Irak, Egipto y la responsabilidad de Washington
Ayer, tres días después de que concluyó oficialmente el retiro de
tropas estadunidenses en Irak tras casi nueve años de ocupación, el gobierno de
Washington solicitó al primer ministro de ese país, Nuri al Maliki, que adopte
las medidas de consenso necesarias para evitar la desintegración política de la
nación árabe. Tal llamado se produce luego de que Maliki –de procedencia chiíta–
ordenó la detención del vicepresidente Tariq al-Hachemi, el más alto cargo
sunita, por presuntos actos de terrorismo. A tal acusación siguió un amago del
propio premier iraquí a los dirigentes de la región autónoma de Kurdistán, en
donde presumiblemente se oculta Al-Hachemi, para exigirles que entreguen al
todavía vicepresidente, así como la amenaza de romper el gobierno de unidad
nacional para constituir otro mayoritariamente chiíta.
Así pues, en sentido contrario de las afirmaciones formuladas hace unos días
por el presidente de Estados Unidos, Barack Obama, quien dijo que las tropas de
su país se aprestaban a abandonar un Irak
estable y autosuficiente, la nación árabe enfrenta la perspectiva de la reactivación de conflictos sectarios que en el pasado reciente se saldaron con miles de muertos y episodios de limpieza étnica.
En tanto, en Egipto, el inicio de la segunda fase de las elecciones
legislativas –las primeras tras la caída de Hosni Mubarak– estuvo marcado por
los enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas de seguridad en El Cairo y en
otras ciudades, así como por la violencia represiva que causó la muerte de al
menos 15 personas en los cinco días recientes.
En ambos países, el clima de crispación política y social ha tenido como
correlato un avance o reforzamiento de expresiones políticas asociadas al
fundamentalismo islámico: en el caso de Irak, las organizaciones chiítas
opuestas al extinto partido laico Baaz –predominantemente sunita, y sostén
principal del depuesto régimen de Saddam Hussein–, y, en el de Egipto, los
Hermanos Musulmanes y el partido de los salafistas (integrista), triunfadores en
la primera fase electoral con 36 y 24 por ciento de los votos, respectivamente.
Y, por más que esa perspectiva resulte indeseable y riesgosa para la plena
democratización y el respeto a las libertades civiles en esos países, no puede
dejar de señalarse la responsabilidad –ya sea por acción o por omisión– que
tiene el gobierno de Washington en ambos casos.
En Irak, la invasión ilegal, injustificable y bárbara emprendida por George
W. Bush, y continuada durante los tres primeros años de la presidencia de Obama,
no sólo dejó incalculables pérdidas materiales y un saldo de muertes que se
cuenta por cientos de miles, sino que agitó el avispero de la violencia sectaria
a raíz de las componendas entre la potencia invasora y una de las facciones en
pugna, y convirtió a esa nación en un polvorín regional.
Por lo que hace a Egipto, el respaldo brindado por la Casa Blanca al régimen
de Mubarak durante casi tres décadas, la tolerancia mostrada hacia el gobierno
de El Cairo incluso una vez que inició la revuelta –a principios de este año– y
las respuestas elusivas y erráticas ante la violencia ejercida por los militares
egipcios en contra de la población, han propiciado, según puede verse, que los
ciudadanos de esa nación vean en los fundamentalistas la única opción viable y
articulada al autoritarismo institucional aún vigente.
En suma, la lamentable circunstancia por la que atraviesan Irak y Egipto pone
de manifiesto las consecuencias indeseables de la doble moral de Estados Unidos
y sus aliados.
G-20: de Cannes a Los Cabos
Jorge Eduardo Navarrete /III
Una presidencia descarrilada. La responsabilidad del gobierno
mexicano como presidente pro tempore del Grupo de los Veinte se inició
el primero de diciembre. Dos semanas después dio sus primeras señales con un
desangelado seminario, celebrado el 13 y 14 en esta ciudad, al que parecen haber
asistido los viceministros de Finanzas y un cierto número de funcionarios de
nivel medio de organismos financieros internacionales. El 14 y el 15, los
sherpas viajaron a Cancún y deliberaron
por primera vez bajo la presidencia mexicana. En esos días por fin apareció la página web oficial respectiva: www.g20mexico.org. Al momento de la consulta (ayer) contenía tres noticias, un video y ocho tuits, cuatro de ellos del mismo funcionario de la cancillería, recogidos en @g20mexico. Parece más bien un portal publicitario, con profusión de fotos y discursos de personeros mexicanos. Se recoge el texto íntegro de las intervenciones de Calderón y Meade en el seminario, pero no un sumario de los debates ni un asomo a las conclusiones. Tampoco se encuentra, como es usual, la lista de delegados. El seminario, titulado Los Retos Actuales para el Crecimiento Económico Mundial (así, con cinco mayúsculas innecesarias) concluyó, según Meade, en
la necesidad de instrumentar reformas estructurales para incrementar el potencial de crecimiento de las economías, a través de una mayor productividad e inversión privada. El discurso de Calderón, quien clausuró el seminario, se extendió por 25 minutos y 3 mil 600 palabras que sirvieron para presentar las cinco prioridades de la agenda mexicana para el G-20 en 2012. Éstas fueron reiteradas a los sherpas en Cancún, en una enumeración menos verbosa (83 palabras). Recuérdese que sólo se contaba con una versión casi incomprensible de esas prioridades proferida por Calderón en Cannes en su conferencia de prensa al término de la cumbre de noviembre. Debe agradecerse que se hayan por fin formulado con cierta claridad. Sin embargo, son prioridades que, en su contenido y en su contexto, apuntan hacia acciones y políticas erradas que, lejos de favorecer la reactivación económica y el abatimiento del desempleo, provocarían la profundización del estancamiento y prolongarían la desocupación. Son las prioridades de una presidencia descarrilada.
Sigamos la pista de las cinco prioridades. Primera, promover la
estabilización económica y las reformas estructurales para el crecimiento y el
empleo. Esta fórmula trastoca el orden de los factores, introduce otros y,
por tanto, altera el producto. En el comunicado final de Cannes (párrafo 3) se
reafirmó el compromiso de
revigorizar el crecimiento económico, crear empleos, asegurar la estabilidad financiera, fomentar la inclusión social y hacer que la globalización atienda a las necesidades de la gente. La estabilización económica no se consigue antes de recuperar el crecimiento sostenido. Es el crecimiento el que proporciona empleos y da base a la estabilidad. Además, eliminar de esta prioridad las cuestiones de inclusión social y reforma de la globalización impone una visión estrecha y miope de los objetivos y de las políticas para alcanzarlos. Por otra parte, la referencia a las
reformas estructurales, ausente del comunicado de Cannes, es una adición que pretende dar rango global a las obsesiones del gobierno mexicano con las reformas laboral y energética, entre otras.
Segunda, promover el fortalecimiento de los sistemas financieros y
fomentar la inclusión financiera para impulsar el crecimiento económico. En
Cannes se había mencionado que México enfatizaría
el tema de la regulación financiera. Ahora, al plantear esta segunda prioridad, se afirma que
la crisis se originó, en buena medida, por decisiones no muy precisas, por la incursión desmedida en riesgos por parte de entidades financieras a nivel global, por, quizá, deficiencias en el diseño que pudieran contener todas esas decisiones de riesgos en secuencia que, finalmente, sus consecuencias catastróficas en 2009 no fueron previstas a tiempo y es tiempo de rediseñar todos esos mecanismos. En lugar de este galimatías, se podría haber dicho que la crisis se originó en los excesos de la especulación financiera desregulada. No se hizo referencia alguna a los mandatos que, en esta materia, provienen de la cumbre de Cannes. Todos ellos, en especial el relativo a un impuesto sobre transacciones financieras, repugnan a la elite financiera mexicana y no cabe esperar que se impulsen en ningún sentido para la cumbre de Los Cabos.
Tercera, mejorar la arquitectura financiera internacional en una economía
global, que está totalmente interconectada. Se habla de llevar adelante los
procesos de reforma de los organismos financieros internacionales, de dotarlos
de recursos bastantes para hacer frente a las exigencias de la crisis, de
extender la supervisión del FMI a las economías europeas y de
prevenir crisis financieras futuras(prevenir las pasadas es un poco más difícil). No hay precisión en los señalamientos. No se menciona el orden de magnitud de los recursos requeridos, ni el alcance y oportunidad de las reformas a los mecanismos de toma de decisiones de los OFI.
El imperio de la vaguedad, con permiso de Arturo Ripstein.
Cuarta, seguridad alimentaria. Se introduce señalando que es un tema
de especial preocupación para México y se argumenta que las políticas monetarias
anticíclicas trasladan poder de compra a los mercados de commodities y
se convierten en políticas recesivas, con lo cual
podemos entrar a paradojas muy difíciles. De nuevo, la declaración de Cannes es muy clara: a) mejorar la regulación de los mercados de instrumentos financieros vinculados a los productos básicos; b) realizar inversiones para elevar la producción, que es la clave para alimentar a la población del planeta, y c) desarrollar instrumentos de manejo de riesgos y herramientas para enfrentar las emergencias humanitarias, a fin de mejorar la seguridad alimentaria. Lo paradójico es ignorar este tipo de planteamientos a fin de condenar las políticas expansionistas.
Quinta, alentar el desarrollo sustentable. Se propondrá
un diseño integral, una agenda de infraestructura, de eficiencia energética, de crecimiento verde y de financiamiento del desarrollo sustentable. Hubiera sido deseable proponer también la forma en que el G-20 puede contribuir a los objetivos de la Convención Marco de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, a la luz de la COP-17 y sus secuelas. Proponer cómo asegurar que el G-20 estimule y facilite los acuerdos del conjunto de partes contratantes de la convención. Más allá de lamentar el hecho, ¿puede el G-20 pasar por alto que uno de sus miembros decida retirarse unilateralmente del Protocolo de Kyoto y continuar proclamando que las preocupaciones ambientales son una de sus mayores prioridades?
En suma, cinco prioridades distintas y una falta de rumbo verdadera.
Libro denuncia privatizaciones y molesta a los medios de
Brasil
Marco Aurélio Weissheimer*
El libro A privataria tucana**, del periodista Amaury
Ribeiro Junior, trajo de vuelta al debate político brasileño el proceso de
privatizaciones liderado por el gobierno del ex presidente Fernando Henrique
Cardoso. Producto de 12 años de trabajo, el libro denuncia la existencia de un
esquema de corrupción y lavado de dinero que habría sido armado alrededor de
importantes líderes del Partido de la Social Democracia Brasileña (PSDB), entre
ellos el ex ministro de Planeamiento y de Salud, ex gobernador de Sao Paulo y ex
candidato a presidente de la República José Serra, que en el gobierno de
Fernando Henrique Cardoso, comandó, como ministro de Planeamiento, el proceso de
privatizaciones, especialmente en el sector de las telecomunicaciones.
El libro se transformó en un fenómeno en las redes sociales y una piedra en
el zapato de la prensa brasileña. A pesar de haberse agotado la primera edición,
de 15 mil ejemplares en cerca de cuatro días, los principales vehículos de
comunicación del país adoptaron un silencio ensordecedor sobre el tema. Sólo en
los últimos días, una semana después que el libro se convirtió en uno de los
temas más debatidos en Internet, los llamados grandes medios comenzaron a hablar
del libro de manera un tanto insólita, a saber, priorizando la versión de los
acusados.
Hasta el último viernes, según informaciones de la editorial Geração, unos 50
mil ejemplares ya habían sido vendidos –en siete días– y otros 30 mil están
llegando a las librerías en los próximos días.
Publicado por Geração Editorial, el libro de 343 páginas relata lo que llama
“verdadera piratería practicada con dinero público en beneficio de fortunas
privadas, por medio de las llamadas offshores, empresas de fachada del
Caribe, región tradicional e históricamente dominada por la piratería”. La
publicación tiene un elemento explosivo adicional, relacionado con las disputas
internas en el PSDB. El autor dice que el punto de partida de la investigación
ocurrió cuando trabajaba en el diario Estado de Minas y recibió la
misión de hacer un reportaje investigativo sobre una red de espionaje que habría
sido estimulada por José Serra para producir un dossier en contra del
ex gobernador de Minas Gerais Aécio Neves, que estaría manteniendo algunos
romances discretos en Río de Janeiro. Ese dossier tendría la finalidad
de desacreditar a Aécio Neves en la disputa interna con Serra, por la indicación
del candidato del PSDB a las elecciones presidenciales de 2010.
Esa pauta inicial, relata Ribeiro Junior, terminó conduciéndolo a una
investigación mucho más amplia, implicando a Ricardo Sérgio de Oliveira, ex
tesorero de las campañas de José Serra, y Fernando Henrique Cardoso, el propio
Serra y tres de sus parientes: Verónica Serra, su hija, el yerno Alexandre
Bourgeois y el primo Gregorio Marín Preciado. El resultado de esa investigación
es un relato sobre la trayectoria que habría sido recorrida por el dinero
ilícito, de las offshores y las empresas de fachadas en Brasil, y la
consecuente
internaciónde ese dinero que habría ido a parar en las fortunas personales de los implicados.
La investigación del periodista terminó alcanzando también al Partido de los
Trabajadores (PT). En el último capítulo, Amaury Ribeiro Junior relata un
episodio de espionaje interno de la campaña presidencial de 2010, que habría
sido montado por el actual presidente del partido, Rui Falcão, para derribar al
grupo ligado a Fernando Pimentel, actual ministro del Desarrollo, Industria y
Comercio Exterior. Además de eso, indica que el PT, en el primer año del
gobierno de Luiz Inácio Lula da Silva habría retrocedido en las investigaciones
de la Comisión Parlamentaria de Investigación (CPI) del Banco del Estado de Sao
Paulo (Banestado), que investigaba la existencia de esquemas de lavado de
dinero, involucrando a importantes figuras de la vida política brasileña.
Pero el tema central del libro es realmente el proceso de privatizaciones,
que ya fue objeto de varias denuncias en los últimos años, pero nunca con la
mucha documentación presentada por Amaury Ribeiro Junior Una gran parte de esos
documentos tiene como origen la CPI del Banestado, que suministró informaciones
sobre la existencia de un proceso de lavado de dinero que habría sido obtenido
ilegalmente de las privatizaciones. Ese es el punto de partida del texto, que se
extiende hasta las elecciones presidenciales del año pasado.
El comportamiento silencioso es diferente del adoptado por los medios
brasileños en los últimos meses, que se dedicaron a la publicación de sucesivas
denuncias contra ministros del gobierno de la presidenta Dilma Rousseff. En su
gran mayoría, basadas en afirmaciones hechas por terceros, esas denuncias no
siguieron la regla que ahora los grandes medios dicen utilizar para adoptar una
posición de cautela con respecto al libro:
Necesitamos averiguar la veracidad de las denuncias antes de publicar algo.
Sin embargo, la aplastadora presión del tema a través de redes sociales,
blogs, portales de izquierda y la revista Carta Capital –que publicó su
nota de tapa sobre el libro–, terminó por producir fisuras en el bloqueo de los
medios. El jueves (15) el periódico Folha de Sao Paulo, ligado a Serra,
publicó una nota sobre el tema, destacando las declaraciones de los acusados que
buscan descalificar al periodista y sus denuncias. En el mismo día,
coincidentemente, el ex presidente Fernando Henrique Cardoso y el PSDB
divulgaron una nota oficial calificando las denuncias como
calumniosas.
Mientras tanto, en la Cámara de Diputados Protógenes Queiroz anunció el
jueves haber obtenido las 173 firmas necesarias para instalar una comisión
parlamentaria de investigación de la Privataria Tucana, destinada a
investigar fraudes en el proceso de privatizaciones del gobierno de Fernando
Henrique Cardoso. El pedido será protocolado la semana próxima.
* Editor jefe de Carta Maior
** Privataria Tucana es un neologismo que mezcla las palabras
privatización más piratería, y tucana se refiere al pájaro tucán,
símbolo del PSDB
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