¿Va la reforma contra Elba Esther?

Por: Jorge Javier Romero Vadillo - diciembre 14 de 2012 - 0:00
LOS ESPECIALISTAS, Romero en Sinembargo - Sin comentarios

 

 

Elba Esther Gordillo es, en un país donde los políticos son poco valorados, uno de los personajes con peor fama pública. En las redes sociales, los medios tradicionales, las conversaciones familiares e incluso entre los círculos políticos, la maestra por antonomasia es considerada como un ser maléfico y no es poco frecuente que se le considere la causa de los males de la educación en México. De ahí que no me sorprenda que la reforma educativa anunciada por el presidente de la República haya sido considerada en las noticias y los comentarios como la reforma contra Elba Esther Gordillo. No ha faltado quien ha pensado que la intención principal de Peña Nieto sea deshacerse de una líder incómoda.

Sin embargo, por más antipática que resulte, no es Elba Esther Gordillo el problema principal de la educación en México. Como bien suele decir Manuel Gil Antón, si hoy pudiéramos disponer de una nave espacial para mandar a la sempiterna dirigente a Júpiter, nos encontraríamos que a la vuelta del tiempo nada habría cambiado en la educación mexicana, pues los males que aquejan al desempeño del sistema educativo no se deben a una u otra persona; son, en cambio, problemas institucionales: se trata de causas originadas en el diseño del sistema educativo mismo y en las reglas del juego con las que ha operado al menos dese 1946.

Antes de la inefable profesora Gordillo estuvo el también inefable Carlos Jongitud y antes de él el poderosísimo Jesús Robles Martínez y cada uno de ellos ejerció el control sobre los maestros de la misma forma. Si la utopía de ciencia ficción de Gil Antón se realizare sin tocar el arreglo institucional actual, lo más probable es que el espacio dejado por doña Elba fuere ocupado por otro dirigente con los mismos poderes. De ahí que no baste con eliminar políticamente a la dirigente; lo central es modificar las reglas que ha normado al sistema educativo mexicano. Y eso es lo que puede esperarse de la reforma propuesta por Peña Nieto, que retoma lo planteado por académicos y organizaciones civiles, sobre todo por quienes integramos la Coalición Ciudadana por la Educación.

Antes de la creación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en 1943 existían varios sindicatos magisteriales, con diversas orientaciones ideológicas que competían entre sí por representar a los maestros. El SNTE fue creado por influjo estatal para servir, como bien lo ha señalado la nueva subsecretaria de educación básica Alba Martínez, de instrumento de gobernabilidad del sistema educativo; a la burocracia sindical oficialista que lo encabezó, a partir de que llegó Robles Martínez a la dirección, se le concedió la tajada mayor del presupuesto educativo a cambio de aquiescencia política de sus agremiados. En enero de1946, precisamente cuando el PRM se transformaba en PRI, por decreto presidencial se establecieron las condiciones generales de trabajo de los maestros y ahí se estableció que los procedimientos de ingreso, promoción, permanencia y retiro de los trabajadores de la educación estaría regido por comisiones mixtas SEP-SNTE. A primera vista parecería que se trataba de un avance en los derechos laborales de los profesores. Sin embargo, en la medida en la que el SNTE no era una organización democrática, sino un sindicato vertical y autoritario con dirigentes que formaban parte de la coalición política en el poder, los maestros quedaron al margen y fue la burocracia sindical la que comenzó a controlar toda la vida profesional de los docentes; no sólo a través de sus representantes en las comisiones mixtas, sino en connivencia con los funcionarios de la SEP, muchas veces provenientes de las propias filas sindicales.

Con el tiempo, después de que los estudiantes de las normales públicas conquistaron la asignación automática de plazas a sus egresados, el sistema de incentivos de los maestros se deformó, pues bastaba con ingresar a una normal y no morir antes de la obtención del título para tener un puesto de maestro y una vez dentro los profesores sabían que lo que se necesitaba para lograr cambio de adscripción, conseguir doble plaza, subir en el escalafón hasta llegar a director o supervisor, lo que requerían era disciplina y lealtad al sindicato, no demostrar capacidad ni creatividad ni iniciativa. Los buenos maestros lo han sido por mera vocación, pero su desempeño no reditúa en su salario, ni en su desarrollo profesional.

La paz se mantuvo con base en el control, pues el que reclamaba se quedaba fuera del reparto de beneficios sindicales, cuando no fuera del empleo. Hubo, desde luego, maestros que buscaron democratizar su vida sindical y recuperar la dignidad de su profesión, como Othón Salazar en la década de 1960, pero acabaron en la cárcel o muertos. Después, la disidencia sindical de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación no ha representado otra cosa que la reivindicación radicalizada del mismo arreglo y en no pocas ocasiones su estridencia y su extremismo ha beneficiado a las dirigencias oficialistas, que han logrado presentarse como el mal menor. Elba Esther Gordillo ha sido especialmente hábil para utilizar a su favor los clamores de la CNTE; fueron las movilizaciones de la coordinadora las que sirvieron de pretexto a Salinas para deshacerse de Jongitud y encumbrar a Gordillo y durante el sexenio de Calderón fueron el pretexto de Elba Esther para frenar la Alianza firmada con el gobierno.

La reforma anunciada, de llegar a buen puerto y concretarse adecuadamente en la ley, cambiaría el arreglo institucional, pues un servicio profesional de carrera docente bien diseñado se basaría en incentivos de carácter profesional y académicos en lugar de los sindicales y políticos. El concurso público de oposición haría que entraran al sistema los más preparados y después las reglas de promoción, estímulo y permanencia haría que los mejores ganaran más y que directores y supervisores tuvieran las habilidades necesarias para el desempeño de su función. De ahí que resulta indispensable que la educación de calidad enfocada a la mejora constante del logro académico quede establecida como garantía constitucional, cosa que no ocurre en la iniciativa presidencial de reforma.

Ya el sindicato salió a decir que ellos han propuesto antes todo lo anunciado, que siempre han buscado la reforma. No es una estrategia nueva. También en 1992 apoyaron públicamente el Acuerdo Nacional para la Modernización de la Educación Básica, pero operaron para que la ley no modificara sustancialmente su control. Lo mismo puede ocurrir esta vez. No todo está dicho y el proceso legislativo apenas ha comenzado. Veremos cómo se negocian las leyes reglamentarias, a ver si no ocurre que ahí se convierten las buenas intenciones en el pavimento del infierno que supondrá para el país no hacer la reforma política de la educción.