Defensa del petróleo: ejercerla unidos- El petróleo, algo esencial- Reforma energética: ¿cambio constitucional?

Defensa del petróleo: ejercerla unidos

Antonio Gershenson

El 18 de marzo pasado, aniversario de la nacionalización del petróleo, se llevaron a cabo en el Distrito Federal alrededor de 10 movilizaciones independientes entre sí. Tal vez la que más aglutinó participantes fue la de organizaciones sindicales independientes, o similares. De todos modos, hubo una gran diferencia con movilizaciones que se dieron en 2008, contra las iniciativas de ley al respecto sobre el petróleo y temas conexos. Especialmente en la fase final, las movilizaciones actuaron llegando incluso desde diferentes lugares y confluyendo.

 

La gran movilización, y la confluencia de fuerzas políticas, contribuyeron a que la iniciativa del gobierno del PAN tuviera varios reveses. Un ejemplo fue que se dejó fuera la intención del gobierno federal de que nuevas refinerías fueran construidas por empresas trasnacionales. Y el acuerdo de que una de ellas fuera construida por Pemex se tomó formalmente, aunque el gobierno saboteara su construcción. Ni una ni otra.

Ahora hay una división, formalmente no entre 10 como el 18 de marzo, sino porque un sector, visiblemente por la dirección del Partido de la Revolución Democrática (PRD), se sumó al Pacto por México en su compromiso 57, que dice que se debe iniciar competencia en los procesos de refinación, petroquímica y transporte de hidrocarburos. Esto implica que no sólo Pemex participará, sino que competirán con él empresas privadas. En los hechos, las refinerías y buena parte de las otras áreas mencionadas sólo se pueden construir ahora por empresas transnacionales.

Aquí hay sólo una división entre dos, no entre 10 como en el 18 de marzo. Lo menos que debería buscarse es la unión de quienes defienden plenamente a Pemex y en torno a quienes lo busquen. Estamos tomando lo de la refinación como ejemplo, pero necesitamos una defensa de Pemex más amplia.

Debería haber, por ejemplo, una plena unidad de la izquierda contra el hecho de que haya regiones petroleras con una plenitud de empresas extranjeras, que fueron traídas con el pretexto de que traían nueva tecnología que Pemex no tenía. Por ejemplo, Burgos se dividió en siete territorios enormes y se entregó cada uno a una empresa extranjera. Pues bien, en su conjunto, su producción de gas natural, que es lo que hacían, se cayó desde mil 515 millones de pies cúbicos diarios (mmpcd) hasta mil 269 mmpcd en 2012. La pérdida fue de 16 por ciento en estos tres años.
 

En Veracruz, entregada a contrato a trasnacionales, cayó la producción, en gas natural como en Burgos, de 922 mmpcd en 2007, a 538 en 2013, una baja de 42 por ciento.

 

Finalmente, se ha presumido de Chicontepec, paraíso de las trasnacionales pagadas carísimo, y se ha dicho que su producción aumenta. En lo que va del año, la previsión para éste era de 79 mil barriles diarios en enero, en junio ya iba a subir a 91 mil diarios, y en diciembre, a 105 mil. Pero la cruda realidad nos dice que el dato real más reciente, junio, fue de 67 mil barriles diarios, que equivalen a 74 por ciento de la previsión oficial para ese mes.

 

Ahora están por hacer otro concurso en Chicontepec, todavía más ventajoso para las trasnacionales que ganen (o sea, las más generosas con los funcionarios).

 

Estos ejemplos muestran que hay aspectos de Pemex que deberían unir en su contra a toda la izquierda.

 

La perforación de aguas profundas, gran dios de los gobiernos derechistas, y que con un dineral gastado no han dado ni un barril de petróleo, debería ser, también, combatida unificadamente por toda la izquierda.

 

Se ha estado concursando áreas de las llamadas maduras, de difícil extracción y desarrollo. Se han entregado a los ganadores áreas durante 20 y luego hasta 30 años. Toda la izquierda debería oponerse a éstas, y otras zonas que Pemex entrega, como en otros momentos lo hizo con otro tipo de superficies.

 

También se debería apoyar el desarrollo con equipos de Pemex, ingenieros de Pemex, equipos de perforación de Pemex y sobe la base de exploración de Pemex.

antonio.gershenson@gmail.com

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

El petróleo, algo esencial

Néstor de Buen

Me parece mentira que la administración de la industria petrolera pueda ser puesta en manos de empresas privadas. Me temo que con ello se violaría de manera flagrante el mandato constitucional que atribuye a la nación el dominio directo de todos los recursos naturales de la plataforma continental, lo que incluye, de acuerdo con el artículo 27 de la Constitución, los combustibles minerales sólidos, el petróleo y todos los hidrocarburos de hidrógeno sólidos, líquidos o gaseosos...

 

Estoy convencido de que en esa industria dependemos en gran medida del exterior, particularmente por lo que se refiere al suministro de materiales tecnológicos que sirvan para el montaje de los pozos petroleros y las refinerías que tienen a su cargo la transformación del petróleo en productos de consumo público.

Es cierto que México no cuenta con una industria capaz de fabricar los implementos necesarios para el establecimiento de los puntos de explotación y las refinerías, por lo que cabe presumir que en todo caso depende de la provisión externa. Sin embargo, eso no afecta al estricto cumplimiento del artículo 27 constitucional y en todo caso es un tema que se podrá resolver administrativamente sin renunciar al dominio que constitucionalmente se establece.

Es un hecho conocido que uno de los problemas mayores de nuestra industria petrolera deriva de la evidente intervención del sindicato en el manejo de la empresa, lo que ha provocado el encarecimiento del costo de explotación, pero lamentablemente sin beneficios notables en favor de los trabajadores.

En los hoy remotos tiempos en que Joaquín Hernández Galicia La Quina era el responsable principal del sindicato, las cosas no eran iguales y se manifestaban en el hecho de que la empresa mantenía una relación difícil con el sindicato, lo que no impidió que algunos funcionarios de segundo nivel del propio sindicato ejercieran actos de corrupción que fueron notables en sus tiempos.

Se afirma, sin embargo, que en gran medida la responsabilidad por el estado lamentable de la economía de Pemex es atribuible a la organización sindical, o por lo menos a su representante conocido, como es Carlos Romero Deschamps, lo que hace pensar en que la administración de Pemex ha mostrado notables debilidades con la representación sindical.

Si ese es el problema, como lo supongo, la solución no sería la cesión a empresas privadas, nacionales o extranjeras, de la explotación del petróleo, sino el cuidado extremo que impida las alianzas entre la organización sindical y la administración de Pemex.
 

Es claro que el gobierno habría de cambiar su vinculación con el sindicato colocando en lugar preferente la adecuada administración de Pemex, pero evidentemente que eso no podría hacerlo violando el principio fundamental de la autonomía sindical. Por supuesto que ese no es un obstáculo, ya que la administración pública ha hecho notable por mucho tiempo su rechazo a las organizaciones sindicales democráticas y su apoyo a las que se inclinan por favorecer los intereses empresariales, en lugar de defender a los trabajadores. Tenemos ejemplos de sobra, pero podríamos citar en primer lugar la situación del gremio minero y del Sindicato Mexicano de Electricistas, respecto de los cuales la actitud gubernamental ha sido sistemáticamente violatoria del principio de libertad sindical, anteponiendo supuestos intereses superiores a los de los trabajadores, y poniendo en juego la fuerza pública para destruir el derecho de huelga. Es claro que ello implica la violación sistemática de los derechos individuales y colectivos previstos en el artículo 123 constitucional y hoy en condición deplorable a partir de la reforma panista y priísta a la Ley Federal del Trabajo.

 

Tal vez el ejemplo más doloroso lo constituye Pasta de Conchos, donde las autoridades laborales dejaron a un lado su responsabilidad principal de garantizar la vida y la seguridad de los trabajadores, apoyándose para ello en el total desprecio a las obligaciones que la ley impone a la inspección del trabajo y utilizando la fuerza pública para reprimir a aquellos trabajadores que ejercieron su derecho a protestar.

 

La pretensión del gobierno de poner en manos privadas el manejo de Pemex constituye la notable violación a una responsabilidad histórica que nació con la expropiación petrolera debida al general Lázaro Cárdenas.

 

El gobierno priísta de Enrique Peña Nieto no puede darse el lujo de olvidarse de la historia. Mejor sería que aplicara con energía los remedios para resolver los problemas de inseguridad que en este momento están afectando prácticamente a todo el país. Sería preferible que sus esfuerzos se aplicaran a organizar debidamente la condición de los cuerpos de policía en donde la corrupción tiene su mejor asiento, sin tratar de sustituirlos por el Ejército, que no nació para esas actividades.

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

Reforma energética: ¿cambio constitucional?

José Antonio Rojas Nieto

¡Ni hablar! Tiene razón Adrián Lajous. El futuro nos alcanzó. Sí, Adrián ofrece una interesante caracterización del cambio en el mundo energético donde –sorprendámonos– resalta Estados Unidos, que vuelve a ser potencia petrolera y –sorprendámonos más– ha adquirido una fuerza impresionante en gas natural, que le permite pagarlo a menos de la mitad de los europeos y menos de la tercera parte de coreanos y japoneses. ¿Ejemplo a seguir? ¡No lo creo! Pero Lajous también resalta nuestro debilitamiento petrolero crónico. Vivimos una producción declinante o, en el mejor de los casos, estancada. Asimismo –añade– una necesidad de importaciones crecientes de gasolinas y diesel. Pero también –concluye– de importaciones también crecientes de gas natural, ya casi la mitad de la producción nacional de gas seco.

 

Hay buenos documentos oficiales que permiten complementar bien el diagnóstico. Necesario –sin duda– para una buena reforma energética en la que –adivinemos– se ofrecerán elementos tanto para modificar la Constitución como para no hacerlo. Orientar la discusión sobre la reforma energética al dilema sobre cambiar o no cambiar la Constitución va a llevar a un callejón sin salida. Muchos quieren el cambio constitucional. Muchos no lo queremos. Argumentos en favor del cambio saltarán –una vez más– al debate. De inicio con esa burda caricatura de que sólo México y Corea del Norte no han cambiado su constitución. Para seguir con el dogma de que sólo la libre competencia garantiza la eficiencia, el cambio técnico y el desarrollo de las facultades productivas del trabajo. Y concluir con los ejemplos de Arabia Saudita y Noruega. Incluso con el que algunos llaman nuevo paradigma petrolero, es decir, Brasil. Sería muy interesante –lo digo muy en serio– saber qué piensa hoy Juan José Suárez Coppel de la conveniencia o aun la necesidad de un cambio constitucional en este proceso de reforma energética que estamos a punto de iniciar. De la posibilidad de hacer de Pemex –¡vaya que el mismísimo Bernardo Minkow lo señala!– una empresa de Estado, que opera en un monopolio, pero que es capaz de ser rentable y eficaz por sí misma, no por la renta petrolera, me permito completar. Igualmente interesante sería conocer la opinión de Jesús Reyes-Heroles González-Garza. Similarmente lo que a este respecto piensa hoy Luis Ramírez Corso. Incluso la opinión –también lo digo muy en serio– de Raúl Muñoz Leos. Y, al menos una más y de suma importancia, la de Adrián Lajous. También sería interesante escuchar a Carlos Ruiz Sacristán y a Francisco Rojas. ¿Por qué el Senado no se las solicita, como acaso lo hizo con algunas personas significativas de lo que podríamos llamar mundo del petróleo en ocasión de la reforma de 2008? ¿No sería útil conocer la opinión de algunos de los que han sido directivos de Petrobras o del ministerio de Energía en Brasil? ¿Saber qué piensan personeros de gran respeto de la empresa Statoil de Noruega y, sin duda, del ministerio de Energía de ese admirado país? ¿Y los correspondientes de la mágica Arabia Saudita? ¿Y el caso –tan interesante por lo demás– de Francia, especialmente en el caso eléctrico? Y así podríamos hacer una larga lista donde, sin duda, donde no debieran faltar algunos académicos mexicanos como Fabio Barbosa, Ángel de la Vega y Juan Carlos Boué –el estudioso exhaustivo de la renta petrolera– y que han dedicado su vida –sí, su vida– a estudiar nuestra industria energética. O extranjeros como Robert Mabro o, incluso, Bernard Mommer –el respetado investigador de las siete nacionalidades. ¡Y qué decir de la necesidad de una seria y cuidadosa consulta a la ciudadanía en nuestro país!
 

He leído con el mayor cuidado posible el expediente de cinco ensayos preparados por Nexos. Hay que leerlos. Incluso una y otra vez. Me refiero –por orden de exposición a los de Adrián Lajous, Juan Carlos Boué, John Scott, Bernardo Minkow y Manuel Rodríguez Woog. A más del ensayo de presentación. Asimismo, la propuesta cuidadosa que ha hecho en estos días el ingeniero Cárdenas, siempre tan atento e interesado –de casta le viene al galgo– en entender y proponer una salida a nuestra vida petrolera que no renuncie a los principios constitucionales de la propiedad y el manejo integral de nuestros hidrocarburos. Y concluyo que el debate apenas empieza. Y que hay mucha, pero mucha… mucha… mucha… ideología por ahí. Es legítimo –¡quién lo niega, por favor!– que haya no sólo opiniones divergentes y concepciones divergentes, sino –todavía más– intereses personales y de grupo divergentes. E, implícitamente, concepciones teóricas no sólo divergentes, sino enfrentadas. Pero no se vale presumir la falsa objetividad. Por mi parte desde hace varios años he tratado de presentar en este espacio de La Jornada mi concepción sobre los excedentes petroleros y sus diversos componentes: renta diferencia, renta absoluta, renta de monopolio, sobreprecios circunstanciales. Y ligar esta concepción a la tesis sobre la necesidad de sostener los principios constitucionales de propiedad y control nacionales de los recursos naturales –hidrocarburos, sin duda– y manejo integral de la industria, a través de organismos de Estado.

 

He defendido –a pesar de vicios y corrupciones– la necesidad de mantener ese poder social que representa la propiedad y el control nacionales de los recursos naturales. Esto me condujo a observar la necesidad urgente –debo confesar que lo planteé públicamente, al menos, desde 1986, es decir, hace casi 27 años– de una reforma fiscal de fondo que liberara excedentes petroleros para el fortalecimiento productivo de mediano y largo plazo no sólo de Pemex, sino de nuestra industria energética en pleno. ¡Por eso admiré y suscribí el Programa de Energía de 1980! E insistí desde entonces en evitar el manejo discrecional, dispendioso, absurdo y, finalmente, vergonzoso –como de hecho sucedió– de la mayor parte de esos excedentes petroleros. De 1978 a la fecha suman –no me lo va a creer usted– prácticamente el valor monetario actual del PIB anual de nuestro país. Ah, y por cierto, los gobiernos del PAN –de triste comportamiento– recibieron 63 por ciento de estos excedentes, solamente en 12 años. Y los del PRI –que tampoco admiro, por cierto– el 47 por ciento restante, en 24 años. ¿Cómo la ve usted? No se vale. ¿Verdad? De veras.

rojasagas@yahoo.com.mx

FUENTE: LA JORNADA OPINION