Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

martes, 12 de marzo de 2013

Otra vez, el presidente omnímodo- A 100 días, Peña no cumple

Otra vez, el presidente omnímodo

Peña Nieto, arropado por el PRI Foto Miguel Dimayuga
Peña Nieto, arropado por el PRI Foto Miguel Dimayuga
Constitucionalmente el titular del Ejecutivo federal reúne en su persona dos jefaturas: la del gobierno y la del Estado. Pero la ambición política de Enrique Peña Nieto se desborda, así que tras la XXI Asamblea Nacional del PRI detentará asimismo el control de ese instituto político. Según la exdirigente nacional priista Dulce María Sauri, el mensaje es claro. “El partido del presidente –dice– está unido y listo para apoyarlo en sus iniciativas”.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- A partir de la XXI Asamblea Nacional del PRI, el domingo 3, el presidente Enrique Peña Nieto tiene el control del partido y además “su conducción plena”, lo que “reforzará ante la sociedad la imagen de un trato privilegiado” hacia el tricolor y “discriminatorio hacia otros partidos”, advierte Dulce María Sauri Riancho, exdirigente nacional priista y exgobernadora de Yucatán.
Pronostica que la presencia presidencial en las deliberaciones del partido gobernante “acabará por sofocar la escasa costumbre de debate abierto sobre asuntos de interés colectivo en los órganos de dirección partidista”.
Excluida de los trabajos previos a la XXI asamblea, a pesar de ser consejera nacional del PRI, Sauri Riancho observó desde su natal Mérida lo ocurrido en el cónclave tricolor. Sin abandonar su militancia ni su análisis crítico, en entrevista por escrito con Proceso la exsenadora y exdiputada federal hace un balance de los principales cambios en los documentos básicos de su partido y aborda temas espinosos, como la reforma energética o la aplicación del IVA a medicinas y alimentos.
–¿Cuál es el balance político que haría tras esta asamblea? ¿La considera una restauración del viejo modelo?
–Fue el reencuentro del PRI con su condición de partido en el gobierno. El hilo de la continuidad con el modelo político que rigió al país más de 70 años está en el intento de poner las bases para la reconstrucción del poder presidencial en el PRI. No es el programa de gobierno el que se adecua a los documentos básicos partidistas, sino que son éstos los que cambian presuntamente para alinearse con él.
“En pocas palabras, el presidente Peña Nieto ya tenía el control del PRI. A partir de la XXI asamblea tiene además su conducción plena. ¿Para qué le sirve en el corto plazo? Muy probablemente para garantizar el voto de los priistas en las más controvertidas reformas en el Congreso.”
–La incorporación de Peña Nieto a los órganos colegiados de dirección priista ha generado polémica. ¿Es violatoria de la Constitución? ¿Se puede ser jefe de Estado, jefe de gobierno y también jefe de partido en un sistema como el mexicano?
–El régimen político de México es presidencial y la política mexicana sigue siendo presidencialista. La determinación asumida por la XXI asamblea en cuanto a que el presidente Peña Nieto encabece su Comisión Política Permanente y su Consejo Nacional tiene que ser evaluada en una doble dimensión: hacia la sociedad y las otras fuerzas políticas y hacia el interior del partido.
“En la figura presidencial concurren la jefatura de gobierno y la jefatura del Estado mexicano: no se pueden disociar. El primero, el jefe de gobierno, lo puede ser también de su partido, como en un sistema parlamentario. Pero el jefe de Estado lo es de todos los ciudadanos. Ante la sociedad se reforzará la imagen de un trato privilegiado hacia el PRI por parte del Ejecutivo federal y, en consecuencia, discriminatorio hacia otros partidos.
“En el partido la presencia presidencial acabará de sofocar la escasa costumbre del debate abierto sobre asuntos de interés colectivo en los órganos colegiados de dirección partidista. Los cinco sentidos priistas, cultivados para detectar ‘la línea’, ni siquiera tendrían que esforzarse. No creo que esta determinación haya sido asumida como parte de un juego de ‘fuera máscaras’ o de fin a la simulación de una neutralidad que se le exigió hasta el cansancio a los gobernantes priistas en el pasado. Me pregunto cuáles son los elementos de la realidad política que aconsejaron adoptar una medida de esta naturaleza. Como diría el clásico: ¡¿Pero qué necesidad?!”

Candidaturas de “fácil venta”

–En los estatutos se quitaron los candados a candidatos de elección popular y se aprobó la cuota de género de 40%, entre otros cambios. ¿Cómo valora esas modificaciones?
–La decisión sobre la eliminación del requisito de haber tenido un cargo de elección popular previamente a la postulación como candidato o candidata a la Presidencia (o a la gubernatura de un estado) es un intento de restituirle a la figura presidencial una facultad metalegal de la que había sido privada en 1996. Sólo así se puede comprender.
“El PRI está en el gobierno tras 12 años en la oposición. Sus cuadros más destacados cumplen el requisito de haber tenido un cargo de elección popular, aunque haya sido por otro partido político. Abrir los candados huele a una ominosa posibilidad futura: Que a la antigua usanza, en 2018 nos encontremos con una candidatura priista creada como un producto de consumo electoral, de fácil venta.
“El requisito derogado ha sido insuficiente protección frente a la improvisación y el invento de personajes programados exclusivamente para ganar elecciones, pero no para gobernar. Sin él, el riesgo será aún mayor para el PRI y para los priistas que legítimamente se esfuerzan para ser considerados en las postulaciones.
“En cuanto a las cuotas de género, celebro que el PRI haya tomado la determinación de ‘alinear’ sus documentos básicos a la resolución 12624 del TEPJF.”
–En el Programa de Acción el PRI modifica su rechazo al IVA a alimentos y medicinas. ¿No fue ésta la causa de la pérdida priista en el 97 de la mayoría en el Congreso? ¿Es necesaria esta medida en el contexto actual?
–Reforma energética y reforma fiscal van juntas y de la mano. Si el gobierno de Enrique Peña Nieto quiere reformar Pemex tendrá que hacer lo correspondiente en la parte de ingresos públicos. Sabemos lo difícil que es plantear una reforma fiscal que afecte los intereses de los grandes grupos económicos y de los 15 supermillonarios mexicanos de la lista de Forbes. Por eso siempre ha sido menos complicado políticamente introducir el IVA, porque aparentemente la sociedad no tiene medios efectivos de defensa y reacción frente a estas reformas.
“Los estrategas gubernamentales tendrán que pesar y medir cuidadosamente. ‘Por si se ofrece’, el primer obstáculo para presentar una iniciativa que grave alimentos y medicinas fue removido con la reforma al Programa de Acción del PRI. Pero eso no implica necesariamente que el gobierno se decida a ejecutar el ‘paso de la muerte’, porque a eso equivaldría una reforma a la Ley del IVA para extensos sectores de la sociedad mexicana. Es cierto que el PRI es mayoría en el Congreso, pero para aprobar la ley necesitaría de otros partidos políticos. ¿Cuál sería? ¿A cambio de qué?
–El tema energético y la apertura de Pemex al capital privado fueron otros dos asuntos importantes. ¿Cómo valora estas medidas de los delegados priistas? ¿Se trata de “temas tabú” o son “línea presidencial”?
–Hay participación privada en actividades petroleras desde hace un buen número de años. La disyuntiva no está entre capital privado o público, sino entre una empresa pública fuerte, capaz de representar en forma efectiva la rectoría del Estado en materia energética o una paraestatal debilitada al máximo por la exacción fiscal. Abrir la distribución, la petroquímica básica a la inversión privada en las actuales condiciones de Pemex implicaría la acelerada extranjerización y la consiguiente pérdida de control nacional sobre los hidrocarburos.
“Esta misma situación se vivió con el sistema bancario a finales de los noventa. Bastaron tres años para que la mayoría de los bancos quedasen como propiedad de extranjeros. Tengo la impresión de que en la asamblea del PRI se aprobaron reformas para flexibilizar la letra, sin tener claridad del rumbo que finalmente tome el gobierno sobre estos temas. El Plan Nacional de Desarrollo todavía se encuentra en elaboración.”

Las viejas formas

–Es clara la centralización y la restauración de las decisiones políticas del PRI en función de la figura presidencial. El problema es que en 2012 se ganaron las elecciones presidenciales con menos de 40% de los votos. ¿Es compatible esta tendencia con lo prometido en el Pacto por México?
–Considero pertinente distinguir entre “figura” y “agenda” presidencial. El PRI tomó la determinación en la XXI asamblea de reconstruir la relación con el presidente a partir del restablecimiento de los atributos que tuvo la figura presidencial en el pasado: El más importante, el ejercicio de su libre albedrío respecto a la candidatura presidencial.
“En este mismo sentido también era importante afinar la maquinaria partidista, al menos hacia el exterior, presentando una imagen de unidad monolítica sobre ciertos temas, como el energético y las telecomunicaciones, en especial. Restablecer las formas no significa que dejen de contar políticamente otros actores, que se deben a su partido pero que también juegan un importante papel en lo externo, ante otras fuerzas políticas y la misma sociedad.
“Me refiero a los coordinadores parlamentarios y a los mismos gobernadores priistas. Ellos vienen de 12 años de lucha; probaron la autonomía en la toma de decisiones. Regresar a las antiguas prácticas puede ser difícil porque el ambiente del exterior se ha modificado profundamente.
“No obstante su experiencia política les impedirá cometer acto de suicidio, que eso significaría enfrentarse al presidente. Pero pueden atemperar y matizar algunas decisiones presidenciales, sobre todo si las perciben costosas para su imagen personal, cuidadosamente labrada a lo largo de los años.
“Para desarrollar su agenda el presidente Peña Nieto tendrá que considerar que seis de cada 10 mexicanos no votaron por el PRI en 2012. Puede convencer y lograr apoyos de quienes sufragaron por sus opositores, pero ello dependerá de las medidas que adopte como cabeza del Poder Ejecutivo federal, de la eficacia de su gobierno para cumplir los compromisos ‘bandera’ que la sociedad espera y exige, como los relativos a la seguridad y al mejoramiento de la condición económica de la mayoría.
–Como protagonista de estos años, ¿cuál es su reflexión sobre este proceso: Entre 1997 y 2003 (elecciones intermedias) se dieron los cambios más acelerados en el modelo de transición a la mexicana (IFE autónomo, Congreso sin mayoría unipartidista, triunfo opositor en el DF, Jalisco, el triunfo de Fox)? ¿Qué lecciones le dejó a usted este periodo como dirigente nacional del PRI y luego como senadora?
–Recordemos las fechas y a los actores. En septiembre de 1996 se llevó a cabo la XVII asamblea del PRI donde se establecieron los “candados” a la postulación del candidato presidencial. Estaba en pleno proceso la reforma política, comprometida por Ernesto Zedillo desde el inicio de su gobierno. Ese mismo año, en octubre, se aprobaron las reformas para dotar de plena autonomía al IFE, ciudadanizarlo y conformar su consejo general. Fue entonces cuando el Tribunal Electoral quedó incorporado al Poder Judicial y se estableció el financiamiento público para los partidos políticos.
“En perspectiva, la derrota priista fue magnificada por ser la primera vez que el partido no alcanzaba la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados. La cifra de 238 sólo fue superada en la reciente elección. Pero la formación del G-4 fue el inicio de profundos cambios en las relaciones dentro del Legislativo y de los diputados con el presidente. Entre 1995 –la crisis económica y el IVA– y la derrota electoral de 2000 hay un continuum en el que 1997 fue determinante. Es la principal lección de ese periodo.
“En 2003 los vientos parecían soplar a favor del PRI. Había resistido la alternancia, comenzaba a ganar elecciones estatales, tenía nueva dirigencia nacional. Los problemas comenzaron desde la postulación de las candidaturas, en particular entre el presidente y la secretaria general del CEN (Roberto Madrazo y Elba Esther Gordillo).
“El PRI ganó la mayoría y junto con su aliado, el PVEM, conformaron un bloque legislativo. Otra vez una asamblea del PRI, en este caso la XIX, fue escenario de decisiones que impactaron el proceso electoral presidencial. Madrazo decidió permanecer al frente del partido y de alguna manera secuestrar virtualmente la postulación del candidato a la Presidencia de la República.
“El enfrentamiento abierto entre el presidente y la secretaria general acabó de dar al traste con cualquier posibilidad de ganar en 2006. Por esa razón fueron cuidadosos los pasos para construir la candidatura de Enrique Peña Nieto. Sin la figura presidencial no había camino más que la negociación interna. El avasallamiento y la imposición le resultaron muy caros al partido en 2006.
“En 2018 viene un nuevo reto para el PRI: Postular a su candidato a la Presidencia de la República en una nueva realidad política y desde el gobierno federal. Será en 2015 cuando comiencen a perfilarse las condiciones y los actores que participarán en la determinación, que se tomará sin candados para el presidente.”
FUENTE: PROCESO

A 100 días, Peña no cumple

Peña a cien días de su mandato. Foto: Benjamin Flores
Peña a cien días de su mandato.
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO, D.F. (apro).- El mismo domingo del festejo de Enrique Peña Nieto por los primeros cien días de su gobierno, en Palacio Nacional, un comando irrumpió en una fiesta de 15 años, en Monterrey, Nuevo León, para asesinar con granadas a un niño de 5 años y a un joven de 20, y más tarde, en Reynosa, Tamaulipas, la población quedó atrapada en balaceras, ‘narcobloqueos’ y granadazos de los grupos criminales.
La mañana de este mismo domingo 10, cuando Peña hacia su fiesta que custodiaron centenares de soldados y policías, en la misma ciudad fronteriza de Tamaulipas grupos de civiles armados robaron numerosos vehículos de seis agencias de automóviles, mientras que en el penal de Nuevo Laredo eran asesinados cuatro internos.
La tarde del sábado 9, en víspera del ‘mini-informe’ de Peña, ante la zalamería mediática, la incesante violencia tocó a un miembro de la elite priista de Jalisco: Fue ejecutado el secretario de Turismo, José de Jesús Álvarez Gallegos, un empresario constructor con relaciones peligrosas semejantes a las del gobernador Aristóteles Sandoval y el secretario de Gobierno, Arturo Zamora.
El gobierno federal priista reconoce que, de diciembre a febrero, han ocurrido unos 3 mil 157 homicidios dolosos, entre ellos 55 policías y 7 personas inocentes, mientras que se registraron 106 heridos en enfrentamientos entre grupos criminales. Es decir, ha habido 35 muertos diarios en lo que va del sexenio.
De estas cifras de inseguridad y violencia –y de las extorsiones, secuestros, violaciones y robos–, Peña no dijo ni una palabra en su festejo y, quien sí lo hizo, y sólo a pregunta expresa, fue el procurador Jesús Murillo Karam, quien advirtió que el gobierno no dará resultados rápidos.
“No va a ser ni tan fácil ni tan pronto. (…) Decir que mañana lo resolveremos sería simplemente demagogia y yo no hago demagogia. Sí va a faltar tiempo. Ojalá fuera en un año”.
En seguridad, está claro, Peña no cumple.
Pero Peña no cumple tampoco en otros aspectos clave que ofreció en campaña, como la transparencia que, empezando por la suya, no existe: Los mexicanos no sabemos cuál es su patrimonio real porque en su declaración patrimonial no dice la verdad.
Dice tener cuatro casas, un departamento y cuatro terrenos, pero no dice cuánto valen y dónde se ubican. Peor aún, dos casas y dos terrenos le fueron donados. ¿Por quién? No dice y por eso se da lugar a la sospecha y a la especulación: Los compró con dinero sucio o se los regalaron delincuentes a cambio de impunidad.
De los cuatro terrenos que le fueron regalados, uno mide 58 mil 657 metros cuadrados, otro 24 mil metros, uno más 2 mil 547 y el último mil. El más grande le fue donado, dice él, el 8 de diciembre de 2011, y una de sus casas, la de 338 metros cuadrados, también le fue donada en la misma fecha.
También en la misma fecha, una semana antes de ser investido candidato presidencial, le fueron donadas obras de arte, relojes y joyas, con una cantidad que tampoco precisa, lo mismo que sus cuentas e inversiones.
Esta opacidad anuncia una sola cosa: Que podrá robar lo que quiera, porque desde ahora tiene la coartada de que esas propiedades valen mucho dinero.
Peña no cumple tampoco en el combate a la corrupción, porque el encarcelamiento de Elba Esther Gordillo ha sido sólo un ajuste de cuentas faccioso que no saneará la podredumbre del sindicato magisterial –que ya tiene gerente– y tampoco habrá acción penal contra otros personajes que claramente han cometido delitos.
Peña menos aún cumple con políticas públicas a favor de los más pobres, no sólo porque la Cruzada contra el hambre no incluye a municipios cuya población mayoritaria padece pobreza extrema, sino porque se perfila aplicar el IVA a alimentos y medicinas, que afectarán a la población con menores ingresos.
Peña no cumple a cabalidad con su compromiso de darles pensión a los mayores de 65 años de edad: Sólo dará 525 pesos al mes, cuando en el Distrito Federal es de casi el doble, 971 pesos.
Peña no cumple además con su promesa de no privatizar los recursos petroleros, porque de otra manera no se hubiera eliminado del Programa de Acción del PRI el artículo 302: “De manera complementaria, rechazamos cualquier procedimiento que pretenda de manera subrepticia ceder la planeación y operación de las actividades propias de Pemex, el control de su mercado y el usufructo de la renta petrolera”.
Y cuál austeridad: Además del avión Boeing 787 Dreamliner, que costará 6 mil 308 millones de pesos, Peña dispuso la compra de seis helicópteros para su transporte y el de su gabinete con un costo de mil 147 millones de pesos…
¿Y no cumple Peña con la iniciativa de reforma constitucional en telecomunicaciones, que supuestamente eliminará el duopolio en la televisión con dos nuevas cadenas privadas y una pública, con lo que se “democratizará” a los medios audiovisuales? No, aún no…
Apuntes
No fue un intento de robo ni una confusión. El secretario de Turismo de Jalisco, José de Jesús Álvarez Gallegos, fue ejecutado porque esa había sido la orden. El gobierno estatal, que tiene sólo lo que va del mes, de inmediato aseguró que no fue un asesinato del crimen organizado, porque los homicidas usaron pistolas .9 milímetros y no ‘cuernos de chivo’. En realidad, el nombramiento generó suspicacias y se sabía que era un empresario muy endeudado y con relaciones peligrosas, como las del propio gobernador: Un ejemplo es la contratación que hizo como alcalde de Guadalajara de dos empresas de Álvaro García de Quevedo González, preso en Estados Unidos por lavado de dinero, y otro es el narcotraficante Ignacio Loya Alatorre, asesinado en 2007, de quien tuvo que reconocer que fue su amigo…
Comentarios: delgado@proceso.com.mx y Twitter: @alvaro_delgado
FUENTE: PROCESO

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