Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

martes, 11 de diciembre de 2012

ASTILLERO- Austeridad: de las palabras a los hechos- 1-D: Vandalismo de Estado-


Astillero
De panzazo (2)
Guerra cupular
Gordillo, ausente
Salinas y Solidaridad
Julio Hernández López
Foto
Juan Molinar Horcasitas, José Murat y Santiago Creel conversan con Enrique Peña Nieto durante la presentación de la iniciativa de reforma en materia educativa, en el Museo de Antropología e Historia
Foto María Luisa Severiano
Disfrutando de la alegría del recreo denominado Pacto por México, el peñismo-salinismo ensaya en el salón de clases México un reformismo cupular que según eso pretende desplazar a los actuales ocupantes de las bancas principales por nuevos-viejos párvulos que por su origen, historia y características generales no terminarían realizando transformaciones profundas, sino politiquería sexenal con maquillajes metodológicos circunstanciales: un jonguitudismo-gordillismo-¿? en el primer golpe de fuerza del actual régimen, con Elba Esther ausente de un acto gubernamental relacionado con lo educativo por primera vez desde que Carlos Salinas la sentó en la silla principal del SNTE, y con una acomedida participación gozosa de los representantes del PAN pero sobre todo del PRD, los nuevos gatilleros partidistas de entre los cuales el del sol azteca ha disparado no solamente contra el aparato tradicional de control caciquil de lo educacional sino también, oportuno para los planes de pacificación por la fuerza que prepara Los Pinos, contra los profesores que por razones diversas dejan a los alumnos sin clases, sin citar pero teniendo en la mira a los de Oaxaca y a otros que forman parte del movimiento magisterial no alineado al sindicalismo bajo control.
 
Emilio Chuayfett es el pavimentador en jefe del camino de las buenas intenciones reformistas (por cierto, este 22 le recordarán ampliamente la matanza de Acteal que sucedió mientras él ocupaba la Secretaría de Gobernación con los mismos aires pretenciosos de ahora). A su lado tiene a representantes del grupo del rector José Narro, que ayer mismo presentó en un acto distinto un compendio de propuestas para la reforma educativa. La fuerza de tarea para empujar la presunta insurrección peñista contra el cacicazgo elbista está conformada por los firmantes del Pacto por México, en especial el panista Madero y el perredista Zambrano, y a ellos ha dedicado el Primer Teleprompter del País sentidas palabras de agradecimiento por permitirle hablar del gran consenso que dice se ha creado en derredor de sus propuestas de cambio, general orgulloso de que su Estado Mayor está presto para acompañarlo en las faenas por venir.
 
Pero la tal reforma está predestinada a ser una guerra de cúpulas con impactos negativos, confusos, dispersos en la base (más allá de lo que realmente suceda con la cacica aparentemente caída de la gracia sexenal: en el camaleonismo tan conocido por ambas partes bien podrían aparentarse batallas para terminar con ajustes escenográficos que finalmente preserven los intereses de los contendientes). Por delante se ha puesto la evaluación educativa como presunto golpe maestro, apretando el puño pinolero para advertir que no se permitirán en esta administración los desafíos y a veces francos pitorreos que el calderonismo sufrió en ese tema, con el débil secretario Córdova Villalobos como víctima inmediata.
 
Dotar de autonomía al ya existente instituto de evaluación educativa, crear un sistema profesional de carrera y realizar un censo de escuelas, maestros y plazas son dardos al corazón de la estructura gordillista, pero no necesariamente significan que los vicios y taras actuales vayan a desaparecer o a aminorar significativamente sino que, conforme al perfil de los convocantes a la asonada legislativa contra la jefa Gordillo, solamente estarían en ruta de ser asumidos y modificados para fines de propaganda de modernidad por similares especímenes e intereses, en un gatopardismo educativo que le es muy funcional al vigente sistema de control social.
 
En tanto, el presidente Salinas avanzaba en la conformación de su gabinete estratégico. Ahora ha sido desempolvado Carlos Rojas Gutiérrez para que ocupe la dirección del Fondo Nacional de Apoyo a las Empresas de Solidaridad (Fonaes), que conforme a los nuevos arreglos de organigrama se convertirá el año entrante en Instituto Nacional de Economía Social. Carlos es hermano de Francisco, otro de los fieles de Carlos Salinas de Gortari a quien previamente se había instalado en la muy jugosa Comisión Federal de Electricidad. El nuevo encargado del viejo sueño político y partidista de Solidaridad fue subsecretario y secretario de Desarrollo Social con Salinas y con Zedillo, y ha sido enviado por el PRI a rescatar enclaves electorales opositores.
La reincorporación de Carlos Rojas confirma el papel central que Carlos Salinas de Gortari jugará en el manejo político y electoral de la secretaría de Desarrollo Social, donde colocó a Rosario Robles como titular y adonde llegarán algunos cuadros de cierto tipo de izquierda, y de otra oposición, incluso panista, que desarrollarán proyectos de organización social con amplio apoyo presupuestal y la vista puesta en los comicios intermedios de 2015 pero, sobre todo, en la constitución de un partido que en esta etapa se denomina Concertación Mexicana pero que podría llegar a ser la semilla de una transformación del actual PRI, nombre que en términos de mercadotecnia ya no resulta atractivo sino todo lo contrario, para dar paso a una organización que tendría el concepto de Solidaridad como eje y eventualmente podría llevar el nombre como tal.
 
En la cascada de nombramientos decembrinos destaca la consolidación del beltronismo en la cámara de diputados con el guanajuatense Francisco Arroyo como presidente de la mesa directiva de San Lázaro en sustitución de Jesús Murillo Karam. En el esquema capitalino, Joel Ortega Cuevas, marcado por la tragedia del News Divine que sucedió cuando era titular de Seguridad Pública en el DF, va a la dirección del Metro.
 
Y, mientras son vistas las dos partes de la entrevista que este tecleador hizo a un policía del DF en la que, entre otras cosas, habló de las órdenes de detención adjudicadas a Ebrard el 1DMX: bit.ly/SS9xqi y bit.ly/U0oCnw, ¡hasta mañana, con un tribunal nicaragüense metido ya en el juicio abierto del caso de los mexicanos que con vehículos adjudicados a Televisa realizaban allá actividades relacionadas con el narcotráfico!
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Austeridad: de las palabras a los hechos


El gobierno federal anunció ayer una serie de medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y de las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, entre las que figura una reducción de 5 por ciento a las percepciones de los mandos medios y superiores de la administración pública, la congelación de contrataciones de personal eventual o por honorarios –salvo en casos de incremento no previsto de actividades de alguna dependencia–, la cancelación de puestos homólogos a los de estructura, así como la realización, en cada instancia del gobierno federal, de diagnósticos sobre su estructura orgánica, procesos internos y gastos operativos.
 
Tales propósitos resultan positivos, en principio, frente a los niveles desmesurados a que ha llegado el gasto corriente del gobierno federal, injustificables en cualquier circunstancia, en especial en la que atraviesa el país actualmente, caracterizada por un crecimiento económico a todas luces insuficiente y por la incapacidad o falta de voluntad del Ejecutivo para cumplir con sus obligaciones básicas hacia la población en materias como seguridad, educación, salud y promoción del desarrollo. A la luz de los resultados puede decirse que en décadas recientes México ha padecido un gobierno desorbitadamente caro y trágicamente ineficiente, y que el presupuesto público, cuyas dimensiones corren parejas con las de la corrupción, lejos de ser un factor para el desarrollo, se ha convertido en uno más de sus obstáculos.
Por otra parte, es pertinente recordar que hace seis años, en los primeros días de diciembre de 2006, Felipe Calderón anunció un recorte de 10 por ciento a los ingresos de los mandos medios y altos del gobierno federal, medida que, ante los dispendios y la frivolidad de su administración, resultó ser mero lucimiento propagandístico de inicio de sexenio. Otro punto de referencia que debe mencionarse es la propuesta formulada en aquel año, y repetida en éste, por Andrés Manuel López Obrador, quien en las respectivas campañas políticas ofreció recortar a la mitad los salarios de los altos funcionarios federales, acción que ya había aplicado en el Gobierno del Distrito Federal entre 2001 y 2005 y que permitió –esa sí– ahorros significativos y mayor eficiencia en la administración capitalina.
 
Sin duda, el país requiere con urgencia de una política de austeridad, no sólo por razones económicas sino también políticas: el mantenimiento del aparato del Estado recae principalmente en los sectores menos favorecidos y en las clases medias, los cuales han venido enfrentando alzas regulares en los impuestos y las tarifas y han experimentado, en contraste, una caída injustificable en la calidad y la extensión de los servicios gubernamentales. Ello, a la larga, se traduce en irritación y, a fin de cuentas, en estrechamiento de los márgenes de gobernabilidad.
Hay, por añadidura, una razón moral: en sus niveles medio y alto, e incluso sin tomar en cuenta la corrupción, el servicio público se ha convertido en un espacio de privilegio y de acentuación de las intolerables desigualdades sociales que caracterizan al México contemporáneo. Por todos esos motivos, el mero enunciado de medidas de austeridad constituye un signo alentador, aunque resulta necesario pasar de las palabras a los hechos, adoptar medidas que vayan más allá de los propósitos publicitarios y realmente reduzcan el costo del gobierno e incrementen su efectividad y, sobre todo, es preciso que éste haga del ahorro y la racionalidad en el gasto una política para seis años.
 Ciudad con ángel-Fisgón
1-D: Vandalismo de Estado

Pedro Miguel
En los diez días transcurridos desde el 1º de diciembre han aparecido muchos documentos sobre la violencia de ese día en las calles de la capital y de otras ciudades del país en el marco de la toma de posesión de Peña Nieto. Por ejemplo, el video que muestra a individuos embozados y armados con cadenas y palos que se mueven tranquilamente, entre los uniformados, atrás de la primera línea del cerco de la Policía Federal al palacio de San Lázaro; o el que vincula de manera inequívoca un disparo de arma de fuego, efectuado tras las vallas instaladas por esa corporación, con la grave lesión sufrida por el profesor Juan Francisco Kuy Kendall; o las fotos de los federales provistos de fusiles de asalto, divulgadas desde días antes de que el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, jurara ante los medios que en el operativo de ese día no se les permitió portar cualquier tipo de arma que pudiera dañar a cualquier ciudadano (sic).
 
O los videos que exhiben la impunidad con la que pequeños grupos de vándalos causaron destrozos por medio centro histórico y agredieron tranquilamente a la policía capitalina, documentos con los cuales los medios electrónicos fabricaron una suerte de flagrancia virtual para justificar la detención de cualquier persona; o las grabaciones de los arrestos de personas que no habían cometido delito alguno y que muestran en forma fehaciente lo que días más tarde confesó un policía anónimo al columnista de este diario Julio Hernández López: que lo perpetrado por las fuerzas del orden del Distrito Federal fue una cacería de inocentes.

De 69 personas que fueron consignadas por alterar la paz pública, 56 salieron libres por falta de pruebas y a otros 14 ciudadanos se les iniciaron causas penales por delitos menores, aunque tampoco haya pruebas contra ellos y sí, en algunos casos, documentos que prueban su palmaria inocencia.

Los elementos disponibles hasta ahora indican, pues, que lo ocurrido el 1º de diciembre fue vandalismo de Estado y que fueron las autoridades las que detonaron la violencia y las que propiciaron la destrucción material, cifrada en casi mil millones de pesos por el cálculo hiperbólico de un membrete de comerciantes de esos siempre dispuestos a dar munición al discurso oficial. En esa misma lógica, en su canto de cisne como gobernante capitalino y como político progresista Marcelo Ebrard dijo no sé qué contra la violencia. Mientras tanto, Peña y los miembros de su camarilla pleistocena se frotaban las manos de gusto por haber matado varios pájaros de un tiro, aunque el saldo incluyera también a varios humanos lesionados de gravedad: habían logrado erigirse en gobierno federal, habían desacreditado a #YoSoy132 y a otros movimientos sociales como bárbaros y violentos y habían conseguido, además, uncir al gobierno capitalino a las lógicas represivas que han acompañado al PRI desde siempre.
 
En pocos días, sin embargo, la verdad ha ido saliendo a la luz. Lo que hubo el 1º de diciembre fue un acto de provocación montado desde las cúpulas del poder público federal, el cual lanzó a grupos de choque a causar destrozos con el fin de tener un pretexto para emprender una represión de gran calado que terminara de una vez con la repulsión social que causa el ver a Peña Nieto con una banda presidencial comprada. No lo lograron: sin duda, mucha gente se asustó –y con razón– ante la brutalidad policial exhibida; mucha más se creyó la prédica de los loros del régimen –la culpa es de AMLO y de #YoSoy132–; hay heridos de gravedad, cerca de un centenar de personas conocieron el horror de una privación ilegal de la libertad a manos de las fuerzas policiales y 14 de ellas siguen en la cárcel. Aunque en un primer momento esos saldos parecieron acelerar el reflujo en que se encuentran los movimientos antirrégimen en general, pero no los desbandaron: por el contrario, les dieron la razón y confirmaron la justeza de su causa.
 
En cambio, Peña, Manuel Mondragón y Kalb y Miguel Ángel Osorio Chong están en un predicamento: son ellos los jefes de quienes le abrieron la cabeza a Kuy Kendall y le sacaron un ojo a Uriel Sandoval y, aunque el procurador Jesús Murillo Karam mire hacia otro lado, ha de exigirse el esclarecimiento pleno de esos delitos es ineludible. Otro tanto ocurre con los atropellos perpetrados por la policía capitalina: Ebrard le debe muchas explicaciones a la sociedad que lo hizo jefe de Gobierno y su sucesor, Miguel Ángel Mancera, no podrá seguir escurriendo el bulto ante la responsabilidad de su antecesor en el cargo.
 
Se equivocaron. 2012 no es 2006, el Centro Histórico no es Atenco y el vandalismo de Estado es ya inocultable, repugnante e inadmisible para la mayor parte de la sociedad.
Twitter: @Navegaciones
La corrupción ubicua

José Blanco
La corrupción es un carcinoma purulento que abarca prácticamente al planeta entero, pero la distancia entre los países más limpios de corrupción y los más corruptos es sideral. Transparencia Internacional apunta que más de dos tercios de los entre 176 y 182 países que son objeto de sus formulaciones anuales, están por debajo de los 50 puntos sobre 100, que es su escala de medición, y todos ellos son considerados como altamente corruptos tanto en el sector público como en el privado. Pero entre los altamente corruptos hay distancias considerables.
 
No es lo mismo alcanzar 49 puntos sobre 100 y ocupar el lugar 54 de 176 países, como los casos de Chequia, Latvia, Malasia y Turquía, en 2012; que obtener 34 puntos y ocupar el lugar 105, como los casos de Argelia, Armenia, Bolivia, Gambia, Kosovo, Mali, México y Filipinas. Por supuesto, todos muy lejos de Finlandia, Dinamarca y Nueva Zelandia, con el lugar 1.

En América Latina, Chile y Uruguay ambos con el lugar 20 con 72/100, ocupan el lugar 1 del subcontinente. Les siguen, ya en la zona de los altamente corruptos, pero menos que México, Cuba, Brasil, Trinidad y Tobago, El Salvador, Panamá, Perú, Colombia, y Argentina.

México es altamente corrupto y en 2011 ocupó el mismo sitio, el 105. Como en otros países de la misma calaña, la corrupción es ubicua. Ubicua, según el Diccionario de la Real Academia, significa que está presente a un mismo tiempo en todas partes. La corrupción es aquí un cáncer endémico, histórico, originado en el poder público y extendido inmediatamente al conjunto de la sociedad, de manera creciente, desde la Colonia. Los gobiernos panistas le dieron un formidable empujón a la corrupción, con todo y su Secretaría de la Función Pública. Por supuesto, entre más pobre es un mexicano, es mucho más víctima de la corrupción, que practicante de hechos de corrupción.

Posiblemente todo mundo ha oído cómo entre los empresarios o las clases medias altas, se repite el mantra que dice Mexiquito, bendito seas ¡cualquier problema lo arreglas con dinero!, y al decir cualquier problema, es exactamente así: cualquier problema. Es cosa de llegarle al precio, en todos los casos. Según el sapo (el delito) es la pedrada (el precio). Puede tratarse de obtener una licencia, o de haber cometido un asesinato.

Quizá todos hemos oído cómo una brújula de los políticos reza: si un problema se arregla con dinero, sea el que sea, es barato. No quiero que me den, sólo que me pongan donde hay, se dice con espantoso divertimento, entre los políticos.

Decires que contrastan con este principio ético elemental pronunciado por John F. Kennedy, pero que pertenece al reino de Utopía: En la política como en las matemáticas, todo lo que no es totalmente correcto está mal.
 
El gobierno de Peña Nieto ha eliminado la cuasi inservible Secretaría de la Función Pública, y la ha sustituido por una comisión, con seguridad mucho más débil y vulnerable que la Secretaría eliminada. Una comisión instituida por ley para enfrentar una práctica absolutamente ubicua y tan honda como los abisales más profundos. La expresión parto de los montes resulta raquítica para referirse a la relación entre el monstruoso tamaño de esa putrefacción tatuada hasta en los huesos de la inmensa mayoría de los mexicanos y la solución instituida, especialmente frente a la gran corrupción pública y privada.
 
México tiene una democracia de baja intensidad porque lo corroe una corrupción de las dimensiones referidas. México es un país de reprobados porque lo carcome la corrupción de Elba Esther y su sindicato, parte notoria de la corrupción general. México es un país en el que los grandes empresarios no pagan impuestos porque el sistema fiscal lo estructuran leyes corruptas hechas para eludir esos pagos. México es un país donde los crímenes no se castigan porque la impunidad es una de sus peores formas de corrupción. México es un libro de miles de páginas, en cada una de las cuales se narra alguna historia de corrupción.
 
El abatimiento de la corrupción no puede provenir de la iniciativa de los gobernantes y los políticos, porque ninguno de ellos se echará la soga al cuello con sus propias manos.
 
Los investigadores Celeste Alcalde y Renzo Sarchi, han escrito una breve historia titulada El Movimiento Anti-corrupción Indio como experiencia de acción colectiva. Una consecuencia de la gran expansión reciente de la India, ha producido una expansión equivalente de nuevas clases medias, portadoras de valores distintos de los corruptos valores de la sociedad india (lugar 94 del índice referido). Este fenómeno ha generado el contexto propicio para que el activista
 
Anna Hazare haya dado impulso al reclamo anti-corrupción, un fenómeno nuevo que crece con celeridad y ha empezado a multiplicar iniciativas en diversas instancias del espacio público. No todo puede estar perdido para siempre en México.
 
En la última década la concientización de la sociedad civil en América Latina ha crecido en alguna medida, y ha hallado expresión en algunos medios de prensa. Eso ya es un paso. Tengamos presente la amplia muestra de posiciones anti-corrupción de numerosos escándalos como los protagonizados por Fernando Collor de Melo, Abdalá Bucaram, Jamil Mahuad, Carlos Salinas, Carlos Andrés Pérez, Alberto Fujimori, saldados todos hasta ahora con fugas o procesos sin penas, o con impunidad completa. Falta la acción social organizada; falta el surgimiento de los Anna Hazare latinoamericanos.

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