hermano, pero ahorita, gracias a Dios, sí le está echando ganas y, como todas las familias, estamos tratando de salir adelante”.
El señor Loya, de 58 años, días después de recibir una de sus sesiones de quimioterapia habla con esta reportera: “Yo nunca he fumado, he llevado una vida sana, no tomo alcohol ni nada, y hasta el médico me dijo: ‘Esto te pasó porque nunca te atendiste una depresión muy fuerte y tus defensas se bajaron’. Y sí lo creo: mi garganta se enfermó de tanto que gritamos y que no nos hicieron caso”.
Desde el sillón de la sala de su casa, frente a la chimenea de donde cuelga un retrato con la foto de su hijo Kristian, al quien día y noche acompañan las luces de unas veladoras, explica: “El expediente (de la investigación) es un cochinero: en vez de investigar a los asesinos nos acusaron a todos de narcos. Es algo triste, como lo de la plaza, que aunque no la terminaron como lo prometieron cuando menos dejaremos esa placa ahí para que sepa la gente por qué la ponemos”.
Todas las familias la pasaron mal. Quien no necesitó pastillas para dormir, enfermó de nervios, tuvo problemas del corazón o padeció incremento de presión o diabetes. La depresión o la rabia, para muchos, parecía inmanejable. Con el tiempo, cada uno fue encontrando la manera de canalizar sus emociones. Echaron mano de grupos de autoayuda, terapias psicológicas, clases de boxeo, o se refugiaron en la iglesia y en el trabajo.
“A mí me dejaron sin mi marido y mi hijo, me dejaron sin nada, pero gracias a Dios he tratado de salir adelante. Muy al principio no hallaba qué hacer, sentía una desesperación, algo horrible; sentía un miedo a todo, a estar sola, a que nos hicieran algo, a enfrentar todo yo sola. He salido adelante gracias a que tomé unas terapias, a mi familia y a Dios”, dice la señora Encinas.
Y Yuriana Armendáriz, hermana de Daniel, relata: “Estamos exactamente igual de lastimados y de dolidos, pero un poco más fortalecidos. En mi caso, el de mi hermana, y la señora Blanquita, las Lozano, mi tía Bety y su esposo, pertenecemos a una agrupación de autoayuda (Guerreros Unidos) donde se trabaja con adicciones y defectos de carácter, pero a donde todas llegamos por problemas de depresión. (La tragedia) me llevó a la neurosis, estaba vuelta loca. Estar en la agrupación nos ha ayudado a ir aprendiendo a vivir con este dolor, a tranquilizarnos. Obvio que no se olvida, pero está sanando”.
La joven, que representó a Creel en los diálogos del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad con los legisladores, lamenta que, además de que no se ha hecho justicia, las autoridades ni siquiera han reforzado la seguridad del pueblo para que no ocurra otra masacre: “Las cosas siguen igual”.
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