La violación sexual, método de tortura castrense
Elementos militares en Ensenada, Baja California.
Foto: AP / Guillermo Arias
Foto: AP / Guillermo Arias
La denuncia presentada por Miriam Isaura López Vargas ante la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra) es contundente, pues documenta que los abusos sexuales por parte de militares están previstos en un manual de tortura del Ejército. Lo mismo sostiene la abogada Silvia Vázquez Camacho, integrante de la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos, quien incluso se lanza contra el gobierno federal porque, dice, su discurso sobre el respeto a los derechos humanos simplemente es falaz.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- La violación sexual a mujeres como método de tortura sigue siendo una práctica recurrente entre los miembros del Ejército, según la denuncia presentada en la Procuraduría General de la República (PGR) y ante la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) por una mujer de Ensenada, Baja California.
El jueves 15, el mismo día que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, encabezó el “acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano” ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Valentina Rosendo Cantú, la indígena guerrerense que en 2002 fue objeto de abuso sexual por elementos del Ejército, Miriam Isaura López Vargas presentó su querella en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
Su denuncia va dirigida contra soldados de la II Región Militar de Baja California y funcionarios de la PGR “por actos de tortura física y psicológica, entre ellos la violación sexual”. Los hechos, asegura, ocurrieron en las instalaciones castrenses de esa entidad en febrero pasado.
El jueves 15 Poiré afirmó que el agravio a Valentina Rosendo era uno de esos “casos aislados que no representan la política del Estado mexicano”. Y Miriam Isaura, de 28 años, dio los detalles de las vejaciones que sufrió ante la agente del Ministerio Público de la Fevimtra, Jazmín Mendoza Sánchez.
Dijo que fue detenida por soldados que la torturaron y abusaron sexualmente de ella, y tras amenazarla la obligaron a declarar en contra de 10 integrantes del 67 Batallón de Infantería, a quienes la justicia militar acusó de recibir dinero del crimen organizado para dejar pasar cargamentos de droga.
Miriam relata que permaneció 80 días en el Centro Nacional de Arraigo de la Ciudad de México y que el 26 de abril fue trasladada al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ensenada, para ser procesada por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de mariguana con fines de comercio. El 1 de septiembre pasado el juez décimo de Distrito, José Neals André Nalda, la absolvió de los cargos.
De los abusos sufridos por Miriam en los cuarteles militares de Ensenada y Morelos, en Tijuana, la CNDH tomó nota en marzo pasado, cuando el marido de la detenida, Alfonso Ladrón de Guevara Bravil, relató su caso a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). La organización pidió el apoyo del ombudsman nacional para que documentara la queja.
Una vez libre, Miriam, quien había decidido olvidar el agravio, se sintió amenazada nuevamente por militares, según cuenta a Proceso:
“Desde los primeros días de diciembre he visto a militares rondar por mi casa; un día llegaron unos soldados armados en un carro militar a tocarme la puerta y a gritarme que saliera. Tengo mucho miedo, porque cuando me obligaron a señalar a militares, dos de ellos me amenazaron delante de los agentes del MP. Me dijeron que cuando salieran iban a ir por mí y por mi familia; temo por mis hijos y por mi esposo.
“Mi miedo es grande desde antes de que me detuvieran. Yo mandé un correo a la Sedena para denunciar a un coronel que estaba en el retén Loma de Oro, porque era muy prepotente conmigo cuando pasaba por ahí. Creo que de ahí viene todo.”
Para Silvia Vázquez Camacho, abogada de la CMDPDH, el caso de Miriam López Vargas “es una prueba de que la violación sexual como mecanismo de tortura está legitimada por el Ejército y que ese es su método de investigación”.
Peor aún: “Lo que le ocurrió a Miriam demuestra lo que le ocurre a las personas que tienen el valor de denunciar los abusos de los militares”.
El jueves 15, el mismo día que el secretario de Gobernación, Alejandro Poiré, encabezó el “acto de reconocimiento de responsabilidad del Estado mexicano” ordenado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso de Valentina Rosendo Cantú, la indígena guerrerense que en 2002 fue objeto de abuso sexual por elementos del Ejército, Miriam Isaura López Vargas presentó su querella en la Fiscalía Especial para los Delitos de Violencia contra las Mujeres y Trata de Personas (Fevimtra).
Su denuncia va dirigida contra soldados de la II Región Militar de Baja California y funcionarios de la PGR “por actos de tortura física y psicológica, entre ellos la violación sexual”. Los hechos, asegura, ocurrieron en las instalaciones castrenses de esa entidad en febrero pasado.
El jueves 15 Poiré afirmó que el agravio a Valentina Rosendo era uno de esos “casos aislados que no representan la política del Estado mexicano”. Y Miriam Isaura, de 28 años, dio los detalles de las vejaciones que sufrió ante la agente del Ministerio Público de la Fevimtra, Jazmín Mendoza Sánchez.
Dijo que fue detenida por soldados que la torturaron y abusaron sexualmente de ella, y tras amenazarla la obligaron a declarar en contra de 10 integrantes del 67 Batallón de Infantería, a quienes la justicia militar acusó de recibir dinero del crimen organizado para dejar pasar cargamentos de droga.
Miriam relata que permaneció 80 días en el Centro Nacional de Arraigo de la Ciudad de México y que el 26 de abril fue trasladada al Centro de Readaptación Social (Cereso) de Ensenada, para ser procesada por delitos contra la salud en su modalidad de posesión de mariguana con fines de comercio. El 1 de septiembre pasado el juez décimo de Distrito, José Neals André Nalda, la absolvió de los cargos.
De los abusos sufridos por Miriam en los cuarteles militares de Ensenada y Morelos, en Tijuana, la CNDH tomó nota en marzo pasado, cuando el marido de la detenida, Alfonso Ladrón de Guevara Bravil, relató su caso a la Comisión Mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH). La organización pidió el apoyo del ombudsman nacional para que documentara la queja.
Una vez libre, Miriam, quien había decidido olvidar el agravio, se sintió amenazada nuevamente por militares, según cuenta a Proceso:
“Desde los primeros días de diciembre he visto a militares rondar por mi casa; un día llegaron unos soldados armados en un carro militar a tocarme la puerta y a gritarme que saliera. Tengo mucho miedo, porque cuando me obligaron a señalar a militares, dos de ellos me amenazaron delante de los agentes del MP. Me dijeron que cuando salieran iban a ir por mí y por mi familia; temo por mis hijos y por mi esposo.
“Mi miedo es grande desde antes de que me detuvieran. Yo mandé un correo a la Sedena para denunciar a un coronel que estaba en el retén Loma de Oro, porque era muy prepotente conmigo cuando pasaba por ahí. Creo que de ahí viene todo.”
Para Silvia Vázquez Camacho, abogada de la CMDPDH, el caso de Miriam López Vargas “es una prueba de que la violación sexual como mecanismo de tortura está legitimada por el Ejército y que ese es su método de investigación”.
Peor aún: “Lo que le ocurrió a Miriam demuestra lo que le ocurre a las personas que tienen el valor de denunciar los abusos de los militares”.
Los primeros acosos
El 10 de enero último, semanas antes de que la detuvieran, Miriam Isaura López envió un correo electrónico a la cuenta atn.ciudadana@mail.sedena.gob.mx para denunciar a elementos del 67 Batallón de Infantería y a su responsable, un coronel del que, dice, nunca supo su nombre:
“Me siento acosada por el personal que labora en ese puesto de control, continuamente he recibido amenazas por parte de dicho personal, porque según me tienen de consigna por orden de dicha persona (el coronel)”, quien le decía que ella era narcotraficante. El día 24 de enero la Oficina de Atención Ciudadana de la Sedena informó a Miriam que había iniciado “una investigación para resolver lo que conforme a derecho proceda”.
La abogada Vázquez Camacho insiste: “El caso de Miriam refleja que el Ejército ha ido intensificando sus métodos de tortura, por lo que la CMDPDH, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y la CNDH han documentado un patrón de tortura en instalaciones militares desde 2009”.
Ese patrón, que consiste en golpes, intentos de asfixia con bolsa de plástico, intentos de ahogamiento por ingesta de agua, toques eléctricos y amenazas de muerte a los detenidos, es descrito a detalle en la recomendación 87/2011 de la CNDH publicada el martes 20.
La abogada señala que desde 2009 ambas organizaciones han documentado siete casos de tortura en instalaciones militares de Tijuana, Ensenada, Mexicali y San Felipe, Baja California, y que representan al menos 52 víctimas. En todos los casos, dice, “hay evidencias de que los tormentos fueron atestiguados y solapados por agentes del MP federal y castrense, así como personal del servicio médico militar”.
El nombre de Miriam López Vargas fue mencionado por primera vez el 11 de febrero pasado en el diario Reforma en una nota en la que se informaba que había sido detenida por soldados en el retén de La Loma al “intentar transportar cinco kilos de mariguana”.
Diez meses después de su detención, el jueves 15, Miriam dio su versión a la agente de la Fevimtra. Declaró que aproximadamente a las 10:30 de la mañana del 2 de febrero de 2011, mientras transitaba en su vehículo por calles céntricas de Ensenada, fue abordada por dos hombres armados, vestidos de civil y con pasamontañas, quienes descendieron de una camioneta Silverado blanca.
Según la denuncia penal que interpuso ante la Fevimtra, de la que Proceso tiene copia, Miriam fue obligada a pasarse al asiento trasero, donde uno de los hombres le cubrió los ojos con vendas; y cuando ella gritó para llamar la atención, le colocó una pistola en la sien derecha y la amenazó con volarle la cabeza.
Dijo que fue trasladada a las instalaciones del cuartel militar de Ensenada, donde al tratar de defenderse de sus agresores, uno de ellos, al que identificó como Eduardo Villarreal, le cortó la muñeca izquierda con un cuchillo. Poco después la trasladaron al cuartel Morelos, de Tijuana, donde permaneció hasta el 9 de febrero, donde fue torturada con el patrón tradicional mencionado en líneas anteriores.
En su denuncia, Miriam relató que se desvaneció en dos ocasiones y que fue asistida por una mujer vestida de militar, a quien pudo reconocer porque le quitó la venda de los ojos.
“Me siento acosada por el personal que labora en ese puesto de control, continuamente he recibido amenazas por parte de dicho personal, porque según me tienen de consigna por orden de dicha persona (el coronel)”, quien le decía que ella era narcotraficante. El día 24 de enero la Oficina de Atención Ciudadana de la Sedena informó a Miriam que había iniciado “una investigación para resolver lo que conforme a derecho proceda”.
La abogada Vázquez Camacho insiste: “El caso de Miriam refleja que el Ejército ha ido intensificando sus métodos de tortura, por lo que la CMDPDH, la Comisión Ciudadana de Derechos Humanos del Noroeste y la CNDH han documentado un patrón de tortura en instalaciones militares desde 2009”.
Ese patrón, que consiste en golpes, intentos de asfixia con bolsa de plástico, intentos de ahogamiento por ingesta de agua, toques eléctricos y amenazas de muerte a los detenidos, es descrito a detalle en la recomendación 87/2011 de la CNDH publicada el martes 20.
La abogada señala que desde 2009 ambas organizaciones han documentado siete casos de tortura en instalaciones militares de Tijuana, Ensenada, Mexicali y San Felipe, Baja California, y que representan al menos 52 víctimas. En todos los casos, dice, “hay evidencias de que los tormentos fueron atestiguados y solapados por agentes del MP federal y castrense, así como personal del servicio médico militar”.
El nombre de Miriam López Vargas fue mencionado por primera vez el 11 de febrero pasado en el diario Reforma en una nota en la que se informaba que había sido detenida por soldados en el retén de La Loma al “intentar transportar cinco kilos de mariguana”.
Diez meses después de su detención, el jueves 15, Miriam dio su versión a la agente de la Fevimtra. Declaró que aproximadamente a las 10:30 de la mañana del 2 de febrero de 2011, mientras transitaba en su vehículo por calles céntricas de Ensenada, fue abordada por dos hombres armados, vestidos de civil y con pasamontañas, quienes descendieron de una camioneta Silverado blanca.
Según la denuncia penal que interpuso ante la Fevimtra, de la que Proceso tiene copia, Miriam fue obligada a pasarse al asiento trasero, donde uno de los hombres le cubrió los ojos con vendas; y cuando ella gritó para llamar la atención, le colocó una pistola en la sien derecha y la amenazó con volarle la cabeza.
Dijo que fue trasladada a las instalaciones del cuartel militar de Ensenada, donde al tratar de defenderse de sus agresores, uno de ellos, al que identificó como Eduardo Villarreal, le cortó la muñeca izquierda con un cuchillo. Poco después la trasladaron al cuartel Morelos, de Tijuana, donde permaneció hasta el 9 de febrero, donde fue torturada con el patrón tradicional mencionado en líneas anteriores.
En su denuncia, Miriam relató que se desvaneció en dos ocasiones y que fue asistida por una mujer vestida de militar, a quien pudo reconocer porque le quitó la venda de los ojos.
La tortura
En el certificado médico integrado en el expediente que se le siguió a Miriam López Vargas aparece una nota firmada por la doctora Eva Lorena Rodríguez Hernández, médico de la II Región Militar, que instruye la utilización del salbutamol porque la víctima “padecía asma desde los cuatro años”. Eso es mentira, comenta la entrevistada.
También expone que perdió la noción del tiempo por estar vendada de los ojos. Aunque recuerda que los primeros días llegaron a las instalaciones militares la defensora de oficio Sayda Rafaela Román López y María Dolores Moreno Calderón, así como un agente del MP de apellido Nieto –“quien padece vitíligo”; los tres la obligaron a firmar documentos sin que pudiera leerlos, mientas otras personas le tomaron huellas dactilares y fotografías.
Después de los abusos, Miriam fue llevada ante Nieto y Román López, quienes, dice, le mostraron fotos de militares con sus nombres y le entregaron un texto que tenía que aprenderse para inculpar a 10 militares a quienes presuntamente les había entregado dinero para pasar droga por el retén Lomas de Oro.
Miriam fue confrontada con los soldados. Recuerda que en cada declaración la obligaban a firmar documentos. Dos de los inculpados la amenazaron; le dijeron que si los acusaba, cuando salieran libres la iban a buscar, según declaró ante la Fevimtra.
Relató también que los militares la videograbaron para que repitiera un texto autoinculpatorio: “Si me equivocaba, me pegaban en la parte de atrás de la cabeza”; también le mostraban fotos de sus hijos y de su esposo para amedrentarla.
El 26 de abril, luego de 80 días de arraigo, Miriam fue trasladada a Tijuana y de ahí a Ensenada, donde fue puesta a disposición del Décimo Juzgado de Distrito acusada de transportar cinco kilos de mariguana, cargos de los que fue absuelta.
La versión de los militares no concordaba con un parte informativo del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo de Ensenada (C4), presentado por la defensa de Miriam. El documento tenía información de ciudadanos que observaron cuando fue detenida.
Miriam creyó que todo había terminado cuando recuperó su libertad y decidió no denunciar a los militares que la agredieron. Pero cambió de parecer cuando familiares de los soldados a los que ella presuntamente implicó y que fueron procesados en el fuero castrense comenzaron a intimidarla.
Pero lo que la decidió a presentar su denuncia ante la Fevimtra fue la presencia de una camioneta blanca similar a la que usaron sus aprehensores en las inmediaciones de su domicilio. El clímax llegó el martes 6, cuando soldados armados a bordo de un vehículo militar azotaron la puerta de su casa y le gritaban que saliera.
“Entendí que si quería proteger a mi familia no podía quedarme callada, que no era justo lo que hicieron conmigo y que no quería que otra mujer sufriera lo que a mí me pasó”, dice Miriam.
En su denuncia, firmada también por la psicóloga Daniela Michelle Cisneros Vargas, de la Procuraduría de Víctimas del Delito, Miriam pide a la Fevimtra “que se garantice mi seguridad correspondiente al caso, a fin de que garanticen mi integridad y la de mi familia”; también, que se actúe en contra de los funcionarios mencionados en su declaración y quienes resulten responsables.
Miriam López expone: “Quiero que se limpie mi nombre, porque me tacharon de narcotraficante y se demostró que no es cierto, pero ante todo quiero justicia, que castiguen a quienes abusaron de mí y que ya no vuelvan a molestarme”.
Y Silvia Vázquez Camacho, la abogada de la CMDPDH, insiste: “Una vez más se demuestra en el caso de Miriam que el abuso sexual sigue formando parte del manual de tortura del Ejército”.
También expone que perdió la noción del tiempo por estar vendada de los ojos. Aunque recuerda que los primeros días llegaron a las instalaciones militares la defensora de oficio Sayda Rafaela Román López y María Dolores Moreno Calderón, así como un agente del MP de apellido Nieto –“quien padece vitíligo”; los tres la obligaron a firmar documentos sin que pudiera leerlos, mientas otras personas le tomaron huellas dactilares y fotografías.
Después de los abusos, Miriam fue llevada ante Nieto y Román López, quienes, dice, le mostraron fotos de militares con sus nombres y le entregaron un texto que tenía que aprenderse para inculpar a 10 militares a quienes presuntamente les había entregado dinero para pasar droga por el retén Lomas de Oro.
Miriam fue confrontada con los soldados. Recuerda que en cada declaración la obligaban a firmar documentos. Dos de los inculpados la amenazaron; le dijeron que si los acusaba, cuando salieran libres la iban a buscar, según declaró ante la Fevimtra.
Relató también que los militares la videograbaron para que repitiera un texto autoinculpatorio: “Si me equivocaba, me pegaban en la parte de atrás de la cabeza”; también le mostraban fotos de sus hijos y de su esposo para amedrentarla.
El 26 de abril, luego de 80 días de arraigo, Miriam fue trasladada a Tijuana y de ahí a Ensenada, donde fue puesta a disposición del Décimo Juzgado de Distrito acusada de transportar cinco kilos de mariguana, cargos de los que fue absuelta.
La versión de los militares no concordaba con un parte informativo del Centro de Control, Comando, Comunicación y Cómputo de Ensenada (C4), presentado por la defensa de Miriam. El documento tenía información de ciudadanos que observaron cuando fue detenida.
Miriam creyó que todo había terminado cuando recuperó su libertad y decidió no denunciar a los militares que la agredieron. Pero cambió de parecer cuando familiares de los soldados a los que ella presuntamente implicó y que fueron procesados en el fuero castrense comenzaron a intimidarla.
Pero lo que la decidió a presentar su denuncia ante la Fevimtra fue la presencia de una camioneta blanca similar a la que usaron sus aprehensores en las inmediaciones de su domicilio. El clímax llegó el martes 6, cuando soldados armados a bordo de un vehículo militar azotaron la puerta de su casa y le gritaban que saliera.
“Entendí que si quería proteger a mi familia no podía quedarme callada, que no era justo lo que hicieron conmigo y que no quería que otra mujer sufriera lo que a mí me pasó”, dice Miriam.
En su denuncia, firmada también por la psicóloga Daniela Michelle Cisneros Vargas, de la Procuraduría de Víctimas del Delito, Miriam pide a la Fevimtra “que se garantice mi seguridad correspondiente al caso, a fin de que garanticen mi integridad y la de mi familia”; también, que se actúe en contra de los funcionarios mencionados en su declaración y quienes resulten responsables.
Miriam López expone: “Quiero que se limpie mi nombre, porque me tacharon de narcotraficante y se demostró que no es cierto, pero ante todo quiero justicia, que castiguen a quienes abusaron de mí y que ya no vuelvan a molestarme”.
Y Silvia Vázquez Camacho, la abogada de la CMDPDH, insiste: “Una vez más se demuestra en el caso de Miriam que el abuso sexual sigue formando parte del manual de tortura del Ejército”.
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