SME y perspectivas de solución- Urgente, reformar la ley minera- ¿A las aseguradoras, los mermados ingresos del IMSS-Issste?

SME y perspectivas de solución

Luego de permanecer más de un mes en plantón en las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) alcanzó ayer un acuerdo con esa dependencia federal para jubilar a los ex trabajadores de Luz y Fuerza del Centro (LFC) que hayan alcanzado 23 años de antigüedad, y que formen parte de los más de 16 mil agremiados que se han mantenido en resistencia tras el cierre del organismo público, en octubre de 2009. Por lo demás, las partes acordaron realizar reuniones para tratar lo relativo a la recontratación de los trabajadores electricistas que no aceptaron las ofertas de liquidación formuladas en su momento por la administración de Felipe Calderón, lo cual podría lograrse, tentativamente, mediante su incorporación a una filial de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

 

Ante la cerrazón y la intransigencia que caracterizó a las autoridades del pasado ciclo de gobierno desde el estallido del conflicto, corresponde ponderar positivamente el arreglo alcanzado ayer, en la medida que implica el reconocimiento, por parte de la actual administración, de la necesidad y la pertinencia de reactivar el diálogo con la representación sindical. En retrospectiva, resulta, asimismo, obligado reconocer la perseverancia de un movimiento que, tras haber sido arrojado al desempleo masivo, se mantuvo en pie y dio muestras de responsabilidad y mesura, a pesar de la campaña de calumnias e insidias de que ha sido objeto, y pese a los amagos represivos que han sido ensayados en su contra.

Habrá que esperar, por otra parte, a que el ofrecimiento de analizar la reinserción de los trabajadores del SME en el sector eléctrico abandone el plano hipotético en que se ha mantenido y aterrice en propuestas concretas. La recontratación masiva del personal de la disuelta LFC –ya sea mediante su incorporación a la CFE o mediante la creación de una nueva compañía– reviste pertinencia y necesidad no sólo desde la óptica de la justicia laboral –toda vez que no había razones técnicas ni legales para dejar a decenas de miles de trabajadores en la calle–, sino también desde una perspectiva de utilidad pública porque, más allá de consideraciones políticas y gremiales, los electricistas pertenecientes al SME representan un capital humano invaluable y que debe ser aprovechado.
 

Por último, sin dejar de ponderar positivamente la disposición y la apertura mostradas por el gobierno federal actual al suscribir el acuerdo referido, debe señalarse que acercamientos de este tipo habrían debido producirse mucho antes y que con ello se habría evitado llevar el conflicto a los niveles de encono y complejidad que llegó a alcanzar en estos casi 46 meses. Como ocurre en tantos otros ámbitos conflictivos de la actualidad, el gobierno calderonista arrastra una responsabilidad política ineludible por el ensañamiento injustificable a que fue sometido el SME y su entorno social de apoyo, así como por el desgaste causado, a lo largo del desarrollo de ese conflicto, en la institucionalidad política y en la propia población.

 

Cabe esperar que la reactivación de las negociaciones entre el gremio y las autoridades no quede en un mero formalismo y un nuevo ejercicio de simulación; que el gobierno federal no redite la belicosidad y el espíritu antisindical que caracterizó a su antecesor y que exhiba la voluntad necesaria para resolver de una vez por todas un conflicto originado hace ya casi cuatro años por parte de la propia autoridad.

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 Domingo siete-Ahumada

ahumada@jornada.com.mx

Urgente, reformar la ley minera

Miguel Concha

Frente a los graves estragos sociales, ecológicos y económicos que siguen causando en amplias regiones del país las empresas mineras, particularmente aquellas que trabajan a cielo abierto y contaminan con cianuro y metales pesados, es urgente que en septiembre el Congreso reforme de manera integral y a fondo la ley y el conjunto de normas que las rige. Para ello es imprescindible su armonización con el artículo 1º de la Constitución, modificado el 10 de junio de 2011, que obliga a todas las autoridades, en el ámbito de sus respectivas competencias, y por ende también al Poder Legislativo, a promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos reconocidos en la Carta Magna y en los tratados internacionales de los que México es parte, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad.

 

Debe por ello establecerse en una nueva ley un primer artículo que contenga, como ha explicado en distintos foros y entrevistas el doctor Jaime Cárdenas Gracia, un enunciado jurídico que afirme que toda la actividad minera debe guiarse por el respeto, protección y garantía de los derechos individuales y colectivos. Se tiene entonces que dictaminar y aprobar en el Senado la iniciativa que presentó a finales de abril la legisladora Iris Vianey Mendoza Mendoza, con el propósito explícito de reforzar también la capacidad institucional de regulación, inspección y vigilancia del Estado sobre la actividad minera, para hacer al mismo tiempo efectivas las garantías de ejercicio de los derechos de los pueblos y comunidades indígenas. Es plausible además que se introduzcan en la iniciativa mandatos preventivos frente al peligroso crecimiento del pasivo ambiental minero, asociados incluso al Acuerdo Paralelo de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN). Cuanto más que la ONU, en un informe difundido el pasado 24 de mayo, pidió al gobierno revisar el marco legal relativo a la minería, con el fin de que esta actividad respete los derechos de los pueblos indígenas y se eviten así conflictos sociales.

Sugirió además armonizar la Constitución, particularmente en los artículos 2, 26, 27 y 115, precisamente con los instrumentos jurídicos internacionales de derechos humanos, y reconocer a los pueblos indígenas como sujetos de derecho público. Pidió también revisar la legislación relativa a los métodos de extracción y los tipos de explotación y revisar por tanto la Ley Minera, la Ley de Aguas Nacionales, la Ley Agraria, la Ley General de Bienes Nacionales y la Ley Federal de Derechos, para que estén acordes con los derechos indígenas.

El informe expuso igualmente que las autoridades federales deben asumir su papel de garantes de la protección de los derechos de los pueblos indígenas y vigilar el cumplimiento de la responsabilidad social corporativa de las empresas. Deben entonces distinguirse y normarse con toda claridad las condiciones y exigencias de las distintas etapas en las que se desarrolla esta actividad (exploración, explotación y beneficio), precisando sus tiempos, y sin exceder de 30 años la duración en conjunto de las concesiones. Deben además preverse de antemano medidas rigurosas de protección ambiental, así como establecerse con toda precisión las garantías de información, debida consulta y participación de las poblaciones y personas afectadas con dichos proyectos. Hay que abrogar también el artículo 6 de la actual ley neoliberal minera, reformada en 1992, en plena negociación sobre la firma del TLCAN, que contrariamente a lo que establece la Constitución en el artículo 27 sobre la producción agropecuaria, su industrialización y comercialización, como actividades de interés público, afirma erróneamente que la exploración, explotación y beneficio de los minerales a que se refiere esta Ley son de utilidad pública (y) serán preferentes sobre cualquier otro uso o aprovechamiento del terreno.
 

Como expresa el doctor Cárdenas, este artículo es violatorio de los derechos fundamentales consagrados en la Constitución, pues a una actividad económica se le coloca por encima de la protección del medio ambiente, los derechos de los pueblos originarios, los de los núcleos agrarios y los de los trabajadores. Como se sabe, hoy en día las concesiones mineras ocupan más de un cuarto del territorio nacional, y solamente durante el panismo se otorgaron más de 31 mil, de las cuales 5 mil siete se dieron en los dos últimos años del anterior sexenio. Son 301 las compañías extranjeras (sobre todo canadienses, aunque también estadunidenses y de otros países) las que acaparan 39 millones 743 mil 690 hectáreas. Estas empresas desarrollan alrededor de 803 proyectos, los cuales se han incrementado en un 12 por ciento en los tres años recientes. Poseen escandalosamente concesiones por 50 años, renovables por otros 50. Y para calcular su verdadero costo al país, hay que tener en cuenta que para extraer una tonelada de cobre se dice que se necesitan 80 mil litros de agua, o mil litros de agua por segundo para obtener un gramo de oro. Y que producir una onza de oro (31 gramos) genera un promedio de 19 toneladas de desechos tóxicos. Sin embargo, hasta el momento las compañías dedicadas a la extracción de minerales no pagan al gobierno por el valor de los recursos extraídos, que son muchos, sino por hectáreas concesionadas. Las cuotas estipuladas, que van de 5 a 111 pesos semestrales por hectárea, son simbólicas y contrastan con el valor de los recursos extraídos del suelo nacional. Por ello en abril pasado se aprobó en la Cámara de Diputados un dictamen, que de ser aprobado por el Senado en septiembre las obligaría a pagar 5 por ciento de sus ingresos acumulables netos, como derechos en la totalidad de concesiones que operen.

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 Procuración de injusticia-Fisgón

rfisgon@jornada.com.mx

¿A las aseguradoras, los mermados ingresos del IMSS-Issste?

Gustavo Leal*

Incluso sus más entusiastas promotores reconocen el fracaso del Sistema de Ahorro para el Retiro (SAR) y las reformas de Zedillo y Calderón al IMSS-Issste. Es un fracaso para el futuro pensionario de los trabajadores, dueños de los cuantiosos recursos, y éxito de capitalización de las Afore que los administran, cada vez más alejados de los supuestos beneficios para la seguridad social. El uso privado muy rentable de los fondos no se traduce en mejores rendimientos netos sociales. Sólo en mayo de 2013 se esfumaron ¡93 mil millones de pesos! por la pérdida de valor de las inversiones realizadas por las Afore, e incluso alguien estima que el SAR es ¡siete veces más caro! que otros sistemas latinoamericanos, por el nivel de sus comisiones.

 

Alejandro Villagómez, del CIDE, escribió: De la población cubierta por un programa público de pensión, la mayoría se encuentra en un esquema de cuenta individual y capitalización total, como el del IMSS. Las contribuciones efectivas de esta población al programa resultan bajas, por lo que muchos sólo tendrán derecho a la pensión mínima garantizada, y una buena parte ni siquiera a ésta, ya que no cumplirán con el requisito del mínimo de semanas de contribución. Es decir, no tendrán una pensión. Esto significa que una enorme proporción de la población adulta mayor se encontrará en la pobreza (El Universal, 29/5/13).

Fernando Solís Soberón no es ajeno a este desenlace. Fue el primer presidente (1995-99) de la Comisión Nacional de Ahorro para el Retiro (Consar), época platino para las ganancias de las Afore, que entonces cobraron dos comisiones obligatorias a los trabajadores: de saldo y flujo.

Sirviéndose de la puerta giratoria, Solís pasó alegremente de la Consar –donde su misión consistió en proteger los ahorros para el retiro, para que se obtengan pensiones dignas– a los negocios del Grupo Financiero Banorte (GFNorte), donde, como director general de banca de ahorro y previsión, su misión consiste ahora en satisfacer las necesidades financieras de nuestros clientes. Preside, además, la Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros (Amis).

Después de proteger las pensiones y ya del otro lado de la puerta giratoria, Solís encabeza el asalto del sector asegurador al área de la salud. Su oportunidad ha surgido al amparo de la oferta de campaña de Peña Nieto de implantar una seguridad social universal, diseñada por Santiago Levy, que eleva impuestos (IVA) y reduce prestaciones.

En su discurso de clausura de la 23 Convención Nacional de Aseguradores, Solís entregó a Peña Nieto –quién sólo acusó recibo– un listado de 15 escalofriantes propuestas. Para Solís es deseable crear un sistema único de seguridad social, además de evaluar la conveniencia de abrir a la competencia la prestación de los seguros y la atención médica en beneficio de los derechohabientes.
 

De implementarse sus 15 escalofriantes propuestas, estaríamos frente al principio de la extinción del IMSS-Issste. El sector asegurador bloquearía su crecimiento al pretender asumir –para su proyecto de lucro– el grupo más importante del sector formal no registrado en ambas instituciones: el del outsourcing que Peña Nieto legalizó con su contrarreforma laboral de noviembre 2012.

 

Además, las 15 propuestas Solís-Amis-Banorte intentan compartir la atención médica (o de plano otorgarla), así como involucrarse en las prestaciones en especie y dinero de los seguros de enfermedad y maternidad, riesgos de trabajo y de invalidez y vida. Buscan, también, constituirse en juez y parte al dictaminar riesgos de trabajo y al expedir certificados de incapacidad. ¿Qué les quedaría a las instituciones? El seguro de guarderías que ya se brinda –por acción de Levy– subrogado a privados.

 

Para su nueva aventura, Solís compró el controversial diagnóstico de Funsalud de Guillermo Soberón, Julio Frenk y Mercedes Juan –ésta, hoy, al frente de la Ssa– respecto de que entre los principales retos del Sistema Nacional de Salud está seguir pugnando –igual que firmas como PriceWaterhouseCoopers e intereses como la Cámara de Comercio Británica (Louise Batchelder)– por ese sistema único de seguridad social financiado con un fondo único federal y la sana competencia entre prestadores (Universalidad de los servicios de salud en México. Grupo de trabajo de Funsalud, en Salud Pública de México, vol. 55/2013, editora invitada Mercedes Juan López).

 

También desde el otro lado de la puerta giratoria, Alejandro Valenzuela –ex director de Deuda Pública, ex vocero de la SHCP, ex director de Relaciones Externas del Banco de México y ahora director general del GFNorte– sostiene que las “utilidades netas del Grupo generadas por los negocios no bancarios se duplicarán una vez que se hagan con el control accionario de las compañías de seguros y pensiones en las que es socio con Grupo Generali. “El acuerdo –insistió– tiene sentido desde el punto de vista estratégico para Banorte, por el atractivo crecimiento esperado del sector asegurador en el país” (La Jornada, 21/6/13).

 

Mientras, el ex secretario de Hacienda y ex gobernador de Banco de México Guillermo Ortiz Martínez –actual presidente del consejo de administración del GFNorte– también estimó que la compra de Generali fue motivada por la perspectiva de crecimiento de estos sectores.

 

El confirmado fracaso del experimento privatizador en materia de pensiones –que apremia una inaplazable reforma de las reformas al IMSS y al ISSSTE–, ¿será replicado ahora en el área de la salud? Solís Soberón ¿protegerá ahora la salud, como antes protegió las pensiones? ¿Qué ganarán los pacientes? ¿Lo permitirá la segunda alternancia de Peña Nieto?

*Universidad Autónoma Metropolitana-Xochimilco

FUENTE: LA JORNADA OPINION