¿Historia magistra vitae?
Ilán Semo
La vindicación de la historia como maestra de la vida se debe a Cicerón. La registran las páginas de De Oratore, en el capítulo II. Su propósito era preservar los acontecimientos paradigmáticos del pasado (para instruir al presente) y
mantener en vida los tesorosde la experiencia. Los modernos dejaron de creer en esa pedagogía desde el siglo XVIII. La historia podría, a lo máximo, explicar el pasado, no prever el futuro. Sin embargo, no deja de asombrarnos cuando una sociedad se embarca, sobre todo a la hora de su decadencia, en una suerte de compulsión a la repetición –casi a la manera en que funciona el sistema síquico individual.
La detención de Elba Esther Gordillo es un acto que la justicia mexicana adeudaba a la sociedad desde hace lustros. Toda la ominosa conducción de un sindicato que de por sí ha sido utilizado como chivo expiatorio de una crisis educativa, de la que sólo es responsable en parte, no hizo más que ampliar las posibilidades de control de una organización que hace mucho se convirtió en organismo paraestatal. Pero es difícil imaginar que esa detención sea el primer paso de un giro hacia un orden jurídico que funcione sobre la base de principios (un poco más) universales.
Junto a Elba Esther sigue una larga fila de funcionarios públicos que cometieron delitos tan onerosos como el desvío de fondos o más graves aún. Humberto Moreira, por ejemplo, que hizo de la deuda de un estado entero un negocio personal y, sobre todo, un negocio para financiar campañas priístas. Genaro García Luna, el antiguo secretario de Seguridad, al que lo mínimo que se le puede imputar es el cargo de obstrucción de la justicia, uno de los delitos más (y nunca) penados en la legislación mexicana. Existen una decena de gobernadores, de los tres partidos mayoritarios, acusados de mantener nexos orgánicos con el crimen organizado. ¿No se trata acaso de crímenes mucho más severos de los que se le imputan a la lideresa sindical?
¿Por qué entonces Elba Esther? Hay tres argumentos que parecen los más visibles.
1) En los pasados 12 años, el SNTE se convirtió en uno de los puntales políticos del paso por la presidencia. Es un hecho que sin los votos que pudieron acopiar seis gobernadores priístas 2006 en favor de Felipe Calderón –votos orquestados por la jerarca sindical–, el candidato panista jamás habría alcanzado a
empatarlos que recibió Andrés Manuel López Obrador. Por otro lado, fue la misma élite del PRI la que avaló el fraude que llevó a Calderón a la presidencia. Elba Esther no hizo más que poner en práctica esa decisión. Todo indica que se trata más bien de esa antigua práctica (casi ritual) en la que un presidente parte plaza haciendo un ajuste de cuentas dramático con el sexenio anterior. Esa práctica que los dos presidentes panistas omitieron fue una omisión que produjo tantos estragos en su legitimación inicial. En este sentido, el juicio contra Elba Esther habrá de contribuir tan escasamente a acercarnos al estado de derecho como el que se emprendió contra La Quina en el sexenio de Salinas.
2) El poder de la dirigente sindical se habría convertido en una fuerza fáctica paralela a la presidencia. Desde su fundación, el SNTE ha representado una de las mayores (sino la mayor) maquinaria electoral del país. Este hecho no es privativo de la política mexicana. En Estados Unidos, los gremios sindicales apoyan en las elecciones al Partido Demócrata, y en Inglaterra al Partido Laborista. La participación electoral de los sindicatos no es un sinónimo de corporativismo. El sesgo corporativo se lo ha dado el propio Estado en México. Con los cientos de miles de sus agremiados situados en las venas del proceso electoral (campañas de casa en casa, casillas, comités distritales, etc.), la organización magisterial ha alcanzado un poder singular. Elba Esther empleó este poder de manera particular, estableciendo alianzas regionales con gobernadores de los tres partidos mayoritarios. Una autonomía nada despreciable, que el PRI, en su compulsión a la repetición, ya no está dispuesto a tolerar.
3) Por último. La permanencia del gordillismo obstaculizaría la reforma educativa en puertas. Aquí es preciso hacer notar que lo que comúnmente se conoce como
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La llave maestra
Gustavo Gordillo
El inevitable tema de actualidad puede fácilmente banalizarse. Sea que se postule que el arresto de Elba Esther Gordillo sólo busca
legitimaral presidente Peña Nieto; sea que se busque actos semejantes en el pasado. El golpe a la poderosa dirigente está imbricado en varios planos. La lucha contra la corrupción y la impunidad. El impulso a una reforma educativa en profundidad. El reclamo de democracia sindical, elecciones transparentes de dirigentes y no intervención del gobierno en los asuntos internos sindicales. En todos estos ámbitos tiene y tendrá impacto la detención de La Maestra.
Acotar los poderes fácticos. Empero su arresto parte del hilo conductor de la estrategia política del nuevo gobierno. Tanto en su discurso de toma de posesión como en el propio Pacto por México acotar a los poderes fácticos es el eje discursivo central de esta estrategia cuyo propósito explícito es restablecer la rectoría del Estado.
Aunque hoy la agenda de reformas debe partir de una pregunta: ¿cómo gobernar la pluralidad? Este tema está ligado desde luego a las características de la transición política que tiene muchas visiones e interpretaciones. La mía es que se trató de una transición que desembocó en un régimen precariamente provisional.
Decadencia administrada. Lo que ha ocurrido ha sido una consistente decadencia donde el centro político se desmadeja, acontece una emancipación gradual y discontinua tanto de entidades federativas como de franjas de la sociedad al tiempo que opera la colonización de espacios del aparato estatal o de territorio nacional por un sinúmero de poderes fácticos. Este régimen especial se ha sustentado en la idea de elecciones de tipo plebiscitarias donde cada uno de los tres partidos principales aspiraba a instaurar un gobierno mayoritario y monocolor. Aquí está el germen y la fuente de la parálisis. Además se ha tratado de un régimen altamente depredador enquistado en el centro de la distribución de los recursos públicos en forma de rentas y privilegios. Ha sido un régimen parasitario que privatiza excedentes y que lleva a una especie de decadencia administrada. La expresión contundente de esta decadencia es la profunda desigualdad y el deterioro laboral sobre todo de los jóvenes.
El tripié del poder autoritario requería un partido hegemónico y la primacía de las reglas informales para garantizar el poder metaconstitucional del presidente. Con un sistema competitivo de partidos se rompe por uno de los flancos el tripié autoritario, pero al no operar una completa transformación del régimen, es decir al no impulsar una reforma del Estado, lo que ocurre es la expansión –sin contrapesos– de los poderes fácticos.
Acotar a los poderes fácticos es indispensable para restablecer el poder del Estado. Esto se puede lograr en clave democrática o en clave autoritaria. Conviene en este contexto reflexionar sobre la
democracia delegativa, concepto planteado por Guillermo O’Donnell: Una democracia no institucionalizada que se caracteriza por su limitado alcance y envergadura, la debilidad y baja intensidad de las instituciones políticas.
Pero el Pacto por México –con sus insuficiencias– también puede prefigurar otro camino: una alianza tripartidista –hoy precaria e insuficiente– que desemboque en una coalición de fuerzas capaz de impulsar una reforma del Estado. El combate a los poderes fácticos podría ser la llave maestra.
Twitter: gusto47
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