Dos triunfos populares en la primera semana del nuevo gobierno derechista

Dos triunfos populares en la primera semana del nuevo gobierno derechista

 

Aunque sigue siendo un enigma a quién corresponde mayores responsabilidades en la represión del primero de diciembre –los “guantes negros” apuntan al gobierno federal, la brutalidad policiaca y las detenciones arbitrarias señalan a Marcelo Ebrard-, es indudable que la rápida liberación de la enorme mayoría de los detenidos, el reconocimiento gubernamental de las arbitrariedades y el quebranto del linchamiento mediático contra las protestas representan una inobjetable victoria del movimiento popular, particularmente del encarnado por #Yo soy 132, cuyo manejo de la comunicación electrónica obligó a los partidarios de soluciones fascistas a retroceder de sus objetivos primarios.

Desde otra trinchera, las denuncias de Andrés Manuel y otros líderes de MORENA respecto del proyecto de aumento y generalización del IVA también dieron frutos halagüeños, al obligar al equipo económico de Peña Nieto a descartar esta catastrófica idea, quedando sin efecto la campaña puesta en marcha con el fin de justificarla por los grandes santones del neoliberalismo, encabezados por el siniestro Gurría y la OCDE.

Dos triunfos populares en la primera semana del nuevo gobierno derechista no son poca cosa. Las nuevas manifestaciones anunciadas para los próximos días deberán confirmar la vigencia de la libertad de expresión y manifestación que tanto incomodan a los poderosos; en tanto que en relación con las agresiones a la economía popular conviene también no bajar la guardia, pues el pago de cuotas políticas y las nuevas creaciones sexenales representarán un importante aumento del gasto público que los “genios” de la Secretaría de Hacienda intentarán transferirá a todos nosotros.

Pasadas las dramáticas batallas inaugurales, es preciso poner en el escenario de la lucha política los temas cruciales que en cierta manera habían quedado en suspenso por la coyuntura electoral. En lo personal, considero que dos temas fundamentales que requieren impulsarse con todo vigor son la precarización laboral y la contrarreforma educativa.

La precarización laboral, impuesta a nivel global por las más poderosas oligarquías con el fin de maximizar sus ganancias, pretende ser establecida como realidad única e inmodificable, cuando obedece exclusivamente a la correlación de fuerzas entre los explotadores y los proletarios. Toda vez que las grandes mafias sindicales le apuestan al statu quo para salvar sus privilegios, son ahora también nuestros enemigos, pero para nadie es un secreto que a la mayoría de los trabajadores actualmente se nos niega el derecho a la sindicalización y se obstaculiza cualquier iniciativa de organización, hechos que, si bien en principio favorecen a la patronal, terminan por debilitar a sus aliados de las mafias que la apoyan. De cualquier manera, desde organizaciones alternativas es necesario confrontar frontalmente el paradigma de la llamada flexibilización laboral, develar sus verdaderos alcances y costos sociales, así como ampliar la conciencia de clase del proletariado del siglo XXI.

En relación con la contrarreforma educativa, no es posible aceptar el reduccionista argumento de que restándole el poder a Elba Esther se garantiza el éxito en la materia. La mafia elbista es tan nociva como sus coyunturales enemigos privatizadores, quienes saludan hoy con gran beneplácito los supuestos golpes contra el corrupto SNTE. Tanto la Gordillo como los privatizadores, y desgraciadamente muchos otros actores educativos, están de acuerdo en seguir promoviendo el mandato neoliberal que subordina el proceso educativo a las necesidades de las grandes oligarquías mundiales, y que ha degradado los ideales educativos en simples engranajes de la capacitación de mano de obra barata, ignorante y plenamente controlable.

Ante la cosmética propuesta del peñanietismo, avalada entusiastamente por un PRD que poco a poco va adoptando el repugnante papel satelital de los antiguos PPS y PST –este último, cuna del “chuchismo”- es preciso construir un proyecto que recupere los valores de la educación latinoamericana y, especialmente, el compromiso popular y social, único camino para revertir el colapso que vivimos en la actualidad.

Entre tanto, los engañabobos que se presentaron como adalides del cambio van manifestando con claridad meridiana la realidad de sus afanes, justificando los golpes contra el pueblo con el mismo discursito del régimen anterior, verbigracia, Videgaray y sus “gasolinazos”. Su impopularidad, gigantesca ya, será creciente, oportunidad que desde la izquierda consecuente no debemos dejar pasar.

Jorge Canto Alcocer - Opinión EMET

 

 

Para Peña Nieto la prioridad es continuar el neoliberalismo salinista

Por si aún teníamos alguna duda, ésta fue despejada definitivamente este martes: tras inaugurar la planta L´Oreal en San Luis Potosí, el presidente Enrique Peña Nieto sostuvo que el gran reto de su gobierno “es mantener la estabilidad macroeconómica”. Más claro ni el agua, las prioridades no son ni el combate a la pobreza, ni la conclusión de la guerra contra las drogas, ni la terminación de la matanza y la ola de violencia, por lo que las políticas encaminadas a esas tareas pendientes continuarán igual que en los últimos años de la administración de Felipe Calderón.

El Paquete Económico 2013, la Ley de Ingresos, el Presupuesto de Egresos y las políticas económicas para el año entrante ya lo habían indicado de esa manera, pero no había una declaración tan contundente y directa como la de Peña Nieto en relación con la finalidad de sus reformas estructurales, la laboral, la de la administración pública, la energética, la fiscal y hacendaria, que es, repito, mantener la estabilidad macroeconómica y, después, si se puede, intentar lograr un crecimiento mayor y sostenido… durante el 2014.

No importa que las condiciones y requerimientos del país sean otros. No importa que el sexenio de Felipe Calderón haya cerrado con 60 millones de pobres, de personas que no ganan lo suficiente para cubrir sus necesidades de alimentación y vestido. No importa que los salarios y las prestaciones sociales hayan disminuido; que existan 29.27 millones de personas que sobreviven en la economía informal, es decir el 60.1 por ciento de todos los trabajadores del país, que suman 48.7 millones de personas, según el último reporte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

Tal parece que para la nueva administración federal que llegó al poder bajo las siglas del PRI, otrora postulante del “Nacionalismo Revolucionario” y hoy defensor a ultranza del neoliberalismo salinista, no le interesa enfrentar el principal reto de su gestión que es detener el avance de la precarización y la pobreza en México. La situación está en focos rojos pues la situación de precariedad en que viven los mexicanos es la más elevada desde el 2005, precisamente cuando comenzó a realizarse las mediciones con el Indicador de Tendencia de Pobreza Laboral (ITPL).

No, no se está atendiendo lo prioritario, lo urgente. El INEGI advierte que la informalidad ha permitido que en México no exista una tasa de desempleo mayor. Señala que el mercado laboral en el país está caracterizado por un grupo importante de unidades económicas y de trabajadores que “son vulnerables”.

Cabe destacar que con una nueva medición del empleo informal en México, se encontró que seis de cada diez mexicanos que realizan alguna actividad laboral no tienen acceso a la seguridad social. Antes, el INEGI incluía en el sector informal sólo a 14.2 millones de personas, cifra que bajo los nuevos parámetros se elevó a casi 30 millones de personas. Este nuevo sistema de medición de la informalidad en el país incluye además de actividades como el comercio informal, al empleo doméstico, el trabajo en unidades familiares y en la agricultura, en una palabra, a todas las personas que realizan una actividad económica sin tener acceso a la seguridad social.

El INEGI reporta que en el servicio doméstico hay 2.1 millones de personas informales, 6.2 millones en el sector agropecuario y 6.8 millones en empresas, gobiernos e instituciones, que se suman a los 14.2 millones de trabajadores informales que ya se tenían registrados con la anterior metodología. De los 29.3 millones de personas en condiciones de informalidad laboral, 61.3 por ciento son hombres, 38.7 por ciento son mujeres, lo que da cuenta de la agudización de la problemática social en México, en la que destaca una bomba de tiempo: 8 millones de ninis (personas que no trabajan ni estudian). También refleja crudamente la incapacidad de absorber el mercado laboral formal.

Con su propuesta de crecimiento de sólo el 3.5 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), que es en realidad el reconocimiento del desaceleramiento de la economía mexicana, el nuevo gobierno federal no está atendiendo el tema prioritario de la creación de empleos que le urgen al país. No se ven por ningún lado las acciones para la creación y fortalecimiento de PYMES, que general el 90 por ciento del empleo en territorio nacional.

El problema del empleo en México no se debe a la falta de presupuesto, sino al diseño de políticas poco acertadas. Sin embargo, no hay un diagnóstico de la parte social del problema, ni de la productiva, y no hay tampoco, hasta el momento, una reforma hacendaria y fiscal que fomente la inversión. Para el próximo año, según previsiones optimistas, el empleo formal podría llegar a 250 mil o hasta 400 mil personas, en el primer trimestre de 2013, según la encuesta trimestral de Manpower, avance sumamente bajo para las necesidades del país.

Lilia Arellano - Opinión EMET