15 de AGOSTO DE 2011
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Fernández encabeza primarias en Argentina
Según resultados preliminares, la presidenta de Argentina, Cristina Fernández, consiguió el 48.70 por ciento de los votos en las elecciones primarias, que se realizan por primera vez en ese país. Ricardo Alfonsín ocupa el segundo lugar con el 13.31% de los sufragios. TeleSUR
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Despiden a Jethro Ramsés con mariachi
Luego de ser encontrados sus restos en Atlixco, Puebla, familiares sepultaron a Jethro luego de 3 meses de su desaparición, amigos y familiares se reunieron para despedirlo.
Los amigos del Presidente…Valdemar Gutiérrez
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La mano dura con copete-Rocha
La carta de entendimiento
Luis Javier Garrido
El proceso de ocupación militar de México por Estados Unidos como vía para apoderarse de los recursos estratégicos del país, puesto en marcha por el gobierno de Felipe Calderón, compromete seriamente los destinos y el bienestar de la nación mexicana, pero muy poco se ha hecho para detenerlo, y se está llegando a un desastre sin paralelo en todos los órdenes.
CARICATURA FUENTE CONTRALINEA:
CARICATURA FUENTE CONTRALINEA:
1. La información publicada en los primeros días de este agosto de 2011 por la prensa estadunidense y mexicana sobre las dimensiones del proceso de militarización de México orquestado por el Pentágono, que ha abierto una muy tibia discusión en el ámbito legislativo, se conocía desde hace tiempo, y había sido analizada en esta columna, pero a pesar de su gravedad no suscitó entonces una vigorosa respuesta política y social, de ahí que las últimas informaciones, de las cuales cuatro son significativas, adquieran un nuevo relieve histórico.
2. La violencia existente en el país desde hace cuatro años, como ya se sabe, ha sido generada esencialmente por el gobierno del PAN y sus grupos paramilitares de todo tipo, en vistas a pretender justificar el uso anticonstitucional de las fuerzas armadas mexicanas en una supuesta “guerra contra el narco”, que no lo es, pero este escenario hechizo no convence ya a nadie, y la escalada actual en esa misma dirección está generando una repulsa cada vez mayor.
3. El número de militares y agentes policiacos estadunidenses, encubiertos y no encubiertos, que operan ya en territorio mexicano, es cada vez mayor y escapa a cualquier estimación oficial, en particular por el hecho de que están siendo imbricados, junto con los que se llama contratistas privados, en la que se pretende sea la primera base de Washington en suelo mexicano, como diversas notas lo afirmaban hace meses. La primera información que ha generado un enorme escándalo fue la publicada el domingo 8 por The New York Times, en la que se reitera que agentes del Pentágono, la CIA, la DEA y otras agencias operan no nada más a partir del centro de inteligencia ubicado en Reforma 225 sino desde una base militar que se supondría es mexicana, ubicada en algún ignoto lugar del norte de México, pero que ellos ya controlan en vistas a hacer prevalecer sus intereses, de manera que se puede establecer que existe, bajo una simulación, una base militar estadunidense en México.
4. Estados Unidos tiene al menos 14 bases militares en América Latina y el Caribe, bajo la autoridad del Comando Sur, con las que espía y controla a 19 países del continente, y que son estimadas como centros de movilidad estratégica y guerras relámpago, por lo que esta base encubierta constituye un nuevo problema continental, sobre todo porque los militares mexicanos ahí comisionados, y bajo las órdenes de oficiales de Washington, han sido formados en el Instituto de Cooperación Hemisférica (antes Escuela de las Américas), que ahora funciona en Fort Benning (Georgia). El Times reconoce que Washington ha adiestrado al menos a 4 mil 500 agentes de la Policía Federal y a un número indeterminado de marinos y militares.
5. Hay que tener presente, por otra parte, cómo se enfrenta el problema en otros países del continente, y bastan dos ejemplos. En Ecuador, el presidente Rafael Correa se negó a refrendar en 2009 el acuerdo para el funcionamiento de la tristemente célebre base de Manta, lo que obligó a Washington a trasladarla a Colombia. Y en Brasil, siendo Lula presidente rechazó en 2010 la pretensión del gobierno de Obama de establecer bases en la zona amazónica, y ahora ante la pretensión del derechista general Nelson Jobim (ministro de la Defensa) de apoyar esta vía, la presidenta Dilma Rousseff forzó su renuncia y nombró para sustituirlo a Celso Amorim, miembro del ala izquierda del Partido de los Trabajadores (PT), a pesar de la inconformidad de jefes de las fuerzas armadas, imponiendo así la autoridad del poder civil y la lógica de la legalidad.
6. Es muy significativo por ello que al presentarse esta situación de militares y agentes de Washington actuando impunemente en México, como si nuestro país fuese un protectorado, en abierta violación a la legislación mexicana, durante una entrevista con el diario angelino La Opinión, el presidente Barack Obama, escudándose en la Iniciativa Mérida, pretendiese al día siguiente de la nota del Times que sólo se trata de una asistencia técnica y se encubriese diciendo que es a México a quien compete hacer cumplir sus leyes en sus fronteras, según reporta David Brooks en La Jornada del martes 9.
7. Las evidencias se multiplican sobre el entreguismo antinacional del gobierno del PAN, y con ellas va la claudicación de la clase política nacional. La segunda nota que ha marcado el escándalo creciente es la publicada por La Jornada el día de ayer, en la que se confirma que no sólo parte del personal naval, militar y policiaco mexicano se halla sometido a las agencias estadunidenses, sino que altos funcionarios del gobierno indigno de Calderón, como Marisela Morales (procuradora general de la República) o Genaro García Luna (secretario de Seguridad Pública), tienen compromisos de subordinación con Estados Unidos, y actúan como sus simples empleados, confirmándose además que los supuestos operativos antinarco del gobierno son ordenados por la administración de Obama en función de sus intereses.
8. La cereza en el pastel de la estrategia que Washington impuso a Calderón a cambio de convalidar su llegada a Los Pinos por la vía del fraude es la de las revelaciones en La Jornada de ayer del acuerdo entre Estados Unidos y México para sustentar políticas similares a las de Afganistán e Irak, suscrito hace 19 meses. La administración de Bush hijo pactó con Calderón las condiciones para apoyarlo a espaldas de los legisladores de ambos países, pero fue con el gobierno de Obama con el que Calderón aceptó el ingreso masivo de militares estadunidenses a México. La carta de entendimiento entre él y Obama, que es más que un tratado, fue llamada así para burlar al Senado, y lo más sorprendente es que ahora que conocen la información los legisladores mexicanos sigan actuando como cómplices timoratos.
9. No sorprende por lo mismo la nota de El Universal de ayer en la que señala que la Casa Blanca, a fin de evadir la discusión pública, y pasando por encima del Congreso, haciendo suyas las políticas de la ultraderecha, discrecionalmente aumentó los recursos para el apoyo militar a México en 400 por ciento entre 2007 y 2011, con lo que éste pasó de 15 a 71 millones de dólares (a pesar de la crisis).
10. En un país en el que la clase política se halla corrompida y en el que las fuerzas de oposición y las propias instancias del Estado son incapaces para detener los actos de traición de un gobierno empeñado en servir a intereses oligárquicos, el pueblo ciudadano debe movilizarse y reiterar una y otra vez a Calderón y a sus cómplices que: ¡Ya basta!
México históricamente espiado por Estados Unidos
Autor Miguel Badillo
Está confirmado que el gobierno federal que encabeza el Partido Acción Nacional es sumamente vulnerable y que, la mayoría de las veces, es cómplice de prácticas de espionaje y filtración de información hacia las agencias policiales y de inteligencia de Estados Unidos.
De hecho, documentos del gobierno estadunidense –como los que revisa la Auditoría Superior de la Federación, dependiente del Congreso de la Unión y en donde se analiza el Plan Mérida–, dan cuenta de la extrema desconfianza hacia las instituciones del gobierno federal mexicano cuando se trata de entregar información o recursos.
Por ello, en algunos ominosos episodios, representantes de agencias policiales del vecino país obtienen información por su cuenta y espían a los mexicanos. Ellos se justifican: no saben en quién confiar en el gobierno de Felipe Calderón. No sólo eso. En varias ocasiones el gobierno de Estados Unidos ha contado con el apoyo del gobierno mexicano en acciones que claramente violan la seguridad nacional y la soberanía, lo que daría elementos al Congreso de México para hacerle juicio político a Calderón por traición a la patria.
El pasado 11 de agosto, La Jornada dio a conocer que altos mandos del gobierno mexicano están desarrollando funciones de informantes al servicio de agencias de Estados Unidos. La información del diario asegura que en la lista de los enlaces se encuentra la procuradora general de la República, Marisela Morales, y el titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Genaro García Luna.
La Agencia Central de Inteligencia, la Administración de Cumplimiento de Leyes sobre las Drogas, el Buró Federal de Investigación y el Departamento del Tesoro son algunas de las agencias estadunidenses que, al coordinar las acciones antinarco de gran impacto, se encuentran en contacto con los funcionarios mexicanos. Además, se cita la operación de un “centro de inteligencia estadunidense” ubicado en Paseo de la Reforma 225. Felipe Calderón y Barack Obama pactaron el complejo entramado técnico e institucional para el espionaje desde hace más de 18 meses.
De ser cierto esto, los titulares de las secretarías de Gobernación y de Relaciones Exteriores deben ser citados por el Congreso para que aclaren quién ha permitido la operación de espionaje en nuestro país. La Jornada cita fuentes que pidieron no ser identificadas.
Sin embargo, no es la primera vez que el gobierno mexicano está involucrado en un caso de espionaje o intervencionismo por parte de las agencias estadunidenses. Ésta es una práctica constante con el consentimiento de las autoridades mexicanas. Se ha permitido, y aquí lo hemos documentado desde hace más de una década, la instalación de centros de espionaje en territorio mexicano en contra de políticos, luchadores sociales, partidos de oposición, empresarios, periodistas y delincuentes. También los agentes estadunidenses participan en interrogatorios a testigos protegidos, intervienen en operativos policiales, portan armas y violan los espacios aéreos y marítimos.
Un caso que recuerdo ocurrió en 2004, cuando la Procuraduría General de la República (PGR) desactivó un operativo de espionaje telefónico dirigido a la casa del presidente de la República y a las secretarías de la Defensa Nacional y de Gobernación.
En aquella ocasión el único acusado visible fue Víctor Manuel Bernabé Castillo, quien aceptó haber trabajado en la intercepción de 50 números telefónicos, incluidos los de la residencia oficial de Los Pinos, la Secretaría de Gobernación y la PGR, así como de empresarios y periodistas.
A Bernabé Castillo, según lo que declaró ante el Ministerio Público, le pagaban 6 mil pesos mensuales por colocar y recoger las cintas de grabaciones clandestinas en los números telefónicos interceptados, para posteriormente entregarlos a una persona cuyo nombre nunca reveló pero que era de origen extranjero.
En su momento, la investigación dada a conocer en esta columna informó que Bernabé Castillo fue liberado poco después con una fianza de sólo 30 mil pesos, porque el acto cometido, según las autoridades, no estuvo considerado como un delito grave. El gobierno federal nunca quiso aclarar lo ocurrido ni tampoco descubrió quiénes fueron los autores materiales e intelectuales del centro de espionaje descubierto a principios de 2004 en las calles aledañas a la residencia oficial de Los Pinos.
A principios de ese mismo año, la Agencia Federal de Investigaciones (AFI) descubrió una red de espionaje dedicada a intervenir líneas telefónicas de empresas privadas y también de secretarías de Estado y de la misma residencia oficial desde donde despacha el presidente de la República. Aquel expediente ministerial da cuenta de cómo las pesquisas policiales y las revelaciones periodísticas obligaron a desmantelar la casa desde donde se realizaban intercepciones de llamadas de recintos oficiales.
Esa investigación estuvo a cargo de la Subprocuraduría de Investigación Especializada contra la Delincuencia Organizada, que dirigía José Luis Santiago Vasconcelos. Ese día los agentes federales aseguraron la vivienda de tres pisos ubicada en Florencio Miranda 22, colonia 16 de Septiembre, a un costado de la residencia de Los Pinos, y se detuvo a un radiotécnico de escasos recursos que había sido contratado para cambiar las cintas que contenían las intervenciones telefónicas.
Según las averiguaciones previas 179/D/2004 y 405(DDF72004, abiertas en la PGR por los delitos de “espionaje e intervención de comunicaciones privadas”, una llamada anónima a la Dirección General de Delitos Federales de la AFI alertó de que “altos funcionarios e instituciones del Gobierno Federal, entre los que se encuentran la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y algunas otras secretarías de Estado, así como empresarios importantes”, eran escuchados en sus conversaciones telefónicas.
De acuerdo con la tarjeta informativa 034/40 integrada al grueso expediente policiaco, los agentes de la AFI informaron al ministerio público federal José Carlos Villareal Rosillo que, según el informante anónimo,“desde ese domicilio un grupo de personas armadas y de apariencia extranjera intervenían 50 líneas telefónicas con sofisticados equipos de intercepción, grabadoras, identificadores de números, borra-cassettes y papelería en donde hacían las anotaciones sobre las llamadas privadas”.
En la operación encubierta que montaron los agentes de la AFI para vigilar la vivienda desde donde se realizaba el espionaje telefónico, al momento del cateo descubrieron que entre las líneas telefónicas que en ese momento eran interceptadas estaba el número 52731643, perteneciente a la residencia oficial de Los Pinos y cuya línea había sido contratada por la Secretaría de Gobernación. Son las historias de un país con un gobierno sumiso a los intereses de Estados Unidos y en donde domina la desconfianza, la corrupción y el miedo.
*Periodista
Intrusión-Hernández
Tortura en México: el caso de Silviano Portillo e Isidro León
Aurelio Morales Posselt*
En México “la práctica de la tortura no ha sido erradicada y los casos que se llegan a denunciar no pueden considerarse simplemente como hechos aislados”, concluye la delegación francesa de Acción de los Cristianos para la Abolición de la Tortura (ACAT), tras elaborar un diagnóstico sobre la tortura y los malos tratos.
La ACAT señala algunas situaciones preocupantes que se han intensificado: “La utilización de la tortura y malos tratos como métodos de investigación, la persistencia de la figura del arraigo y la falta de sanción a los responsables de violaciones, así como el poco acceso a la justicia y reparación para las víctimas”.
Si bien, ante el incremento de presiones y denuncias se han producido ya algunas respuesta loables: la reforma constitucional y la sentencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que obliga a los militares a ser juzgados por tribunales civiles, y que determina que los jueces pueden interpretar las leyes de manera que sus sentencias no vulneren los derechos humanos, una reforma no debe quedarse en el papel; debe centrar su esfuerzo en las prácticas jurídicas, en el quehacer cotidiano, en su enseñanza y en la derogación de las jurisprudencias que consienten violaciones.
¿Cómo garantizar el respeto a los derechos humanos y evitar la tortura, si en la práctica y en la enseñanza se prioriza (“principio de inmediatez”) el valor probatorio de la primera confesión, por sobre cualquier otro testimonio? ¿Cómo, si se promueve con premios y cuotas el aumento de detenciones en detrimento de la calidad de las investigaciones? ¿Cómo, si los graves abusos, como la tortura, cometidos en procesos judiciales, no son perseguidos de oficio y sólo tienen sustento jurídico hasta que un juez así lo determine previa y necesaria denuncia del afectado?
No obstante que la ACAT señala que “la tortura es utilizada para reprimir movimientos sociales”,nadie está exento. Cualquiera que haya sido detenido bajo circunstancias equívocas puede ser víctima de maltratos tanto sicológicos como físicos, por parte de autoridades, con el fin de manipular sus declaraciones. Para muestra, el caso de José Silviano Portillo Ruiz e Isidro León Rodríguez (averiguación previa NJ/MD/1075/2006-9), aportado por la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC (Limeddh), a la ACAT, para su análisis.
La detención, el proceso arbitrario y la tortura contra Silviano e Isidro conforman lo que se llama un “caso ejemplar”, no por ser único, sino porque ilustra una situación común en su tipo. Ambos están sentenciados a 30 años de prisión por secuestro. Las únicas pruebas con las que el juez los sentenció son la primera confesión de cada uno en la que se acusan mutuamente, y el número del celular desde el cual el secuestrador se comunicaba, registrado a nombre de Silviano. El error de éste fue prestar bajo engaño su celular a una persona que no era de su confianza, quien presuntamente sí habría cometido el crimen. El móvil de los policías para inculpar, hasta donde podemos presumir, es el de dar“resultados”.
La Limeddh lleva 26 años atendiendo casos de tortura y realiza un análisis minucioso de cada caso antes de tomar acciones. El proceso está lleno de irregularidades: no existe una denuncia previa contra los imputados; el parte policiaco y los hechos se contradicen, se indica que fueron detenidos en flagrancia pero en realidad lo fueron días después de liberado el secuestrado; éste y el testigo no fueron llamados a reconocer a los inculpados.
Pero la circunstancia más significativa que desacredita toda la investigación es el hecho, ya comprobado en el caso de Silviano (y comprobable en el caso de Isidro), por mismos peritos de la Procuraduría General de la República, de que la confesión fue obtenida bajo tortura. Aplicado el Protocolo de Estambul, los peritos acreditaron la tortura sicológica (como amenazas a la vida de los familiares) realizada previa a la primera declaración del acusado. En el caso de tortura física, si bien hay suficientes indicios para afirmarla –las lesiones están en el parte médico del momento de su detención–, ésta no ha sido del todo acreditada pues, con los años, el daño físico ha sanado.
A pesar de que Silviano e Isidro no validan su primera declaración, ya que fue elaborada bajo tortura (indagatoria AP/PGR/SIEDO/UEIS/138/06), ésta fue valorada como prueba clave por el juez para justificar su sentencia, al basarse en el “principio de inmediatez” (la primera declaración tiene más validez que cualquier otra debido por su inmediatez cronológica con los hechos).
Cabe señalar la importancia de este caso, pues a pesar de que la tortura se denunció ante un juez, no hay hasta hoy sentencia al respecto, por lo que la Limeddh urge a las autoridades involucradas a respetar las determinaciones establecidas por la SCJN y la Constitución a favor de priorizar el respeto a los derechos humanos y valorar sus violaciones antes de dictar sentencia, a fin de que en caso de comprobarse se dictamine inmediata libertad del victimado o, en el peor de los casos, se consideren las atenuaciones en su condena.
*Integrante del área de de difusión de la Liga Mexicana por la Defensa de los Derechos Humanos, AC
Fuente: Revista Contralínea 246 / 14 de agosto de 2011
Poderes enfrentados
Raymundo Riva Palacio
El presidente de la Suprema Corte de Justicia, Juan Silva Meza, ha aguantado todas las críticas públicas que el presidente Felipe Calderón ha hecho al Poder Judicial por su papel en el transcurso de la guerra contra las drogas. Miedo y corrupción son una constante en los casos relacionados con la delincuencia organizada. También lo son negligencia y venganzas contra el Ejecutivo por sus reclamos. Silva Meza no ha respondido porque no quiere provocar un enfrentamiento abierto entre los dos Poderes. Pero el problema no se resuelve y la justicia se deteriora.
El Poder Judicial está cobrando facturas al Ejecutivo. Más de 50 órdenes de aprehensión contra presuntos criminales vinculados a los cárteles de las drogas, están retenidas por jueces. Hay 14 casos sin solución sobre competencia de jueces. La lucha institucional contra el crimen organizado está fracturada y no hay un frente homogéneo del Estado mexicano, con lo cual una victoria, como la ha venido ofreciendo en el largo plazo el Presidente, será imposible. La dinámica de la confrontación afecta directamente la aplicación de la ley deja en la incertidumbre la responsabilidad o culpabilidad de presuntos delincuentes, o la impresión de impunidad.
Un caso es el de Gregorio Sánchez, ex candidato al gobierno de Quintana Roo apodado “El Greg”, detenido por delitos relacionados con la delincuencia organizada, a quien un juez federal le otorgó la libertad en julio para ser detenido inmediatamente por la PGR por presunto lavado de dinero. El juez dijo que la PGR no había aportado evidencia para mantenerlo en la cárcel. Sin embargo, el año pasado otro juez, aceptó las pruebas que presentó la PGR y obsequió la orden de aprehensión. ¿Por qué un juez, con las mismas pruebas, ordenó su arresto, y otro juez, con la misma documentación determinó su libertad?
La PGR logró una orden de arresto domiciliario para mantener a “El Greg” bajo vigilancia policial en su casa, con un brazalete electrónico, mientras un tribunal unitario resuelve el conflicto de competencias. No se ha alcanzado una solución porque el Poder Judicial se fue de vacaciones.
El pantano jurídico en el que se encuentra este caso ilustra los problemas que se viven con el sistema de justicia mexicano. ¿Por qué fallaron antagónicamente dos jueces sobre “El Greg”? ¿Cuál es la verdadera responsabilidad jurídica del acusado por la PGR? ¿Cuáles son las motivaciones reales de los jueces para tener, sobre los mismos parámetros legales, dos fallos contradictorios? ¿Hay acaso factores subjetivos –como pudieran ser el temor- que afectan las decisiones? ¿Hay errores en la integración de expedientes? En cualquier caso, el conflicto entre poderes sólo contribuye a una mayor opacidad.
El Consejo de la Judicatura difundió inmediatamente un comunicado de prensa en su página de Internet donde emitió una opinión favorable sobre el fallo, lo que causó extrañeza en medios legales porque ese órgano nunca emite puntos de vista. A las pocas horas el Consejo, cuya opinión también soslayó el tema del delito, eliminó ese comunicado de su página oficial, sin explicar porqué lo hicieron y porqué recularon. El presidente del Consejo es, como en la Suprema Corte, Silva Meza.
¿Está jugando a la política la Suprema Corte? ¿Está el Poder Judicial politizando sus acciones? Ministros y magistrados rechazan las imputaciones, pero continúan dándose casos controvertidos. Hace poco más de una semana un juez otorgó un amparo a Sandra Ávila, llamada “La Reina del Pacífico”, contra la Secretaría de Relaciones Exteriores que frenó su extradición a Estados Unidos. La notificación a ella debió haber tenido copia para la cancillería y la PGR, que sin embargo se enteraron del fallo judicial por los periódicos.
Aún con la sorpresa por la selectividad irregular del Poder Judicial, el Gobierno se enteró también por la prensa que, además, el juez la absolvió a ella y a su ex pareja, Juan Diego Espinosa “El Tigre”, por más de una década el enlace del Cartel del Valle del Norte en Colombia con las organizaciones mexicanas, por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita porque, argumentó, la PGR no pudo demostrar sus acusaciones. Ávila enfrenta todavía una acusación por lavado de dinero, que es uno de los delitos más difíciles de probar.
La creciente frecuencia con la que el Poder Judicial está fallando en contra de la PGR, ha motivado las críticas del presidente Calderón, quien ha llegado a denunciar corrupción de jueces. Algunos de ellos, defendidos en un principio por el Poder Judicial, ya se encuentran presos por corrupción. Otros han experimentado enriquecimientos inexplicables tras fallos a favor de presuntos criminales vinculados al narco.
La lucha entre Poderes no sólo ha lastimado al sistema de justicia en lo general, sino, se puede alegar, mermado la credibilidad de instituciones, lastimado a inocentes y protegido a culpables. Esta lucha es tan absurda como el mensaje enviado por algunos jueces a las autoridades: a más críticas, menos casos les vamos a dar. La ley no puede estar a contentillo de algunos o de los Poderes. Pero tampoco lo que está sucediendo en el sistema de justicia mexicano se limita a venganzas y negligencias. Si lo primero requiere de un entendimiento entre Poderes, lo segundo pasa por una reforma, urgente, al sistema judicial.
El Poder Judicial está cobrando facturas al Ejecutivo. Más de 50 órdenes de aprehensión contra presuntos criminales vinculados a los cárteles de las drogas, están retenidas por jueces. Hay 14 casos sin solución sobre competencia de jueces. La lucha institucional contra el crimen organizado está fracturada y no hay un frente homogéneo del Estado mexicano, con lo cual una victoria, como la ha venido ofreciendo en el largo plazo el Presidente, será imposible. La dinámica de la confrontación afecta directamente la aplicación de la ley deja en la incertidumbre la responsabilidad o culpabilidad de presuntos delincuentes, o la impresión de impunidad.
Un caso es el de Gregorio Sánchez, ex candidato al gobierno de Quintana Roo apodado “El Greg”, detenido por delitos relacionados con la delincuencia organizada, a quien un juez federal le otorgó la libertad en julio para ser detenido inmediatamente por la PGR por presunto lavado de dinero. El juez dijo que la PGR no había aportado evidencia para mantenerlo en la cárcel. Sin embargo, el año pasado otro juez, aceptó las pruebas que presentó la PGR y obsequió la orden de aprehensión. ¿Por qué un juez, con las mismas pruebas, ordenó su arresto, y otro juez, con la misma documentación determinó su libertad?
La PGR logró una orden de arresto domiciliario para mantener a “El Greg” bajo vigilancia policial en su casa, con un brazalete electrónico, mientras un tribunal unitario resuelve el conflicto de competencias. No se ha alcanzado una solución porque el Poder Judicial se fue de vacaciones.
El pantano jurídico en el que se encuentra este caso ilustra los problemas que se viven con el sistema de justicia mexicano. ¿Por qué fallaron antagónicamente dos jueces sobre “El Greg”? ¿Cuál es la verdadera responsabilidad jurídica del acusado por la PGR? ¿Cuáles son las motivaciones reales de los jueces para tener, sobre los mismos parámetros legales, dos fallos contradictorios? ¿Hay acaso factores subjetivos –como pudieran ser el temor- que afectan las decisiones? ¿Hay errores en la integración de expedientes? En cualquier caso, el conflicto entre poderes sólo contribuye a una mayor opacidad.
El Consejo de la Judicatura difundió inmediatamente un comunicado de prensa en su página de Internet donde emitió una opinión favorable sobre el fallo, lo que causó extrañeza en medios legales porque ese órgano nunca emite puntos de vista. A las pocas horas el Consejo, cuya opinión también soslayó el tema del delito, eliminó ese comunicado de su página oficial, sin explicar porqué lo hicieron y porqué recularon. El presidente del Consejo es, como en la Suprema Corte, Silva Meza.
¿Está jugando a la política la Suprema Corte? ¿Está el Poder Judicial politizando sus acciones? Ministros y magistrados rechazan las imputaciones, pero continúan dándose casos controvertidos. Hace poco más de una semana un juez otorgó un amparo a Sandra Ávila, llamada “La Reina del Pacífico”, contra la Secretaría de Relaciones Exteriores que frenó su extradición a Estados Unidos. La notificación a ella debió haber tenido copia para la cancillería y la PGR, que sin embargo se enteraron del fallo judicial por los periódicos.
Aún con la sorpresa por la selectividad irregular del Poder Judicial, el Gobierno se enteró también por la prensa que, además, el juez la absolvió a ella y a su ex pareja, Juan Diego Espinosa “El Tigre”, por más de una década el enlace del Cartel del Valle del Norte en Colombia con las organizaciones mexicanas, por los delitos de delincuencia organizada, contra la salud y operaciones con recursos de procedencia ilícita porque, argumentó, la PGR no pudo demostrar sus acusaciones. Ávila enfrenta todavía una acusación por lavado de dinero, que es uno de los delitos más difíciles de probar.
La creciente frecuencia con la que el Poder Judicial está fallando en contra de la PGR, ha motivado las críticas del presidente Calderón, quien ha llegado a denunciar corrupción de jueces. Algunos de ellos, defendidos en un principio por el Poder Judicial, ya se encuentran presos por corrupción. Otros han experimentado enriquecimientos inexplicables tras fallos a favor de presuntos criminales vinculados al narco.
La lucha entre Poderes no sólo ha lastimado al sistema de justicia en lo general, sino, se puede alegar, mermado la credibilidad de instituciones, lastimado a inocentes y protegido a culpables. Esta lucha es tan absurda como el mensaje enviado por algunos jueces a las autoridades: a más críticas, menos casos les vamos a dar. La ley no puede estar a contentillo de algunos o de los Poderes. Pero tampoco lo que está sucediendo en el sistema de justicia mexicano se limita a venganzas y negligencias. Si lo primero requiere de un entendimiento entre Poderes, lo segundo pasa por una reforma, urgente, al sistema judicial.
Astillero
Precandidatura ominosa
Corderón y Caldero
Ni besos ni abrazos...
¡Que pase el agraciado!
Julio Hernández López
Dado que, en caso de prosperar, constituirá la candidatura oficial de un grupo que en 2006 se hizo del poder mediante la abierta intervención del aparato gubernamental y a través de mecanismos de adulteración del proceso electoral, resulta particularmente ominosa la manera en que el calderonismo está construyendo, a marchas forzadas y sin mínimo cuidado de las formas políticas, la postulación presidencial del actual secretario de hacienda, Ernesto Cordero, personaje nada carismático, política e ideológicamente fofo, con facha de estar predispuesto a la manipulación de su jefe actual y con un evidente alto grado de dificultad para ser promocionado como genuina alternativa presidencial para el México de hoy.
Para empezar, Cordero corre en carriles sumamente polémicos, contrario su movimiento a principios éticos pero también susceptible de indagación y eventual castigo en el ámbito de los delitos electorales. Siendo secretario de hacienda, y en ejercicio de recursos públicos para sus traslados, actividades y protección, Ernesto Cordero aprovecha presuntas horas libres para realizar actividades de proselitismo partidista durante sus giras oficiales. Y, en sentido contrario, resta tiempo, atención y capacidad a sus tareas de secretario de hacienda (hoy tan importantes y trascendentes, en razón de la crisis mundial que se vive), por estar pensando y actuando como precandidato presidencial.
A ese evidente conflicto de intereses suma el impensado Cordero la descarada tarea de inflado desde cero que los gobernadores panistas están realizando en sus entidades, utilizando los programas sociales del gobierno federal como gancho persuasivo para llevar gente a los actos del precandidato desconocido, al mejor estilo del peor PRI: cargada, acarreo, tortas y refresco, pase de lista, castigo a los ausentes, funcionarios gubernamentales habilitados como operadores partidistas y dinero público para financiar esos actos. Este sábado le tocó a Guillermo Padrés, el gobernador de Sonora, echar el erario por la ventana para juntarle unas 6 mil personas en Hermosillo al todavía destanteado Cordero. Ayer fue en León donde el mandatario guanajuatense, Juan Manuel Oliva, se encargó de cumplir con las instrucciones centrales de arrimarle miles de presuntos simpatizantes al deslumbrado cachorro de Los Pinos que apenas unas horas después de darse esos baños partidistas se presentó en conferencia de prensa en la ciudad de México, ya habilitado como secretario de hacienda, para exprimir el cargo en términos de imagen personal, anunciando medidas y acciones sin mayor interés que el de posicionarlo como presunto heredero designado del poder felipista, en una cesión escenográfica mediante la cual el jefe formal, Felipe, deja los reflectores al delfín de apellido Cordero.
Contra esas maniobras de la dupla Corderón-Caldero se ha manifestado Santiago Creel, quien ayer fue a San Francisco del Rincón a buscar a su jefe de ayer y hoy, Vicente Fox, para trazar el camino de retorno del esposo de la señora Marta a la política panista, en específico al apoyo de quien fue su secretario de gobernación. Creel ha ido acerando su discurso, señalando una serie de circunstancias negativas que se ajustan a lo que están haciendo Felipe y Ernesto aunque sin citarlos por nombre. Fox y Creel quieren la revancha, pues en 2005 no pudieron quedarse con la postulación panista y debieron dar paso al rezagado Calderón que desde entonces recibió ayuda electoral de las brigadas Gordillo.
En la capital del país, Josefina Vázquez Mota realizó un peculiar informe de labores, enlistando avances logrados en la Cámara de Diputados como si provinieran de su iniciativa personal, siendo que muchos de ellos fueron empujados por PRI y PRD y siendo que el propio papel de la autora de Dios mío, hazme viuda por favor ha sido entre discreto, ausente y falto de compromiso real, atenta más la ex secretaria a no moverse en demasía para no generar olas que pudieran ahogar su hasta ahora imprecisa precandidatura, que igual puede servir para canjear posiciones federales a futuro (como lo hace el gobernador de Jalisco, imposible candidato que junta fichas para canjearlas en el casino 2012) o para ceder el paso a alguna propuesta femenina final del gerente Calderón.
En la vertiente poética de la política, Javier Sicilia encabezó una marcha a Los Pinos y el Senado, en demanda de que no se aprueben las reformas a la Ley de Seguridad Nacional actualmente a discusión. Además, se anunció que esta semana se reanudan los diálogos con el Poder Legislativo y se conminó a la delincuencia del horror a que deponga las armas y deje de actuar con crueldad y odio. En el camino, ese movimiento escuchó un coro proveniente de algunos de quienes participaban en un acto del colectivo No más sangre: ¡Ni besos ni abrazos acaban los balazos!
Astillas
De Laura de América a Felipe de México, en proceso descendente e inverso. En los prefabricados Diálogos consigo mismo (oficialmente denominados Ciudadanos), Calderón dice Que pase el agraciado y los participantes se pelean (es un decir) por felicitar al gran gobierno federal y sus excelentes programas a los cuales encuentran algunos detalles negativos que de inmediato son atendidos por el buen señor de Los Pinos... Santiago Creel dijo el sábado anterior a panistas de Lagos de Moreno que haberle puesto ese nombre al PAN sí tuvo razones gastronómicas. Relató que cuando él tenía trece años preguntó a Manuel Gómez Morín el sentido de las siglas del partido de blanco y azul pero, explicó Creel: Yo era un chamaco, pues no le entendí. Entonces se voltea y me dice: se me hace que no me estás entendiendo verdad; y le dije, don Manuel, no le entiendo y me dijo: Te lo voy a explicar de otra manera, le pusimos PAN al PAN porque México tiene mucha hambre (http://j.mp/qU1ED5 )... Y, mientras Cuauhtémoc Cárdenas asegura que el gobierno actual entregó el país a Estados Unidos, ¡hasta mañana, en espera de los siguientes diálogos del carrusel, dentro de dos semanas con Carpizo-UNAM!
México SA
Impaciente realidad
El peligro verdadero
Pobreza en ascenso
Carlos Fernández-Vega
En espera de acontecimientos contundentes para actuar, el inquilino de Los Pinos y su gabinetazo repiten la fracasada estrategia de 2008: sólo hasta que algo pase tomarán medidas –escasas y tardías, desde luego– para intentar paliar el impacto de la nueva sacudida económico-financiera. Pero la realidad no tiene paciencia, y en 2011 México corre el riesgo de registrar peores consecuencias que las de aquel año. De hecho, la presencia de una nueva crisis económica representa un verdadero peligro para el país, sobre todo en términos sociales, ya que estos indicadores se encuentran en niveles preocupantes que reflejan la alta vulnerabilidad de la población ante cualquier eventualidad negativa para la economía.
Tal es el análisis del Centro de Investigación en Economía y Negocios, que preside José Luis de la Cruz Gallegos, no sin subrayar que un mercado laboral débil, un mercado interno sin fuerza, un sector financiero volátil y dependiente, así como el creciente número de personas en la pobreza, aumentan la sensibilidad de México ante una nueva crisis económica, en particular porque el país se encuentra en una posición de menor fortaleza que la observada frente a la crisis de 2008.
El mercado laboral presenta condiciones sociales de mayor degradación en cuanto acceso a salud, prestaciones, economía informal y carencia de contratos. Todo ello constituye un retroceso con respecto a 2008. Tal mercado presenta un escenario de precariedad significativa, con una tasa de desocupación de 5.2 por ciento en el segundo trimestre de 2011; 29.8 millones de personas ocupadas sin acceso a la salud; 3.7 millones no reciben ingresos; 5.9 millones ganan a lo mucho un salario mínimo; 14.3 millones laboran sin contrato, y 10.4 millones reciben a lo más entre uno y dos salarios mínimos. La situación se torna aún más preocupante al analizar los índices de personal ocupado, remuneraciones medias reales por hora hombre trabajada y horas hombres trabajadas.
La precariedad del empleo representa un problema estructural, situación que no tiene una solución en el corto plazo y que, por el contrario, avanza y representa un elemento más en un escenario de desaceleración de la economía mexicana que, de cimentarse sin atender previamente la debilidad del mercado laboral y la vulnerabilidad de la población en general, implicaría la exacerbación de la inestabilidad social, apunta el CIEN. La mayor parte de la población ocupada se encuentra en alguna de las circunstancias señaladas, es decir, trabaja en condiciones inestables. Alrededor de 16.4 millones de mexicanos cuentan con un ingreso igual o inferior a dos salarios mínimos, por lo que a pesar de estar ocupados la remuneración que perciben no es suficiente para mantener una familia, de tal manera que tener empleo no garantiza estar fuera de la línea de pobreza.
Al cierre del segundo trimestre de 2011 las cifras de ocupación en la economía informal crecieron con respecto al mismo periodo del año anterior, lo que evidencia la incapacidad del sistema productivo para generar empleo formal bien remunerado y con prestaciones de ley. La pobreza se traduce en una falla estructural del modelo económico, incapaz de generar riqueza y distribuirla de manera equitativa. La desigualdad implica concentración del poder económico, social y político, es un desequilibrio que afecta la capacidad de generar consensos que terminen por beneficiar a la mayor parte de la población. En un país donde el flagelo de la pobreza no se puede contener, también se tiene la implicación de que el mercado laboral no es un mecanismo de movilidad social, es decir, una manera de superar las condiciones de marginalidad en las que se encuentra la población. Si no es a través del empleo y los salarios, difícilmente se puede evitar el avance de la pobreza. Dicho escenario sirve para describir la situación que se vive en México, donde el gasto de gobierno destinado al desarrollo social solamente represente un paliativo para el cáncer que constituye la pobreza. No lo resuelve, únicamente ayuda a mitigar el dolor.
Si se atienden los argumentos presentados oficialmente, durante los últimos años los niveles de pobreza se incrementaron debido a la crisis que vino de fuera. Pero ese argumento es parcial, pues deja afuera otras razones que explican el suceso: el bajo crecimiento que la economía mexicana ha exhibido también es atribuible a la debilidad del mercado interno. Además, la reactivación económica no alcanza por igual a las empresas ni a la sociedad. En México el sector exportador mantiene un desempeño superior al promedio nacional y con ello ha estado en posibilidad de generar empleo. La nota discordante es que ha sido con base en remuneraciones cada vez de menor valía y con horarios de trabajo más extensos. El cuestionamiento es sobre qué pasará si se detiene el motor externo, si la economía de Estados Unidos entra en una fase de desaceleración, o peor aún, en una recesión. Lo anterior no es algo que esté lejos de suceder: la actividad industrial ya ha comenzado a dar signos de ello, particularmente en la manufactura. Hasta el primer semestre del año esto también puede observarse en México, que al ser una economía dependiente no puede aislarse de lo que suceda en el epicentro.
La turbulencia financiera reciente, propiciada por el problema de la deuda estadunidense, se coloca como espada de Damocles sobre el futuro económico y social del país. Si se exacerba la desaceleración por la mayor volatilidad, el impacto en México sería considerable, y reducido el margen de maniobra para la política económica. Al caer el precio del petróleo y disminuir la recaudación fiscal por la menor actividad productiva, no se puede estimar que el país contará con recursos excedentes para enfrentar una recesión en Estados Unidos. No puede dejarse fuera que el presupuesto ya se encuentra comprometido; en realidad, la capacidad de ajuste es de solamente 100 mil millones de pesos, lo demás ya está destinado a sueldo, salarios, prestaciones (33 centavos de cada peso), gastos operativos y una serie de programas, la mayor parte improductivos.
La potencial crisis en Estados Unidos acarrearía un nuevo aumento de la pobreza. Para que ello no ocurriera debería estarse preparando un verdadero programa contingente, que atienda de manera integral las necesidades de la sociedad y que impulse el mercado interno, el bienestar de la gente. Para ello es necesario que se genere empleo bien remunerado, de otra manera no se resolverá el verdadero problema estructural de México.
Las rebanadas del pastel
Carlos Fernández Vega
He allí la fortaleza, el blindaje y las bien fundadas palabras de Ernesto Cordero: hoy podemos asegurar que estamos mejor preparados para enfrentar un impacto externo.
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