Llevar al ex presidente a tribunales por crímenes de guerra y de lesa humanidad sienta precedente- Periodismo en la narcoviolencia

Periodismo en la narcoviolencia

El Ejército prefiere a los criminales muertos que encarcelados: periodista

Hay testimonios de que en ocasiones dan el tiro de gracia a los presuntos delincuentes

Los comunicadores se encuentran entre dos fuegos por el combate gubernamental a los narcotraficantes y la violencia del narco

La experiencia de ejercer por años el periodismo permite a Abisaí Jasiel Rubio Curiel afirmar que escribir las palabras tráfico o “narco” puede costar la vida a comunicadores. A la izquierda, un militar vigila los alrededores de un narcorancho, cerca de MonterreyFoto Reuters

La presencia de periodistas no es bien vista por los uniformados. Nos consideran enemigos, expresa Rubio Curiel, por lo que se sienten atrapados entre la violencia de los criminales y las tareas de los militaresFoto Reuters

Sanjuana Martínez

Periódico La Jornada
Viernes 30 de diciembre de 2011, p. 2

Nuevo Laredo, Tamps., 29 de diciembre. Es difícil ser periodista en México y cubrir la guerra contra el narco, particularmente en la zona fronteriza. Abisaí Jasiel Rubio y Antonio Neftalí Gómez, agredidos por elementos del Ejército, lo saben y sufren los estragos de estar situados entre dos fuegos: la violencia del Estado y la del crimen organizado.

Hace año y medio acudieron a cubrir una movilización militar relacionada con la narcoguerra en la autopista. Fueron los primeros en llegar, se situaron en la vía pública, pero tres soldados se abalanzaron sobre ellos, los agredieron física y verbalmente, y les rompieron la cámara fotográfica. La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) es la entidad con más demandas ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), con más de 20 mil expedientes de queja durante 2011.

El ataque a los periodistas fue documentado gráficamente y eso ayudó para que la CNDH asumiera el caso, aunque tardó 18 meses en emitir la recomendación 60/2011, dirigida a la Sedena, por agravio y violación a los derechos humanos: Hemos sentado un precedente. Afortunadamente lo podemos contar. Los soldados que nos golpearon y encañonaron en ningún momento mediaron palabra, dice Abisaí Jasiel Rubio Curiel, director de la empresa de medios Rubios News.

Por segundo año consecutivo, México fue señalado como el país más peligroso para ejercer el periodismo, según el reciente informe de Campaña Emblema de Prensa (CEP), organización no gubernamental con estatuto consultivo de la Organización de Naciones Unidas (ONU), que sitúa en 12 los periodistas asesinados en este país durante 2011.

Sangre, plumas y grabadoras

En Nuevo Laredo reina la paz del narco con decenas de muertos. El silencio y la autocensura son la constante. Los asesinatos de periodistas tienen imágenes de barbarie, como la decapitación de María Elizabeth Macías, cuyo cuerpo fue dejado en el Monumento a Colón y su cabeza encima de una esfera de cemento junto a un teclado de computadora con el mensaje: Esto me pasó por mis acciones, por informar a Sedena y Marina... Zzzzz.

La historia de atrás del asesinato de La Nena de Nuevo Laredo, seudónimo que utilizaba Elizabeth Macías Castro, no fue publicada en los medios locales. El miedo y las amenazas han provocado silencio y autocensura: Fue una intimidación para todos. Nosotros usamos nuestro nombre y apellido, tenemos familia, hijos, esposa y nos tienen plenamente identificados. Nos ubican. Saben a qué colegio van nuestros hijos, saben dónde vivimos... Si eso les pasa a los que escriben con seudónimo, nosotros somos un blanco más vulnerable, dice Rubio Curiel.

Elizabeth Macías Castro tenía 39 años, madre de un pequeño. Había trabajado en El Mañana de Nuevo Laredo y posteriormente se incorporó como jefa de redacción del diario Primera Hora, propiedad del alcalde Benjamín Galván Gómez, y era administradora del portal Nuevo Laredo en vivo. El periódico era utilizado para dar pitazos a los militares, policías y marinos sobre acontecimientos relacionados con la lucha por la plaza, actualmente en poder de Los Zetas.

Trece días antes aparecieron un hombre y una mujer de 28 y 25 años, respectivamente, colgados de un puente peatonal ubicado en la carretera al aeropuerto y Los Mayas. Ambos escribían en blogs sobre actividades del crimen organizado, concretamente en las páginas web Al rojo vivo y El Blog del narco.

“Es muy difícil la cobertura de la guerra contra el narco, porque los periodistas no tenemos garantías. Por un lado estamos a merced del crimen organizado y por el otro lado de la violencia del Estado. Quedamos en medio de un fuego cruzado”, comenta Rubio Curiel y afirma que los criminales tiene sus propios métodos para identificar a los periodistas, aunque usen seudónimo.

Añade: Ellos tienen un equipo de contrainteligencia, así como el gobierno lo tiene. Ellos investigan e identifican los IP que toda computadora tiene y de allí ubican a los periodistas. También van metiendo infiltrados en el gremio, que después delatan a los compañeros.

El pasado 9 de noviembre apareció muerto otro bloguero a quien se identificó únicamente como El rascatripas. Los “tuiteros de los hashtags del noreste de México” se pronunciaron en un manifiesto contra los asesinatos: Somos un grupo de ciudadanos de buena fe que pretendemos hacer algo para protegernos y proteger nuestra comunidad ante tanta violencia y que, ante la nula comunicación que hay por parte de las autoridades, municipales, estatales y federales respecto a informarnos de actos violentos, en el momento oportuno, nosotros nos vemos precisados a cubrir ese vacío, ese silencio.

Durante los gobiernos panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón han sido asesinados 87 periodistas, 17 permanecen desaparecidos y una veintena ha decidido exiliarse en los dos meses recientes. Organizaciones de protección a los informadores, como Artículo 21, han señalado que 60 por ciento de las agresiones contra los comunicadores provienen del Estado. Reporteros Sin Fronteras ha advertido en su último informe la situación límite que vive esta actividad profesional en México: “Son crímenes cada vez más abominables. No se vislumbra ninguna salida al terror, mientras el país se hunde en una guerra total, en la que tan sólo escribir las palabras ‘tráfico’ o ‘narcos’ puede costar la vida. ¿Qué quedará de la libertad de información mientras duren la barbarie y la impunidad?”

En el caso de Tamaulipas, dice Rubio Curiel, es peor, porque, según los informes de organismos como la ONU, es el único estado de América Latina donde no hay oportunidad de ejercer el periodismo libre: Así lo estamos viviendo todos los periodistas y todos los medios. Se reportea con la autocensura y autoprotección. Tenemos nuestros limitantes, sabemos qué podemos hacer y qué no, para no poner en riesgo nuestra vida, pero hay que autocensurarse para sobrevivir. No hay otra forma. Es autoprotección. ¿A quién recurrimos? ¿Al Ejército? Son ellos los que nos agreden. ¿La policía? No hay policía municipal, no tenemos quien pueda garantizar mis derechos constitucionales para ejercer la libertad de expresión.

Más de 90 por ciento de los asesinatos de periodistas en México no son resueltos, y añade: No hay voluntad política para resolver los casos. Cuando matan un periodista dicen que fue porque tenía un amante, era homosexual, usaba drogas o debía dinero. Enlodan a los compañeros para evadir la responsabilidad del Estado.

Nos ven como enemigos

La agresión contra los periodistas de Nuevo Laredo documentada por la CNDH fue aceptada gracias a la existencia de tres videos que ofrecen de manera detallada la violencia de los soldados. Rubio Curiel los va mostrando uno por uno y advierte: Nos ven como enemigos y se van sobre nosotros. Aquí ha sido recurrente agravio hacia los reporteros: no nos permiten grabar. Los militares no está preparados para tratar a los periodistas. No ponen un acordonamiento en las escenas del crimen. Por un lado existen las amenazas y por el otro las agresiones, y no podemos ejercer un periodismo real en estos tiempos, porque ni un bando ni otro en esta guerra nos permite actuar o realizar nuestra función.

Y hay algo más, comenta: El Ejército prefiere a los delincuentes muertos, antes que mantenerlos en la cárcel. Ahorita están disparando a matar, los acribillan e incluso hay testimonios de cómo les dan el tiro de gracia.

Añade: “El otro día un vehículo que era perseguido por soldados donde iban cinco personas se impactó en una casa del Infonavit; entraron por una ventana y las paredes les impedían salir, no podían abrir las puertas. Entrevistamos a la señora de la casa y nos dijo que los jóvenes gritaban: nos rendimos, nos rendimos, pero los soldados les dispararon hasta que acribillaron a los cinco dentro de la camioneta. Los mataron. Actualmente la ley de los militares es clara: si es delincuente, mátalo. Cuesta menos muerto que vivo. Primero matan, luego averiguan. Y no quieren que informemos eso”.

La relación entre los periodistas que cubren la narcoguerra y el Ejército esta llena de roces, agresiones y amenazas: El hecho de que lleguemos los limita.

El otro periodista agredido por los militares hace año y medio, Neftalí Antonio Gómez, de Radio Voz, cuenta que tras los golpes llegó una frase contundente de uno de los soldados sin identificar: Ya valiste madre, me dijo y me encañonó. Me temblaron las piernas y las manos. Sentí miedo, de hecho pensé que iba a morir. Me sometieron y me tiraron al piso, me quitaron la grabadora y la lanzaron contra el pavimento. La quebraron. No se por qué me agredieron. Los periodistas sólo tenemos cámaras, grabadoras, plumas y micrófonos, no vamos armados”.

Tiene 23 años y cuestiona el hecho de que las fuerzas de seguridad del Estado se nieguen a identificarse y anden con capucha: Antes veía al Ejército y me sentía seguro. Ahora los ves y no sabes si te van a cuidar o agredir. Nosotros los respetamos, pero ellos no respetan a los periodistas. Lo único que pedimos es que nos dejen trabajar, que haya libertad de expresión, de información, de prensa. Nosotros sí andamos identificados, ¿cuál es el problema?

Historia del campo mexicano-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

No se ha prestado debida atención a esa circunstancia, advierte Gilberto López y Rivas

Demanda civil contra Zedillo, basada en conclusión de la fiscalía sobre Acteal

Llevar al ex presidente a tribunales por crímenes de guerra y de lesa humanidad sienta precedente

Fernando Camacho Servín

Periódico La Jornada
Viernes 30 de diciembre de 2011, p. 9

La demanda civil presentada en Estados Unidos contra el ex presidente Ernesto Zedillo, por crímenes de guerra y de lesa humanidad cometidos en la masacre de Acteal, se basa en un documento de la fiscalía especializada que investigó el tema, en el cual se concluyó que el entonces jefe del Poder Ejecutivo y otros altos funcionarios son responsables por el crimen, aspecto que no ha sido suficientemente destacado por la prensa ni por los sectores que demandan justicia.

Así lo afirmó el analista político Gilberto López y Rivas, quien consideró que esta acción, aun si sólo buscara una indemnización económica, puede servir de precedente para impulsar la demanda contra Felipe Calderón ante la Corte Penal Internacional.
Como se informó en estas páginas (La Jornada, 20 de septiembre, y 20 y 22 de diciembre de 2011), un grupo de familiares de víctimas de la matanza –presuntamente escindidos del colectivo Las Abejas– interpuso de forma anónima el 16 de septiembre una demanda civil contra Zedillo ante una corte de distrito del estado de Connecticut, Estados Unidos, donde reside hoy el ex mandatario.
En el documento, presentado por el bufete de abogados Rafferty, Kobert, Tenenholtz, Bounds & Hess, con sede en Miami, se afirma que Zedillo tenía responsabilidad de mando en su calidad de comandante supremo de las fuerzas armadas, por ordenar, participar y conspirar en la ejecución de la masacre, y su posterior encubrimiento.
Las Abejas, por su parte, desmintieron que hubieran interpuesto la demanda, porque para nosotros sólo busca el olvido y la burla a la memoria y dignidad de nuestros hermanos y hermanas masacradas. Estas personas quieren vender la sangre de nuestros muertos, porque la demanda sólo es de carácter civil, no penal (acteal.blogspot.com).
Al respecto, López y Rivas indicó que buscar una reparación económica es inadmisible para Las Abejas, y están en lo cierto, porque ninguna cantidad, por estratosférica que sea, puede pagar la vida de 45 personas, pero al mismo tiempo subrayó la importancia y el valor de la investigación que hizo en su momento la fiscalía especializada en el tema.

Al margen de si es ético pedir dinero, el hecho es que un ex presidente está siendo llevado a tribunales, y nada menos que por crímenes de guerra y de lesa humanidad. No es asunto menor, y puede crear un precedente para la demanda que interpusimos 23 mil personas contra Felipe Calderón en La Haya, dijo.

Por otro lado, subrayó que las conclusiones de la fiscalía sobre Acteal, dadas a conocer en octubre de este año, especifican con toda claridad que Zedillo y otros altos funcionarios, entre ellos el entonces secretario de Gobernación, Emilio Chuayffet; el ex procurador general de la República, Jorge Madrazo, y el ex gobernador de Chiapas, Julio César Ruiz Ferro conspiraron para encubrir su responsabilidad en la masacre.

Ahí hay pruebas contundentes, incluido un documento de la Secretaría de la Defensa Nacional que habla sobre la necesidad de crear bandas paramilitares, y ni la prensa ni los grupos que buscan justicia le han dado la dimensión exacta al informe, y no habría que menospreciarlo por una posición sectaria, enfatizó López y Rivas. Lamentó que las fiscalías de este tipo puedan ser desaparecidas por el gobierno con la mano en la cintura sin que nadie haga nada, y descalificó las versiones de que Carlos Salinas o Felipe Calderón estarían detrás de la demanda.

Edgar Cortez, investigador del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, consideró que habría que ser cauto frente a la identidad y las intenciones del grupo de demandantes, quienes posiblemente busquen nada más una indemnización pecuniaria, y no acceso a la justicia integral.

Asimismo, aseveró que la queja permite ver que, pese a la gravedad de lo ocurrido en Acteal, las instituciones oficiales siguen mostrando incapacidad para realizar una investigación imparcial y objetiva que lleve a la cárcel a los responsables, y esa impunidad ha sido alimento de nuevos agravios.