Diáspora cubana: entre los recelos y el “futuro compartido”
Raúl Castro, titular del gobierno cubano.
Foto: AP
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MEXICO, D.F. (apro).- Las reformas económicas que impulsa el gobierno de Raúl Castro tendrían mayores posibilidades de éxito si fuesen acompañadas de una actualización de su política migratoria. Ello implicaría eliminar los permisos de entrada y salida para los ciudadanos de la isla, garantizar el derecho de éstos a fijar libremente la residencia temporal o permanente en otro país y establecer otras disposiciones para facilitar los flujos migratorios circulares.
En contrapartida, el gobierno y el Congreso de Estados Unidos deben aprovechar la coyuntura para eliminar las disposiciones que inhiben el libre contacto entre la comunidad cubana que habita en territorio estadunidense –la cual corresponde a 80% de la diáspora cubana— y su país de origen.
Ello significaría adecuar su política migratoria hacia la isla y excluir del embargo estadunidense hacia Cuba las transacciones económicas que la comunidad cubana realiza con el incipiente sector no estatal de la economía de la isla.
Tales son algunas recomendaciones contenidas en el informe La diáspora cubana en el siglo XXI, elaborado por una comisión de académicos que trabajaron bajo los auspicios del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés).
El informe –de 87 páginas, coordinado por el investigador Juan Antonio Blanco– destaca que tanto en Cuba como en su diáspora ha habido cambios significativos que permiten superar la hostilidad y la ignorancia mutua que caracterizó sus relaciones durante el segundo cuarto del siglo XX. Ahora, señala, ambas partes pueden reconocer la oportunidad de construir un futuro compartido aprovechando el talento y las capacidades que ambas partes poseen.
Animosidad
El informe realiza una clasificación de los Estados en función de la relación que han establecido con sus diásporas. Dicha clasificación –ideada por la socióloga Peggy Levitt y la antropóloga Nina Glick Schiller— sirve para comparar el comportamiento de Cuba en este tema con respecto de otros países.
Así, señala, existe el “Estado selectivo estratégicamente”, el cual “promueve la participación de los expatriados en su país de origen, pero no les otorga derechos de ciudadanía ni los incorpora totalmente a los asuntos nacionales.
Aunque este tipo de gobiernos considera a la diáspora como parte de la nación emisora, todavía no ha institucionalizado sus relaciones con sus ciudadanos residentes en el exterior”. Como ejemplos de estos países señala a Haití, Irlanda, Turquía y la India.
Un segundo tipo: El “Estado-nación trasnacional”. Éste “define a los migrantes como miembros a larga distancia de la nación. Les reconocen la doble ciudadanía y los incluyen como parte integrante de sus políticas públicas”. Así, estos países reestructuraron sus burocracias ministeriales y consulares para que trabajen en proteger y apoyar a sus migrantes, les extienden a éstos el derecho de votar fuera de su país y de postularse a cargos públicos; les ofrecen servicios estatales y aplican políticas para reforzarles el sentido de pertenencia a su patria. Ejemplifican este modelo República Dominicana, El Salvador y México.
El tercer tipo, el menos común, es el “Estado desinteresado y denunciante”, el cual “trata a sus emigrados como si ya no pertenecieran a la patria y los tilda a menudo de traidores”. Es el caso de Cuba.
Así, señala el informe, “el gobierno cubano no ha reconocido la doble ciudadanía ni extendido otros derechos legales (como el derecho al voto en el extranjero) a quienes salen de manera definitiva. Oficialmente, un ciudadano cubano que adquiere otra ciudadanía pierde la cubana, aunque en la práctica muchos cubanos residentes en el exterior tengan dos pasaportes. En todo caso, los cubanos residentes en el exterior deben solicitar permiso de entrada”.
Anota que actualmente muchos cubanos pueden vivir temporalmente en el extranjero sin perder el derecho a regresar a Cuba. Entre 1995 y 2004 el gobierno de la isla emitió alrededor de 30 mil Permisos de Residencia en el Exterior (PRE), los cuales se extienden normalmente a los cubanos que viven en Europa y América Latina y rara vez a los que residen en Estados Unidos.
A diferencia de lo que sucede en otros países, como México, “el gobierno cubano no ha autorizado a los emigrados a establecer negocios o comprar propiedades en Cuba, mientras que lo ha permitido a ciudadanos de España, Canadá y otros países”, destaca el documento.
Comenta que la “persistente animosidad” entre el gobierno revolucionario y la diáspora cubana tuvo periodos de relativa relajación. Uno de ellos: a mediados de los noventa, el régimen de La Habana –entonces necesitado de recursos y de romper el aislamiento internacional— hizo esfuerzos por “normalizar” sus contactos con la diáspora.
Creó la Dirección de Asuntos de Cubanos Residentes en el Exterior (posteriormente nombrada Dirección de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior) y realizó los llamados diálogos La nación y la emigración.
Pero, señala el informe, esos esfuerzos “han sido débiles”. Todavía “muchos funcionarios cubanos perciben a los exiliados como enemigos y se refieren a los cubanos de Miami como ‘la mafia cubanoamericana’. A su vez, la mayoría de los exiliados considera al gobierno de los Castro una dictadura despiadada”.
El factor Washington
El documento apunta un hecho paradójico: cuando el gobierno cubano alentó ciertos contactos de cubanoamericanos con la isla, Washington tendió a disuadirlos. Expone que entre 2004 y 2008, el entonces presidente George W Bush impuso “restricciones draconianas sobre las remesas y las visitas cubanoamericanas”, el grueso de las cuales fueron eliminadas por la administración de Barack Obama.
Y es que, apunta el documento, la migración cubana ha quedado atrapada en el añejo diferendo político entre los gobiernos de la isla y de Estados Unidos.
Expone: “Desde la década de los sesenta, el gobierno cubano consideró a los exiliados como traidores a la patria y recurrió a la emigración para expulsar a sus opositores. A su vez, el gobierno de Estados Unidos alentó el éxodo cubano como recurso simbólico de la Guerra Fría (…) Tales políticas militaron contra los lazos entre cubanos de fuera y dentro de la isla. Los viajes, el correo y el servicio telefónico entre ambos países se hicieron esporádicos, costosos y complicados”.
Expone que actualmente “los cubanos requieren de permisos gubernamentales para emigrar e incluso para viajar. Si salen sin el permiso correspondiente o éste se vence antes de que hayan retornado a la isla, se les puede considerar ‘desertores” y ya no se les permite regresar a vivir al país donde nacieron, al cual en adelante apenas podrán visitar por un mes si se les otorga la visa correspondiente”.
Explica: “Cuando un cubano decide aventurarse a emigrar, su proyecto se transforma en una experiencia permanente de vida en la cual le está vedada la posibilidad de un patrón migratorio circular. En tales casos, todas sus pertenencias –desde una casa hasta una bicicleta o un juego de mesa— son confiscadas por el Estado”.
Describe los obstáculos que enfrentan los emigrados que desean mantener contacto con la isla: los costos por las llamadas telefónicas son los más altos del hemisferio; no pueden comunicarse a través del Internet porque sólo 2.9% de la población tiene acceso a este servicio, el cual es controlado por el gobierno; los trámites para obtener visados y la documentación necesaria para viajar a la isla son engorrosos y muy caros (un pasaporte, 400 dólares; extender su vigencia por seis años, 730 dólares); “los pasajes para volar a Cuba desde el aeropuerto estadunidense más cercano, en Miami, y recorrer una distancia inferior a las 100 millas, promedian 300 y hasta 600 dólares, o más, según la temporada. Por esa cifra es posible obtener vuelos promocionales desde ese mismo aeropuerto a Barcelona”.
Señala una de las razones de la Ley del Ajuste Cubano: esa “desventaja excepcional en el punto de partida (Cuba) de los emigrantes cubanos, fue lo que condujo al otorgamiento de ventajas excepcionales en su principal punto de llegada (Estados Unidos)”.
Así, “de entre esa masa de cubanos, el gobierno de Estados Unidos no podía seleccionar a quiénes deseaba dar la bienvenida y a quiénes prefería deportar a Cuba, porque el gobierno de la isla no los recibiría de vuelta, como ocurre con los inmigrantes indocumentados de otras nacionalidades”. Optó entonces por ‘ajustar’ la situación migratoria de los cubanos con el propósito de que no quedaran en un limbo legal”.
Pero desde entonces “el gobierno cubano no ha actualizado sus leyes para normalizar los procesos migratorios y las relaciones del país con su diáspora”. Sostiene que “una normalización de este tipo facilitaría, a su vez, que el gobierno de Estados Unidos regularizara los procesos migratorios con Cuba, incluyendo un acuerdo sobre deportaciones, y se posibilitaría así la revisión de la Ley de Ajuste Cubano a fin de poner término al incentivo migratorio que esa legislación conlleva”.
“Economía de frontera”
El informe destaca que tanto Cuba como su diáspora han sufrido cambios significativos que les permiten a ambas establecer un esquema de cooperación para obtener una “utilidad compartida”.
Expone que en Estados Unidos radican 1.7 millones de cubanos. Es el tercer grupo de habitantes de origen hispano en ese país; 58% de ellos habla inglés de manera fluida, una cuarta parte tiene título universitario y en el 2000 sus ingresos por familia promediaban los 30 mil dólares anuales y el total de sus empresas y propiedades rondaría en los 40 mil o 50 mil dólares.
Más: 58.2% son ciudadanos estadunidenses, por lo que pueden votar en este país. En La Florida –donde se concentra el grueso de ellos— sólo dos de los 13 representantes hispanos no son de ascendencia cubana. La presencia de legisladores cubanos en ambas cámaras del Congreso federal, junto con organizaciones que realizan un efectivo cabildeo, los convierte en factor a la hora en que los gobiernos demócratas o republicanos diseñan su política hacia la isla.
En suma, se trata de una comunidad con preparación profesional, capacidad económica e influencia política.
El estudio destaca que la comunidad cubana en Estados Unidos “se ha transformado demográficamente a lo largo de cinco décadas y hoy profesa un interés mayor por mantener y ampliar vínculos con familiares y amigos de su país de origen.
“En ese sentido –subraya— es mucho menos favorable a la aplicación de estrategias violentas o aislacionistas que medio siglo atrás, cuando parte de la comunidad se involucraba en acciones armadas contra el gobierno de La Habana o impulsaba sanciones que limitaran todo tipo de vínculos con la isla”.
Cita dos encuestas realizadas por la Universidad Internacional de la Florida. En la primera, realizada en 1993, 87% de los encuestados favorecía el incremento de la presión económica sobre Cuba y 73% se pronunciaba por una acción armada de exiliados contra el gobierno de la isla. En la segunda, realizada en 2008, sólo 45% favorecía mantener el embargo contra Cuba y 55% se oponía; y 65% se pronunciaba por el restablecimiento de relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba y sólo 35% se oponía.
Al mismo tiempo, el informe llama la atención sobre las declaraciones del presidente Raúl Castro en el sentido de mejorar la situación económica de la isla y de cambiar la actitud oficial hacia el sector no estatal de la isla. De hecho, amplió a 178 las actividades privadas a las pueden dedicarse los llamados trabajadores por cuenta propia.
Incluso, el documento destaca que el 1 de agosto pasado Raúl Castro anunció ante el Parlamento de la isla que el gobierno trabaja en actualizar su política migratoria, aunque hasta la fecha no ha aplicado ninguna medida en esta materia.
El informe subraya que, en los hechos, un sector de la diáspora se ha integrado al sector no estatal de la economía cubana, pues ha inyectado capital con sus viajes a la isla, remesas monetarias, pagos de servicios telefónicos de larga distancia y celulares en La Habana y otras ciudades, así como con el envío de productos y equipos.
“Estamos en presencia de un mercado fragmentado geográficamente en el que la demanda y la oferta se realizan en un lugar (La Florida) y la oferta en otro (Cuba) y ambos están conectados por redes familiares y de amigos (…) Muchos de los negocios de los trabajadores por cuenta propia en la isla –como es el caso de las barberías, alquiler de disfraces y vestidos de boda, restaurantes y otros— obtienen no sólo el capital inicial sino también suministros y sus instrumentos de trabajo a partir de sus relaciones con miembros de la diáspora”, apunta el informe.
En los hechos, las transacciones económicas entre la comunidad cubana en Estados Unidos y sus familiares en la isla acusan las características de una economía de frontera sumergida en ambos lados del Estrecho de La Florida.
“No obstante –advierte el informe—, falta aún perfilar el alcance de las nuevas medidas económicas en Cuba y realizar un estimado de sus posibilidades de éxito”.
Así, señala que en primer lugar el gobierno cubano “debe definir con claridad si el sector no estatal va a desarrollar una economía de subsistencia, restringida a 178 ocupaciones de ámbito muy limitado, o podrá participar en el desarrollo de la economía nacional en un sentido amplio.
“En segundo lugar, debido a la crisis existente de liquidez nacional, se necesita de inyección sustantiva de capital externo al sector emergente para que pueda absorber la fuerza de trabajo que perderá su empleo próximamente”.
El documento sostiene que “una parte del capital financiero, social y humano que necesita el sector emergente de la economía cubana puede provenir de la diáspora”, pues “en las actuales condiciones crediticias que enfrenta el país y teniendo presente que el levantamiento de las sanciones del embargo codificadas en la ley Helms Burton (que incluye la prohibición de viajes de estadunidenses a Cuba) no es probable en el futuro previsible, sólo la diáspora podría aportar capital económico, social y humano con la rapidez necesaria para darle un impulso inicial al sector privado emergente en la isla”.
Pero ello implica que los gobiernos de Cuba y Estados Unidos cambien aquellos aspectos de sus leyes que impidan a los migrantes cubanos hacer inversiones o tener propiedades en su país de origen.
Señala incluso cómo la migración circular, propia de los migrantes temporales, sería benéfica para Cuba.
Explica: “El objetivo general del migrante permanente es triunfar y quedarse en el exterior; el del migrante temporal es adquirir recursos suficientes para retornar, invertirlos y triunfar en su país de origen. El migrante permanente lleva consigo diversas formas de capital que puede no retornar al país de origen y tiende más a traspasarlo a otros familiares una vez que se ha asentado, por lo que el país de origen pierde población y recursos humanos si alienta ese patrón migratorio. El migrante temporal tiene como objetivo adquirir recursos adicionales a los que ya tenía, que luego lleva a su país de origen y no busca trasladar al exterior a familiares adicionales, por lo que el país de origen gana recursos con la migración circular.
“De lo anterior se desprende que las legislaciones que favorecen patrones circulares de migración sobre los permanentes resultan más beneficiosas a los intereses nacionales que las que hacen lo inverso”, señala el documento.
Subraya que la “eventual actualización de las políticas migratorias podría facilitar un proceso de normalización de las relaciones entre la isla y sus diáspora, que le permitiría a la sociedad cubana sacar provecho no sólo del capital financiero, sino también del humano y social, de aquella parte de su población situada más allá de las fronteras geográficas insulares”.
Y remata: “Por largo tiempo predominó el criterio de que cualquier mejora en las relaciones del Estado cubano con su diáspora tendría que esperar por una normalización de las relaciones entre Washington y La Habana. Si alguna vez fue cierta esa tesis, es también razonable considerar hoy lo inverso: la posibilidad de una mejoría en las relaciones bilaterales puede ser facilitada por el avance de las relaciones entre el Estado cubano y su diáspora”.
En contrapartida, el gobierno y el Congreso de Estados Unidos deben aprovechar la coyuntura para eliminar las disposiciones que inhiben el libre contacto entre la comunidad cubana que habita en territorio estadunidense –la cual corresponde a 80% de la diáspora cubana— y su país de origen.
Ello significaría adecuar su política migratoria hacia la isla y excluir del embargo estadunidense hacia Cuba las transacciones económicas que la comunidad cubana realiza con el incipiente sector no estatal de la economía de la isla.
Tales son algunas recomendaciones contenidas en el informe La diáspora cubana en el siglo XXI, elaborado por una comisión de académicos que trabajaron bajo los auspicios del Instituto de Investigaciones Cubanas de la Universidad Internacional de la Florida (FIU, por sus siglas en inglés).
El informe –de 87 páginas, coordinado por el investigador Juan Antonio Blanco– destaca que tanto en Cuba como en su diáspora ha habido cambios significativos que permiten superar la hostilidad y la ignorancia mutua que caracterizó sus relaciones durante el segundo cuarto del siglo XX. Ahora, señala, ambas partes pueden reconocer la oportunidad de construir un futuro compartido aprovechando el talento y las capacidades que ambas partes poseen.
Animosidad
El informe realiza una clasificación de los Estados en función de la relación que han establecido con sus diásporas. Dicha clasificación –ideada por la socióloga Peggy Levitt y la antropóloga Nina Glick Schiller— sirve para comparar el comportamiento de Cuba en este tema con respecto de otros países.
Así, señala, existe el “Estado selectivo estratégicamente”, el cual “promueve la participación de los expatriados en su país de origen, pero no les otorga derechos de ciudadanía ni los incorpora totalmente a los asuntos nacionales.
Aunque este tipo de gobiernos considera a la diáspora como parte de la nación emisora, todavía no ha institucionalizado sus relaciones con sus ciudadanos residentes en el exterior”. Como ejemplos de estos países señala a Haití, Irlanda, Turquía y la India.
Un segundo tipo: El “Estado-nación trasnacional”. Éste “define a los migrantes como miembros a larga distancia de la nación. Les reconocen la doble ciudadanía y los incluyen como parte integrante de sus políticas públicas”. Así, estos países reestructuraron sus burocracias ministeriales y consulares para que trabajen en proteger y apoyar a sus migrantes, les extienden a éstos el derecho de votar fuera de su país y de postularse a cargos públicos; les ofrecen servicios estatales y aplican políticas para reforzarles el sentido de pertenencia a su patria. Ejemplifican este modelo República Dominicana, El Salvador y México.
El tercer tipo, el menos común, es el “Estado desinteresado y denunciante”, el cual “trata a sus emigrados como si ya no pertenecieran a la patria y los tilda a menudo de traidores”. Es el caso de Cuba.
Así, señala el informe, “el gobierno cubano no ha reconocido la doble ciudadanía ni extendido otros derechos legales (como el derecho al voto en el extranjero) a quienes salen de manera definitiva. Oficialmente, un ciudadano cubano que adquiere otra ciudadanía pierde la cubana, aunque en la práctica muchos cubanos residentes en el exterior tengan dos pasaportes. En todo caso, los cubanos residentes en el exterior deben solicitar permiso de entrada”.
Anota que actualmente muchos cubanos pueden vivir temporalmente en el extranjero sin perder el derecho a regresar a Cuba. Entre 1995 y 2004 el gobierno de la isla emitió alrededor de 30 mil Permisos de Residencia en el Exterior (PRE), los cuales se extienden normalmente a los cubanos que viven en Europa y América Latina y rara vez a los que residen en Estados Unidos.
A diferencia de lo que sucede en otros países, como México, “el gobierno cubano no ha autorizado a los emigrados a establecer negocios o comprar propiedades en Cuba, mientras que lo ha permitido a ciudadanos de España, Canadá y otros países”, destaca el documento.
Comenta que la “persistente animosidad” entre el gobierno revolucionario y la diáspora cubana tuvo periodos de relativa relajación. Uno de ellos: a mediados de los noventa, el régimen de La Habana –entonces necesitado de recursos y de romper el aislamiento internacional— hizo esfuerzos por “normalizar” sus contactos con la diáspora.
Creó la Dirección de Asuntos de Cubanos Residentes en el Exterior (posteriormente nombrada Dirección de Asuntos Consulares y de Cubanos Residentes en el Exterior) y realizó los llamados diálogos La nación y la emigración.
Pero, señala el informe, esos esfuerzos “han sido débiles”. Todavía “muchos funcionarios cubanos perciben a los exiliados como enemigos y se refieren a los cubanos de Miami como ‘la mafia cubanoamericana’. A su vez, la mayoría de los exiliados considera al gobierno de los Castro una dictadura despiadada”.
El factor Washington
El documento apunta un hecho paradójico: cuando el gobierno cubano alentó ciertos contactos de cubanoamericanos con la isla, Washington tendió a disuadirlos. Expone que entre 2004 y 2008, el entonces presidente George W Bush impuso “restricciones draconianas sobre las remesas y las visitas cubanoamericanas”, el grueso de las cuales fueron eliminadas por la administración de Barack Obama.
Y es que, apunta el documento, la migración cubana ha quedado atrapada en el añejo diferendo político entre los gobiernos de la isla y de Estados Unidos.
Expone: “Desde la década de los sesenta, el gobierno cubano consideró a los exiliados como traidores a la patria y recurrió a la emigración para expulsar a sus opositores. A su vez, el gobierno de Estados Unidos alentó el éxodo cubano como recurso simbólico de la Guerra Fría (…) Tales políticas militaron contra los lazos entre cubanos de fuera y dentro de la isla. Los viajes, el correo y el servicio telefónico entre ambos países se hicieron esporádicos, costosos y complicados”.
Expone que actualmente “los cubanos requieren de permisos gubernamentales para emigrar e incluso para viajar. Si salen sin el permiso correspondiente o éste se vence antes de que hayan retornado a la isla, se les puede considerar ‘desertores” y ya no se les permite regresar a vivir al país donde nacieron, al cual en adelante apenas podrán visitar por un mes si se les otorga la visa correspondiente”.
Explica: “Cuando un cubano decide aventurarse a emigrar, su proyecto se transforma en una experiencia permanente de vida en la cual le está vedada la posibilidad de un patrón migratorio circular. En tales casos, todas sus pertenencias –desde una casa hasta una bicicleta o un juego de mesa— son confiscadas por el Estado”.
Describe los obstáculos que enfrentan los emigrados que desean mantener contacto con la isla: los costos por las llamadas telefónicas son los más altos del hemisferio; no pueden comunicarse a través del Internet porque sólo 2.9% de la población tiene acceso a este servicio, el cual es controlado por el gobierno; los trámites para obtener visados y la documentación necesaria para viajar a la isla son engorrosos y muy caros (un pasaporte, 400 dólares; extender su vigencia por seis años, 730 dólares); “los pasajes para volar a Cuba desde el aeropuerto estadunidense más cercano, en Miami, y recorrer una distancia inferior a las 100 millas, promedian 300 y hasta 600 dólares, o más, según la temporada. Por esa cifra es posible obtener vuelos promocionales desde ese mismo aeropuerto a Barcelona”.
Señala una de las razones de la Ley del Ajuste Cubano: esa “desventaja excepcional en el punto de partida (Cuba) de los emigrantes cubanos, fue lo que condujo al otorgamiento de ventajas excepcionales en su principal punto de llegada (Estados Unidos)”.
Así, “de entre esa masa de cubanos, el gobierno de Estados Unidos no podía seleccionar a quiénes deseaba dar la bienvenida y a quiénes prefería deportar a Cuba, porque el gobierno de la isla no los recibiría de vuelta, como ocurre con los inmigrantes indocumentados de otras nacionalidades”. Optó entonces por ‘ajustar’ la situación migratoria de los cubanos con el propósito de que no quedaran en un limbo legal”.
Pero desde entonces “el gobierno cubano no ha actualizado sus leyes para normalizar los procesos migratorios y las relaciones del país con su diáspora”. Sostiene que “una normalización de este tipo facilitaría, a su vez, que el gobierno de Estados Unidos regularizara los procesos migratorios con Cuba, incluyendo un acuerdo sobre deportaciones, y se posibilitaría así la revisión de la Ley de Ajuste Cubano a fin de poner término al incentivo migratorio que esa legislación conlleva”.
“Economía de frontera”
El informe destaca que tanto Cuba como su diáspora han sufrido cambios significativos que les permiten a ambas establecer un esquema de cooperación para obtener una “utilidad compartida”.
Expone que en Estados Unidos radican 1.7 millones de cubanos. Es el tercer grupo de habitantes de origen hispano en ese país; 58% de ellos habla inglés de manera fluida, una cuarta parte tiene título universitario y en el 2000 sus ingresos por familia promediaban los 30 mil dólares anuales y el total de sus empresas y propiedades rondaría en los 40 mil o 50 mil dólares.
Más: 58.2% son ciudadanos estadunidenses, por lo que pueden votar en este país. En La Florida –donde se concentra el grueso de ellos— sólo dos de los 13 representantes hispanos no son de ascendencia cubana. La presencia de legisladores cubanos en ambas cámaras del Congreso federal, junto con organizaciones que realizan un efectivo cabildeo, los convierte en factor a la hora en que los gobiernos demócratas o republicanos diseñan su política hacia la isla.
En suma, se trata de una comunidad con preparación profesional, capacidad económica e influencia política.
El estudio destaca que la comunidad cubana en Estados Unidos “se ha transformado demográficamente a lo largo de cinco décadas y hoy profesa un interés mayor por mantener y ampliar vínculos con familiares y amigos de su país de origen.
“En ese sentido –subraya— es mucho menos favorable a la aplicación de estrategias violentas o aislacionistas que medio siglo atrás, cuando parte de la comunidad se involucraba en acciones armadas contra el gobierno de La Habana o impulsaba sanciones que limitaran todo tipo de vínculos con la isla”.
Cita dos encuestas realizadas por la Universidad Internacional de la Florida. En la primera, realizada en 1993, 87% de los encuestados favorecía el incremento de la presión económica sobre Cuba y 73% se pronunciaba por una acción armada de exiliados contra el gobierno de la isla. En la segunda, realizada en 2008, sólo 45% favorecía mantener el embargo contra Cuba y 55% se oponía; y 65% se pronunciaba por el restablecimiento de relaciones diplomáticas de Estados Unidos con Cuba y sólo 35% se oponía.
Al mismo tiempo, el informe llama la atención sobre las declaraciones del presidente Raúl Castro en el sentido de mejorar la situación económica de la isla y de cambiar la actitud oficial hacia el sector no estatal de la isla. De hecho, amplió a 178 las actividades privadas a las pueden dedicarse los llamados trabajadores por cuenta propia.
Incluso, el documento destaca que el 1 de agosto pasado Raúl Castro anunció ante el Parlamento de la isla que el gobierno trabaja en actualizar su política migratoria, aunque hasta la fecha no ha aplicado ninguna medida en esta materia.
El informe subraya que, en los hechos, un sector de la diáspora se ha integrado al sector no estatal de la economía cubana, pues ha inyectado capital con sus viajes a la isla, remesas monetarias, pagos de servicios telefónicos de larga distancia y celulares en La Habana y otras ciudades, así como con el envío de productos y equipos.
“Estamos en presencia de un mercado fragmentado geográficamente en el que la demanda y la oferta se realizan en un lugar (La Florida) y la oferta en otro (Cuba) y ambos están conectados por redes familiares y de amigos (…) Muchos de los negocios de los trabajadores por cuenta propia en la isla –como es el caso de las barberías, alquiler de disfraces y vestidos de boda, restaurantes y otros— obtienen no sólo el capital inicial sino también suministros y sus instrumentos de trabajo a partir de sus relaciones con miembros de la diáspora”, apunta el informe.
En los hechos, las transacciones económicas entre la comunidad cubana en Estados Unidos y sus familiares en la isla acusan las características de una economía de frontera sumergida en ambos lados del Estrecho de La Florida.
“No obstante –advierte el informe—, falta aún perfilar el alcance de las nuevas medidas económicas en Cuba y realizar un estimado de sus posibilidades de éxito”.
Así, señala que en primer lugar el gobierno cubano “debe definir con claridad si el sector no estatal va a desarrollar una economía de subsistencia, restringida a 178 ocupaciones de ámbito muy limitado, o podrá participar en el desarrollo de la economía nacional en un sentido amplio.
“En segundo lugar, debido a la crisis existente de liquidez nacional, se necesita de inyección sustantiva de capital externo al sector emergente para que pueda absorber la fuerza de trabajo que perderá su empleo próximamente”.
El documento sostiene que “una parte del capital financiero, social y humano que necesita el sector emergente de la economía cubana puede provenir de la diáspora”, pues “en las actuales condiciones crediticias que enfrenta el país y teniendo presente que el levantamiento de las sanciones del embargo codificadas en la ley Helms Burton (que incluye la prohibición de viajes de estadunidenses a Cuba) no es probable en el futuro previsible, sólo la diáspora podría aportar capital económico, social y humano con la rapidez necesaria para darle un impulso inicial al sector privado emergente en la isla”.
Pero ello implica que los gobiernos de Cuba y Estados Unidos cambien aquellos aspectos de sus leyes que impidan a los migrantes cubanos hacer inversiones o tener propiedades en su país de origen.
Señala incluso cómo la migración circular, propia de los migrantes temporales, sería benéfica para Cuba.
Explica: “El objetivo general del migrante permanente es triunfar y quedarse en el exterior; el del migrante temporal es adquirir recursos suficientes para retornar, invertirlos y triunfar en su país de origen. El migrante permanente lleva consigo diversas formas de capital que puede no retornar al país de origen y tiende más a traspasarlo a otros familiares una vez que se ha asentado, por lo que el país de origen pierde población y recursos humanos si alienta ese patrón migratorio. El migrante temporal tiene como objetivo adquirir recursos adicionales a los que ya tenía, que luego lleva a su país de origen y no busca trasladar al exterior a familiares adicionales, por lo que el país de origen gana recursos con la migración circular.
“De lo anterior se desprende que las legislaciones que favorecen patrones circulares de migración sobre los permanentes resultan más beneficiosas a los intereses nacionales que las que hacen lo inverso”, señala el documento.
Subraya que la “eventual actualización de las políticas migratorias podría facilitar un proceso de normalización de las relaciones entre la isla y sus diáspora, que le permitiría a la sociedad cubana sacar provecho no sólo del capital financiero, sino también del humano y social, de aquella parte de su población situada más allá de las fronteras geográficas insulares”.
Y remata: “Por largo tiempo predominó el criterio de que cualquier mejora en las relaciones del Estado cubano con su diáspora tendría que esperar por una normalización de las relaciones entre Washington y La Habana. Si alguna vez fue cierta esa tesis, es también razonable considerar hoy lo inverso: la posibilidad de una mejoría en las relaciones bilaterales puede ser facilitada por el avance de las relaciones entre el Estado cubano y su diáspora”.
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