Elba Esther en la república mafiosa

Por: Jorge Javier Romero Vadillo - marzo 1 de 2013 - 0:00
LOS ESPECIALISTAS, Romero en Sinembargo - 1 comentario

En una secuencia memorable de Casablanca, después de que todos en el bar de Rick se levantan a cantar La Marsellesa, el comandante alemán le da la orden de clausura al capitán colaboracionista francés, hasta entonces condescendiente con la operación del antro del aventurero norteamericano, donde confluía todo tipo de refugiado de la guerra y el nazismo. Al capitán Loui no le queda más remedio que pitar con su silbato y gritar “éste lugar queda clausurado”; Rick pregunta la causa y el francés le contesta “porque he descubierto que aquí se juega”. En ese momento sale el croupier de la puerta disimulada del casino clandestino y le entrega un fajo de billetes mientras le dice “sus ganancias, señor”.

Esta anécdota cinematográfica me viene a la mente siempre que un gobierno priista detiene a alguien por corrupto. De pronto se descubre lo que estaba a la vista de todos. Así ha sido desde que tengo memoria de la política. Al llegar López Portillo a la presidencia cayeron algunos personajes connotados del gobierno de Echeverría, como Eugenio Méndez Docurro o Ríos Camarena. Cuando salió López Portillo, en plena crisis, la saña del nuevo gobierno se centró en Jorge Díaz Serrano, conspicuo director de Pemex durante el boom, caído en desgracia cuando el precio del petróleo se derrumbó y la llave del crédito internacional se cerró. Salinas inauguró su presidencia con la grandilocuencia a la que después nos acostumbró con el operativo contra Joaquín Hernández Galicia, multicitado en estos días, provocado no porque de pronto se descubriera que “La Quina” era señor de horca y cuchillo en su sindicato sino porque había apoyado subrepticiamente a Cuauhtémoc Cárdenas durante la campaña de 1988. Zedillo se inauguró con la detención el 28 de febrero de 1995 de Raúl Salinas. En cada ocasión se dijo que se había actuado para hacer valer la ley y que con ello comenzaba una época de intolerancia frente a la corrupción.

Se trata de una manera de hacer las cosas y de administrar la ley recurrente en la historia de México y, sobre todo, en la tradición del PRI. El arreglo político y social mexicano ha sido siempre complaciente con la corrupción y el patrimonialismo. De hecho, los totalmente honrados no han sido bien vistos en un sistema en el que la tolerancia con la apropiación privada de los dineros públicos es una garantía de disciplina. La ley siempre pende como una espada de Damocles sobre todo político o funcionario público y le cae implacable cuando la disciplina se quiebra o cuando las ambiciones desmedidas superan los límites y se llega al escándalo público.

Lo de Elba Esther Gordillo tiene mucho de esa bonita tradición de la política mexicana. Encumbrada por el señor del gran poder de entonces, a la caída del que había sido su mentor y protector, la maestra jugó con las reglas. El cargo implicaba disponer discrecionalmente de los ingentes recursos de un sindicato al que el gobierno entrega puntualmente el 1% del salario de todos los maestros, obligados a aportar su cuota sin que nadie les pregunte si están de acuerdo con ello o no. ¿Por qué no iba la dirigenta a usar las cuentas sindicales para comprarse bolsos de lujo, casas en California u obras de arte? Esos eran beneficios asociados a su tarea, como antes los habían tenido otros dirigentes sindicales leales al régimen. “Yo uso anillos de brillantes porque quiero que todos mis obreros los puedan tener”, decía en la etapa formativa Luís Napoleón Morones, líder de la CROM de los tiempos de Calles, favorito del presidente, que vivió su propio desmoronamiento tras el asesinato de Obregón.

Elba Esther se pasó de lista. Vio en la transición democrática y la derrota del PAN una oportunidad de autonomía y creyó que el sindicato realmente le pertenecía. Usó el desconcierto causado por el cambio político para independizarse del PRI. Fue díscola en los tiempos de vacas flacas y se llevó la corporación para servir a otro amo: se entendió con los panistas que, traidores a la causa anticorporativa que había movido a sus fundadores, no vieron otro camino para gobernar al mundo del trabajo que mantener intactas las instituciones del antiguo régimen. La maestra entonces milagrosa puso tienda propia y con su Panal ayudó a Calderón a ganar la elección. Y, no faltaba más, le pasó la factura. Una tajada sustanciosa del presupuesto quedó bajo la administración de Gordillo y sus validos, mientras que el sistema educativo, otorgado como parcela del poder al SNTE desde 1946 a cambio del control de los maestros, fue saqueado por los familiares y leales de la pretendidamente chica súper poderosa.

Pero los priistas volvieron y no olvidan traiciones. La ley está para eso: para aplicarla a os enemigos, como enseñó el prócer Juárez. Hay demasiadas similitudes con el pasado como para que podamos vislumbrar en esta acción el principio del fin de la impunidad y de la tolerancia sistémica a la corrupción. La acción es un acto de poder que, de paso, deja en ridículo al PAN y, sobre todo, al expresidente Calderón, convertido en cómplice del latrocinio.

Sin embargo, los tiempos han cambiado. En primer lugar, el proceso judicial contra Gordillo y sus secuaces no podrá ser ya manejado discrecionalmente desde la Procuraduría, pues los ojos del país estarán sobre él y el poder judicial ha ganado autonomía. Tampoco el SNTE es ya la mera maquinaria controlada desde le gobierno que era cuando Jonguitud aceptó dócilmente su relevo en abril de 1989. Algo de real fue la autonomía que le dio Elba Esther y si bien el espíritu de sus líderes locales es esencialmente priista, la nueva dirigencia no podrá ser nombrada simplemente desde Los Pinos. Además, está la CNTE, usada hábilmente por la maestra para justificar su dominio; ahí el control político corporativo ha mostrado sus límites desde hace años y sin el contrapeso del SNTE puede ser que su radicalidad se desborde. Es posible que la manera tradicional de hacer las cosas ya no sea suficiente ante la nueva realidad del país.

Pero la diferencia más importante con lo que ha pasado en otros tiempos es que el poder corporativo del SNTE ha sido atacado antes de darle el golpe a su dirigente. La reforma constitucional que crea el servicio profesional docente, si se reglamenta adecuadamente en la ley, sí puede desmontar el poder que se le había concedido a la organización gremial en la división del trabajo de la época clásica del monopolio político del PRI. La buen noticia para la educación no es la detención de Elba Esther Gordillo sino, un día antes, la promulgación de la reforma constitucional al artículo tercero constitucional. Si los legisladores hacen bien su trabajo, el cambio real que desmonte el poder corporativo en la educación puede alcanzarse, esté o no Elba Esther Gordillo en la cárcel.