La legalización del despojo a la nación- Violenta reacción contra la violencia- La judicialización de los procesos electorales

La legalización del despojo a la nación

Napoleón Gómez Urrutia

La reciente aprobación de la Ley de Asociaciones Público-Privadas, por una vía fast track de última hora en el Senado, después de haber sido aceptada en la Cámara de Diputados, es una confirmación más de que el actual gobierno conservador beneficia excesivamente al sector privado, al mismo tiempo que persigue y hostiliza a los trabajadores, a sus líderes y criminaliza sus luchas sociales. Ahora abiertamente protege a los hombres de capital, con cargo directo a los recursos del erario, que son propiedad de todos los mexicanos, los cuales se integran con las contribuciones que la población aporta a la Secretaría de Hacienda, aunadas a los ingresos por la venta de bienes y servicios públicos. Estos recursos no deben constituirse arbitrariamente en fondos bancarios para la inversión privada, pero es obvio que esto sucede porque la banca está casi por completo en manos extranjeras y éstas no procuran el beneficio nacional, sino sus intereses.

Nuestra estructura fiscal es de las más endebles en el mundo. Si a su debilidad se le agrega ahora este financiamiento indebido al sector privado, ello la acrecentará, porque además el gobierno les regresa gran cantidad de recursos fiscales por el tratamiento especial de que injustamente gozan desde hace años. Es claro que el gobierno con esta ley renuncia de hecho a realizar la obra pública de infraestructura que, incluso en medio de inconsecuencias de criterio, había venido realizando bajo otras siglas partidistas durante largas décadas y con un éxito variable aunque tangible. El actual gobierno federal demuestra no sólo su predilección por el capital privado, por encima de los intereses sociales de la nación, sino que le ofrece con esta ley inmensos recursos públicos, lo cual sólo significa que no ha realizado obra pública de consideración, sino que ahora les entrega esa función a las empresas que puedan desarrollarla, que seguramente serán las más poderosas, y donde el gobierno otorga garantías a esos proyectos con los propios recursos públicos, incluso en los tropiezos que por incompetencia o corrupción cometan las empresas privadas participantes.

Diversas voces cuestionaron en el Senado la adopción de la Ley de Asociación Público-Privada, y en medios, como La Jornada, que no están dispuestos a dejar pasar en silencio un despojo más a la nación. Casi en secreto logró el gobierno echar adelante esta nueva figura que institucionaliza la corrupción que se ha vuelto práctica común, ahora bajo la cobertura de una ley que el amplio espectro de la sociedad no pudo conocer y mucho menos revisar. Todo quedó tras la oscuridad y los arreglos entre bancadas legislativas.

Es probable que algunos o muchos legisladores estén pensando en convertirse, si no es que ya lo son, en proveedores, licitantes y contratistas de obra para el gobierno federal, sin importar el signo político o ideológico del partido que triunfe en las elecciones. De otra manera no es posible entender por qué legalizar y formalizar de manera descarada la corrupción que esta ley traerá implícita.

¿En qué sistema vivimos que existe tolerancia, complicidad, ignorancia e irresponsabilidad jurídica, al aprobar una ley de esta naturaleza, sin condiciones ni limitaciones o candados en la práctica? Es una nueva forma de privatizar bienes y servicios nacionales y de socializar las pérdidas y la explotación, para generar mayor desigualdad.

Esta ley profundiza el futuro saqueo a la nación, tal como sucede actualmente con las concesiones flexibles y sin límite de los recursos naturales no renovables del país, minerales, gas, petróleo y fuentes alternas de energía. Por cierto, sería conveniente conocer y analizar cuántas concesiones mineras se han otorgado a los grupos industriales del país durante los últimos 11 años del Partido Acción Nacional en el gobierno. Qué extensiones del territorio nacional se han entregado a los dueños aparentes de esas concesiones, por cuántos años y quiénes son los consentidos y cómplices.

Como bien lo ha dicho Arnaldo Córdova, en esta ley no se contempla una presencia compartida del gobierno y los privados, sino una virtual sustitución del Estado por los segundos, quienes se encargarán de realizar las obras o servicios públicos que corresponden al Estado. Dijo certeramente el senador Pablo Gómez: Estamos ante un intento legislativo de legalizar la corrupción y de convertir al Estado en un instrumento de promoción de los intereses privados. Y el senador Francisco Labastida abundó señalando: los peligros que para el desarrollo del sector público implica dejar su obra y sus servicios en manos de privados, pues éstos acabarían adueñándose de la riqueza pública y pervirtiendo la vocación de servicio a la sociedad que la anima y la informa. En suma, estamos ante la renuncia irresponsable de este gobierno a que el Estado sea Estado.

Cuando en los considerandos de la ley se señala que la inversión necesaria será sufragada por el gobierno, esto se confirma, por si alguna duda subsistiera, con la declaración formal de que ese gasto irá a la contabilidad pública gubernamental. El robo que esto implica va a quedar institucionalizado y permitido por esta ley, totalmente en contra de lo prescrito en la Constitución y en las leyes que regulan la actividad económica del Estado.

Aunque esta ley establece que la asignación de contratos se hará por licitaciones, ella previene que cuando se declare desierto uno de estos concursos la dependencia convocante la podrá asignar directamente, lo cual abre la puerta para flexibilizar y hacer discrecional esta función, tal como en el pasado no muy remoto ocurrió. Este fue el caso de las privatizaciones de las empresas mineras y siderúrgicas al comienzo del sexenio de Carlos Salinas de Gortari, que en su totalidad eran patrimonio del Estado, o sea, de toda la nación. Después de simular la mayoría de esos concursos, el gobierno le entregó esas concesiones a empresas privadas y a personas previamente escogidas. Lo cual significó un grado de corrupción nunca antes ocurrido en México que se ha visto reflejado en la actual distribución injusta del ingreso.

¿En manos de quién verdaderamente está el futuro del país? ¿Será posible que los mexicanos no entendamos realmente esta situación, que nos importe poco cuál es el destino de esa explotación sin límites, y peor aún, que no nos demos cuenta de lo que vamos a dejar a nuestros hijos y a las futuras generaciones? Me resisto a pensar que México se ha convertido en un país a cuya cabeza está un grupo reducido de vivales y cínicos, frente a una mayoría absoluta de ciudadanos que hasta ahora no hemos sabido defender con fuerza, dignidad y justicia la verdadera riqueza de la nación.

Mira quién habla-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

Violenta reacción contra la violencia

Manuel Pérez Rocha

La alarma –no suficientemente justificada– acerca de la violencia en nuestras escuelas (el comportamiento mal llamado bullying) ha conducido a la Secretaría de Educación Pública a elaborar un Marco para la Convivencia Escolar en las Escuelas de Educación Secundaria del Distrito Federal. Este marco, según anuncio de la propia SEP, se extenderá a toda la República. El documento, con carácter de norma, pretende dar especificidad a disposiciones establecidas hace 30 años en los acuerdos 97 y 98 del secretario Fernando Solana y atiende a lo dispuesto en la ley para la protección de los derechos de niñas, niños y adolescentes (expedida hace 20 años) en el sentido de que se impida en las instituciones educativas la imposición de medidas de disciplina que no estén previamente establecidas, sean contrarias a su dignidad, atenten contra su vida o su integridad física o mental.

La SEP invita a discutir este instrumento, a opinar, pero al mismo tiempo inicia su aplicación. No es fácil juzgar este marco para la convivencia, pues no lo acompañan ni un análisis de la situación actual, ni información, ni un diagnóstico; no hay argumentación acerca de por qué después de tanto tiempo ahora se decide imponer un catálogo de conductas punibles y las correspondientes sanciones. Las conductas ahora definidas como punibles son de diverso tipo y gravedad: desde no asistir a la escuela o llegar tarde, o el uso de vestimenta inadecuada, hasta delitos como el uso de armas blancas o de fuego, pasando por el consumo y venta de drogas; en las medidas disciplinarias se han incluido muchas que ni siquiera son sanciones (pláticas, exhortos, reuniones), sino acciones educativas útiles, pero que pierden este sentido al incorporarlas en el apartado de sanciones. Otras, son inaceptables, erróneas desde un punto de vista pedagógico y legal, como por ejemplo, la ¡imposición de servicio comunitario! o la asistencia a determinados cursos. Falta de claridad en algunos casos, confusiones en otros, hacen necesario un análisis muy cuidadoso y responsable de esta iniciativa. El documento está muy lejos de alcanzar la precisión que se propone ni de dar la certidumbre prometida.

Pero el análisis debe ir a fondo pues, por la debilidad de sus bases conceptuales y pedagógicas, este marco de convivencia genera un proyecto de escuela opuesto a la educación democrática, humanista y moderna necesaria en estos tiempos. No deja de llamar la atención que un inaceptable enfoque correctivo, punitivo, con elementos represivos, no haya sido por lo menos precedido (o acompañado) de un proyecto de acciones preventivas y positivas para el logro de los fines incuestionables que se dice lo han originado: la seguridad de los escolares, la creación de un ambiente propicio para el aprendizaje efectivo y la convivencia pacífica.

Sin duda, la pavorosa violencia que padece nuestro país ha sido un impulso para esta acción de la SEP, pero es indispensable un diagnóstico claro de lo que ocurre en el ámbito escolar y una reflexión seria, sistemática, acerca de las causas de estos graves fenómenos. Es indispensable hacer un esfuerzo mayor por entender la violencia que, con razón, angustia a muchos mexicanos; y debe quedar claro que este esfuerzo por entenderla no significa justificarla, es condición primera para actuar de manera responsable. La violencia en el ámbito escolar, como en otros, no tiene como causa una maldad innata de los violentos: es una reacción ante diversas circunstancias que deben ser desterradas para poder eliminar, o por lo menos atenuar, este problema.

Quienes se comprometen con la educación de los niños y los jóvenes deben, al margen de las eternas discusiones teóricas sobre la naturaleza humana, profesar un incondicional optimismo acerca del potencial intelectual de todos los seres humanos y de su capacidad para desarrollar afectividad, bondad, sentimientos nobles y actitudes civilizadas y fraternas. De lo contrario, los educadores se convierten en policías y hacen efectiva la otra función que las sociedades represivas han asignado a las escuelas: cuidar, vigilar y castigar. Aquí bien cabe lo expresado por Winston Churchill: Soy optimista. No parece muy útil ser otra cosa.

Intentar eliminar la violencia escolar con medidas punitivas no es sólo una política destinada a fracasar, es previsible que conduzca a un incremento del problema. La violencia escolar tiene causas externas e internas. Sin duda, las escuelas no tienen capacidad para desterrar pronta y eficazmente las causas externas (aun cuando esto no quiere decir que nada puedan hacer al respecto), pero sí deben actuar de manera inmediata y seria para eliminar las causas internas.

En primer lugar, es inaplazable remplazar las omnipresentes rivalidades y competencias en el ámbito escolar e instaurar como principio de relación la cooperación. Ya hemos hecho ver en este espacio que estudios empíricos cuidadosos han mostrado que la competencia, así sea en juegos en apariencia inofensivos o incluso pretendidamente educativos, genera actitudes agresivas; esto ocurre también, y con mayor fuerza, con competencias cuyos resultados significan pérdida de un bien, de imagen, prestigio, poder o de algún derecho.

Para niños y jóvenes, el ambiente escolar es, con mucha frecuencia, agresivo. En el aula y en la conducción de la escuela son constantes la irracionalidad, la arbitrariedad, el autoritarismo; esta es violencia que genera violencia. Es inaplazable propiciar el remplazo de estas formas de sometimiento por el predominio de la razón, por el respeto a los derechos de los demás, por una ética humanista.

La Secretaría de Educación Pública debe suspender la aplicación de este marco que, por la ausencia de argumentación, parece un violento manotazo sobre la mesa; es necesario convocar a la mayor brevedad a una amplia discusión del problema y poner en marcha un programa de investigaciones sobre estos temas. De manera prioritaria, deberían organizarse ya en las escuelas espacios de discusión en los que participen todos: directivos, maestros, auxiliares y, en primerísimo lugar, los estudiantes.

Más michoacanazo-Rocha

rocha@jornada.com.mx

La judicialización de los procesos electorales

Tras revisar un recurso interpuesto por el Partido Acción Nacional (PAN), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) anuló ayer los comicios para presidente municipal de Morelia, Michoacán, celebrada el pasado 13 de noviembre. El tribunal federal concluyó que el aspirante ganador, el priísta Wilfrido Lázaro Medina, violó las normas que garantizan la equidad entre los participantes en la contienda, al aparecer en televisión durante el cierre de campaña del aspirante de los partidos Revolucionario Institucional y Verde Ecologista a gobernador de la entidad, Fausto Vallejo.

Resulta por lo menos dudosa la afirmación del ex candidato panista a edil de Morelia, Marko Cortés, de que el fallo adoptado ayer por el máximo órgano de justicia electoral blinda la democracia: cabe recordar que ese mismo organismo, que ahora declara inválidos los comicios en Morelia y ordena su reposición, se resistió a hacer otro tanto durante la calificación de la polémica elección presidencial de 2006, a pesar de que sus integrantes admitieron la presencia de irregularidades graves en favor del candidato oficial y reconocieron que el gobierno de Vicente Fox puso en riesgo la validez de esos comicios.

Frente a la falta de consistencia y el doble rasero que se observa en los fallos del tribunal ante circunstancias similares, la decisión adoptada ayer pareciera, más que una muestra de fortaleza democrática, un claro ejemplo de la tendencia actual de partidos y candidatos a llevar al terreno de la disputa judicial decisiones que tendrían que definirse por medio de las urnas. Otras muestras de que se busca judicializar los procesos electorales son los anuncios, formulados ayer por el propio PAN, de que se buscará la anulación de la elección a gobernador en Michoacán, y de que se acudirá a los tribunales para denunciar al precandidato de las izquierdas, Andrés Manuel López Obrador, por presuntos actos anticipados de campaña. Semejante tendencia no es positiva para la de por sí menguada credibilidad de las instituciones electorales en general, y del TEPJF en particular; por el contrario, en el caso de este último, la decisión de ayer alimenta una percepción de parcialidad en favor del partido gobernante.

Por lo demás, el ordenamiento del TEPJF de reponer los comicios municipales en un plazo no mayor a 150 días, no garantiza que las mismas irregularidades que se detectaron en meses y semanas previos a la jornada comicial del 13 de noviembre no vayan a repetirse durante el nuevo proceso. Esa consideración obliga a recordar que, además de tribunales que califiquen elecciones y, en su caso, decidan anularlas, se requieren autoridades electorales que garanticen procesos confiables y aseados: en el caso de Morelia, y en muchos otros, esto último habría debido expresarse con una intervención oportuna del instituto estatal electoral, y con las correspondientes sanciones a los responsables de acciones contrarias a la ley.

En un escenario de normalidad democrática, lo deseable y plausible es que las inconformidades de los bandos que disputan cargos de elección popular puedan ser resueltas en un contexto institucional confiable, que permita esclarecer, sin margen de duda y en plena armonía social, a los ganadores y a los perdedores de los comicios, o bien determinar la validez o invalidez de éstos. Sin embargo, en el México de 2011, la tendencia a recurrir a los tribunales abona al sentir ciudadano de que la solución de los conflictos poselectorales dependerá, en última instancia, de favoritismos, regateos y enjuagues de pasillo que habrán de realizarse de espaldas a la sociedad y al margen del veredicto de la voluntad popular.