Redes sociales y precandidatos
Enrique Peña Nieto, candidato del PRI a la Presidencia.
Foto: Yahir Ceballos
Foto: Yahir Ceballos
MÉXICO, D.F. (apro).- Diciembre fue el mes de los errores en las redes sociales para el candidato más popular en las encuestas, el priista Enrique Peña Nieto, pero también demostró que la incapacidad de la mayoría de los precandidatos para entender el lenguaje binario y las diferencias entre las redes más populares (Facebook, Youtube y Twitter) pueden generar un impacto real en los medios masivos de comunicación y en sus propias aspiraciones electorales.
A partir de la información y el seguimiento que hasta el 20 de diciembre ha realizado el sitio www.observatorioelectoral2012.com del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del monitoreo que en esta misma fecha publicó el periódico Reforma se pueden observar las siguientes tendencias:
1. Twitter, el medio más difícil de comprender: La dinámica del Twitter, un medio de una alta carga de simultaneidad e inmediatez y, por lo mismo, proclive a la difusión de rumores (el sábado 18 de diciembre surgió el “gran borrego” de la muerte de Miguel de la Madrid que embarcó a varios gobernadores priistas), de declaraciones fallidas, pero también a un mayor impacto en los errores cometidos por cualquiera de los precandidatos en sus distintos foros y a la creación de “campañas” inducidas que si no son frenadas a tiempo crecen como bola de nieve, se ha convertido en el gran desafío para los políticos acostumbrados a audiencias pasivas y no a las interactivas y, en la mayoría de las ocasiones, feroces y mordaces en sus críticas.
Peña Nieto fue la “estrella” del Twitter desde su patética participación en la Feria Internacional del Libro. Posee el 34.46% de los seguidores de todos los precandidatos (tiene 234 mil 751 en su lista), agregó 40 mil seguidores en las primeras tres semanas de diciembre, pero 8 de cada 10 comentarios fueron negativos para el precandidato consentido en las encuestas.
Sus errores y dislates generaron varios Trending Topics o temas más mencionados: #NosoylaSeñoradelaCasa, #SomosProle y #LibreríaPeñaNieto fueron los más populares.
Su escasa participación en el Twitter es un síntoma de incapacidad para conocer este medio binario. Sólo envió 1.5 tuits al día. Y tan sólo el 17 de diciembre lanzó 14 tuits (incluido el de sus “condolencias” a Miguel de la Madrid) que fueron poco replicados. Sus mensajes en Twitter apenas representan 1.94% del total.
Andrés Manuel López Obrador posee 25.8% de los seguidores en Twitter; ganó 20 mil seguidores en estas tres últimas semanas y sus mensajes representan el 22.43% de los precandidatos en esta red social.
Por su parte, Josefina Vázquez Mota, la precandidata puntera en el PAN, tiene el 21.24% de seguidores en Twitter. El que más tuitea es Santiago Creel (40.29% de los mensajes), pero tiene apenas el 7.24% de seguidores, claro indicio de que no genera el impacto adecuado. Y Cordero tiene 11.38% de seguidores y el 13.76 por ciento de los mensajes. No ha crecido mucho.
2. Youtube, la segunda red social más visitada: Después de Facebook, el sitio de videos de Youtube es el más visitado en México. Diciembre también fue un muy mal mes para Peña Nieto en esta red social. Rompió récord con dos videos que hacen referencia a sus errores para citar libros y autores, y para hablar bien inglés.
Hasta el 9 de diciembre, el video “Hitler se entera que Peña Nieto no lee”, una parodia basada en la película La Caída, tenía 1 millón 148 mil reproducciones. Hasta el 20 de diciembre había llegado a 1 millón 912 mil reproducciones. Su impacto fue inmediato en Facebook.
El video “Peña Nieto hablando inglés”, apenas lanzado hace 4 días, tuvo 493 mil 790 re´producciones.
Peña Nieto está fallando en su estrategia en Youtube, quizá confiado en que es el rey en la pantalla de televisión abierta. Tiene apenas 12.94% de los suscriptores. En sentido inverso, López Obrador tiene 78.338% de suscriptores, quizá como efecto de la estrategia que durante cinco años articuló para romper lo que él denominó “el cerco mediático”. Los panistas han menospreciado Youtube: Josefina Vázquez Mota tiene 5.82 por ciento de los suscriptores, mientras Cordero apenas el 1.79 por ciento y Creel el 1.07 por ciento.
3. Facebook, los impactos negativos: Es la red social con mayor número de suscriptores en México. Según sus cifras, ascienden a poco más de 20 millones. No todas las cuentas están activas diariamente, sin embargo, Facebook ha popularizado el uso de las redes sociales, aunque es la menos proclive a los comentarios políticos.
En esta red social, Josefina Vázquez Mota domina ampliamente: tiene el 32.5 por ciento de los suscriptores y el 53.68 por ciento del total de menciones que se hacen de los precandidatos, según el monitoreo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esta eficacia en el uso de Facebook quizá también se relaciona en que casi el 60 por ciento de los usuarios más activos son mujeres.
Por su parte, Enrique Peña Nieto tiene el 61.74 por ciento de los suscriptores en su página oficial, pero sólo el 34.01 por ciento de las menciones son relacionadas al precandidato priista.
López Obrador tiene una mala estrategia en Facebook. Tiene apenas el 3.42 por ciento de suscriptores y el 9.81 por ciento de menciones.
Por su parte, los otros dos precandidatos panistas están muy débiles en presencia en esta red social: Ernesto Cordero no llega ni al 1 por ciento de suscriptores, y tiene el 1.11 por ciento de menciones; mientras que Santiago Creel está emparejado: 1.4 por ciento de suscriptores y de menciones.
4. La eficacia de las páginas web: Además de las redes sociales, cada precandidato ha lanzado sus páginas web. De acuerdo con los datos del sitio www.alexa.com, la más destacada es Josefina Vázquez Mota: su página web tiene el lugar 1,101 en posicionamiento y tráfico a nivel internacional; muy lejos de ella se encuentra Andrés Manuel López Obrador, con el lugar 2,143; en tercer sitio, Enrique Peña Nieto, con 2,436; en cuarto sitio Ernesto Cordero con la posición 2,665 y muy distante de todos, Santiago Creel, cuya página ocupa el sitio 21,346 en tráfico.
www.homozapping.com.mx
A partir de la información y el seguimiento que hasta el 20 de diciembre ha realizado el sitio www.observatorioelectoral2012.com del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y del monitoreo que en esta misma fecha publicó el periódico Reforma se pueden observar las siguientes tendencias:
1. Twitter, el medio más difícil de comprender: La dinámica del Twitter, un medio de una alta carga de simultaneidad e inmediatez y, por lo mismo, proclive a la difusión de rumores (el sábado 18 de diciembre surgió el “gran borrego” de la muerte de Miguel de la Madrid que embarcó a varios gobernadores priistas), de declaraciones fallidas, pero también a un mayor impacto en los errores cometidos por cualquiera de los precandidatos en sus distintos foros y a la creación de “campañas” inducidas que si no son frenadas a tiempo crecen como bola de nieve, se ha convertido en el gran desafío para los políticos acostumbrados a audiencias pasivas y no a las interactivas y, en la mayoría de las ocasiones, feroces y mordaces en sus críticas.
Peña Nieto fue la “estrella” del Twitter desde su patética participación en la Feria Internacional del Libro. Posee el 34.46% de los seguidores de todos los precandidatos (tiene 234 mil 751 en su lista), agregó 40 mil seguidores en las primeras tres semanas de diciembre, pero 8 de cada 10 comentarios fueron negativos para el precandidato consentido en las encuestas.
Sus errores y dislates generaron varios Trending Topics o temas más mencionados: #NosoylaSeñoradelaCasa, #SomosProle y #LibreríaPeñaNieto fueron los más populares.
Su escasa participación en el Twitter es un síntoma de incapacidad para conocer este medio binario. Sólo envió 1.5 tuits al día. Y tan sólo el 17 de diciembre lanzó 14 tuits (incluido el de sus “condolencias” a Miguel de la Madrid) que fueron poco replicados. Sus mensajes en Twitter apenas representan 1.94% del total.
Andrés Manuel López Obrador posee 25.8% de los seguidores en Twitter; ganó 20 mil seguidores en estas tres últimas semanas y sus mensajes representan el 22.43% de los precandidatos en esta red social.
Por su parte, Josefina Vázquez Mota, la precandidata puntera en el PAN, tiene el 21.24% de seguidores en Twitter. El que más tuitea es Santiago Creel (40.29% de los mensajes), pero tiene apenas el 7.24% de seguidores, claro indicio de que no genera el impacto adecuado. Y Cordero tiene 11.38% de seguidores y el 13.76 por ciento de los mensajes. No ha crecido mucho.
2. Youtube, la segunda red social más visitada: Después de Facebook, el sitio de videos de Youtube es el más visitado en México. Diciembre también fue un muy mal mes para Peña Nieto en esta red social. Rompió récord con dos videos que hacen referencia a sus errores para citar libros y autores, y para hablar bien inglés.
Hasta el 9 de diciembre, el video “Hitler se entera que Peña Nieto no lee”, una parodia basada en la película La Caída, tenía 1 millón 148 mil reproducciones. Hasta el 20 de diciembre había llegado a 1 millón 912 mil reproducciones. Su impacto fue inmediato en Facebook.
El video “Peña Nieto hablando inglés”, apenas lanzado hace 4 días, tuvo 493 mil 790 re´producciones.
Peña Nieto está fallando en su estrategia en Youtube, quizá confiado en que es el rey en la pantalla de televisión abierta. Tiene apenas 12.94% de los suscriptores. En sentido inverso, López Obrador tiene 78.338% de suscriptores, quizá como efecto de la estrategia que durante cinco años articuló para romper lo que él denominó “el cerco mediático”. Los panistas han menospreciado Youtube: Josefina Vázquez Mota tiene 5.82 por ciento de los suscriptores, mientras Cordero apenas el 1.79 por ciento y Creel el 1.07 por ciento.
3. Facebook, los impactos negativos: Es la red social con mayor número de suscriptores en México. Según sus cifras, ascienden a poco más de 20 millones. No todas las cuentas están activas diariamente, sin embargo, Facebook ha popularizado el uso de las redes sociales, aunque es la menos proclive a los comentarios políticos.
En esta red social, Josefina Vázquez Mota domina ampliamente: tiene el 32.5 por ciento de los suscriptores y el 53.68 por ciento del total de menciones que se hacen de los precandidatos, según el monitoreo del Instituto de Investigaciones Jurídicas. Esta eficacia en el uso de Facebook quizá también se relaciona en que casi el 60 por ciento de los usuarios más activos son mujeres.
Por su parte, Enrique Peña Nieto tiene el 61.74 por ciento de los suscriptores en su página oficial, pero sólo el 34.01 por ciento de las menciones son relacionadas al precandidato priista.
López Obrador tiene una mala estrategia en Facebook. Tiene apenas el 3.42 por ciento de suscriptores y el 9.81 por ciento de menciones.
Por su parte, los otros dos precandidatos panistas están muy débiles en presencia en esta red social: Ernesto Cordero no llega ni al 1 por ciento de suscriptores, y tiene el 1.11 por ciento de menciones; mientras que Santiago Creel está emparejado: 1.4 por ciento de suscriptores y de menciones.
4. La eficacia de las páginas web: Además de las redes sociales, cada precandidato ha lanzado sus páginas web. De acuerdo con los datos del sitio www.alexa.com, la más destacada es Josefina Vázquez Mota: su página web tiene el lugar 1,101 en posicionamiento y tráfico a nivel internacional; muy lejos de ella se encuentra Andrés Manuel López Obrador, con el lugar 2,143; en tercer sitio, Enrique Peña Nieto, con 2,436; en cuarto sitio Ernesto Cordero con la posición 2,665 y muy distante de todos, Santiago Creel, cuya página ocupa el sitio 21,346 en tráfico.
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Cuando el PRI cedió
Sesión en el IFE.
Foto: Eduardo Miranda
Foto: Eduardo Miranda
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Finalmente el PRI accedió a proponer sólo a uno de los tres candidatos a ocupar las plazas de consejeros electorales del Consejo General del Instituto Federal Electoral, vacantes desde el 1 de noviembre de 2010. La posición del tricolor impedía cualquier posibilidad de acuerdo entre las tres principales fracciones parlamentarias (Proceso 1823). Sin embargo, la firmeza mostrada por las bancadas del PAN y el PRD lo obligó a ceder.
La designación de los tres nuevos consejeros el jueves 15, en el último día de sesiones del penúltimo periodo ordinario de la actual legislatura, es una buena noticia para el IFE, la democracia y el país, tanto por la importancia de que el órgano de gobierno estuviera completo como por el perfil de los tres nuevos consejeros, todos con reconocido prestigio en sus actividades profesionales.
Lamentablemente también permite constatar al menos tres hechos perjudiciales para la incipiente y débil democracia mexicana: el primero, que las cuotas partidistas para la designación de los integrantes de los órganos de gobierno de los institutos electorales son cada día más evidentes; el segundo, la prevalencia de los acuerdos cupulares, y el tercero, la falta de compromiso de los diputados con las normas que ellos mismos establecen.
Respecto al primer punto debe señalarse que entre las nuevas designaciones, quien más evidencia la identidad partidista es Sergio García Ramírez, prominente priista que estuvo a punto de ser candidato presidencial del tricolor en la contienda de 1988; fue secretario general del CEN de su partido en el periodo 2000-2001, y en agosto de 2005 fue propuesto por los dos precandidatos tricolores (Arturo Montiel y Roberto Madrazo) para ocupar la presidencia de ese órgano, en sustitución de Madrazo. Esto sin considerar su participación en los gabinetes presidenciales durante los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo. Su prestigio como jurista es indiscutible –aunque no en materia electoral–, pero también su priismo.
Por lo que toca a la consejera María Marván Laborde, de acuerdo con la información disponible, nunca ha militado en ningún partido político, pero su cercanía con la ideología panista es clara; la muestra más fehaciente de ello fue su participación como secretaria técnica de la fracción panista en el Congreso de Jalisco, de 1998 a 1999.
En el caso de Lorenzo Córdova no se advierte ninguna filiación partidista, y su participación como secretario técnico en el Senado de la República en 2010-2011 se dio dentro de un grupo pluripartidista.
Es factible deducir que la negociación del PRI consistió en que se le permitiera ocupar su posición con un prominente priista, a cambio de que el PAN y, particularmente, el PRD –partido al que evidentemente querían dejar fuera de la negociación– propusieran personalidades no vinculadas orgánicamente con esos partidos. Así hoy el PRI tiene en el Consejo General del IFE a dos consejeros (Francisco Guerrero y Sergio García Ramírez) con reconocida militancia en su partido y uno (Marco Antonio Baños) con evidente vinculación. Mientras que en el caso de los otros consejeros se pueden percibir afinidades e identificaciones, no hay vínculos orgánicos con el PAN o el PRD.
Los coordinadores de las fracciones parlamentarias claramente despreciaron la ciudadanización del órgano máximo de dirección del IFE, entendida ésta como la ocupación de esos puestos con personas sin militancia partidista y sin vínculos orgánicos con cualquiera de las fuerzas políticas. En contrapartida apostaron por las cuotas partidistas, aunque los coordinadores de las tres principales fuerzas parlamentarias utilizaron esta vía de manera muy diversa: desde el absoluto y total descaro tricolor para proponer a un prominente militante hasta la propuesta perredista de un académico, cuya relación es a través del activismo de su padre (Arnaldo Córdova) en torno a López Obrador.
Ante el fracaso del procedimiento iniciado en 2010 que involucraba la participación de la Comisión de Gobernación, los coordinadores de los grupos parlamentarios decidieron centralizarlo todo en la Junta de Coordinación Política, lo cual en la práctica implicaba que lo único importante era el acuerdo de los líderes de las siete fracciones. El resto de los legisladores, como fue evidente en la votación, casi unánime, simplemente se plegó a los acuerdos cupulares; los únicos que dejaron constancia de su desacuerdo, con su abstención, fueron los siete diputados petistas cercanos a Andrés Manuel López Obrador. La disciplina fue casi absoluta.
Sin embargo, todavía más grave fue el franco y evidente desprecio por el respeto a la legalidad demostrado por los responsables de emitir las normas, pues ignoraron la disposición establecida en los artículos 41 de la Constitución y el 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de realizar una “amplia consulta con la sociedad”; tampoco se apegaron a los lineamientos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que señala con precisión que el Pleno debía aprobar la emisión de una convocatoria y que la misma debía señalar los requisitos que deben cumplir los candidatos; los plazos de cada una de las etapas; el órgano o comisión de la Cámara responsable de cada una de ellas, y hasta de la realización de entrevistas. Todas estas disposiciones incorporadas en el marco legal en la reforma de 2007 se obviaron; el consenso de las cúpulas permitió a los legisladores violar flagrantemente la Constitución y la ley.
Los tres hechos atentan contra la letra de la ley y el espíritu que alentó la creación de las nuevas instituciones de las que se ha dotado el Estado mexicano para tratar de avanzar en la construcción de la democracia.
Todavía es prematuro sacar conclusiones acerca de las implicaciones positivas y negativas derivadas de la designación de los tres nuevos consejeros electorales. Lo único cierto al día de hoy es que el hecho no genera la certidumbre que requiere y merece el proceso de sucesión presidencial. Hay que brindarle, al nuevo Consejo, el beneficio de la duda y esperar a que con sus acciones y decisiones logre recuperar la confianza y credibilidad que la institución ha venido perdiendo desde noviembre de 2003.
La designación de los tres nuevos consejeros el jueves 15, en el último día de sesiones del penúltimo periodo ordinario de la actual legislatura, es una buena noticia para el IFE, la democracia y el país, tanto por la importancia de que el órgano de gobierno estuviera completo como por el perfil de los tres nuevos consejeros, todos con reconocido prestigio en sus actividades profesionales.
Lamentablemente también permite constatar al menos tres hechos perjudiciales para la incipiente y débil democracia mexicana: el primero, que las cuotas partidistas para la designación de los integrantes de los órganos de gobierno de los institutos electorales son cada día más evidentes; el segundo, la prevalencia de los acuerdos cupulares, y el tercero, la falta de compromiso de los diputados con las normas que ellos mismos establecen.
Respecto al primer punto debe señalarse que entre las nuevas designaciones, quien más evidencia la identidad partidista es Sergio García Ramírez, prominente priista que estuvo a punto de ser candidato presidencial del tricolor en la contienda de 1988; fue secretario general del CEN de su partido en el periodo 2000-2001, y en agosto de 2005 fue propuesto por los dos precandidatos tricolores (Arturo Montiel y Roberto Madrazo) para ocupar la presidencia de ese órgano, en sustitución de Madrazo. Esto sin considerar su participación en los gabinetes presidenciales durante los gobiernos de Luis Echeverría y de José López Portillo. Su prestigio como jurista es indiscutible –aunque no en materia electoral–, pero también su priismo.
Por lo que toca a la consejera María Marván Laborde, de acuerdo con la información disponible, nunca ha militado en ningún partido político, pero su cercanía con la ideología panista es clara; la muestra más fehaciente de ello fue su participación como secretaria técnica de la fracción panista en el Congreso de Jalisco, de 1998 a 1999.
En el caso de Lorenzo Córdova no se advierte ninguna filiación partidista, y su participación como secretario técnico en el Senado de la República en 2010-2011 se dio dentro de un grupo pluripartidista.
Es factible deducir que la negociación del PRI consistió en que se le permitiera ocupar su posición con un prominente priista, a cambio de que el PAN y, particularmente, el PRD –partido al que evidentemente querían dejar fuera de la negociación– propusieran personalidades no vinculadas orgánicamente con esos partidos. Así hoy el PRI tiene en el Consejo General del IFE a dos consejeros (Francisco Guerrero y Sergio García Ramírez) con reconocida militancia en su partido y uno (Marco Antonio Baños) con evidente vinculación. Mientras que en el caso de los otros consejeros se pueden percibir afinidades e identificaciones, no hay vínculos orgánicos con el PAN o el PRD.
Los coordinadores de las fracciones parlamentarias claramente despreciaron la ciudadanización del órgano máximo de dirección del IFE, entendida ésta como la ocupación de esos puestos con personas sin militancia partidista y sin vínculos orgánicos con cualquiera de las fuerzas políticas. En contrapartida apostaron por las cuotas partidistas, aunque los coordinadores de las tres principales fuerzas parlamentarias utilizaron esta vía de manera muy diversa: desde el absoluto y total descaro tricolor para proponer a un prominente militante hasta la propuesta perredista de un académico, cuya relación es a través del activismo de su padre (Arnaldo Córdova) en torno a López Obrador.
Ante el fracaso del procedimiento iniciado en 2010 que involucraba la participación de la Comisión de Gobernación, los coordinadores de los grupos parlamentarios decidieron centralizarlo todo en la Junta de Coordinación Política, lo cual en la práctica implicaba que lo único importante era el acuerdo de los líderes de las siete fracciones. El resto de los legisladores, como fue evidente en la votación, casi unánime, simplemente se plegó a los acuerdos cupulares; los únicos que dejaron constancia de su desacuerdo, con su abstención, fueron los siete diputados petistas cercanos a Andrés Manuel López Obrador. La disciplina fue casi absoluta.
Sin embargo, todavía más grave fue el franco y evidente desprecio por el respeto a la legalidad demostrado por los responsables de emitir las normas, pues ignoraron la disposición establecida en los artículos 41 de la Constitución y el 110 del Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales, de realizar una “amplia consulta con la sociedad”; tampoco se apegaron a los lineamientos de la Ley Orgánica del Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos, que señala con precisión que el Pleno debía aprobar la emisión de una convocatoria y que la misma debía señalar los requisitos que deben cumplir los candidatos; los plazos de cada una de las etapas; el órgano o comisión de la Cámara responsable de cada una de ellas, y hasta de la realización de entrevistas. Todas estas disposiciones incorporadas en el marco legal en la reforma de 2007 se obviaron; el consenso de las cúpulas permitió a los legisladores violar flagrantemente la Constitución y la ley.
Los tres hechos atentan contra la letra de la ley y el espíritu que alentó la creación de las nuevas instituciones de las que se ha dotado el Estado mexicano para tratar de avanzar en la construcción de la democracia.
Todavía es prematuro sacar conclusiones acerca de las implicaciones positivas y negativas derivadas de la designación de los tres nuevos consejeros electorales. Lo único cierto al día de hoy es que el hecho no genera la certidumbre que requiere y merece el proceso de sucesión presidencial. Hay que brindarle, al nuevo Consejo, el beneficio de la duda y esperar a que con sus acciones y decisiones logre recuperar la confianza y credibilidad que la institución ha venido perdiendo desde noviembre de 2003.
El movimiento de paz
La Caravana por la Paz a su llegada al Zócalo del D.F.
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
MÉXICO, D.F. (apro).- Frente a la catástrofe humana que en los últimos cinco años ha provocado la violencia del narcotráfico y la guerra contra el crimen organizado declarada por el gobierno de Felipe Calderón, surgieron diversas organizaciones sociales y de víctimas que clamaban justicia en todo el país.
Sin embargo, no fue sino hasta que emergió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad cuando se logró visibilizar la dimensión de la tragedia y que fueran atendidas, aunque de manera insuficiente, algunas de las víctimas y sus familias por parte de los tres poderes federales.
Hasta que el crimen organizado tocó a un personaje público, el hijo del escritor Javier Sicilia, las distintas redes sociales, intelectuales, religiosas y de derechos humanos comenzaron a reaccionar.
La reacción que generó en marzo pasado el asesinato de Juan Francisco y seis personas más en Cuernavaca, Morelos, mostró una vez más el centralismo que tenemos, pues durante estos últimos años el norte del país ya tenía a miles de muertos y desaparecidos, sin que tomáramos cabal conciencia de la desgracia nacional.
Este año es importante porque, a través del movimiento ciudadano, el gobierno de Felipe Calderón tuvo que reconocer que entre los miles de muertos que ha habido y sigue habiendo, muchos son víctimas inocentes y sus familias también lo son por el efecto directo que tiene la muerte o la desaparición de su ser querido, pero también por el desamparo en que quedan ante un sistema de justicia que los ignora y autoridades que las estigmatizan o marginan, sin darles la atención social que necesitan.
A pesar de sus errores internos, del liderazgo criticado de Javier Sicilia –cuyas deferencias al poder han sido interpretadas como debilidades–, de la falta de organización y la carencia de una estructura, así como de la lucha protagónica de otras organizaciones sociales que nunca estuvieron de acuerdo con los diálogos con Calderón, el Movimiento por la Paz dio el espacio necesario para muchas familias que buscaban un canal de lucha para sus dignas demandas de justicia y paz.
Casi cinco años de tardanza tuvo la sociedad mexicana para manifestarse con toda la magnitud que significa una tragedia histórica como lo es la muerte de más de 50 mil personas, la desaparición de 10 mil y el desplazamiento de más de 3 mil por la violencia generada por el crimen organizado y la guerra que le declaró el gobierno de Calderón.
Esta tardía reacción de la sociedad tuvo sus consecuencias, dado que generó mayor indolencia de todas las autoridades que dejaron de actuar o que se dejaron infiltrar por el crimen organizado; además, aumentó la impunidad y con ella la narcoviolencia que ya no tuvo topes, sino toda la libertad, pues pocos son los responsables que han sido castigados con ejemplaridad.
Las limitaciones internas y las propias circunstancias han hecho que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad no haya crecido ni se haya consolidado como muchos esperaban. Muchos lo vieron con la ilusión de que fuera el movimiento articulador de otros movimientos que demandan no sólo la paz, sino un cambio social, una verdadera transición a la democracia y una salida a la crisis, pero con ello se dispersaban las acciones y se dejaba a un lado la esencia del movimiento: las víctimas.
Después de algunos desvíos, los integrantes del movimiento han centrado sus acciones nuevamente en las víctimas de esta guerra absurda, sobre todo después de que algunos de sus miembros han sido asesinados y criminalizados por las autoridades.
Así, presionan para que la Procuraduría de Atención a las Víctimas tenga los recursos necesarios para atender a miles de familias afectadas e igualmente se sigue actuando para que la ley de seguridad nacional tenga un perfil más social que militar y policiaco, y también se trabaja para organizar un congreso nacional de víctimas, con la idea de agrupar a más familias perjudicadas e integrar un frente común fuerte. Asimismo, se ha creado un grupo que dé seguimiento a los casos de muertos y desaparecidos que siguen pendientes de ser investigados.
El futuro del movimiento es un tanto incierto porque faltan recursos económicos y una estructura permanente, y se ha planteado una reestructuración de la dirigencia a fin de que sea más horizontal y colectiva.
Sin embargo, es casi seguro que en los siguientes años seguirá trabajando porque, hasta donde se prevé, no existen intenciones en las cúpulas de los partidos para cambiar la estrategia policiaco-militar de combate al crimen organizado, lo que significa que las víctimas seguirán aumentando y con ellas la demanda de paz, con justicia y dignidad.
Sin embargo, no fue sino hasta que emergió el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad cuando se logró visibilizar la dimensión de la tragedia y que fueran atendidas, aunque de manera insuficiente, algunas de las víctimas y sus familias por parte de los tres poderes federales.
Hasta que el crimen organizado tocó a un personaje público, el hijo del escritor Javier Sicilia, las distintas redes sociales, intelectuales, religiosas y de derechos humanos comenzaron a reaccionar.
La reacción que generó en marzo pasado el asesinato de Juan Francisco y seis personas más en Cuernavaca, Morelos, mostró una vez más el centralismo que tenemos, pues durante estos últimos años el norte del país ya tenía a miles de muertos y desaparecidos, sin que tomáramos cabal conciencia de la desgracia nacional.
Este año es importante porque, a través del movimiento ciudadano, el gobierno de Felipe Calderón tuvo que reconocer que entre los miles de muertos que ha habido y sigue habiendo, muchos son víctimas inocentes y sus familias también lo son por el efecto directo que tiene la muerte o la desaparición de su ser querido, pero también por el desamparo en que quedan ante un sistema de justicia que los ignora y autoridades que las estigmatizan o marginan, sin darles la atención social que necesitan.
A pesar de sus errores internos, del liderazgo criticado de Javier Sicilia –cuyas deferencias al poder han sido interpretadas como debilidades–, de la falta de organización y la carencia de una estructura, así como de la lucha protagónica de otras organizaciones sociales que nunca estuvieron de acuerdo con los diálogos con Calderón, el Movimiento por la Paz dio el espacio necesario para muchas familias que buscaban un canal de lucha para sus dignas demandas de justicia y paz.
Casi cinco años de tardanza tuvo la sociedad mexicana para manifestarse con toda la magnitud que significa una tragedia histórica como lo es la muerte de más de 50 mil personas, la desaparición de 10 mil y el desplazamiento de más de 3 mil por la violencia generada por el crimen organizado y la guerra que le declaró el gobierno de Calderón.
Esta tardía reacción de la sociedad tuvo sus consecuencias, dado que generó mayor indolencia de todas las autoridades que dejaron de actuar o que se dejaron infiltrar por el crimen organizado; además, aumentó la impunidad y con ella la narcoviolencia que ya no tuvo topes, sino toda la libertad, pues pocos son los responsables que han sido castigados con ejemplaridad.
Las limitaciones internas y las propias circunstancias han hecho que el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad no haya crecido ni se haya consolidado como muchos esperaban. Muchos lo vieron con la ilusión de que fuera el movimiento articulador de otros movimientos que demandan no sólo la paz, sino un cambio social, una verdadera transición a la democracia y una salida a la crisis, pero con ello se dispersaban las acciones y se dejaba a un lado la esencia del movimiento: las víctimas.
Después de algunos desvíos, los integrantes del movimiento han centrado sus acciones nuevamente en las víctimas de esta guerra absurda, sobre todo después de que algunos de sus miembros han sido asesinados y criminalizados por las autoridades.
Así, presionan para que la Procuraduría de Atención a las Víctimas tenga los recursos necesarios para atender a miles de familias afectadas e igualmente se sigue actuando para que la ley de seguridad nacional tenga un perfil más social que militar y policiaco, y también se trabaja para organizar un congreso nacional de víctimas, con la idea de agrupar a más familias perjudicadas e integrar un frente común fuerte. Asimismo, se ha creado un grupo que dé seguimiento a los casos de muertos y desaparecidos que siguen pendientes de ser investigados.
El futuro del movimiento es un tanto incierto porque faltan recursos económicos y una estructura permanente, y se ha planteado una reestructuración de la dirigencia a fin de que sea más horizontal y colectiva.
Sin embargo, es casi seguro que en los siguientes años seguirá trabajando porque, hasta donde se prevé, no existen intenciones en las cúpulas de los partidos para cambiar la estrategia policiaco-militar de combate al crimen organizado, lo que significa que las víctimas seguirán aumentando y con ellas la demanda de paz, con justicia y dignidad.
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