Proponen campesinos a AMLO un pacto que les borre el estigma de «violentos y flojos»- ASTILLERO-Violencia, ocultamientos y distorsiones

Invitan al precandidato presidencial a unir fuerzas para construir el Plan de Ayala del siglo XXI

Proponen campesinos a AMLO un pacto que les borre el estigma de violentos y flojos

Se comprometen a eliminar el clientelismo y corporativismo en su relación con el Estado

Matilde Pérez U.

Periódico La Jornada
Viernes 23 de diciembre de 2011, p. 19

Integrantes del Consejo Nacional de Organizaciones Campesinas y de agrupaciones regionales propusieron a Andrés Manuel López Obrador, precandidato presidencial de la coalición Movimiento Progresista –integrada por PRD, PT y Movimiento Ciudadano–, que su programa político para el sector agropecuario reconozca a los campesinos como sujetos productivos y de derecho, y fortalezca la propiedad social y la protección de los recursos naturales de ejidos y comunidades.

Ante el acoso que sufren los dueños de la propiedad social por agroempresarios modernos, mineras nacionales y extranjeras, especuladores inmobiliarios y turísticos, que buscan despojarlos de sus tierras, aguas, bosques, playas, semillas, biodiversidad, conocimientos tradicionales y centros ceremoniales, invitaron al tabasqueño a unir fuerzas y lo convocaron a construir, junto con la sociedad rural, el Plan de Ayala del siglo XXI.
Señalaron que la sociedad rural requiere un nuevo pacto, pues se ha desvalorizado económica, política, social y culturalmente a los hombres y mujeres del campo. No se nos reconoce la calidad de sujetos productivos y sujetos de derecho; se nos ha estigmatizado como improductivos, atrasados, localistas, flojos y violentos.
La propuesta –integrada por siete ejes– resalta el compromiso de los campesinos para eliminar el clientelismo y corporativismo en su relación con el Estado y pugnar para que se reconozca su capacidad de organización, autogestión y autonomía.
Sostiene que las familias rurales lucharán para contrarrestar la reforma agraria oficial, motor de la privatización de más de 3 millones de hectáreas hasta la fecha y del saqueo de los recursos naturales de suelo y subsuelo.

Advierte que se ha entregado la soberanía alimentaria de los mexicanos a unas cuantas corporaciones agroalimentarias nacionales y extranjeras, violando el derecho a la alimentación de la mayoría de la población. Asienta que los precios de los comestibles se encarecen cada mes al tiempo que disminuye la cantidad y calidad de éstos, mientras las grandes empresas aumentan sus ganancias y crece su influencia y control sobre los poderes públicos.

Estamos en una democracia simulada; los que verdaderamente deciden son un pequeño grupo de grandes empresarios y asociaciones financieras con la ayuda del duopolio televisivo; se ha impuesto un clima de terror entre la población con la guerra contra el narcotráfico; la soberanía nacional está en riesgo.

Apunta que constituirán la nueva base de las políticas agroalimentarias y de desarrollo rural que contengan un sistema de precios justos para los productos del campo; acceso al crédito e insumos para la producción; revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte; fortalecimiento de la agricultura a pequeña y mediana escala; acceso al crédito y seguro agropecuario; asistencia técnica; establecimiento de un fondo de reservas públicas de alimentos y prohibición de la siembra de maíz transgénico.

Las 26 agrupaciones firmantes del documento aseguran que serán portadores de un nuevo modelo de relaciones humanas y de civilización sustentado en el respeto a las personas, cuidado a la naturaleza, sobriedad y en el interés general. Seremos creadores de una nueva cultura social, política y económica para que indígenas y campesinos alcancen el bienestar social y la felicidad.

Astillero

Aritmética discordante

Veracruz, otra vez

Asaltos carreteros

Excesos en el PJF

Julio Hernández López

PRIMER AVISO. Los consejeros del IFE se pronunciaron ayer en favor de que los precandidatos y partidos actúen con prudencia, luego de que el TEPJF determinó que los aspirantes únicos tienen prohibido realizar proselitismo, ya que incurrirían en actos de campaña anticipadaFoto Notimex

H

ay una diaria batalla entre las versiones oficiales y la voz popular en asuntos de la delincuencia organizada y la guerra oficial que contra ella se libra. Por todo el país se da cuenta de enfrentamientos, balaceras y hechos extremadamente violentos, pero la gran mayoría de esos casos apenas encuentran referencia en recuentos o notas breves y escuetas de algunos medios de comunicación, aunque es más frecuente el silencio (imputable, en la mayoría de los casos, no a un gusto de esos medios por el mutismo, sino a las amenazas directas que los bandos criminales hacen a periodistas y directivos que bien saben que no tienen ningún respaldo en el ámbito gubernamental en el que casi por regla se anidan informantes y ejecutores de los mismos grupos denunciados).

A simple vista, y por mera inferencia de estadística elemental, no parecieran corresponder las balas disparadas, las armas utilizadas, los vehículos y aparatos involucrados, el número de participantes ni las horas de confrontación violenta con las bajas oficialmente reportadas. Hay muchas ocasiones en que un accidente de tráfico en carretera significa más muertos en el parte oficial que los registrados en los boletines de prensa elaborados con extremo cuidado respecto a choques entre sicarios y fuerzas gubernamentales. La falta de concordancia entre la percepción popular y la información oficial hace que crezcan versiones en las que se asegura que la aritmética del poder es rasurada, en un afán de no darle nivel de verdad reconocida por los gobiernos a hechos que si se conocieran en su completa dimensión abonarían el miedo colectivo y otorgarían a los cárteles un rango combativo elevado.

Ayer, en Veracruz, y más en general en la región huasteca donde convergen franjas de varios estados, se vivió otro de esos momentos en los que la falta de información oficial oportuna genera rumores y multiplica el miedo. Apenas instauraba el gobernador Javier Duarte de Ochoa un cogobierno marino en la zona conurbada de Veracruz y Boca del Río, echando a la calle a cientos de miembros de la policía intermunicipal, con indemnización pero sin más futuro que poner sus habilidades al servicio de otros patrones, cuando en la zona norte de la entidad se producía uno más de los acontecimientos aterradores que a lo largo del país van sucediendo.

Pasajeros que viajaban en autobuses en la zona cercana a Pánuco vivieron incidentes mortales que en la inmediatez de la información por Internet lo mismo parecían constituir una masacre, con más de 40 muertos, que 20 o, según la precisión final del gobierno veracruzano, de 16, entre viajeros y presuntos atacantes. Más allá de los números, lo vivido en Veracruz, es decir, en todo México, es absolutamente intolerable: viajar por carreteras, sobre todo de noche y madrugada, es un riesgo mayúsculo en ciertas zonas del país, donde las propias fuerzas federales y estatales reaccionan con lentitud cuidadosa ante reportes de ataques, pues amplias franjas son dominadas por narcotraficantes y delincuentes mayores. No es, sin embargo, con el silencio o la manipulación de datos como se sirve adecuadamente al interés de una sociedad que sabe más de lo que sus gobernantes suponen.

Astillas

Los trabajadores del Poder Judicial de la Federación han aceptado que aun cuando desde 1972 su jornada de labores ha sido solamente de seis horas, a partir de enero próximo será de ocho. Sin embargo, piden que la faena sea de corrido y no con una hora de interrupción, para comer, pues esta partición trastoca o impide rutinas personales adquiridas antes de los cambios de horario (ir a recoger hijos, por ejemplo). Ese punto de conflicto ha generado inconformidad con la parte patronal, que constituyen la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, pero también con la pasiva dirección sindical, encabezada por Juan Bautista. El tema de las ocho horas corridas de trabajo se suma a la inconformidad que ya se manifestó a principios de año, a causa de la disparidad de beneficios entre trabajadores de base, secretarios de juzgado y titulares, es decir, jueces y magistrados. Uno de los inconformes, con plaza en la ciudad de México, asegura que la diferencia salarial puede ser hasta de ocho veces: “un juez percibe 60 mil pesos a la quincena, netos, y un magistrado 75 mil pesos a la quincena, netos también. Además, este año, jueces y magistrados recibieron dos bonos por 464 mil pesos cada uno por concepto de ‘seguridad’, para que blinden sus autos, contraten escoltas, etcétera. Cuando las más de las veces quienes tienen más contacto con los presuntos delincuentes son las y los trabajadores de base, al tomar declaraciones, por ejemplo”. Sin embargo, sólo después de que la sección de Chihuahua realizó un plantón en marzo del año pasado, mismo que amenazaba contagiarse a otras secciones, la dirección sindical se vio obligada a actuar y el Consejo de la Judicatura accedió a entregarles 5 mil pesos adicionales por única vez a los trabajadores de base el pasado noviembre. Otro dirigente, del sur del país, asegura que lo que más desespera a las y los trabajadores de este poder es la arrogancia de los titulares, los privilegios que disfrutan, el mal trato que muchas veces les dispensan, y el tráfico de influencias que se da entre ellos... Silvia Cruz comenta: “Lo que me asombra de tu escritura es ese tono españolizado en la forma de redactar, en las expresiones ‘plantar cara’ (¿qué es eso?, ¿hacerle frente?). Hay muchas formas de colonialismo, la peor es la que sufren quienes se empeñan, como todos los que siguen los preceptos de la Academia Española, en seguir obedeciendo a quien un día dominó y ensangrentó estas tierras”...

Y, mientras este tecleador desea a quienes lo leen que disfruten la temporada, pasen felices fiestas y tengan un mejor año en (gulp) 2012 (y a quienes no leen, también, para que no se ofenda algún candidato rebosante de vacuidad literaria), ¡hasta el próximo lunes nueve de enero, luego de un merecido descanso de dos semanas a los lectores!

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En su último día-Magú

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Violencia, ocultamientos y distorsiones

El Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos (Ifai) ordenó ayer a la Procuraduría General de la República (PGR) que busque exhaustivamente y haga pública información estadística sobre el número de fosas clandestinas en el país, así como de los cuerpos exhumados de ellas, entre diciembre de 2006 y mayo de 2011.

La citada resolución se produce luego de que la PGR declaró inexistente la información sobre el número de fosas y cadáveres exhumados, previamente solicitada por un particular a la dependencia federal, con el argumento de que su personal pericial no ha intervenido directamente en el hallazgo de los cementerios clandestinos.
El alegato de la dependencia encabezada por Marisela Morales es impresentable, sobre todo cuando los hallazgos de ese tipo de fosas se han vuelto, por desgracia, parte de la información cotidiana en el contexto de la actual guerra contra el narcotráfico, y han sido profusamente documentados en medios de comunicación nacionales y locales, e incluso internacionales. Un ejemplo inmediato es el descubrimiento, el pasado miércoles, de una nueva fosa clandestina en el municipio de Durango –la novena en lo que va de 2011– en la que fueron encontrados una decena de cadáveres, con lo que suman, sólo este año, más de 280 cuerpos de víctimas hallados en cementerios clandestinos en esa localidad.
Resulta arduo sostener que la negativa de la PGR a entregar información que le fue solicitada se deba a la inexistencia de ésta, porque las inhumaciones masivas clandestinas constituyen una expresión asociada a la delincuencia organizada, y las investigaciones en torno a ésta caen en el ámbito de responsabilidades irrenunciables de dicha dependencia.

Con esta consideración en mente, la resolución adoptada ayer por el Ifai expone, una vez más, la actitud errática y omisa del gobierno federal en el contexto de la estrategia de seguridad en curso, así como un manejo poco transparente y a veces mendaz de la información relacionada con los hechos de violencia: tal actitud ha salido a relucir, por ejemplo, en la falta de consistencia de las cifras oficiales sobre asesinatos y levantones, sobre dinero decomisado al narco y sobre el número de migrantes centro y sudamericanos secuestrados en el país por organizaciones delictivas, pero también en la tendencia inaceptable de las autoridades a tergiversar los episodios de agresiones a civiles cometidos por elementos de las fuerzas públicas.

La negación de hechos, su ocultamiento o su distorsión, constituyen, actualmente, un ejercicio complementario del baño de sangre que se desarrolla en el país: si el incremento desenfrenado de la violencia en el territorio nacional –la practicada por las organizaciones delictivas y la ejercida por elementos de las corporaciones del Estado– ha arrojado saldos catastróficos en vidas humanas y ha introducido en la mayor parte de la sociedad sentimientos de temor, confusión y zozobra, la tendencia de las autoridades a desinformar, ocultar, desvirtuar versiones distintas de la oficial profundiza el desprestigio de las instituciones, dificulta el pleno esclarecimiento de los episodios de violencia y es contrario al principio de justicia para las víctimas.

En tal circunstancia, y cuando siguen apareciendo fosas comunes, lo menos que la sociedad puede exigir a las autoridades civiles y militares es que proporcionen información veraz y coherente sobre la angustiosa situación en la que se encuentra México.