Carta contra gobernadores y munícipes rateros
Varios trabajadores (llamados intelectuales porque su labor es más estrictamente pensar para estudiar y escribir, como periodistas, novelistas, investigadores y una serie de actividades para la creación y reflexión) han presentado un amparo en contra del artículo 9 de la Ley de Ingresos de la Federación, el cual dispensa, con arreglo a la corrupción del borrón y cuenta nueva, las cuantiosas deudas por el mal gobierno y saqueo de los gobernantes en las administraciones de los estados y municipios, mismos que se han embolsado el dinero del impuesto sobre la renta (ISR), que retuvieron a los empleados de ambas burocracias, pues son servidores públicos que, como todo hijo de vecino, también son contribuyentes. Sólo que los funcionarios, en su devastadora malversación de fondos públicos (para sus respectivos enriquecimientos ilícitos), los hurtaron y, cínicamente, se declararon en quiebra financiera.
Es verdad que sólo les condonan el 60 por ciento de las deudas. Pero, constitucionalmente, es ilegal. Y el Poder Judicial de la Federación debe atender el amparo interpuesto ante sus instancias, ya que a los mexicanos que pagan sus impuestos no les condonan ni un peso. Y si los desgobernadores y presidentes municipales con sus grupos se apropiaron de ese dinero o hicieron mal manejo de él, deben hacerse responsables del 40 por ciento que no entregaron y del 60 por ciento que les perdonan, ya que del ciento por ciento ha de enterarse el fisco.
Los intelectuales, justamente indignados y que se han constituido como Yo Contribuyente, son: Denise Dresser, Federico Reyes-Heroles, Jesús Silva-Herzog Flores, Carlos Elizondo Mayer-Serra, Héctor Aguilar Camín, María Amparo Casar, María Elena Morera, Mauricio Merino, Roberto Newell y José Roldán Xopa.
Y les asiste la razón en los hechos y fundamentación jurídica-constitucional para solicitar a los tribunales federales que anulen el artículo 9 de la disposición de ingresos. Y que los funcionarios que pretextaron estar quebrados y se robaron los dineros públicos sean obligados a pagarlos. Pues los mexicanos sabemos que las arcas de todo el país son saqueadas, y esa conducta debe ser sancionada en los bienes de quienes provocaron esa fraudulenta quiebra. Que no es otra cosa que hacer de las finanzas públicas un botín.
Los trabajadores de los municipios y de los estados no dejaron de pagar sus impuestos. Lo que pasó es que los desgobernadores y los pillos municipales se robaron el dinero y solicitaron la dispensa del 60 por ciento del ISR, para solamente pagar el resto; en una maniobra fraudulenta del presupuesto de ingresos que, con Calderón y Peña, amañadamente, tratan con desigualdad a los demás mexicanos que sí aportan sus contribuciones. Y por eso el amparo solicitado debe ser resuelto de manera que los malos funcionarios que se apoderaron de ese dinero, paguen lo que se les ha perdonado.
*Periodista
Domingo 03 de marzo de 2013
El meollo
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