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Vaticano: cónclave y pederastia

La semana pasada un grupo de víctimas de abusos sexuales cometidos por integrantes del clero, agrupados en la Red de Sobrevivientes de los Abusados por Sacerdotes (SNAP, por sus siglas en inglés) presentó una lista de 12 cardenales señalados por haber encubierto a curas pederastas y exhortaron a la Iglesia católica a excluir a esos altos jerarcas de la sucesión de Benedicto XVI en el próximo cónclave.

 
Asimismo, demandaron que el Vaticano deje de fingir que lo peor ha pasado con respecto a los abusos sexuales del clero y de encubrir la crisis por la que atraviesa a raíz de las denuncias por los miles de casos de abuso sexual perpetrado por sacerdotes católicos. En la lista referida figuran los cardenales estadunidenses Roger Mahony, Timothy Dolan, Sean O’Malley y Donald Wueri, el hondureño Óscar Rodríguez Madariaga, los italianos Tarsicio Bertone y Angelo Scola, y el mexicano Norberto Rivera Carrera, arzobispo primado de México.
 
Ayer, un grupo de víctimas de pederastia dio a conocer en México una petición electrónica en la que se insta al nuncio apostólico Pierre Christoph y a la Conferencia del Episcopado Mexicano a excluir del próximo cónclave a Rivera Carrera. En el documento, que reunió en cosa de días más de 20 mil firmas de adhesión, se recuerdan los señalamientos contra el cardenal por haber encubierto la prolífica carrera criminal del difunto Marcial Maciel, fundador y jefe máximo de legionarios de Cristo, y de haber brindado protección a otros abusadores sexuales como los presbíteros Nicolás Aguilar y Carlos López. El texto recuerda que Rivera Carrera no sólo nunca atendió a las víctimas mexicanas que fueron objeto de abuso por Marcial Maciel y otros sacerdotes, sino que los calumnió, difamó y acusó de formar parte de un complot contra el Papa y contra la Iglesia, y dirigiéndose al propio arzobispo primado apunta: Tu inacción y encubrimiento de los abusos sexuales en contra de niños y niñas por parte de sacerdotes pederastas no te da la calidad moral necesaria para participar en la elección del nuevo líder de la Iglesia católica en el mundo.

 

La petición, que puede consultarse en el sitio change.org, es relevante porque señala la necesidad de transparentar los oscuros manejos clericales en la protección a agresores sexuales y de llevar a los encubridores a una rendición de cuentas.

 

Desde la perspectiva del propio Vaticano, el exhorto debiera resultar atendible, en la medida en que la inclusión en el cónclave de cardenales encubridores restaría legitimidad y autoridad al encuentro mismo y a su resultado: la elección de un nuevo pontífice. La inclusión en la próxima elección romana de los prelados mencionados en los documentos de SNAP y, en particular, del cardenal Rivera Carrera, significaría trasladar al nuevo papado el fardo de escándalo e indignación que acompañó a Karol Wojtyla y a Joseph Ratzinger en su paso por el trono de Pedro y que se ha traducido en un perceptible desencanto de la feligresía católica mundial ante sus guías espirituales y ante la institución que los congrega.

 

 

Independientemente de la necesidad de que las máximas autoridades del catolicismo emprendan un deslinde histórico y sin precedente de los agresores sexuales que medran en las filas de la Iglesia, y al margen del justificado clamor de justicia para las víctimas de abusos sexuales por parte de sacerdotes católicos, sería saludable y edificante para la institución que los organizadores del próximo cónclave dejaran fuera del encuentro a quienes, de participar en él, lo contaminarán de manera inevitable con el descrédito que llevan a cuestas. Si el Vaticano actuara de esa manera daría un paso fundamental para desactivar uno de los elementos principales del declive internacional del catolicismo y sentaría un precedente necesario para el fortalecimiento de una institución que, a pesar de sus miserias y oscuridades, ha desempeñado un papel decisivo en el proceso civilizatorio.

 

Penultimátum

Censura disfrazada

Nazim Hikmet (Salónica, 1902-Moscú, 1963) es considerado el más grande poeta turco. También sobresale por sus novelas y obras de teatro. Militante de izquierda, fue perseguido por el gobierno de su país, que lo encarceló por 20 años. Tras su liberación, en 1950, vivió en el exilio hasta su muerte. En cumplimiento de un acuerdo del parlamento turco, la edición y comercialización de sus libros ya no es delito. Un sello oficial certifica, por ejemplo, que La ciudad que perdió la voz, Telegrama nocturno y Duro oficio el exilio, uno de sus más divulgados, se venden legalmente. El acuerdo levantó también la prohibición que pesaba sobre mil obras, entre las que sobresalen las de Marx y Engels, y hasta un Atlas de National Geographic.

 

 
Leves signos de apertura que contrastan con la supervisión de las películas y series de televisión locales o producidas en el extranjero. En la tarea de impedir que las personas vean lo que, a juicio de los censores, no les conviene, en diciembre pasado se multó con 90 mil dólares al canal que transmite la serie animada Los Simpson. La causa: en uno de los episodios Dios aparecía sirviéndole un café al mismísimo Diablo. El Consejo Audiovisual sostuvo que se trató de una burla y abordar con suma ligereza temas religiosos. En este caso del Islam, practicado por la mayoría de habitantes de Turquía.
 
En un país vecino, Irán, las autoridades recurrieron a otro tipo de censura: manipular la imagen de Michelle Obama cuando anunció desde la Casa Blanca que el Óscar a la mejor película era para Argo. La señora Obama lució un vestido brillante de color gris sin mangas y con discreto escote, diseño del hindú Naeem Khan. Por medio de un burdo Photoshop los censores cubrieron el escote y los brazos. Para el gobierno de los ayatolas Argo es una burda distorsión histórica pura propaganda antiraní. Publicidad gratuita que aumentó la demanda del filme en Internet y mercados locales.

 

También en México hay censura disfrazada de protección a los menores. La sicóloga Cecilia Hernández fue despedida en noviembre del año pasado del Colegio Lomas Hill. Por votación de los alumnos de segundo de secundaria, a los que impartía la clase de formación cívica y ética, les exhibió la película Milk, para abordar el tema de la homosexualidad y la intolerancia.

 

La cesaron por ser una película para mayores de 15 años y no pedir autorización de la directiva del colegio. La maestra llevó su caso ante el Consejo Nacional de Prevención contra la Discriminación, que falló en su favor. Además, a través de la ONG Change.org juntó ya más de 85 mil firmas exigiendo que el Lomas Hills se disculpe públicamente por su intolerancia en el tema homosexual. Según la directora del colegio, Milk le quitó la inocencia a su hija y pervirtió a otros bebés… de 14 años.

 

 

Guerra minera en los Andes peruanos

Raúl Zibechi

Cuando el remolino de los acontecimientos locales y globales tiende a convertir la cotidianeidad en caos, opacando los caminos, la resistencia de los abajos es el mejor norte para no perdernos en la turbulencia. Esas resistencias permiten comprender tanto las estrategias de las clases dominantes como los notables aprendizajes de los sectores populares, indígenas y campesinos, rurales y urbanos, y el modo como están resolviendo los errores del pasado y como están enrumbando la nave de los procesos emancipatorios.

 
Los guardianes de las lagunas, las rondas campesinas, los frentes de defensa, provinciales y departamentales y los comandos unitarios de lucha son algunas de las expresiones organizativas de estos movimientos. Los paros locales, las consultas comunales, los bloqueos de rutas para impedir la actividad de las trasnacionales mineras, las marchas y enfrentamientos directos con las fuerzas policiales y militares, son las formas de lucha empleadas por las comunidades y pueblos en la defensa de la vida contra los proyectos de muerte de empresas y gobiernos.

 
Los estados de excepción y la militarización de varias provincias se saldaron con 17 muertos entre diciembre de 2011 y septiembre de 2012 según la Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh). El gobierno de Ollanta Humala aplica el Decreto 1095 emitido por el anterior gobierno de Alan García que autoriza la intervención de las fuerzas armadas en el control del orden interno y califica a los que protestan como grupo hostil, mientras las violaciones a los derechos humanos cometidas por las fuerzas represivas son juzgadas en tribunales militares.
 
La justicia altera las jurisdicciones de los procesos contra los manifestantes, trasladando los juicios a otras provincias a las que los familiares tienen grandes dificultades para trasladarse. Las grandes mineras como Yanacocha y Antamina realizan convenios con el Estado para emplear efectivos policiales en labores de seguridad privada, mostrando cuál es el papel de los estados en este periodo de acumulación por robo, destrucción y guerra. En el distrito de Kañaris, en la norteña sierra de Lambayeque, en un solo día, el 25 de enero, la policía hirió a 24 campesinos durante un bloqueo de rutas para evitar que la canadiense Candente Copper siga adelante con su proyecto de explotar tres yacimientos de cobre.
Las estrategias represivas del arriba se combinan con políticas sociales que en las regiones en conflicto se denominan Mesas de Desarrollo a cargo de Ministerio de Energía y Minas. Hasta ahora se instalaron en los departamentos de Apurímac, Cusco y Lambayeque, donde existen proyectos mineros, con la finalidad de llevar la presencia del Estado y mejorar la calidad de vida de la población y generar desarrollo y trabajo, según confesó el viceministro de esa cartera, Guillermo Shinno (Agencia Andina, 22 de enero de 2013). Pero el verdadero objetivo de estos programas sociales, que no son exclusivos de los gobiernos progresistas es, en boca de Shinno, evitar que estos elementos radicales sigan trabando las inversiones y el desarrollo del país.

 

El último informe del Observatorio de Conflictos Mineros en el Perú establece que 19 por ciento del territorio nacional fue concesionado a la minería y que los conflictos sociales vinculados a la minería se han convertido en conflictos políticos de envergadura. El informe concluye que la estrategia de abordaje de los conflictos desde el Estado no ha variado mucho: la principal hipótesis que se maneja desde el Estado y que intenta explicar los conflictos es la del complot, es decir, que todos los conflictos responderían a las mismas causas y desarrollan idénticas estrategias antimineras (cooperaccion.org.pe, 17 de diciembre de 2012).

 

Luego de más de un año de resistencia al proyecto aurífero Conga, el centro de la protesta se ha trasladado al distrito de San Juan de Kañaris, en el norteño departamento de Lambayeque, que tiene 96 por ciento de su superficie concesionada a la minería. Kañaris tiene 15 mil habitantes en 38 caseríos, dos tercios de los cuales sólo hablan quechua. El 30 de septiembre la población organizó una consulta ciudadana en la que 95 por ciento de la comunidad rechazó los proyectos mineros y el 20 de enero realizaron un paro regional con apoyo del Comando Unitario de Lucha de Lambayeque.

 

Cuatro elementos a tener en cuenta. El primero es que la consulta se ha convertido en método de lucha, pero no tiene ninguna relación con el sistema electoral: busca mostrar la cohesión comunitaria contra la minería, no es un mecanismo estatal sino comunitario y popular a través del cual se afianzan posiciones y aliados. El segundo es la aparición de nuevas formas de acción como las que encarnan los guardianes de las lagunas, estrechamente vincu­lados a las rondas campesinas, quienes acampan por turnos a 4 mil metros de altura, desafían los vientos y el frío, la represión y a las empresas, para proteger las fuentes de agua y vida.

 

El tercero es que estos movimientos territoriales están formando una camada de dirigentes jóvenes, con elevada presencia femenina, fuerte ligazón comunitaria y sólido control de las bases. Por último, como apunta Hugo Blanco, los grupos locales tienen ventajas porque son más representativos de las luchas reales y son los pasos iniciales para un reagrupamiento por abajo. Lo que el sistema político califica como fragmentación y localismo incapaces de modificar la correlación de fuerzas es un modo de eludir la burocratización y la cooptación propias de las grandes estructuras organizativas, porque los de abajo quieren controlar más y más a sus dirigentes.

 

La coordinación se da en las luchas, durante las que se abren espacios de interconexión para potenciar las acciones, que luego se disuelven para que no sean apropiadas por extraños. Son algunas de las lecciones aprendidas por los-de-abajo-en-movimiento en las dos últimas décadas, para garantizar la cohesión comunitaria, sin la cual no hay ni habrá cambios.