Revive caso Atenco; audiencia de víctimas de agresión sexual en la CIDH
Pobladores de Atenco protestan en la ciudad de México.
Foto: Benjamin Flores
Foto: Benjamin Flores
MÉXICO D.F. (apro-cimac).- Las 11 mujeres víctimas de tortura sexual tras los operativos policiacos del 3 y 4 de mayo de 2006 en San Salvador Atenco, Estado de México, tendrán oportunidad de confrontar por vez primera al gobierno mexicano sobre esos sucesos el próximo jueves 14, durante la audiencia que se llevará a cabo en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CNDH) en la ciudad de Washington.
En la audiencia, las mujeres buscarán evidenciar que el Estado mexicano fue cómplice de la agresión sexual que sufrieron hace casi siete años, cuando el gobernador del Estado de México era el hoy presidente, Enrique Peña Nieto.
Se espera que en la audiencia estén frente a frente las víctimas, los comisionados de la CIDH, una delegación de funcionarios mexicanos y representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –estos dos últimos defensores ciudadanos de las 11 mujeres–, quienes escucharán lo sucedido en Atenco en 2006.
Esta semana se define el nombre de la representante que hablará a nombre de las 11 víctimas ante la CIDH.
Eventualmente la delegación del Estado mexicano emitirá una postura al respecto o se limitará a escuchar los
señalamientos.
Aunque pareciera tratarse de una comparecencia más, Bárbara Italia Méndez, una de las agredidas, explica que es la primera oportunidad que tienen de narrar la pesadilla que vivieron en un litigio internacional que inició en abril de 2008 contra las autoridades mexicanas, y que en su mayor parte ha consistido en comunicaciones escritas.
Este será el momento de escuchar parte del testimonio de las 11 denunciantes de violación y tortura sexual: Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres, Suhelen Gabriela Cuevas y Bárbara Italia Méndez.
En entrevista, Italia asegura que esta comparecencia tiene un costo emocional porque quien represente a las 11 mujeres tendrá que hablar de lo sucedido en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Edomex, cuando 47 mujeres fueron detenidas y 27 de ellas golpeadas, insultadas y torturadas por policías estatales y federales.
En 2006, cuando ocurrieron los hechos, Enrique Peña Nieto era gobernador de la entidad y a su administración le tocó conducir las investigaciones que, cabe decir, no han dado resultados. De forma paradójica ahora como Presidente de la República a su gobierno le corresponderá llevar el litigio contra las 11 peticionarias.
Aunado a ello, no se puede olvidar que el episodio de Atenco fue un hecho que repercutió en la campaña presidencial de Peña Nieto, luego de que en mayo de 2012, durante su visita a la Universidad Iberoamericana, estudiantes le cuestionaron su actuar en ese caso, le reprocharon los abusos de poder cometidos y a raíz de esa protesta surgiera el movimiento juvenil YoSoy132.
Italia apunta que en este litigio internacional ellas no están acusando a personajes en particular, sino a todo el Estado mexicano con todas sus instituciones. “No es un caso personal”, aclara.
“Fue un acto de Estado, una represión contra el pueblo. No es un pleito personal contra Genaro García Luna o contra Eduardo Medina Mora…”, añade al referirse a los entonces titulares de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), respectivamente.
Además, explica que en ese operativo actuó una estructura represora del Estado que buscaba acallar a aquellos que apoyaron a un grupo de comerciantes a quienes se les impidió vender flores, mismos activistas que cuatro años antes se opusieron a la construcción de un aeropuerto en sus tierras.
Italia señala que el caso de la brutalidad policiaca contra las mujeres de Atenco, admitido ante la CIDH como “Mariana Selvas y otras”, las autoridades mexicanas no podrán negar lo ocurrido porque hay suficientes pruebas de las violaciones a DH y de la tortura ejercida por uniformados.
“La palabra de las mujeres no ha titubeado”, insiste la joven al señalar que ellas podrán ver a los ojos a los comisionados y decirles lo que sintieron como mujeres ese 3 y 4 de mayo.
Conscientes de que este camino aún requiere de un largo aliento, las mujeres de Atenco saben que será complicado demostrar que el Estado es un flagrante violador de DH, ya que ante la mirada internacional México mantiene una aparente postura a favor de las garantías individuales.
Y es que no es novedad que el Estado mexicano es uno de los defensores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el proceso de fortalecimiento que vive, y en el cual países como Colombia y Venezuela se han pronunciado en contra de las facultades que tiene la CIDH.
“Hay mucho discurso, pero es aplastante la violación a los Derechos Humanos”, critica la activista.
Como ejemplo cita que en junio de 2012, durante la evaluación de México ante el Comité de Naciones Unidas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que se realizó en Nueva York, el Estado mexicano informó de “avances” en el caso Atenco.
El subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Edomex, José Alfonso Sierra Palacios, dijo ante el Comité de la CEDAW que se ejerció acción penal contra tres policías implicados en la tortura sexual de las 26 mujeres, sin haber informado previamente a las víctimas y sus abogados, lo que en opinión de Bárbara Italia es señal de que la investigación de la Procuraduría estatal es una simulación.
“A mí me parece que no fue nada honesto”, dice sobre estas órdenes de aprehensión que se giraron un día por la mañana y que por la tarde ya se tenían a dos de los inculpados, toda vez que el otro ya había muerto, es decir, resulta extraño que después de seis años se lograra hacer esta consignación en un par de horas.
Al final, Italia recalca que esta audiencia que forma parte del proceso ante la CIDH es una forma de construir justicia, pero también de contribuir a la memoria porque al final lo que se busca es romper la impunidad para que no se repitan hechos similares.
En la audiencia, las mujeres buscarán evidenciar que el Estado mexicano fue cómplice de la agresión sexual que sufrieron hace casi siete años, cuando el gobernador del Estado de México era el hoy presidente, Enrique Peña Nieto.
Se espera que en la audiencia estén frente a frente las víctimas, los comisionados de la CIDH, una delegación de funcionarios mexicanos y representantes del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez y del Centro por la Justicia y el Derecho Internacional –estos dos últimos defensores ciudadanos de las 11 mujeres–, quienes escucharán lo sucedido en Atenco en 2006.
Esta semana se define el nombre de la representante que hablará a nombre de las 11 víctimas ante la CIDH.
Eventualmente la delegación del Estado mexicano emitirá una postura al respecto o se limitará a escuchar los
señalamientos.
Aunque pareciera tratarse de una comparecencia más, Bárbara Italia Méndez, una de las agredidas, explica que es la primera oportunidad que tienen de narrar la pesadilla que vivieron en un litigio internacional que inició en abril de 2008 contra las autoridades mexicanas, y que en su mayor parte ha consistido en comunicaciones escritas.
Este será el momento de escuchar parte del testimonio de las 11 denunciantes de violación y tortura sexual: Mariana Selvas, Georgina Edith Rosales, María Patricia Romero, Norma Aidé Jiménez, Claudia Hernández, Ana María Velasco, Yolanda Muñoz, Cristina Sánchez, Patricia Torres, Suhelen Gabriela Cuevas y Bárbara Italia Méndez.
En entrevista, Italia asegura que esta comparecencia tiene un costo emocional porque quien represente a las 11 mujeres tendrá que hablar de lo sucedido en Texcoco y San Salvador Atenco, en el Edomex, cuando 47 mujeres fueron detenidas y 27 de ellas golpeadas, insultadas y torturadas por policías estatales y federales.
En 2006, cuando ocurrieron los hechos, Enrique Peña Nieto era gobernador de la entidad y a su administración le tocó conducir las investigaciones que, cabe decir, no han dado resultados. De forma paradójica ahora como Presidente de la República a su gobierno le corresponderá llevar el litigio contra las 11 peticionarias.
Aunado a ello, no se puede olvidar que el episodio de Atenco fue un hecho que repercutió en la campaña presidencial de Peña Nieto, luego de que en mayo de 2012, durante su visita a la Universidad Iberoamericana, estudiantes le cuestionaron su actuar en ese caso, le reprocharon los abusos de poder cometidos y a raíz de esa protesta surgiera el movimiento juvenil YoSoy132.
Italia apunta que en este litigio internacional ellas no están acusando a personajes en particular, sino a todo el Estado mexicano con todas sus instituciones. “No es un caso personal”, aclara.
“Fue un acto de Estado, una represión contra el pueblo. No es un pleito personal contra Genaro García Luna o contra Eduardo Medina Mora…”, añade al referirse a los entonces titulares de la Agencia Federal de Investigación (AFI) y de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP), respectivamente.
Además, explica que en ese operativo actuó una estructura represora del Estado que buscaba acallar a aquellos que apoyaron a un grupo de comerciantes a quienes se les impidió vender flores, mismos activistas que cuatro años antes se opusieron a la construcción de un aeropuerto en sus tierras.
Italia señala que el caso de la brutalidad policiaca contra las mujeres de Atenco, admitido ante la CIDH como “Mariana Selvas y otras”, las autoridades mexicanas no podrán negar lo ocurrido porque hay suficientes pruebas de las violaciones a DH y de la tortura ejercida por uniformados.
“La palabra de las mujeres no ha titubeado”, insiste la joven al señalar que ellas podrán ver a los ojos a los comisionados y decirles lo que sintieron como mujeres ese 3 y 4 de mayo.
Conscientes de que este camino aún requiere de un largo aliento, las mujeres de Atenco saben que será complicado demostrar que el Estado es un flagrante violador de DH, ya que ante la mirada internacional México mantiene una aparente postura a favor de las garantías individuales.
Y es que no es novedad que el Estado mexicano es uno de los defensores del Sistema Interamericano de Derechos Humanos en el proceso de fortalecimiento que vive, y en el cual países como Colombia y Venezuela se han pronunciado en contra de las facultades que tiene la CIDH.
“Hay mucho discurso, pero es aplastante la violación a los Derechos Humanos”, critica la activista.
Como ejemplo cita que en junio de 2012, durante la evaluación de México ante el Comité de Naciones Unidas de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación Contra la Mujer (CEDAW, por sus siglas en inglés), que se realizó en Nueva York, el Estado mexicano informó de “avances” en el caso Atenco.
El subsecretario de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno del Edomex, José Alfonso Sierra Palacios, dijo ante el Comité de la CEDAW que se ejerció acción penal contra tres policías implicados en la tortura sexual de las 26 mujeres, sin haber informado previamente a las víctimas y sus abogados, lo que en opinión de Bárbara Italia es señal de que la investigación de la Procuraduría estatal es una simulación.
“A mí me parece que no fue nada honesto”, dice sobre estas órdenes de aprehensión que se giraron un día por la mañana y que por la tarde ya se tenían a dos de los inculpados, toda vez que el otro ya había muerto, es decir, resulta extraño que después de seis años se lograra hacer esta consignación en un par de horas.
Al final, Italia recalca que esta audiencia que forma parte del proceso ante la CIDH es una forma de construir justicia, pero también de contribuir a la memoria porque al final lo que se busca es romper la impunidad para que no se repitan hechos similares.
Loa al Prócer
Desaparecidos: las listas caóticas
Familiares de desaparecidos despiden a Calderón.
Foto: Benjamin Flores
Foto: Benjamin Flores
El presidente Enrique Peña Nieto y sus colaboradores se embrollan cada vez más en lo que atañe a las personas desaparecidas durante el sexenio de Felipe Calderón. Al principio negaron conocer cuántas eran; luego, de manera inopinada la Secretaría de Gobernación difundió una lista en la que enumeraba a más de 27 mil. Pero cuando activistas sociales y familiares de los agraviados consultaron el registro de los desaparecidos, descubrieron que algunos de ellos tampoco estaban en las listas.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Margarita López no se atrevía a enfrentarse al registro nacional de personas extraviadas o desaparecidas del sexenio anterior que puso en internet la Secretaría de Gobernación. Tuvo miedo a partir de que habló con otras madres y padres de familia que buscaron a sus hijos entre los 26 mil 121 nombres pero no los hallaron. Pronto se dio cuenta de que su hija, Yahaira Guadalupe Bahena López, desaparecida físicamente el 13 de abril de 2011, fue desaparecida también de la lista oficial.
“Es indignante, es un golpe bajo saber que aún con todo lo que he alzado la voz y lo que he hecho y las tantas veces que he puesto la denuncia, mi niña no está en esa lista de desaparecidos”, dice esta mujer que al final del sexenio calderonista hizo huelga de hambre afuera de la Secretaría de Gobernación, junto con Julia Alonso, para exigir la búsqueda de sus hijos.
Enumera los lugares donde presentó la denuncia por la desaparición de su hija, quien fue sacada de su casa por hombres armados: ante el Ministerio Público de Tlacolula, Oaxaca; en la zona militar de Oaxaca; ante el procurador del estado; en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en la SIEDO –que a partir de septiembre de 2012 se convirtió en Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)–, y luego la amplió, cuando el caso pasó al área de Secuestros; en Províctima; en la Secretaría de Gobernación, cuando hizo la huelga de hambre en tiempos de Alejandro Poiré.
A la par, gritó su dolor en decenas de las plazas públicas de México y Estados Unidos que recorrió con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, incluso le dio un expediente con su caso al entonces presidente Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala y al general Guillermo Galván.
Hace un par de semanas escribió una nueva ficha para el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“La cifra que manejan es irrisoria en comparación con todos los que son. No están muchos conocidos y seguro tampoco están los que por miedo no han salido a denunciar o no tienen dinero para tanto papeleo porque constantemente nos piden que llenemos fichas. Es difícil para nosotros volver a empezar desde el principio”, dice Margarita a Proceso.
Si uno escribe el nombre de Yahaira Guadalupe Bahena López en el sistema del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Sistema_RNPED) aparece una leyenda: “No se encontró ningún dato”.
En cambio, enlistadas, aparecen 726 personas si se usa Guadalupe como criterio de búsqueda. También aparecen nueve Yahairas, quienes fueron desaparecidas en Jalisco, Distrito Federal, Tamaulipas, Guanajuato, Monterrey y Quintana Roo.
El registro no arroja nombres y edades, se limita a mencionar el sexo de la persona, los municipios y entidades donde desapareció, la fecha del suceso y si alguna procuraduría lleva el caso. La mayoría de los casilleros están vacíos.
De las nueve Yahairas, por ejemplo, sólo en la de Guanajuato se mencionan señas particulares escuetas: “lunar cerca de la boca”. En el resto, el vacío.
De ese estilo es el contenido de la base de datos que presentó el 26 de febrero la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, tras una semana en la que familias, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y políticos exigieron que hiciera públicos los registros oficiales de desaparecidos, luego de que ella dijo en radio que sabía de la existencia de un registro con “27 mil 523 personas” desaparecidas durante la administración anterior.
La lista que los primeros meses de gobierno de Peña Nieto dijeron desconocer Osorio Chong y el titular de Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, fue elaborada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), adscrito a la PGR, con base en reportes de las procuradurías locales. Incluye, sin distingos, a personas extraviadas (no relacionadas con hechos criminales) y desaparecidas (ya sea por agentes del Estado o por delincuencia organizada).
En la conferencia donde se hizo pública, el subsecretario de Normatividad de Medios, Eduardo Sánchez, aventuró que seguramente “muchas” de las personas enlistadas ya regresaron a sus casas, por lo que en unas semanas la lista estará depurada.
Por esos mismos días, Gobernación firmó un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja –con experiencia en conflictos bélicos y desastres naturales– para armar protocolos de búsqueda. Anunció que se crearía un grupo especial de búsqueda (conformado por 200 ministerios públicos, peritos y policías federales); también informó a las familias que está por crearse una dirección (que no será fiscalía) dedicada a desapariciones, a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.
Así, las autoridades respondieron al duro informe de Human Rights Watch que señalaba: “El presidente Peña Nieto ha heredado una de las peores crisis en materia de desapariciones que se hayan producido en América Latina a lo largo de la historia (…) debe tomar los pasos necesarios para asegurar que los responsables de estos horribles crímenes sean llevados ante la justicia”.
El informe documentó 149 casos en los que “encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas, en las cuales tuvieron participación agentes estatales”.
Con la publicación de la base de datos, Gobernación respondió también al exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la PGR, Óscar Vega Marín, quien intentó desautorizar la lista de los 27 mil, señalando que el único registro “validado” –que elaboró su área– contiene 5 mil 319 desaparecidos, el cual se desconocía.
En entrevista con Proceso, Vega explica que se basó en información proporcionada por las procuradurías estatales y admitió que, quizás por “irresponsabilidad” de los gobiernos estatales, podría haber un subregistro. Políticos calderonistas salieron en su apoyo.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1897 de la revista Proceso, ya en circulación.
MÉXICO, D.F. (Proceso).- Margarita López no se atrevía a enfrentarse al registro nacional de personas extraviadas o desaparecidas del sexenio anterior que puso en internet la Secretaría de Gobernación. Tuvo miedo a partir de que habló con otras madres y padres de familia que buscaron a sus hijos entre los 26 mil 121 nombres pero no los hallaron. Pronto se dio cuenta de que su hija, Yahaira Guadalupe Bahena López, desaparecida físicamente el 13 de abril de 2011, fue desaparecida también de la lista oficial.
“Es indignante, es un golpe bajo saber que aún con todo lo que he alzado la voz y lo que he hecho y las tantas veces que he puesto la denuncia, mi niña no está en esa lista de desaparecidos”, dice esta mujer que al final del sexenio calderonista hizo huelga de hambre afuera de la Secretaría de Gobernación, junto con Julia Alonso, para exigir la búsqueda de sus hijos.
Enumera los lugares donde presentó la denuncia por la desaparición de su hija, quien fue sacada de su casa por hombres armados: ante el Ministerio Público de Tlacolula, Oaxaca; en la zona militar de Oaxaca; ante el procurador del estado; en la Comisión Nacional de los Derechos Humanos; en la SIEDO –que a partir de septiembre de 2012 se convirtió en Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO)–, y luego la amplió, cuando el caso pasó al área de Secuestros; en Províctima; en la Secretaría de Gobernación, cuando hizo la huelga de hambre en tiempos de Alejandro Poiré.
A la par, gritó su dolor en decenas de las plazas públicas de México y Estados Unidos que recorrió con el Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, incluso le dio un expediente con su caso al entonces presidente Felipe Calderón, su esposa Margarita Zavala y al general Guillermo Galván.
Hace un par de semanas escribió una nueva ficha para el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.
“La cifra que manejan es irrisoria en comparación con todos los que son. No están muchos conocidos y seguro tampoco están los que por miedo no han salido a denunciar o no tienen dinero para tanto papeleo porque constantemente nos piden que llenemos fichas. Es difícil para nosotros volver a empezar desde el principio”, dice Margarita a Proceso.
Si uno escribe el nombre de Yahaira Guadalupe Bahena López en el sistema del Registro Nacional de Personas Extraviadas y Desaparecidas (www.secretariadoejecutivosnsp.gob.mx/es/SecretariadoEjecutivo/Sistema_RNPED) aparece una leyenda: “No se encontró ningún dato”.
En cambio, enlistadas, aparecen 726 personas si se usa Guadalupe como criterio de búsqueda. También aparecen nueve Yahairas, quienes fueron desaparecidas en Jalisco, Distrito Federal, Tamaulipas, Guanajuato, Monterrey y Quintana Roo.
El registro no arroja nombres y edades, se limita a mencionar el sexo de la persona, los municipios y entidades donde desapareció, la fecha del suceso y si alguna procuraduría lleva el caso. La mayoría de los casilleros están vacíos.
De las nueve Yahairas, por ejemplo, sólo en la de Guanajuato se mencionan señas particulares escuetas: “lunar cerca de la boca”. En el resto, el vacío.
De ese estilo es el contenido de la base de datos que presentó el 26 de febrero la subsecretaria de Derechos Humanos de Gobernación, Lía Limón, tras una semana en la que familias, medios de comunicación, organizaciones de derechos humanos y políticos exigieron que hiciera públicos los registros oficiales de desaparecidos, luego de que ella dijo en radio que sabía de la existencia de un registro con “27 mil 523 personas” desaparecidas durante la administración anterior.
La lista que los primeros meses de gobierno de Peña Nieto dijeron desconocer Osorio Chong y el titular de Procuraduría General de la República (PGR), Jesús Murillo Karam, fue elaborada por el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi), adscrito a la PGR, con base en reportes de las procuradurías locales. Incluye, sin distingos, a personas extraviadas (no relacionadas con hechos criminales) y desaparecidas (ya sea por agentes del Estado o por delincuencia organizada).
En la conferencia donde se hizo pública, el subsecretario de Normatividad de Medios, Eduardo Sánchez, aventuró que seguramente “muchas” de las personas enlistadas ya regresaron a sus casas, por lo que en unas semanas la lista estará depurada.
Por esos mismos días, Gobernación firmó un acuerdo con el Comité Internacional de la Cruz Roja –con experiencia en conflictos bélicos y desastres naturales– para armar protocolos de búsqueda. Anunció que se crearía un grupo especial de búsqueda (conformado por 200 ministerios públicos, peritos y policías federales); también informó a las familias que está por crearse una dirección (que no será fiscalía) dedicada a desapariciones, a cargo de la Subprocuraduría de Derechos Humanos de la PGR.
Así, las autoridades respondieron al duro informe de Human Rights Watch que señalaba: “El presidente Peña Nieto ha heredado una de las peores crisis en materia de desapariciones que se hayan producido en América Latina a lo largo de la historia (…) debe tomar los pasos necesarios para asegurar que los responsables de estos horribles crímenes sean llevados ante la justicia”.
El informe documentó 149 casos en los que “encontró pruebas contundentes de desapariciones forzadas, en las cuales tuvieron participación agentes estatales”.
Con la publicación de la base de datos, Gobernación respondió también al exsecretario ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública de la PGR, Óscar Vega Marín, quien intentó desautorizar la lista de los 27 mil, señalando que el único registro “validado” –que elaboró su área– contiene 5 mil 319 desaparecidos, el cual se desconocía.
En entrevista con Proceso, Vega explica que se basó en información proporcionada por las procuradurías estatales y admitió que, quizás por “irresponsabilidad” de los gobiernos estatales, podría haber un subregistro. Políticos calderonistas salieron en su apoyo.
Fragmento del reportaje que se publica en la edición 1897 de la revista Proceso, ya en circulación.
Oculta Segob cifra de desaparecidos con EPN
Peña Nieto con familiares de desaparecidos
Foto: Germán Canseco
Foto: Germán Canseco
MEXICO, D.F. (apro).- El gobierno de Enrique Peña Nieto confirmó que en el sexenio de Felipe Calderón desaparecieron más de 26 mil personas, pero oculta la cifra de las que no han sido localizadas en lo que va de la actual gestión.
Sólo en el Estado de México, del que Peña fue gobernador hasta 2011, suman 72 personas desparecidas este año, según datos de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad, y por 19 de las cuales –entre ellas una niña de 5 años y nueve jovencitas– se ofrecen recompensas de hasta 300 mil pesos a quien proporcione datos para su localización.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, que ha sido castigada con mil 296 desapariciones, van tres en lo que va del año, según reportes de madres de las víctimas.
El fenómeno de los desaparecidos en México va aparejado al de los homicidios dolosos que, sólo en los tres primeros meses del gobierno de Peña, suman 3 mil 157 casos, según el reporte de la Secretaría de Gobernación dado a conocer el viernes 8 de marzo.
Sin embargo, la Secretaría de Gobernación no ha informado públicamente de cuántos desaparecidos ha habido desde que se inició el gobierno de Peña, pese a que dio a conocer que en la gestión de Calderón se acumularon 26 mil 121 personas, según cifras de la Procuraduría General de la República.
El martes 26 de febrero los subsecretarios Lía Limón y Eduardo Sánchez Hernández informaron de los desaparecidos durante el gobierno de Calderón, pero se negaron a informar la cifra de los que ha habido en el actual gobierno y se comprometieron que los daría a conocer en las semanas siguientes.
A pregunta expresa sobre la lista de desaparecidos, el subsecretario Sánchez Hernández, aseguró: “La de este sexenio la vamos a tener en las próximas semanas, antes de que concluya el mes de marzo”.
–Lo cierto es que hay desaparecidos ya en el sexenio de Peña.
–Lo cierto es que esa información se la voy a poder dar en unas cuantas semanas–, dijo.
Sólo en el Estado de México, del que Peña fue gobernador hasta 2011, suman 72 personas desparecidas este año, según datos de la Procuraduría General de Justicia de esa entidad, y por 19 de las cuales –entre ellas una niña de 5 años y nueve jovencitas– se ofrecen recompensas de hasta 300 mil pesos a quien proporcione datos para su localización.
En Ciudad Juárez, Chihuahua, que ha sido castigada con mil 296 desapariciones, van tres en lo que va del año, según reportes de madres de las víctimas.
El fenómeno de los desaparecidos en México va aparejado al de los homicidios dolosos que, sólo en los tres primeros meses del gobierno de Peña, suman 3 mil 157 casos, según el reporte de la Secretaría de Gobernación dado a conocer el viernes 8 de marzo.
Sin embargo, la Secretaría de Gobernación no ha informado públicamente de cuántos desaparecidos ha habido desde que se inició el gobierno de Peña, pese a que dio a conocer que en la gestión de Calderón se acumularon 26 mil 121 personas, según cifras de la Procuraduría General de la República.
El martes 26 de febrero los subsecretarios Lía Limón y Eduardo Sánchez Hernández informaron de los desaparecidos durante el gobierno de Calderón, pero se negaron a informar la cifra de los que ha habido en el actual gobierno y se comprometieron que los daría a conocer en las semanas siguientes.
A pregunta expresa sobre la lista de desaparecidos, el subsecretario Sánchez Hernández, aseguró: “La de este sexenio la vamos a tener en las próximas semanas, antes de que concluya el mes de marzo”.
–Lo cierto es que hay desaparecidos ya en el sexenio de Peña.
–Lo cierto es que esa información se la voy a poder dar en unas cuantas semanas–, dijo.
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