Sofismas
René Drucker Colín
En días pasados surgieron algunas ideas sobre el tema de los transgénicos que considero deben ser comentadas. En primer lugar, y de manera lamentable, se confrontaron dos posiciones: una, la posición de Mario Soberón, del Instituto de Biotecnología, y la otra, la de Elena Álvarez-Buylla, del Instituto de Ecología, ambos de la UNAM. Soberón está a favor de introducir transgénicos en México y Álvarez-Buylla en contra.
Me parece lamentable colocar a Mario Soberón como el malo de la película, mostrándolo como un tramposo que manipuló datos para hacer aparecer el maíz transgénico como algo positivo. Se le acusa, como si fuera un crimen, de que además de recibir sueldo de la UNAM es dueño de varias patentes biotecnológicas, y que mantiene un doble papel: el de investigador de una universidad pública y empresario biotecnológico.
Sobre estas aseveraciones, me voy a permitir argumentar lo siguiente: Mario Soberón, junto con su compañera Alejandra Bravo, ya fueron castigados en la UNAM. La razón por la cual fueron separados de sus cargos fue buscar
enfatizar los resultados que buscaban obtener. Pero aquí vale señalar también, y pocos parecen resaltar esto, que no alteraron los resultados, sino que buscaron
enfatizarlos. Lo importante aquí es que sus resultados no se modifican, son reales. Yo desconozco el trabajo de ellos, y no es que los quiera defender a como dé lugar. Seguro que es reprobable lo que hicieron o, más bien, quizás fue una tontería. Recomiendo aquí un magnífico libro que se llama La gran traición: fraude en la ciencia, cuyo autor es Horace Freeland Judson.
En este texto el autor hace referencia, entre otras cosas, a dos prácticas que se han visto en la ciencia; por una parte, fraguar resultados, y por la otra, recortarlos. En la primera se supone que el que fragua reporta observaciones que nunca ha hecho, y en el caso del que recorta los resultados de las observaciones son iguales, haya recortado o no, y por lo tanto las observaciones, o lo que se reporta, no distorsiona la realidad. El caso de Mario Soberón y Alejandra Bravo entra en esa categoría. No se justifica, pero sí vale notar la diferencia.
Se ha sugerido que Soberón tiene esta supuesta doble función de investigador y
empresario; esto me parece una aseveración aberrante. Llevamos años en el país señalando que estamos bajísimos en patentes, que México no compite, que la ciencia no contribuye al desarrollo económico y social del país. Pues a mí me parece que sí hay investigadores, cuyo trabajo genera productos patentables, y que sí se pueden crear incubadoras de empresas, pues qué maravilla. Hay otros que no concretan esto, pero generan nuevos e importantes conocimientos; pues también qué bueno. La ciencia tiene varias funciones, aprovechemos todas, de eso se trata.
Acusar a Soberón de ser el malo de la película es inadecuado. Si su trabajo está relacionado con los transgénicos y eso no le cuadra a algunos, pues eso es harina de otro costal. En el Instituto de Biotecnología, el doctor Alagón ha creado medicamentos que se venden ya incluso internacionalmente, y qué, ¿eso es malo? Y si ha hecho negocio, qué bueno. Ojalá hubiera muchos así. En otros países, investigador de universidad y empresario en un solo individuo es muy bien visto. ¿Por qué aquí tiene que verse casi como crimen?
Por otro lado, yo tengo la impresión de que todo el debate aquí en México sobre transgénicos está mal orientado, así como también los esfuerzos por resolver el problema. La razón por la que señalo esto es que siendo tan terrible (y estoy de acuerdo) que esta empresa Monsanto obtenga tantas ganancias económicas a costa de contaminar variedades originales de maíz, generando esto, según parece, graves peligros para la salud, no se busque obligar al gobierno a que el asunto de los transgénicos esté bajo el control de nosotros como nación. Lo que quiero señalar es que a ciencia cierta yo no sé si los transgénicos son buenos o malos, pero lo que sí sé es que la decisión sobre lo que se debe hacer debe recaer en manos del Estado mexicano a través de los resultados y recomendaciones generados por los científicos mexicanos y dejar totalmente fuera a Monsanto o equivalentes, si los hay.
El tema de los transgénicos es importantísimo y en el debate hay que lograr que el Estado se involucre y las decisiones se tomen con base en conocimientos plenos, pero, sobre todo, que éstos logren que el Estado asuma con seriedad el asunto. El país lo requiere.
P.D. Este artículo será el último que escribiré aquí en La Jornada, debido a que mi nombramiento como futuro secretario de la Secretaría de Ciencia, Tecnología e Innovación me impide ser articulista. Agradezco a mis lectores a lo largo del tiempo, tanto a los que coincidían conmigo como a mis detractores; gracias por haberme leído.
Contra la trata de personas
Raúl Vera López*
Mexico es reconocido como un país de origen, tránsito y destino de personas víctimas de trata para la explotación sexual; se calcula que 80 por ciento de sus víctimas son mujeres y niñas. Informes internacionales, particularmente los elaborados por el gobierno de Estados Unidos, revelan que México no cumple con los estándares mínimos para la eliminación del delito de la trata de personas. A pesar de los múltiples esfuerzos de la sociedad civil por exigir la adecuación legislativa y la generación de programas de combate a la trata, lo cierto es que los gobiernos federal y de los estados no han asumido su responsabilidad.
Tlaxcala, conocido por ser un estado donde nacen y se reproducen redes familiares de tratantes de mujeres y niñas en diferentes estados del país, así como de Estados Unidos, es un claro ejemplo de cómo, ante la exigencia ciudadana, las autoridades han pretendido evadir su responsabilidad de implementar políticas públicas para erradicar el delito.
Aun con la apatía gubernamental, los logros sociales pueden contarse: la tipificación en el estado del delito de la trata de personas; la creación de una ley en el estado que promueve acciones de prevención y del delito y de protección de las víctimas; y el diseño de la Estrategia Estatal contra la Trata de Personas, así como su Plan Sexenal, que prevé acciones de prevención, atención, sanción y reparación del daño. Sin embargo, la realidad muestra que los logros siguen siendo insuficientes.
La operación de las redes no se detiene: en Tlaxcala los corredores de explotación sexual siguen tan activos como antes, particularmente el que va de la ciudad de Puebla a Santa Ana Chiautempan; los casos de las mujeres desaparecidas a manos de tratantes es una constante; tan sólo de enero de 2011 a la fecha se presentaron 120 denuncias de trata en la Procuraduría General de Justicia del estado (un número significativo considerando el delito), de los cuales sólo se lograron tres sentencias, una recientemente revocada por el Tribunal Superior de Justicia, alegando la indebida integración de la averiguación previa. La pugna entre la procuraduría y el tribunal, en su pretensión por justificar su ineptitud dejando en libertad al tratante, da muestra de las deficiencias en la persecución del delito y la procuración de justicia en el estado.
Es evidente entonces que las autoridades tienen incapacidad institucional para implementar una política integral de prevención y persecución del delito, a pesar de estar obligadas por ley; o bien, la realidad muestra la mediocridad de las y los servidores públicos responsables, pasando por una posible colusión de las autoridades con las redes de trata, hasta quedar actualizada la hipótesis de ser las mismas autoridades quienes se benefician del delito, sea a través de la extorsión o directamente como dueños de los lugares de explotación sexual.
Lo que el gobierno del estado ha argumentado es que hasta ahora las instituciones públicas no cuentan con recursos públicos para operar las acciones contra la trata de personas; momento es entonces de hacer un llamamiento a la legislatura del estado de Tlaxcala, que se encuentra definiendo el Presupuesto de Egresos para 2013. La bolita está en su cancha y le toca actuar con responsabilidad frente al pueblo que representa, garantizando el recurso suficiente para que las autoridades, sin pretexto alguno, encaminen sus acciones para erradicar el delito, dando un trato digno a las víctimas y un camino de justicia que les repare el daño vivido y ponga tras las rejas a los tratantes.
Si ante el llamado legítimo de la ciudadanía, en el Legislativo no se garantiza el presupuesto para las acciones gubernamentales contra la trata de personas, quedará claro que hay una simulación de los tres poderes de gobierno en Tlaxcala para actuar, lo cual los hace responsables directos de la persistencia y expansión del delito; y de la violencia extrema que estén viviendo mujeres y niñas, sobrevivientes al dolor de la explotación sexual.
* Obispo de la diócesis de Saltillo
Presupuesto 2013: el vaso medio vacío
Javier Flores
El presidente Enrique Peña Nieto estableció claramente su compromiso de elevar los recursos para la ciencia y la tecnología durante su administración, hasta alcanzar uno por ciento del producto interno bruto (PIB). Este compromiso también está incluido en el Pacto por México, impulsado por él desde el primer día de su gobierno, el cual fue suscrito recientemente por los representantes de las principales fuerzas políticas del país. Uno esperaría entonces una cierta conexión entre estos propósitos y el proyecto de presupuesto para 2013 que Luis Videgaray, titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), entregó el pasado viernes a la Cámara de Diputados. Sin embargo, esta coherencia no existe.
En el proyecto de presupuesto de egresos para el próximo año no hay avances sustanciales que nos permitan pensar que el cumplimiento de la ley esté cercano. Sí, hay un aumento para ciencia, tecnología e innovación de 3 mil 211 millones de pesos –un incremento en términos reales de 7.34 por ciento respecto de 2012. Pero se trata de un avance muy pobre. Para evaluar la magnitud de este cambio, podríamos compararlo con el ocurrido en el último año del gobierno del licenciado Felipe Calderón. El incremento fue entonces superior al que hoy tenemos: 7 mil millones, lo que significó un aumento real de 19 por ciento respecto de 2011 (todas las cifras en pesos de 2013). En el primer año del nuevo gobierno pareciera, incluso, que vamos hacia atrás.
Lo anterior no significa necesariamente que Peña Nieto no cumplirá con lo ofrecido, pero sí que la propuesta presentada por su secretario de Hacienda compromete su palabra, pues comprime el tiempo en el cual la meta podría alcanzarse, y le imprime un riesgo adicional frente a cualquier accidente que pudiera presentarse en la economía mexicana. En los días previos a la toma de posesión del actual presidente, un calendario que parecía razonable era el de aumentos anuales equivalentes al 0.1 por ciento del PIB, lo que significaba incrementos anuales por arriba de los 10 mil millones de pesos. Pero esto no ocurrió en el actual proyecto de presupuesto, en el cual no parece existir una idea o concepción a largo plazo y es más bien de tipo inercial.
El incremento que se ofrece, en el cual la mayor parte de los recursos irán al Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, permitirán hacer frente a los compromisos habituales, con magros aumentos en algunas áreas. Pero serán insuficientes para iniciar la transformación a fondo del sistema científico y tecnológico mexicano, para lo cual se requeriría iniciar ya la creación de nuevas instituciones científicas que pudieran absorber a los investigadores jóvenes, evitar la fuga de cerebros y vincularse con la solución de las necesidades que enfrenta el desarrollo del país a escala federal y regional.
Pero no todo está dicho (¿o lo está?). Se trata de un proyecto, un punto de partida para el debate en la Cámara de Diputados, que es el órgano facultado para decidir en definitiva el presupuesto de egresos de 2013. Los legisladores que pertenecen al partido del presidente Peña Nieto deben procurar que se honre la palabra de su líder. Las agrupaciones políticas que firmaron el Pacto por México deben actuar en concordancia con sus contenidos. Debe haber una mínima coherencia entre lo que se dice y lo que se hace, si no los mexicanos no podemos saber a qué atenernos. Todavía hay tiempo para modificar el proyecto, y esto dependerá del talento y compromiso que tengan los diputados con el avance real del país.
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