Adiós al protagonismo y los muertos que caminan
La detención del líder de Los Zetas, Miguel Ángel Treviño Morales, alias Z-40, es el primer gran golpe del gobierno de Enrique Peña Nieto contra los grupos del crimen organizado que operan en México.
Antes se había dado un golpe a otra clase de organización criminal, la de la política, en la persona de la ahora ex lideresa del Sindicato Nacional de los Trabajadores de la Educación (SNTE), Elba Esther Gordillo Morales, y del ex Gobernador de Tabasco, Andrés Granier Melo, casos que aún están en proceso legal y en los que la Procuraduría General de la República (PGR) no ha llegado al fondo.
Por supuesto, el arresto de un criminal del tamaño del Z-40 es plausible por parte de la sociedad mexicana. En la prensa nacional e internacional se han descrito las atrocidades que Treviño Morales, ahora de 42 años, cometió desde su adolescencia, en una sanguinaria carrera delictiva donde sumó cientos de víctimas.
El solo hecho de que un asesino de ese calibre esté tras las rejas, acusado formalmente de delincuencia organizada, homicidio, delitos contra la salud, tortura y lavado de dinero, por los que nunca más podrá pisar la calle, es motivo para congratularse.
Pero, también, hay que decirlo, la captura del Z-40 es apenas un paso de los miles que el Estado mexicano –en sus tres niveles de gobierno– debe andar antes de lanzar las campanas al vuelo.
El país está desde hace más de seis años bajo el flagelo del crimen organizado, en cualquiera de sus modalidades –tráfico de drogas, trata de personas, secuestro, pornografía infantil, extorsión, fraude, falsificación, etcétera–, y las calamidades que han vivido, y viven, cientos de miles de mexicanos aún están lejos de resolverse.
Por eso supo bien que el gobierno federal siguiera formas distintas a las que vimos durante el sexenio de Felipe Calderón Hinojosa, quien empeñado en defender su estrategia de guerra contra el narcotráfico, hacía de cada detención un circo.
Al final, lo vimos, sus “grandes” arrestos, como el difundido en directo por televisión abierta, fueron tan desaseados legalmente que no pudieron llegar a una sentencia. Otros casos alimentaron asegunes, como los asesinatos de capos cuyos cadáveres –que eran prueba para verificar identidades– fueron arrebatados de forma infantil de las manos de la autoridad.
Desde el pasado 15 de abril, el gobierno, a través del subsecretario de Normatividad de Medios de la Secretaría de Gobernación (Segob), Eduardo Sánchez Hernández, anunció que se dejaría de presentar a los delincuentes ante la prensa y, muy importante en todos los casos, usaría los términos “presumiblemente vinculados” o “presuntos responsables” hasta que el Ministerio Público finalizara la averiguación y un Juez determinara qué había ocurrido.
Además, dijo entonces, la decisión se tomó para evitar caer en atentados y violaciones contra los derechos humanos.
Así lo hizo el propio Sánchez Hernández, también vocero del Gabinete de Seguridad del Gobierno de la República, cuando la noche del lunes pasado ofreció una conferencia de prensa sobre la detención de Treviño Morales, al que elementos de la Secretaría de Marina (Semar) capturaron la madrugada de ese día.
Se siguieron protocolos diferentes a los del gobierno de Calderón Hinojosa. Se confirmaron con el ADN las identidades de los detenidos antes de dar sus nombres. Aunque la noticia del arresto se filtró desde la tarde no hubo aceleres: se planeó la conferencia de prensa en las oficinas de la Segob, y no en el hangar de la PRG o en las oficinas de la SEIDO –rodeados de militares y federales armados hasta los dientes–, como se acostumbraba. Se presentaron las fotos de los individuos, pero no se mencionaron los alias y, en todo momento, se evitó relacionarlos con delitos que aún están en averiguación, como es el caso del asesinato del hijo del ex Gobernador Humberto Moreira Valdés.
Luego, pasaron más de 30 horas desde el arresto para que el Presidente Peña Nieto se pronunciara sobre el asunto y lo hizo para felicitar a los miembros de la Semar. Ni el titular de la Segob, Miguel Ángel Osorio Chong, ni los secretarios de la Defensa Nacional y de Marina, emitieron comentarios sobre el hecho… ni siquiera desde sus cuentas de Twitter.
Es decir, no se produjo el despliegue mediático de Calderón, quien desesperado por ganar puntos a favor utilizó en varias ocasiones la cadena nacional para presumir la caída de hampones.
El gobierno de EPN, decíamos antes, no tiene aún nada que presumir y es bueno que no lo haga. Además, es responsabilidad y obligación del Estado luchar contra el crimen a todos los niveles y preservar la seguridad de todos. Se dio un gran paso, sí, pero ahora lo importante es dar el otro y el otro y el otro…
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