De Alemania para México: armas para la represión
Represión a estudiantes de Ayotzinapa
Foto: José Luis de la Cruz
Foto: José Luis de la Cruz
En Alemania se destapó hace dos años un escándalo que, a su vez, dio pie a una investigación de grandes proporciones pero que en México no le ha preocupado prácticamente a nadie: Se trata de la venta de fusiles de asalto G-36 a cuatro estados mexicanos a los que la ley germana tiene vetados para ese tipo de comercio. Las investigaciones apuntan a una gran cadena de sobornos, que empezaría en la fábrica H&K y llegaría a la Sedena.
BERLÍN (Proceso).- En una fotografía se observa a varios policías uniformados que empuñan fusiles de asalto. En otra aparecen cinco hombres vestidos de civil que portan ostentosamente el mismo tipo de armas.
Ambas imágenes –en poder de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)– fueron tomadas el 12 de diciembre de 2011 durante el operativo policiaco que desalojó de la Autopista del Sol, en Guerrero, un plantón de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, dos de los cuales murieron por disparos de las fuerzas de seguridad.
El periodista alemán Wolf-Dieter Vogel mostró esas fotografías a varios peritos de su país para saber si se trataba de los potentes fusiles de asalto G-36 que fabrica Heckler & Koch (H&K), pues la Ley de Control de Armas de Guerra de Alemania prohíbe exportar ese armamento a Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Jalisco, por considerarlos estados donde se cometen “graves violaciones a los derechos humanos”.
Vogel fue corresponsal en México y ahora es asesor de la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, la también alemana Barbara Lochbihler.
El 19 de diciembre de 2011 el diario español El País reportó que, “según fuentes conocedoras de la investigación oficial”, en la represión de Ayotzinapa “se dispararon balas de tres tipos de calibre de tres armas diferentes, entre ellas fusiles de asalto AK-47, AR-15 y G-36”.
El 9 de enero de 2012 la CNDH determinó en un informe preliminar de los hechos que los policías federales efectuaron los primeros disparos para dispersar a los estudiantes, pero que “todo apunta a que los agentes estatales fueron los que dispararon las balas que mataron a los dos normalistas”.
En entrevista con Proceso el pasado 4 de noviembre, Vogel dice quiénes fueron sus peritos: “Mathias John, experto en armas de la sección alemana de Amnistía Internacional, y un especialista que trabaja para un diputado del partido (alemán) Die Linke, cuyos nombres no puedo revelar. Jürgen Grässlin, el presidente de la Oficina de Información Alemana sobre Armamentismo y vocero de la Sociedad Alemana para la Paz, se las enseñó también (las fotografías) a un informante (dentro de H&K).”
–¿Cuál fue su conclusión?
–Que podían afirmar, en 95%, que las armas eran, efectivamente, fusiles alemanes G-36.
Parte de esa información la publicó el diario Die Tageszeitung el 23 de marzo pasado y en abril la retomó la revista de la sección alemana de Amnistía Internacional, donde la titularon: Muertes en México, ganancias en Oberndorf, en referencia a la población donde está la matriz de H&K. El epígrafe anuncia: “El fusil G-36 es el arma de uso común del ejército alemán y cuando se utiliza adecuadamente es capaz de matar a 750 personas en un minuto”.
Poco apoyo en México
En septiembre de 2010 un equipo del programa Report Mainz –de la principal cadena pública alemana de televisión: ARD– captó imágenes de un operativo policiaco en Ciudad Juárez, en las que se ve que cuatro agentes federales encapuchados –que viajan en la caja de una pick-up con el camarógrafo– portan fusiles G-36. ARD transmitió esas imágenes el 13 de diciembre de 2010. Días después las autoridades alemanas anunciaron que suspendían la exportación de cualquier armamento de defensa a México.
La investigación de Vogel reforzó la sospecha de que tales armas se encontraban de manera irregular en Chihuahua, otro estado mexicano sujeto a embargo de armas alemanas.
“La fiscal encargada del caso, Claudia Krauth, me explicó en una entrevista el 30 de octubre pasado que la cuestión ya no es determinar si llegaron o no las armas a esos estados bajo embargo –lo que es un hecho–, sino identificar a los responsables de permitirlo y esclarecer si hubo sobornos de por medio”, comenta a Proceso Vogel, quien sigue el caso desde hace un año y cuyo último reportaje al respecto fue publicado el pasado 22 de noviembre en Die Tageszeitung.
A petición de la fiscalía de Stuttgart, el Ministerio de Justicia de Alemania transmitió al gobierno mexicano una solicitud de asistencia judicial para que investigue el flujo irregular de los G-36 de H&K dentro de México. La autoridad no ha querido precisar la fecha en que lo hizo.
Esos fusiles fueron adquiridos y entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a las policías de Chihuahua, Chiapas, Guerrero y Jalisco.
El periodista alemán señala que la fiscalía de Stuttgart ahora pide que la justicia mexicana investigue –entre otras instancias de la Sedena encargadas de la compra de los G-36– a los mandos de la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones (DCAM).
Grässlin –quien en abril de 2010 interpuso la demanda contra H&K que dio pie a las investigaciones de la justicia alemana– denunció que esa empresa había sobornado al militar que se ocupó en la DCAM de concretar la transacción y distribuir los fusiles en los estados vetados, un general “de apellido Aguilar” que recibió una comisión de 25 dólares por cada G-36 distribuido, como reportó la agencia Apro el 3 de enero de 2011.
Según Grässlin –cuya fuente es un exempleado de alto rango de H&K–, el encargado de entregar los sobornos fue Markus Bantle, el representante de esa firma en México y gerente de la empresa Lamar.
El pago de esos sobornos, precisa, se habría realizado en efectivo. Asegura que el primer encuentro entre Bantle y Aguilar tuvo lugar en febrero o marzo de 2006.
El 15 de marzo de 2011, en respuesta a una solicitud de acceso a la información, la Sedena divulgó los nombres de los responsables de la adquisición de los fusiles alemanes y los organismos implicados entre 2006 y 2009.
Los permisos extraordinarios de importación, señala la Sedena, fueron emitidos por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, cuyos directores fueron los generales Arturo Pérez Cabello (del 16 de enero de 2006 al 15 de mayo de 2007), Gerardo Rubén Serrano Herrera (del 16 de mayo de 2007 al 31 de enero de 2009) y Adolfo Domínguez Martínez (del 1 de febrero de 2009 al 1 de abril de 2010).
Los directores de la DCAM fueron en ese periodo el coronel Ricardo Martín Rodríguez y el teniente coronel Raúl Manzano Vélez.
Los contratos fueron firmados por la Dirección General de Industria Militar, cuyos titulares fueron los generales Juan Alfredo Oropeza Garnica (del 1 de enero de 2005 al 30 de noviembre de 2006), Humberto Alfonso Guillermo Aguilar (del 1 de diciembre de 2006 al 31 de marzo de 2008) y Evodio Aquino Maldonado (que llegó a ocupar el cargo el 1 de abril de 2008).
La conexión alemana
Vogel explica a este semanario que a mediados de 2006 la Oficina Federal de Economía y Control Exportador (BAFA) autorizó la venta de los G-36 a México y lo mismo hizo el Consejo Federal de Seguridad, organismo presidido por la canciller Angela Merkel.
Los permisos autorizados por Alemania contenían una cláusula de embargo a los cuatro estados mexicanos referidos.
Desde 2005, afirma Grässlin, H&K llegó a un acuerdo marco con la DCAM y firmaron un contrato final para la adquisición de entre 3 mil y 5 mil G-36 (Proceso 1769).
Agrega que en 2008 H&K organizó, “con miras a posibles envíos futuros”, una presentación –que duró tres días– de sus fusiles G-36 en Jalisco, por la cual el gobierno estatal les mandó una carta de agradecimiento. La empresa aceptó haber realizado el evento.
En Alemania, señala Vogel, se investiga especialmente a dos diputados de la misma región donde se ubica la sede de H&K, Oberndorf, quienes presuntamente recibieron sobornos, en forma de donaciones, para facilitar los permisos de exportación de las armas. Ambos rechazan cualquier acusación.
Uno es Volker Kauder, presidente del grupo parlamentario de la Unión Democratacristiana de Alemania/Unión Cristianosocial de Baviera, quien recibió 70 mil euros en donaciones de H&K entre 2001 y 2011.
Otro es Ernst Burgbacher, líder del Partido Liberal Democrático (FPD) en Tuttlingen y desde el 29 de octubre de 2009 secretario de Estado Parlamentario en el Ministerio Federal de Economía, en cuyo seno funcionan las instancias que aprueban los permisos de exportación de armas.
El rotativo alemán Stuttgarter Zeitung reportó el 9 de diciembre de 2011 que la fiscalía de Stuttgart había descubierto que la FPD de Tuttlingen había recibido 15 mil euros de donaciones por parte de H&K entre 2009 y 2011.
Esas donaciones estaban asociadas a una autorización específica para la venta de armas a México, según comunicaciones de correo electrónico entre la empresa y Burgbacher, halladas por la fiscalía de Stuttgart en el material informático confiscado durante el allanamiento a las oficinas del consorcio en Oberndorf el 21 de diciembre de 2010.
Por otro lado, el gerente de H&K, Peter Beyerle, fue hasta noviembre de 2005 juez del distrito de Rottweil, en cuya jurisdicción se encuentran Oberndorf y las circunscripciones de los diputados sujetos a investigación.
Fue Beyerle quien cabildeó personalmente ante el gobierno federal alemán para que se autorizaran las ventas de los G-36 a México, apunta Grässlin.
La fiscalía alemana investiga si esas “donaciones” sirvieron para corromper a funcionarios alemanes o mexicanos.
H&K niega todas las acusaciones. En agosto de 2010 Andreas Heeschen, uno de los mayores inversionistas de H&K, declaró a la revista alemana Wirtschafts Woche que la empresa no había efectuado ventas “directas” a los estados mexicanos bajo embargo, ya que las armas se enviaron a México “a un lugar de entrega centralizado”, en referencia a la Sedena, por lo que la empresa había cumplido con las leyes alemanas.
Heeschen acusó que incluso las autoridades mexicanas habían firmado una “declaración de destino final”, con la que garantizaban que los G-36 serían usados en las condiciones que indica la autorización alemana.
Según el referido documento de la Sedena, entre 2006 y 2009 esa institución “adquirió y recibió” 9 mil 652 fusiles de asalto G-36, por los que pagó 13 millones 76 mil 254.52 euros.
Sin embargo, según el mismo documento, ese armamento fue “entregado” por la Sedena “a las secretarías de seguridad pública y procuradurías generales de justicia” de 27 estados de la República. Casi la mitad de ellos (4 mil 798) fueron “entregados” a los cuatro estados bajo embargo de armas de factura alemana.
La policía de Jalisco obtuvo 198 fusiles; la de Chiapas, 561; la de Guerrero, mil 924, y la de Chihuahua, 2 mil 113, el mayor número entregado a un estado.
De hecho, en 2007 –consta en la denuncia– H&K solicitó a la BAFA un permiso para exportar piezas de repuesto a los 31 estados mexicanos. Cuando la autoridad alemana le preguntó la razón por la que incluía los cuatro estados vetados, la empresa contestó que se trataba de un error. Grässlin detalla que el gobierno de Chiapas fue el primero que solicitó esos repuestos.
Proceso pregunta a Vogel si el embargo alemán sólo impide el uso de los fusiles por las policías locales de los estados en cuestión, incluso si éstas fueron adquiridas a escala federal, o también la utilización sobre sus territorios, en cuyo caso ni los policías federales podrían portarlas.
“Ese es el problema. No está claro. La fiscalía de Stuttgart debe hacer públicos los documentos y contratos para conocer las condiciones de venta. Tampoco nuestras leyes de venta de armas son transparentes. Es un asunto que tenemos que resolver en Alemania”, dice. (Con información de Francisco Olaso)
BERLÍN (Proceso).- En una fotografía se observa a varios policías uniformados que empuñan fusiles de asalto. En otra aparecen cinco hombres vestidos de civil que portan ostentosamente el mismo tipo de armas.
Ambas imágenes –en poder de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH)– fueron tomadas el 12 de diciembre de 2011 durante el operativo policiaco que desalojó de la Autopista del Sol, en Guerrero, un plantón de estudiantes de la Escuela Normal Rural de Ayotzinapa, dos de los cuales murieron por disparos de las fuerzas de seguridad.
El periodista alemán Wolf-Dieter Vogel mostró esas fotografías a varios peritos de su país para saber si se trataba de los potentes fusiles de asalto G-36 que fabrica Heckler & Koch (H&K), pues la Ley de Control de Armas de Guerra de Alemania prohíbe exportar ese armamento a Guerrero, Chiapas, Chihuahua y Jalisco, por considerarlos estados donde se cometen “graves violaciones a los derechos humanos”.
Vogel fue corresponsal en México y ahora es asesor de la presidenta de la Subcomisión de Derechos Humanos del Parlamento Europeo, la también alemana Barbara Lochbihler.
El 19 de diciembre de 2011 el diario español El País reportó que, “según fuentes conocedoras de la investigación oficial”, en la represión de Ayotzinapa “se dispararon balas de tres tipos de calibre de tres armas diferentes, entre ellas fusiles de asalto AK-47, AR-15 y G-36”.
El 9 de enero de 2012 la CNDH determinó en un informe preliminar de los hechos que los policías federales efectuaron los primeros disparos para dispersar a los estudiantes, pero que “todo apunta a que los agentes estatales fueron los que dispararon las balas que mataron a los dos normalistas”.
En entrevista con Proceso el pasado 4 de noviembre, Vogel dice quiénes fueron sus peritos: “Mathias John, experto en armas de la sección alemana de Amnistía Internacional, y un especialista que trabaja para un diputado del partido (alemán) Die Linke, cuyos nombres no puedo revelar. Jürgen Grässlin, el presidente de la Oficina de Información Alemana sobre Armamentismo y vocero de la Sociedad Alemana para la Paz, se las enseñó también (las fotografías) a un informante (dentro de H&K).”
–¿Cuál fue su conclusión?
–Que podían afirmar, en 95%, que las armas eran, efectivamente, fusiles alemanes G-36.
Parte de esa información la publicó el diario Die Tageszeitung el 23 de marzo pasado y en abril la retomó la revista de la sección alemana de Amnistía Internacional, donde la titularon: Muertes en México, ganancias en Oberndorf, en referencia a la población donde está la matriz de H&K. El epígrafe anuncia: “El fusil G-36 es el arma de uso común del ejército alemán y cuando se utiliza adecuadamente es capaz de matar a 750 personas en un minuto”.
Poco apoyo en México
En septiembre de 2010 un equipo del programa Report Mainz –de la principal cadena pública alemana de televisión: ARD– captó imágenes de un operativo policiaco en Ciudad Juárez, en las que se ve que cuatro agentes federales encapuchados –que viajan en la caja de una pick-up con el camarógrafo– portan fusiles G-36. ARD transmitió esas imágenes el 13 de diciembre de 2010. Días después las autoridades alemanas anunciaron que suspendían la exportación de cualquier armamento de defensa a México.
La investigación de Vogel reforzó la sospecha de que tales armas se encontraban de manera irregular en Chihuahua, otro estado mexicano sujeto a embargo de armas alemanas.
“La fiscal encargada del caso, Claudia Krauth, me explicó en una entrevista el 30 de octubre pasado que la cuestión ya no es determinar si llegaron o no las armas a esos estados bajo embargo –lo que es un hecho–, sino identificar a los responsables de permitirlo y esclarecer si hubo sobornos de por medio”, comenta a Proceso Vogel, quien sigue el caso desde hace un año y cuyo último reportaje al respecto fue publicado el pasado 22 de noviembre en Die Tageszeitung.
A petición de la fiscalía de Stuttgart, el Ministerio de Justicia de Alemania transmitió al gobierno mexicano una solicitud de asistencia judicial para que investigue el flujo irregular de los G-36 de H&K dentro de México. La autoridad no ha querido precisar la fecha en que lo hizo.
Esos fusiles fueron adquiridos y entregados por la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) a las policías de Chihuahua, Chiapas, Guerrero y Jalisco.
El periodista alemán señala que la fiscalía de Stuttgart ahora pide que la justicia mexicana investigue –entre otras instancias de la Sedena encargadas de la compra de los G-36– a los mandos de la Dirección de Comercialización de Armas y Municiones (DCAM).
Grässlin –quien en abril de 2010 interpuso la demanda contra H&K que dio pie a las investigaciones de la justicia alemana– denunció que esa empresa había sobornado al militar que se ocupó en la DCAM de concretar la transacción y distribuir los fusiles en los estados vetados, un general “de apellido Aguilar” que recibió una comisión de 25 dólares por cada G-36 distribuido, como reportó la agencia Apro el 3 de enero de 2011.
Según Grässlin –cuya fuente es un exempleado de alto rango de H&K–, el encargado de entregar los sobornos fue Markus Bantle, el representante de esa firma en México y gerente de la empresa Lamar.
El pago de esos sobornos, precisa, se habría realizado en efectivo. Asegura que el primer encuentro entre Bantle y Aguilar tuvo lugar en febrero o marzo de 2006.
El 15 de marzo de 2011, en respuesta a una solicitud de acceso a la información, la Sedena divulgó los nombres de los responsables de la adquisición de los fusiles alemanes y los organismos implicados entre 2006 y 2009.
Los permisos extraordinarios de importación, señala la Sedena, fueron emitidos por la Dirección General del Registro Federal de Armas de Fuego y Control de Explosivos, cuyos directores fueron los generales Arturo Pérez Cabello (del 16 de enero de 2006 al 15 de mayo de 2007), Gerardo Rubén Serrano Herrera (del 16 de mayo de 2007 al 31 de enero de 2009) y Adolfo Domínguez Martínez (del 1 de febrero de 2009 al 1 de abril de 2010).
Los directores de la DCAM fueron en ese periodo el coronel Ricardo Martín Rodríguez y el teniente coronel Raúl Manzano Vélez.
Los contratos fueron firmados por la Dirección General de Industria Militar, cuyos titulares fueron los generales Juan Alfredo Oropeza Garnica (del 1 de enero de 2005 al 30 de noviembre de 2006), Humberto Alfonso Guillermo Aguilar (del 1 de diciembre de 2006 al 31 de marzo de 2008) y Evodio Aquino Maldonado (que llegó a ocupar el cargo el 1 de abril de 2008).
La conexión alemana
Vogel explica a este semanario que a mediados de 2006 la Oficina Federal de Economía y Control Exportador (BAFA) autorizó la venta de los G-36 a México y lo mismo hizo el Consejo Federal de Seguridad, organismo presidido por la canciller Angela Merkel.
Los permisos autorizados por Alemania contenían una cláusula de embargo a los cuatro estados mexicanos referidos.
Desde 2005, afirma Grässlin, H&K llegó a un acuerdo marco con la DCAM y firmaron un contrato final para la adquisición de entre 3 mil y 5 mil G-36 (Proceso 1769).
Agrega que en 2008 H&K organizó, “con miras a posibles envíos futuros”, una presentación –que duró tres días– de sus fusiles G-36 en Jalisco, por la cual el gobierno estatal les mandó una carta de agradecimiento. La empresa aceptó haber realizado el evento.
En Alemania, señala Vogel, se investiga especialmente a dos diputados de la misma región donde se ubica la sede de H&K, Oberndorf, quienes presuntamente recibieron sobornos, en forma de donaciones, para facilitar los permisos de exportación de las armas. Ambos rechazan cualquier acusación.
Uno es Volker Kauder, presidente del grupo parlamentario de la Unión Democratacristiana de Alemania/Unión Cristianosocial de Baviera, quien recibió 70 mil euros en donaciones de H&K entre 2001 y 2011.
Otro es Ernst Burgbacher, líder del Partido Liberal Democrático (FPD) en Tuttlingen y desde el 29 de octubre de 2009 secretario de Estado Parlamentario en el Ministerio Federal de Economía, en cuyo seno funcionan las instancias que aprueban los permisos de exportación de armas.
El rotativo alemán Stuttgarter Zeitung reportó el 9 de diciembre de 2011 que la fiscalía de Stuttgart había descubierto que la FPD de Tuttlingen había recibido 15 mil euros de donaciones por parte de H&K entre 2009 y 2011.
Esas donaciones estaban asociadas a una autorización específica para la venta de armas a México, según comunicaciones de correo electrónico entre la empresa y Burgbacher, halladas por la fiscalía de Stuttgart en el material informático confiscado durante el allanamiento a las oficinas del consorcio en Oberndorf el 21 de diciembre de 2010.
Por otro lado, el gerente de H&K, Peter Beyerle, fue hasta noviembre de 2005 juez del distrito de Rottweil, en cuya jurisdicción se encuentran Oberndorf y las circunscripciones de los diputados sujetos a investigación.
Fue Beyerle quien cabildeó personalmente ante el gobierno federal alemán para que se autorizaran las ventas de los G-36 a México, apunta Grässlin.
La fiscalía alemana investiga si esas “donaciones” sirvieron para corromper a funcionarios alemanes o mexicanos.
H&K niega todas las acusaciones. En agosto de 2010 Andreas Heeschen, uno de los mayores inversionistas de H&K, declaró a la revista alemana Wirtschafts Woche que la empresa no había efectuado ventas “directas” a los estados mexicanos bajo embargo, ya que las armas se enviaron a México “a un lugar de entrega centralizado”, en referencia a la Sedena, por lo que la empresa había cumplido con las leyes alemanas.
Heeschen acusó que incluso las autoridades mexicanas habían firmado una “declaración de destino final”, con la que garantizaban que los G-36 serían usados en las condiciones que indica la autorización alemana.
Según el referido documento de la Sedena, entre 2006 y 2009 esa institución “adquirió y recibió” 9 mil 652 fusiles de asalto G-36, por los que pagó 13 millones 76 mil 254.52 euros.
Sin embargo, según el mismo documento, ese armamento fue “entregado” por la Sedena “a las secretarías de seguridad pública y procuradurías generales de justicia” de 27 estados de la República. Casi la mitad de ellos (4 mil 798) fueron “entregados” a los cuatro estados bajo embargo de armas de factura alemana.
La policía de Jalisco obtuvo 198 fusiles; la de Chiapas, 561; la de Guerrero, mil 924, y la de Chihuahua, 2 mil 113, el mayor número entregado a un estado.
De hecho, en 2007 –consta en la denuncia– H&K solicitó a la BAFA un permiso para exportar piezas de repuesto a los 31 estados mexicanos. Cuando la autoridad alemana le preguntó la razón por la que incluía los cuatro estados vetados, la empresa contestó que se trataba de un error. Grässlin detalla que el gobierno de Chiapas fue el primero que solicitó esos repuestos.
Proceso pregunta a Vogel si el embargo alemán sólo impide el uso de los fusiles por las policías locales de los estados en cuestión, incluso si éstas fueron adquiridas a escala federal, o también la utilización sobre sus territorios, en cuyo caso ni los policías federales podrían portarlas.
“Ese es el problema. No está claro. La fiscalía de Stuttgart debe hacer públicos los documentos y contratos para conocer las condiciones de venta. Tampoco nuestras leyes de venta de armas son transparentes. Es un asunto que tenemos que resolver en Alemania”, dice. (Con información de Francisco Olaso)
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