Fuegos de artificio
Peña. La foto con el presidente.
Foto: Miguel Dimayuga
Foto: Miguel Dimayuga
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Enrique Peña Nieto ha arrancado su sexenio de la misma manera en que dio inicio a su campaña presidencial. Durante sus primeros cien días en el poder ha emprendido un desesperado esfuerzo por apantallar e intimidar a sus rivales políticos y a la sociedad entera. En respuesta, hoy se requiere una contundente acción ciudadana para romper de nueva cuenta el hechizo del supuesto poder arrasador de la maquinaria priista. En 2012 fueron los valientes jóvenes de la Universidad Iberoamericana quienes sacudieron nuestras conciencias y nos empujaron a la acción. ¿Quiénes seguirán su ejemplo y tomarán la batuta del liderazgo social en 2013?
El PRI sigue al pie de la letra la estrategia de shock and awe (conmoción y pavor) desarrollada por el ejército estadunidense y redactada por Harlan Ullman y James Wade, de la Universidad de la Defensa Nacional (resumen aquí: http://ow.ly/irGgM). Esta doctrina se basa en el despliegue de vistosas muestras de fuerza intimidatoria al principio de una campaña militar con el fin de paralizar y desmoralizar al enemigo en preparación para la introducción de las tropas terrestres.
En 2012 el intenso bombardeo de espectaculares en cada rincón de la República, encuestas de dudosa procedencia, entrevistas pagadas y costosos “regalos” a la población buscaban generar al principio de la campaña electoral la impresión de la inevitabilidad del triunfo de Peña Nieto. Hoy en cambio el objetivo es neutralizar a la oposición política y social para que el pueblo se resigne a regalar su oro negro a Halliburton y Exxon-Mobil. En ambos casos la apuesta es al desánimo y la desmovilización social. El debate democrático, el análisis crítico y la participación ciudadana constituyen los adversarios a vencer.
Lo ocurrido en las campañas del año pasado genera esperanza para el futuro. En 2012 el guión indicaba que Peña Nieto debía arrasar con 15-18% de la votación para evitar cualquier cuestionamiento a la legalidad o legitimidad de su victoria. Las encuestadoras tenían el encargo de colocar este margen en la opinión pública y los operadores políticos la responsabilidad de cumplir con ello en los hechos por medio de una masiva operación de compra y coacción del voto el día de la elección.
Pero justo cuando la estrategia empezaba a surtir efectos y todos se resignaban a la inevitabilidad del retorno de los dinosaurios al poder, de repente emergió un fuerte y combativo movimiento juvenil que les arruinó la fiesta a los nuevos alquimistas electorales. #YoSoy132 inyectó aire fresco y una sana incertidumbre democrática a las campañas. Los jóvenes también generaron una positiva presión poselectoral a favor de la legalidad y la rendición de cuentas en la actuación del IFE, el Tribunal Electoral y las principales televisoras del país.
Desde entonces el PRI y Peña Nieto han estado a la defensiva, luchando a contracorriente para establecer desde el gobierno la legitimidad que no pudieron comprar en las urnas. Así se explica la necesidad de un Pacto por México para cooptar a los rivales, la represión contra los jóvenes durante la toma de posesión, la politización de la justicia en el caso de Elba Esther Gordillo y las constantes conferencias de prensa con escenografías totalitarias para anunciar con bombo y platillo la introducción de viejo vino en odres nuevos…
Este es un fragmento del análisis que se publica en la edición 1896 de la revista Proceso, ya en circulación.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
El PRI sigue al pie de la letra la estrategia de shock and awe (conmoción y pavor) desarrollada por el ejército estadunidense y redactada por Harlan Ullman y James Wade, de la Universidad de la Defensa Nacional (resumen aquí: http://ow.ly/irGgM). Esta doctrina se basa en el despliegue de vistosas muestras de fuerza intimidatoria al principio de una campaña militar con el fin de paralizar y desmoralizar al enemigo en preparación para la introducción de las tropas terrestres.
En 2012 el intenso bombardeo de espectaculares en cada rincón de la República, encuestas de dudosa procedencia, entrevistas pagadas y costosos “regalos” a la población buscaban generar al principio de la campaña electoral la impresión de la inevitabilidad del triunfo de Peña Nieto. Hoy en cambio el objetivo es neutralizar a la oposición política y social para que el pueblo se resigne a regalar su oro negro a Halliburton y Exxon-Mobil. En ambos casos la apuesta es al desánimo y la desmovilización social. El debate democrático, el análisis crítico y la participación ciudadana constituyen los adversarios a vencer.
Lo ocurrido en las campañas del año pasado genera esperanza para el futuro. En 2012 el guión indicaba que Peña Nieto debía arrasar con 15-18% de la votación para evitar cualquier cuestionamiento a la legalidad o legitimidad de su victoria. Las encuestadoras tenían el encargo de colocar este margen en la opinión pública y los operadores políticos la responsabilidad de cumplir con ello en los hechos por medio de una masiva operación de compra y coacción del voto el día de la elección.
Pero justo cuando la estrategia empezaba a surtir efectos y todos se resignaban a la inevitabilidad del retorno de los dinosaurios al poder, de repente emergió un fuerte y combativo movimiento juvenil que les arruinó la fiesta a los nuevos alquimistas electorales. #YoSoy132 inyectó aire fresco y una sana incertidumbre democrática a las campañas. Los jóvenes también generaron una positiva presión poselectoral a favor de la legalidad y la rendición de cuentas en la actuación del IFE, el Tribunal Electoral y las principales televisoras del país.
Desde entonces el PRI y Peña Nieto han estado a la defensiva, luchando a contracorriente para establecer desde el gobierno la legitimidad que no pudieron comprar en las urnas. Así se explica la necesidad de un Pacto por México para cooptar a los rivales, la represión contra los jóvenes durante la toma de posesión, la politización de la justicia en el caso de Elba Esther Gordillo y las constantes conferencias de prensa con escenografías totalitarias para anunciar con bombo y platillo la introducción de viejo vino en odres nuevos…
Este es un fragmento del análisis que se publica en la edición 1896 de la revista Proceso, ya en circulación.
www.johnackerman.blogspot.com
Twitter: @JohnMAckerman
La reforma en telecomunicaciones, prueba de fuego
Telecomunicaciones.
Foto: Marco Antonio Cruz
Foto: Marco Antonio Cruz
Si bien el gobierno federal prometió eliminar los monopolios y los poderes fácticos en las telecomunicaciones, la reforma constitucional en la materia, cuya iniciativa aún no se presenta, podría acabar en una “gran simulación” o bien ser una transformación histórica. Por ello los principales actores de ese drama –Televisa, TV Azteca y Telmex– mueven sus piezas y cabildean en el Congreso. Está en juego el predominio en el sector con mayor crecimiento económico anual.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con más de un mes de retraso en la presentación de la iniciativa, la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión podría derivar en una “gran simulación” para favorecer el poder del presidente de la República por encima de los concesionarios, en una “transformación histórica” del sector con mayor crecimiento anual en la economía o en un complicado proceso legislativo que podría desembocar en una negociación entre el gobierno federal y los poderes dominantes del sector, especialmente Televisa y Telmex.
Así lo expresaron los legisladores implicados en la negociación, los especialistas que han estado cerca del proceso de elaboración de los documentos –seguido a puerta cerrada– y así se deja entrever en las múltiples versiones de los documentos previos que han circulado, cuyas copias obtuvo Proceso, donde los temas delicados se hallan “entre corchetes”.
La reforma pone en juego la apertura real a la competencia de un sector que está en manos del duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca concentran 92.33% de las concesiones) y de un actor dominante en telefonía fija y móvil (Telmex-Telcel) que quiere participar en el mercado de contenidos y televisión; un sector, en suma, con enorme rezago en materia de internet y nuevas tecnologías: más de 35 millones de mexicanos no tienen acceso a la banda ancha, sólo tres de cada 10 hogares tienen una computadora y 78% de los hogares carece de internet.
Además el gobierno de Enrique Peña Nieto –a quien se acusa de ser un político telefabricado– se comprometió desde su toma de posesión a eliminar los monopolios y los poderes fácticos, así como a abrir la competencia en este sector, después de la emergencia de un movimiento social que desde la campaña de 2012 demandó la democratización de los medios. Diez de los 95 compromisos del Pacto por México están relacionados con la reforma al sector de telecomunicaciones y de medios electrónicos.
“El gobierno busca introducir regulaciones asimétricas para las empresas de telecomunicaciones y quiere reforzar las atribuciones del órgano regulador, la Cofetel”, advirtió desde enero el secretario de Hacienda, Luis Videgaray; pero los integrantes del Pacto por México, en especial los negociadores del PAN y del PRD, han insistido en avanzar más allá de los “cambios cosméticos”.
En el camino la posición de los panistas se ha dividido a raíz de las fracturas internas en el PAN, que perdió la Presidencia en 2012. El dirigente nacional de ese partido, Gustavo Madero, le ha apostado su futuro a la concreción de esta reforma y presiona para que la iniciativa se apruebe y discuta originalmente en la Cámara de Diputados, no en el Senado.
Las propuestas iniciales y los cambios más radicales han sido introducidos por los negociadores del PRD (Jesús Ortega, Guadalupe Acosta Naranjo, Alejandra Barrales, Eloí Vázquez y Pablo Gómez), con la asesoría de la diputada federal Purificación Carpinteyro, exsubsecretaria de Comunicaciones y redactora de las partes más delicadas del borrador.
Por el PRI la interlocución la lleva el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta Sánchez, exalcalde de Colima, y algunas de las propuestas y observaciones que se mantienen “en corchetes” son del senador y abogado Raúl Cervantes Andrade.
La última versión del borrador negociado entre los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México, cuya copia obtuvo Proceso, anuncia cambios importantes en por lo menos 10 puntos considerados ejes de una transformación radical en el sector.
Estos son: La creación de un órgano regulador con autonomía constitucional, incorporar el must offer y el must carry gratuitos a la Constitución (en oposición a los intereses de Televisa y TV Azteca), poner límites a la concentración de algún agente del sector (no más de 40 a 50%), abrir la competencia con nuevas licitaciones en la banda 700 Mhz y en televisión digital abierta, crear el organismo responsable de los medios públicos (Sistema Nacional de Radio y Televisión), permitir hasta 100% de inversión extranjera en telecomunicaciones y hasta 49% en radio y televisión, aplicar medidas de “desagregación” en telefonía e internet fijos para el agente dominante (con clara dedicatoria a Telmex), así como “prohibir la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”.
Aún falta una última y definitiva revisión este fin de semana en el Consejo Rector del Pacto por México. Los temas más delicados siguen siendo el órgano regulador, el must carry y los límites de dominancia, así como la posibilidad de autorizar la multiprogramación a las compañías televisivas dominantes.
Ifetel, la discordia
La creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) como nuevo órgano regulador del sector es el tema central. Éste tendrá autonomía constitucional con facultades para otorgar y revocar concesiones (en lugar del Ejecutivo federal, como ahora) y estará integrado por siete comisionados designados de forma escalonada a propuesta del presidente de la República y con la ratificación del Senado.
La conformación de este nuevo órgano regulador constituye el principal punto a discusión entre los concesionarios de radio y televisión, las empresas telefónicas, algunos legisladores del PAN y del PRI y sectores del gobierno federal que se oponen a la creación de una nueva entidad. A cambio plantean reforzar las capacidades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y mantener la facultad del Ejecutivo federal de otorgar, refrendar y modificar las concesiones.
Licitaciones, nuevas cadenas, internet
Otro de los artículos transitorios del documento preliminar de la reforma establece que en un plazo “no mayor de 180 días naturales” el Ifetel publicará las bases y convocatorias para licitar “nuevas concesiones de frecuencias de televisión radiodifundidas que deberán ser agrupadas a efecto de formar por lo menos dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional”.
No podrán participar los concesionarios que actualmente acumulen concesiones para prestar servicios de radiodifusión. El ordenamiento aclara una discusión previa: Si las cadenas eran regionales o nacionales. En la Cofetel se generó esta discusión en los últimos meses. Según el borrador de la reforma, serán nacionales.
En el mismo plazo el nuevo órgano regulador deberá integrar y constituir el Registro Público de Concesiones para eliminar la discrecionalidad y opacidad actuales.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1897 de la revista Proceso, ya en circulación.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Con más de un mes de retraso en la presentación de la iniciativa, la reforma en materia de telecomunicaciones y radiodifusión podría derivar en una “gran simulación” para favorecer el poder del presidente de la República por encima de los concesionarios, en una “transformación histórica” del sector con mayor crecimiento anual en la economía o en un complicado proceso legislativo que podría desembocar en una negociación entre el gobierno federal y los poderes dominantes del sector, especialmente Televisa y Telmex.
Así lo expresaron los legisladores implicados en la negociación, los especialistas que han estado cerca del proceso de elaboración de los documentos –seguido a puerta cerrada– y así se deja entrever en las múltiples versiones de los documentos previos que han circulado, cuyas copias obtuvo Proceso, donde los temas delicados se hallan “entre corchetes”.
La reforma pone en juego la apertura real a la competencia de un sector que está en manos del duopolio televisivo (Televisa y TV Azteca concentran 92.33% de las concesiones) y de un actor dominante en telefonía fija y móvil (Telmex-Telcel) que quiere participar en el mercado de contenidos y televisión; un sector, en suma, con enorme rezago en materia de internet y nuevas tecnologías: más de 35 millones de mexicanos no tienen acceso a la banda ancha, sólo tres de cada 10 hogares tienen una computadora y 78% de los hogares carece de internet.
Además el gobierno de Enrique Peña Nieto –a quien se acusa de ser un político telefabricado– se comprometió desde su toma de posesión a eliminar los monopolios y los poderes fácticos, así como a abrir la competencia en este sector, después de la emergencia de un movimiento social que desde la campaña de 2012 demandó la democratización de los medios. Diez de los 95 compromisos del Pacto por México están relacionados con la reforma al sector de telecomunicaciones y de medios electrónicos.
“El gobierno busca introducir regulaciones asimétricas para las empresas de telecomunicaciones y quiere reforzar las atribuciones del órgano regulador, la Cofetel”, advirtió desde enero el secretario de Hacienda, Luis Videgaray; pero los integrantes del Pacto por México, en especial los negociadores del PAN y del PRD, han insistido en avanzar más allá de los “cambios cosméticos”.
En el camino la posición de los panistas se ha dividido a raíz de las fracturas internas en el PAN, que perdió la Presidencia en 2012. El dirigente nacional de ese partido, Gustavo Madero, le ha apostado su futuro a la concreción de esta reforma y presiona para que la iniciativa se apruebe y discuta originalmente en la Cámara de Diputados, no en el Senado.
Las propuestas iniciales y los cambios más radicales han sido introducidos por los negociadores del PRD (Jesús Ortega, Guadalupe Acosta Naranjo, Alejandra Barrales, Eloí Vázquez y Pablo Gómez), con la asesoría de la diputada federal Purificación Carpinteyro, exsubsecretaria de Comunicaciones y redactora de las partes más delicadas del borrador.
Por el PRI la interlocución la lleva el subsecretario de Comunicaciones, José Ignacio Peralta Sánchez, exalcalde de Colima, y algunas de las propuestas y observaciones que se mantienen “en corchetes” son del senador y abogado Raúl Cervantes Andrade.
La última versión del borrador negociado entre los integrantes del Consejo Rector del Pacto por México, cuya copia obtuvo Proceso, anuncia cambios importantes en por lo menos 10 puntos considerados ejes de una transformación radical en el sector.
Estos son: La creación de un órgano regulador con autonomía constitucional, incorporar el must offer y el must carry gratuitos a la Constitución (en oposición a los intereses de Televisa y TV Azteca), poner límites a la concentración de algún agente del sector (no más de 40 a 50%), abrir la competencia con nuevas licitaciones en la banda 700 Mhz y en televisión digital abierta, crear el organismo responsable de los medios públicos (Sistema Nacional de Radio y Televisión), permitir hasta 100% de inversión extranjera en telecomunicaciones y hasta 49% en radio y televisión, aplicar medidas de “desagregación” en telefonía e internet fijos para el agente dominante (con clara dedicatoria a Telmex), así como “prohibir la transmisión de publicidad o propaganda presentada como información periodística o noticiosa”.
Aún falta una última y definitiva revisión este fin de semana en el Consejo Rector del Pacto por México. Los temas más delicados siguen siendo el órgano regulador, el must carry y los límites de dominancia, así como la posibilidad de autorizar la multiprogramación a las compañías televisivas dominantes.
Ifetel, la discordia
La creación del Instituto Federal de Telecomunicaciones (Ifetel) como nuevo órgano regulador del sector es el tema central. Éste tendrá autonomía constitucional con facultades para otorgar y revocar concesiones (en lugar del Ejecutivo federal, como ahora) y estará integrado por siete comisionados designados de forma escalonada a propuesta del presidente de la República y con la ratificación del Senado.
La conformación de este nuevo órgano regulador constituye el principal punto a discusión entre los concesionarios de radio y televisión, las empresas telefónicas, algunos legisladores del PAN y del PRI y sectores del gobierno federal que se oponen a la creación de una nueva entidad. A cambio plantean reforzar las capacidades de la Comisión Federal de Telecomunicaciones y mantener la facultad del Ejecutivo federal de otorgar, refrendar y modificar las concesiones.
Licitaciones, nuevas cadenas, internet
Otro de los artículos transitorios del documento preliminar de la reforma establece que en un plazo “no mayor de 180 días naturales” el Ifetel publicará las bases y convocatorias para licitar “nuevas concesiones de frecuencias de televisión radiodifundidas que deberán ser agrupadas a efecto de formar por lo menos dos nuevas cadenas de televisión con cobertura nacional”.
No podrán participar los concesionarios que actualmente acumulen concesiones para prestar servicios de radiodifusión. El ordenamiento aclara una discusión previa: Si las cadenas eran regionales o nacionales. En la Cofetel se generó esta discusión en los últimos meses. Según el borrador de la reforma, serán nacionales.
En el mismo plazo el nuevo órgano regulador deberá integrar y constituir el Registro Público de Concesiones para eliminar la discrecionalidad y opacidad actuales.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1897 de la revista Proceso, ya en circulación.
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