La vía del sometimiento
El titular del Ejecutivo, Enrique Peña Niet,.
Foto: Fernando Camacho
Foto: Fernando Camacho
MÉXICO, D.F. (Proceso).- El único principio que rige la conducta y acción del presidente Enrique Peña Nieto son los resultados: “Mi única definición es que soy un pragmático al que importan los resultados. Los resultados, eso es lo que importa: los resultados”, le dijo a Carlos Puig, de acuerdo con un artículo que éste publicó en Letras Libres en mayo de 2012. Los resultados a costa de lo que sea. Los resultados sin importar los costos (humanos, de derechos, económicos, materiales) que haya que pagar; lo importante es tener resultados que divulgar.
El pragmatismo en su máxima expresión que acabó con los dogmas (la defensa de la economía popular y por lo tanto, la oposición al IVA en alimentos y medicinas; la propiedad del Estado sobre los bienes del subsuelo y por lo tanto, la negativa a permitir la inversión privada en la industria petrolera, entre otros) en los documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional pero que también dejó clara la ausencia de principios y escrúpulos.
No fue casualidad que el martes 26 de febrero, precisamente el día en que detuvieron a Elba Esther Gordillo, el gobierno empezara a divulgar un promocional en radio y televisión con el siguiente mensaje: “El gobierno de la república está decidido a dar todos los pasos que sean necesarios para mover la política educativa y llevar a los niños y a nuestro país a un mejor futuro”. Mensaje que en televisión muestra a un profesor que empieza a caminar en el pizarrón. La acción acompañada de la promoción, la comunicación política en todo su esplendor. Y el complemento en la XXI asamblea priista: “No hay intereses intocables… Tomaré las decisiones que exige la transformación del país”.
El mensaje es claro y contundente: La detención de Elba Esther Gordillo nada tiene que ver con el combate a la corrupción, la democracia sindical, la vigencia del estado de derecho o incluso la mejora de la calidad educativa. Es un mensaje para todos los opositores a las propuestas o programas presidenciales: Seré implacable, no me detendré ante nada, no importa qué tan poderoso seas. Pero no se trata de actuar de acuerdo con las leyes o impulsar el interés de la comunidad o el nacional; de lo que se trata es de docilidad, de maleabilidad, de sometimiento.
Con lo que hoy ha salido a la luz pública del expediente de Elba Esther Gordillo (Proceso 1896 y Reforma del jueves 7) es evidente que el nuevo líder del sindicato, Juan Díaz de la Torre era uno de los que tenía firma en las cuentas implicadas en la malversación de recursos, que seguramente participó en estos desvíos y era uno de los integrantes de “la organización delincuencial”; precisamente por eso le es útil al gobierno en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque sabe que en el momento en que no se pliegue a las exigencias del gobierno, éste dejará caer la guillotina sobre él, igual que antes lo hizo sobre Gordillo.
Pero no únicamente hay que usarla, hay que blandirla, ostentarla, pues eso es precisamente lo que atemoriza, lo que somete. Y eso es lo que el gobierno hace ostensiblemente para someter y paralizar a quienes se opongan a las acciones gubernamentales.
Fragmento del análisis que se publica en la edición 1897 de la revista Proceso, ya en circulación.
El pragmatismo en su máxima expresión que acabó con los dogmas (la defensa de la economía popular y por lo tanto, la oposición al IVA en alimentos y medicinas; la propiedad del Estado sobre los bienes del subsuelo y por lo tanto, la negativa a permitir la inversión privada en la industria petrolera, entre otros) en los documentos básicos del Partido Revolucionario Institucional pero que también dejó clara la ausencia de principios y escrúpulos.
No fue casualidad que el martes 26 de febrero, precisamente el día en que detuvieron a Elba Esther Gordillo, el gobierno empezara a divulgar un promocional en radio y televisión con el siguiente mensaje: “El gobierno de la república está decidido a dar todos los pasos que sean necesarios para mover la política educativa y llevar a los niños y a nuestro país a un mejor futuro”. Mensaje que en televisión muestra a un profesor que empieza a caminar en el pizarrón. La acción acompañada de la promoción, la comunicación política en todo su esplendor. Y el complemento en la XXI asamblea priista: “No hay intereses intocables… Tomaré las decisiones que exige la transformación del país”.
El mensaje es claro y contundente: La detención de Elba Esther Gordillo nada tiene que ver con el combate a la corrupción, la democracia sindical, la vigencia del estado de derecho o incluso la mejora de la calidad educativa. Es un mensaje para todos los opositores a las propuestas o programas presidenciales: Seré implacable, no me detendré ante nada, no importa qué tan poderoso seas. Pero no se trata de actuar de acuerdo con las leyes o impulsar el interés de la comunidad o el nacional; de lo que se trata es de docilidad, de maleabilidad, de sometimiento.
Con lo que hoy ha salido a la luz pública del expediente de Elba Esther Gordillo (Proceso 1896 y Reforma del jueves 7) es evidente que el nuevo líder del sindicato, Juan Díaz de la Torre era uno de los que tenía firma en las cuentas implicadas en la malversación de recursos, que seguramente participó en estos desvíos y era uno de los integrantes de “la organización delincuencial”; precisamente por eso le es útil al gobierno en la dirigencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación, porque sabe que en el momento en que no se pliegue a las exigencias del gobierno, éste dejará caer la guillotina sobre él, igual que antes lo hizo sobre Gordillo.
Pero no únicamente hay que usarla, hay que blandirla, ostentarla, pues eso es precisamente lo que atemoriza, lo que somete. Y eso es lo que el gobierno hace ostensiblemente para someter y paralizar a quienes se opongan a las acciones gubernamentales.
Fragmento del análisis que se publica en la edición 1897 de la revista Proceso, ya en circulación.
La ley del silencio
Una camioneta baleada después del enfrentamiento en Reynosa, Tamaulipas.
Foto: Tomada de Twitter
Foto: Tomada de Twitter
MÉXICO, D.F. (apro).- Desde hace varios años en México se ha presentado un fenómeno que Italia y Colombia han vivido también: se trata del surgimiento de zonas de silencio en las cuales los medios de comunicación decidieron no informar ante las amenazas de muerte, atentados y secuestros que recibieron por parte de bandas de la delincuencia organizadas convertidas en verdaderos gobiernos de terror en comarcas enteras.
Apenas el lunes 11 de esta semana, el diario coahuilense Zócalo de Saltillo anunció a través de su editorial que ya no publicará información relacionada con el crimen organizado, luego de que el viernes pasado recibiera amenazas a través de mensajes en mantas colocadas en distintos municipios de la entidad.
“La decisión de suspender toda información relacionada con el crimen organizado se fundamenta en nuestra responsabilidad de velar por la integridad y seguridad de más de mil trabajadores, sus familias y la nuestra”, expuso el rotativo de Coahuila.
En la región lagunera donde confluyen Coahuila y Durango se vive desde hace años una espiral de violencia que ha alcanzado a reporteros y medios de comunicación.
El 25 de mayo de 2009, Eliseo Barrón Hernández, reportero de La Opinión Milenio, fue ejecutado por presuntos sicarios de Los Zetas comandados por Lucio Fernández, El Lucifer, para “dar un escarmiento” a los comunicadores.
Luego, el 26 de julio de 2010, en el contexto de la cobertura de un motín de reos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 2, con sede en Gómez Palacio, Durango, Javier Canales, de Multimedios Laguna; Alejandro Hernández, camarógrafo de Televisa Torreón; Héctor Gordoa Márquez, enviado de Televisa México, y Héctor “N”, de El Vespertino fueron secuestrados por varios días.
Los comunicadores y medios de Coahuila no son los únicos que han tomado esta difícil decisión del silencio. Otro periódico que asumió algo similar fue El Mañana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, que desde julio de 2012 manifestó que dejaba de “reproducir hechos violentos producto de la guerra entre grupos delictivos”, luego de que sus instalaciones sufrieran un ataque con granadas dos veces ese año.
Con el cambio de poder en la Presidencia de la República, las cosas no han mejorado para los medios y sus trabajadores. El domingo 3, Jaime Guadalupe González, director de Ojinaga Noticias de Chihuahua, fue ejecutado, convirtiéndose en el primer periodista asesinado bajo el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
A partir de este crimen, el miércoles 6 varios sujetos armados dispararon contra El Diario de Juárez y la sede del Canal 44 de televisión, también en Chihuahua, sin causar heridos.
Semanas antes en Tamaulipas, donde ya muchos medios no publican noticias del narcotráfico sin haberlo anunciado, uno de los dos cárteles que dominan la entidad repartió cientos de volantes en los que se ofrecía una recompensa de 600 mil pesos para quien diera informes de los responsables de la página y cuenta “Valor por Tamaulipas”.
La ley de silencio impuesta por el crimen organizado se ha expandido hacia Michoacán, Guerrero, Veracruz y Zacatecas, sin que los gobiernos de los estados o el federal hayan logrado quebrarla.
En los hechos, se trata de la imposición de la voluntad del poder de la delincuencia por encima de la Constitución, sin importar quién gobierne. Lo mismo con Peña Nieto que con el panista Felipe Calderón.
Apenas el lunes 11 de esta semana, el diario coahuilense Zócalo de Saltillo anunció a través de su editorial que ya no publicará información relacionada con el crimen organizado, luego de que el viernes pasado recibiera amenazas a través de mensajes en mantas colocadas en distintos municipios de la entidad.
“La decisión de suspender toda información relacionada con el crimen organizado se fundamenta en nuestra responsabilidad de velar por la integridad y seguridad de más de mil trabajadores, sus familias y la nuestra”, expuso el rotativo de Coahuila.
En la región lagunera donde confluyen Coahuila y Durango se vive desde hace años una espiral de violencia que ha alcanzado a reporteros y medios de comunicación.
El 25 de mayo de 2009, Eliseo Barrón Hernández, reportero de La Opinión Milenio, fue ejecutado por presuntos sicarios de Los Zetas comandados por Lucio Fernández, El Lucifer, para “dar un escarmiento” a los comunicadores.
Luego, el 26 de julio de 2010, en el contexto de la cobertura de un motín de reos en el Centro de Reinserción Social (Cereso) No. 2, con sede en Gómez Palacio, Durango, Javier Canales, de Multimedios Laguna; Alejandro Hernández, camarógrafo de Televisa Torreón; Héctor Gordoa Márquez, enviado de Televisa México, y Héctor “N”, de El Vespertino fueron secuestrados por varios días.
Los comunicadores y medios de Coahuila no son los únicos que han tomado esta difícil decisión del silencio. Otro periódico que asumió algo similar fue El Mañana de Nuevo Laredo, en Tamaulipas, que desde julio de 2012 manifestó que dejaba de “reproducir hechos violentos producto de la guerra entre grupos delictivos”, luego de que sus instalaciones sufrieran un ataque con granadas dos veces ese año.
Con el cambio de poder en la Presidencia de la República, las cosas no han mejorado para los medios y sus trabajadores. El domingo 3, Jaime Guadalupe González, director de Ojinaga Noticias de Chihuahua, fue ejecutado, convirtiéndose en el primer periodista asesinado bajo el gobierno del priista Enrique Peña Nieto.
A partir de este crimen, el miércoles 6 varios sujetos armados dispararon contra El Diario de Juárez y la sede del Canal 44 de televisión, también en Chihuahua, sin causar heridos.
Semanas antes en Tamaulipas, donde ya muchos medios no publican noticias del narcotráfico sin haberlo anunciado, uno de los dos cárteles que dominan la entidad repartió cientos de volantes en los que se ofrecía una recompensa de 600 mil pesos para quien diera informes de los responsables de la página y cuenta “Valor por Tamaulipas”.
La ley de silencio impuesta por el crimen organizado se ha expandido hacia Michoacán, Guerrero, Veracruz y Zacatecas, sin que los gobiernos de los estados o el federal hayan logrado quebrarla.
En los hechos, se trata de la imposición de la voluntad del poder de la delincuencia por encima de la Constitución, sin importar quién gobierne. Lo mismo con Peña Nieto que con el panista Felipe Calderón.
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