Actividad minera, veta de desastre ambiental-

Actividad minera, veta
de desastre ambiental

La industria destruye la biodiversidad; amenaza un cuarto
del territorio mexicano

Angélica Enciso L.

Actividad minera, veta de desastre ambiental

La industria destruye la biodiversidad; amenaza un cuarto del territorio mexicano

Angélica Enciso L.

Periódico La Jornada
Viernes 30 de diciembre de 2011, p. 36

Destrucción de flora y fauna, uso intensivo de agua, producción de toneladas de residuos peligrosos y daños a comunidades por la contaminación de aire y suelo, así como acústica, son consecuencias de la minería a cielo abierto y la megaminería subterránea que se extiende en territorio nacional.

En gran parte del país, pero sobre todo en Chihuahua, Michoacán, Zacatecas, Durango, Sonora, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí, Hidalgo, Sinaloa, Colima y Jalisco, la actividad minera ha generado por décadas gran cantidad de desechos y contaminación, señala el Instituto Nacional de Ecología en el estudio Tecnología de remediación para sitios contaminados.
Apunta que, en general, todas las etapas de un proceso minero, con excepción de la prospección (estudios preliminares), causan problemas ambientales de alto impacto.
En las fases de exploración, explotación, beneficio, fundición y refinación se generan aguas residuales, desechos peligrosos y emisiones a la atmósfera. Aun con esos efectos, esa actividad se expande y ya amenaza alrededor de una cuarta parte del suelo nacional.
Tan sólo la compañía número uno en producción de oro en México, Goldcorp, tiene una clausura preventiva impuesta por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) sobre Peñasquito, una de sus minas, donde debe regular sus procesos para evitar afectación ambiental, informó el organismo.
La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) tiene ubicados al menos dos sitios donde es urgente atender los pasivos ambientales (contaminación que representa un riesgo ambiental y para la salud de la población). Se trata de jales (residuos) de la mina Pilares, en Nacozari de García, Sonora, y las minas Nuevo Mercurio, en Mazapil, Zacatecas, que operaron durante el siglo pasado.
La actual devastación de territorios es consecuencia de que el oro ya no está en vetas, sino disperso, y en bajas concentraciones. Ha proliferado la técnica de tajo a cielo abierto, con la cual se extrae medio gramo de metal de una tonelada de tierra. El problema es que para obtenerlo se destruye el territorio, puntualiza Juan Carlos Ruiz Guadalajara, investigador de El Colegio de San Luis.
El alto precio actual del oro hace rentable a una empresa remover una tonelada de tierra y obtener de ella medio gramo de ese metal precioso, sin importar la devastación del paisaje, la pérdida de biodiversidad y la contaminación al aire que provoca, explica.
La explotación a cielo abierto y la megaminería subterránea se basan en la remoción de toneladas de tierra, que después se trituran y se filtran con millones de litros de agua mezcladas con cianuro para obtener unos gramos de oro.
Un ejemplo es la mina a cielo abierto que explota Minera San Xavier, filial de la canadiense New Gold. Durante el año pasado utilizó diariamente 32 millones de litros de agua, mezclados con 16 toneladas de cianuro.
Lo anterior significa que en 2010 esa planta consumió 10 mil millones de litros de agua del acuífero, mezclados con al menos 4 millones de toneladas de cianuro, y removió unos 20 millones de toneladas de subsuelo, agrega el investigador en entrevista. Con esa explotación, ya desapareció el símbolo del escudo de San Luis Potosí, el Cerro de San Pedro, añade.
Ese es sólo un ejemplo de lo que pasa en el país, ya que hay comunidades donde van en aumento las protestas por la actividad minera y las consecuencias ambientales que provoca.
Basta mencionar Chicomuselo, Chiapas, donde en 2009 fue asesinado el líder opositor a la mina de barita Mariano Abarca, y donde una extensa área de vegetación fue removida para exponer las vetas.

En estos días se preparan varios movimientos de resistencia. En comunidades huicholas de Real de Catorce lo hacen contra la llegada de nuevos proyectos mineros. También realizarán movilizaciones la policía comunitaria, en Guerrero, y en los municipios Alto Lucero de Gutiérrez Barrios y Actopan, Veracruz, entre otros.

Hay minas en funcionamiento consideradas focos rojos por la Profepa. Además de Minera San Xavier –sobre la cual un juzgado determinó que podía operar con la manifestación de impacto ambiental de 2006 (que en 2010 fue cancelada por la Semarnat)– está la de oro La Guitarra, en Temascaltepec, estado de México, multada por irregularidades con unos 500 mil pesos, informa en entrevista el subprocurador de inspección industrial de la Profepa, Sergio Herrera.

Esa mina era propiedad de Genco Resources, la cual suscribió un acuerdo en noviembre de 2010 con la canadiense Silvermex Resources, por lo que ahora es propiedad de New Silvermex.

También se mantiene de manera preventiva una clausura parcial temporal a Peñasquito, ubicada en Zacatecas, propiedad de Goldcorp. La medida fue adoptada para que la empresa regulara sus procesos y evitar daño ambiental. Cuando cumpla o acredite que no habrá riesgo al medio ambiente se podría levantar la clausura o confirmarla con una sanción, señala Herrera.

La producción de la mina durante 2010, cuando comenzó su operación comercial, fue de 168 mil 200 onzas de oro. Para este año prevé llegar a ciento por ciento de su capacidad y obtener 350 mil onzas para convertirse en la mina más grande de ese metal en el país, indica información de la Cámara Minera de México en un informe de 2010.

Herrera detalla que la Profepa ha realizado de 2007 a la fecha 252 visitas de inspección a plantas mineras, sobre todo en Chihuahua, Coahuila, Durango, Hidalgo, San Luis Potosí, Sonora y Zacatecas. Con 10 inspectores en esta área, aplicó multas por 4.8 millones de pesos porque no se contaba con la autorización de impacto ambiental o por medidas de seguridad.

En cuanto al uso de cianuro en presas de jales, dijo que aún no son muchas las minas que usan este proceso; una es Minera San Xavier, que explota a cielo abierto y hace este proceso. No se han detectado mayores afectaciones.

Ruiz Guadalajara detalla que el agua mezclada con cianuro puede contaminar el acuífero y no sólo se trata de la destrucción del sitio donde se obtiene el mineral, sino que se producen millones de toneladas de rocas liberadas del subsuelo, que generan sulfuros, lodos y se producen jales mineros. En el territorio quedan daños permanentes irreversibles. Entre las minas que operan a tajo abierto en el país están Peñasquito, Mulatos, la de barita en Chicomuselo y Minera San Xavier.

La investigadora uruguaya Sylvia Ubal señala que con la explotación a tajo abierto se crean inmensos cráteres que pueden ocupar más de cien hectáreas y entre 200 y 800 metros de profundidad. Se genera demasiado ruido con la molienda y trituración de rocas. Hay contaminación del aire con polvo, combustibles tóxicos, vapores o gases de cianuros, mercurio o dióxido de azufre. Además se reduce la presencia de agua subterránea, hay eliminación del suelo en el área de explotación y con la supresión de vegetación desaparece la biodiversidad de la zona.

Critican uso omnipotente y discrecional del presupuesto

Limitar exorbitante gasto de Los Pinos, exigen legisladores

Fiscalización en otros países contrasta con laxitud en México, afirman

Deploran que la ASF carezca de recursos para controlar los fondos

En Los Pinos dispondrán de 180 mil millones de pesos en 2012: Esthela Damián

Presidencia ordeña el gasto de secretarías; Hacienda, cómplice

El Ejecutivo no rinde cuentas a nadie sobre el gasto público

No existe fiscalización en tiempo real, acusa la diputada; la SFP nunca toca ni con el pétalo de una rosa al mandatario

Roberto Garduño

Periódico La Jornada
Viernes 30 de diciembre de 2011, p. 5

La poca flexibilidad y el endurecimiento en la fiscalización de los recursos asignados por sus respectivos congresos a los presidentes de Estados Unidos, Brasil y Costa Rica, así como el caso de la casa real española, contrastan radicalmente con México, donde el presidente utiliza de forma omnipotente y discrecional el gasto público.

Los perredistas Esthela Damián Peralta, presidenta de la Comisión de Vigilancia en la Cámara de Diputados, y Mauricio Toledo, secretario de la Comisión de Hacienda, coincidieron en que el presidente mexicano a nadie le rinde cuentas ni hay quien le fiscalice los recursos para aplicar un castigo en caso de opacidad.
En fechas recientes se documentaron actos de corrupción y desvío de recursos públicos en la casa real de España. La respuesta del parlamento español fue la aplicación de medidas restrictivas y de vigilancia en el manejo de los recursos.
Mientras en Estados Unidos y Brasil la política aprobada por su congresos obedece a la transparencia y el control del gasto, en México se prevé para el año próximo que el gobierno de Felipe Calderón, por conducto de la Oficina de la Presidencia, dispondrá de 180 mil millones de pesos –desviados del gasto de las dependencias– para destinarlo a actividades electorales, advierte la diputada Damián Peralta.
Las facultades discrecionales que posee la Secretaría de Hacienda deben ser frenadas. A todas las secretarías se les asignan recursos adicionales por 10 por ciento de su presupuesto original, y a cada petición que hace la Presidencia de la República Hacienda autoriza la transferencia de recursos de las dependencias a Los Pinos. Hasta ahora ningún secretario se ha opuesto a una sola petición, ¡y eso es grave, porque no hay pesos ni contrapesos para limitar el gasto exorbitante y extraordinario de la Oficina de la Presidencia!
–¿Se advierte el riesgo del desvío de recursos de Los Pinos a las campañas del PAN?
–Sí, si no se hace una vigilancia correcta y ordenada del gasto, y hasta ahora no tenemos memoria de que la Secretaría de la Función Pública hubiese entregado algún resultado de la fiscalización del gasto del presidente Felipe Calderón.
–¿Cuál es la mecánica de esas transferencias?
–A pesar de que la Cámara de Diputados autoriza los montos del gasto, en términos reales la Secretaría de Hacienda no los otorga y juega con ellos, haciendo aparecer que esos recursos se convierten en subejercicios de las dependencias, que no se gastaron, cuando en términos reales no los entregó. Prefieren que aparezca como un error de subejercicio para asignar los recursos a otras áreas. Por eso se tiene que regular esa facultad extraordinaria de Hacienda, que es grave para el país. De manera discrecional las dependencias quitan, compensan y ponen; a nadie le rinden cuentas de nada, y eso es de las cosas mas delicadas en el manejo de los recursos públicos en el gabinete presidencial.

–¿Cómo frenar eso?

–Existe el marco jurídico, pero en mi opinión es inoportuno, porque la cuenta pública nos llega con 14 meses de desfase, cuando el gasto está consumado, y la institución que fiscaliza en tiempo real es la Secretaría de la Función Pública, pero ella nunca toca ni con el pétalo de una rosa a la Presidencia de la República.

–¿Se perpetúa la opacidad en el manejo de los recursos público desde la Presidencia?

–Hay un ejercicio omnipotente del jefe del Ejecutivo en términos de su propia fiscalización y en términos de las facultades de la Secretaría de la Función Pública. No existen condiciones ni mecanismos que nos permitan detener ese gasto de la oficina del presidente, y la Secretaría de Hacienda jamás va a limitar ni a regatearle el uso de los recursos.

“En México no hay fiscalización en tiempo real; no hemos tenido ni un documento del propio órgano interno de fiscalización de la Presidencia de la República donde se nos diga cómo gastan, ni conozco algún informe de la SFP donde nos diga cuántas auditorías ha realizado en un año.

Sigue habiendo derroche de recursos públicos con la justificación de tener mayores campañas de difusión, de tener mayor personal, de tener mejores condiciones físicas.

Por su parte, Mauricio Toledo adujo que la Secretaría de Hacienda asigna discrecionalmente “cuanto recurso le solicita la Presidencia, sea para comunicación social, o para lo que (Felipe) Calderón ponga o disponga.

En año de elecciones estos ejercicios del gasto son una tentación para asignar mayor cantidad de dinero a las campañas del PAN, y esto mantiene una correlación con los altos costos que paga el gobierno federal en torno a su lucha contra el crimen organizado, sin importar que esto sea de forma brutal y discrecional.