Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

sábado, 24 de agosto de 2013

Dinero- Maestros disidentes: privilegiar el diálogo- La privatización de la energía, inaceptable- Democracia participativa en ejercicio

Dinero
Reforma energética: tiene en contra a la mayoría
Aun así, la partidocracia podría aprobarla
El H. Congreso Banamex
Enrique Galván Ochoa
La reforma energética de Peña Nieto propone la inversión privada nacional y extranjera, prácticamente sin límites en Pemex. Se reformarían los artículos 27 y 28 de la Constitución. ¿Estás de acuerdo? Las personas encuestadas esta semana nos aportaron las siguientes opiniones: 97 por ciento dice que no está de acuerdo, y 3 por ciento . Hicimos otra pregunta: ¿crees que será aprobada? 64 por ciento dice que y 36 por ciento considera que no.
Metodología
Cada semana enviamos un sondeo a los miembros de El Foro México utilizando sus direcciones electrónicas. En esta encuesta tuvimos la participación de mil 791 foristas. En los siguientes párrafos reproducimos fragmentos de algunos de sus comentarios.
Opiniones
Al comienzo del sexenio de Salinas conocí a quienes diseñaban el nuevo rumbo de Pemex.
Eran yuppies con posgrados en Harvard, Yale, etcétera, que creían (y creen) que México comienza en Santa Fe y termina en Reforma-Polanco. Gran parte de sus vidas estaba en Nueva York o Washington. Entonces creaban la primera empresa casi privada dentro de la paraestatal: PMI. Sería la comercializadora internacional de Pemex. La idea era después convertir todos los sectores de Pemex en copias de ésta. Creo que no lo completaron, pero en ese momento les pregunté, ¿qué harán con su enorme corrupción? Su respuesta: Mira, las ganancias de la empresa latinoamericana más importante son tan grandes que ni tomamos en cuenta las pérdidas por la corrupción sindical, por comisionistas/prestanombres, por desviaciones ilegales, etcétera. Desde entonces se trazó el camino de Pemex a ser sólo vendedora de crudo y se abandonó el resto.
La privatización ya es un hecho. Son negocios oscuros, enriqueciendo a políticos, familiares y cuates a través de coyotes mexicanos que representan a empresas transnacionales.
Echen un ojo en Campeche, por ejemplo, y vean las flamantes oficinas de Halliburton. ¿Ejemplos?
1. César Nava, ex presidente del PAN y ex abogado de Pemex, se compró un departamento de 6 millones de dólares en Polanco, ¿con su salario?
2. Los hijastros de Vicente Fox son dueños (mediante prestanombres, claro) de navieras que dan servicio a Pemex, así como de terminales portuarias, etcétera.
Esta reforma es sólo la conclusión de lo que no se logró en la época salinista. Y es para beneficio de los mismos de siempre.
Víctor Betancourt Correa/ciudad de México
Estos vendepatrias van a aprobar la reforma energética, debemos evitarlo, pues es lo único que le queda al país. Así que vayamos con AMLO el 8 de septiembre para evitar el abuso de unos cuantos políticos. Unidos y organizados evitaremos este atraco a la nación.
Foto
Ramón Moreno Moreno/Guanajuato
Los diputados aprueban lo que les mande el Pacto por México, se autonulificó el Congreso; ante esto, el pueblo debe reasumir la soberanía. La represión se intensificará (encarcelamiento de guardias de autodefensa y todo lo que huela a pueblo). Pero debemos protestar antes de que se consume el atraco iniciado por los panistas. Por cierto, Cordero debe ir a la cárcel junto con Calderón por lo de la caja chica de Pemex (si, en otro país).
JC Raya Pérez/Uruapan
Ya lo dijo Óscar Chávez: Se vende mi país... Aunque la mayoría de mexicanos no esté de acuerdo, los diputados y senadores de cualquier color –que a nadie representan y sólo velan por sus intereses– van a aprobar este auténtico atraco a los bienes de la nación.
Faustino Sánchez Cruz/Toluca
Este PRI no tiene nada que ver con el PRI histórico. Hay que reconocer, con honestidad y sin prejuicios, que el PRI hasta 1970 hizo crecer al país hasta ponernos al nivel de Japón y Alemania Federal que se recuperaban de la posguerra, y lo hizo sin la inyección de recursos que el petróleo nos da a nosotros hoy. Pudo hacerlo, porque nuestra riqueza petrolera era administrada para nuestro uso interno, lo que nos garantizó la energía que requería la industria de aquellos tiempos. Esa palanca y capacidad es la que nos legó el presidente Cárdenas, y es la que nos quiere escamotear el raptor a cuya cabeza está Peña Nieto.
Orlando Gil Salinas/Mérida
El cinismo del gobierno es tal que, aunque la mayoría de la población se oponga, la borregada de su partido y sus apéndices pan y prd, (así, con minúsculas) votarán por los cambios necesarios para lograr sus fines, o serán los de sus jefes en la Casa Blanca.
Misael Lira Granados/ciudad de México
El PRI y el PAN de viaje de luna de miel, la izquierda fraccionada, y los mexicanos preocupados por quién va a ser el DT de la selección nacional y de cómo va a acabar la telenovela, mientras los señores neoliberales se roban el futuro de nuestros hijos con sus políticas entreguistas...
Oswaldo López Bello/Veracruz
No hay Parlamento, no saben hablar, no hay discusión, no leen, no escriben, sólo sirven de levantadedos todos los camarales del honorable Congreso Banamex.
Amanda Bautista Grundell/Ciudad de México
Twitter: @galvanochoa
Facebook: @galvanochoa
Maestros disidentes: privilegiar el diálogo
La inercia y la insensibilidad oficiales llevaron a una escalada de la inconformidad que un importante sector del magisterio ha venido expresando desde hace años por el abandono gubernamental y que ha tenido como catalizador, en meses recientes, el conjunto de reformas legales emprendidas a iniciativa del gobierno federal en materia educativa.
 
Ante la persistencia de las bancadas oficialistas en el Legislativo por gestionar en forma rutinaria tales reformas, a espaldas de un clamor que habría debido ser incluido y atendido desde hace mucho, los maestros de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) optaron por acudir a la capital de la República, acampar en el Zócalo, rodear el Palacio Legislativo de San Lázaro y la sede del Senado de la República y, en horas recientes, hacerse presentes en las inmediaciones del aeropuerto capitalino.

Las presiones sobre el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, no se hicieron esperar. Desde el Legislativo mismo, el priísta Emilio Gamboa Patrón y el panista Jorge Luis Preciado exigieron al gobernante del Distrito Federal que recurriera al desalojo de los mentores inconformes. Tales actitudes se han manifestado, también, en las cúpulas empresariales. El telón de fondo de semejantes posturas se conforma, desde diversos medios informativos y desde la iniciativa privada, con la insistencia en presentar el conflicto en curso como resultado de una postura irreductible del profesorado inconforme que repercute, incluso, en problemas de vialidad. Se busca, así, esconder el hecho de que el descontento magisterial es una consecuencia social de las políticas económicas en curso y de la creciente fractura entre el país real y sus representaciones políticas formales; se pretende confundir, en suma, el síntoma con la enfermedad.
 
Por fortuna para todos, el Gobierno del Distrito Federal, lejos de ceder a presiones y provocaciones y de enfrentar el problema con el recurso de la fuerza policial, buscó encauzarlo por la vía del diálogo con integrantes de la Junta de Coordinación Política del Senado. A la postre, después de haber eludido el problema, el gobierno federal accedió también a entablar negociaciones –por medio de los secretarios de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, y de Educación Pública, Emilio Chuayfett– con representantes de la CNTE.
 
Es de lamentar, por último, que para hacerse escuchar por las autoridades los maestros inconformes hayan debido llegar a la intensidad y radicalidad de las movilizaciones de estos días y cabe hacer votos porque en los canales de diálogo recién abiertos pueda gestionarse y resolverse un conflicto que habría podido ser evitado si el Ejecutivo y el Legislativo hubieran escuchado las razones de los profesores de la CNTE y hubieran consensuado con ellos las reformas legales en cuestión.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Bloqueos de la CNTE-Helguera
La privatización de la energía, inaceptable
Enrique Calderón Alzati
Es un hecho conocido y celebrado año con año que el 18 de marzo de 1938 el general Lázaro Cárdenas del Río, entonces presidente de México, expidió un decreto que quitaba los derechos de extracción, explotación y comercialización del petróleo existente en el subsuelo del territorio mexicano a las empresas extranjeras que venían realizando esas actividades.
 
Vale la pena recordar cuáles fueron las causas que motivaron esa histórica resolución, que hoy el gobierno pretende anular para regresar a un escenario similar al que existía entonces. Grosso modo, el proceso se inició luego de una huelga de los trabajadores mexicanos para exigir mejores salarios y mejores condiciones laborales, de acuerdo con los derechos establecidos por la Constitución de 1917, que las empresas extranjeras, sobre todo inglesas y estadunidenses, se negaban a otorgar, alegando que sus ingresos no les permitían cubrir tales cantidades y que las condiciones en las que laboraban sus trabajadores eran similares a las existentes en todo el mundo, ignorando así la discriminación que hacían al excluir a los mexicanos de los puestos de mando y pagando salarios significativamente menores que los asignados a estadunidenses e ingleses.

En relación con el primer punto, el gobierno de la República contaba con un estudio realizado por sus propios expertos, utilizando los precios conocidos del mercado mundial, lo cual indicaba que las contabilidades presentadas por las empresas eran totalmente falsas y que no sólo no pagaban de manera justa y adecuada a los trabajadores, sino que las cifras de ingresos que presentaban eran distintas a las abultadas utilidades que venían obteniendo, lo que implicaba un daño fiscal cometido contra el gobierno mexicano y, por ende, contra la nación.

El fallo de la Junta de Conciliación y Arbitraje resultó por ello favorable a los trabajadores, haciendo la huelga legal y procedente, urgiendo el gobierno a las empresas a llegar a un arreglo con los empleados a la brevedad, con objeto de no paralizar la industria mexicana ante la falta de combustibles, en virtud de los daños que todo ello significaba para la economía del país y para su estabilidad política, lo cual era desde luego irrelevante para ellas.

Por el contrario, las compañías petroleras vieron la posibilidad de obligar al gobierno a aceptar sus condiciones ante la debilidad de la incipiente economía mexicana, mientras la huelga ponía de manifiesto las injusticias que se cometían a diario con los trabajadores mexicanos, que de ninguna forma podían aspirar a puestos superiores, reservados de manera exclusiva a los extranjeros. Ello generó una situación de disgusto generalizado de la sociedad mexicana en su conjunto, el cual continuó por muchos años.

Luego de agotar todas las posibilidades de diálogo y de enfrentar una actitud de intransigencia y soberbia de los directivos de las empresas, que se sentían apoyados por sus gobiernos, el presidente de México se decidió a cortar el problema de fondo, en la medida que el tema de la energía estaba poniendo en riesgo la estabilidad social y la soberanía del país. No fue un paso sencillo, dado el entorno geopolítico y los conflictos internacionales del momento, los cuales derivarían unos meses después en la Segunda Guerra Mundial.

Fue así que Lázaro Cárdenas se decidió por la expropiación y nacionalización absoluta del petróleo y su explotación, medida histórica que se tradujo en un enorme progreso y desarrollo económico que el país habría de disfrutar durante las décadas siguientes, en las que pudo ser creado el Seguro Social, que habría de dar servicios médicos y sociales a la población de todo el país, edificar una ciudad universitaria, para la Universidad Nacional, ampliar los servicios educativos para todos los niños en edad escolar, construir las enormes centrales hidroeléctricas y las obras de infraestructura que el país requería, así como financiar el desarrollo de las industrias y empresas de servicio, mediante instituciones de crédito que hicieron posible que, 20 años después de la expropiación petrolera, México fuera señalado como el país líder de Latinoamérica y un ejemplo a seguir en la lucha contra el colonialismo.
 
Desde luego, no todo fue miel sobre hojuelas, pues tanto las empresas extranjeras como sus gobiernos desarrollaron un trabajo de cabildeo, utilizando los servicios de personajes influyentes en la política mexicana, con el propósito de recuperar lo que consideraban que les pertenecía, mientras los gobiernos que sucedieron al de Cárdenas cometían el grave error de corromper al sindicato petrolero para utilizar a los trabajadores como instrumento incondicional de políticas partidistas, ajenas a los intereses de la nación. Ambos factores comenzaron a dar fruto, a partir de que el gobierno de José López Portillo se convirtió de facto en un instrumento dócil a los intereses del gobierno estadunidense, para presionar a los países productores de petróleo con una guerra de precios que terminó por esfumar los sueños del mismo López Portillo y dejar a nuestro país con una enorme deuda externa, la cual dio lugar a la pérdida de soberanía y a la imposición del modelo neoliberal en el que seguimos inmersos.
 
Los gobiernos que le siguieron, comportándose más como gobiernos de ocupación impuestos desde el exterior que como gobiernos al servicio de la sociedad, se han dedicado a favorecer los intereses de empresas extranjeras (incluyendo los bancos) por sobre los intereses de la población, y a desmantelar la escasa capacidad de las empresas públicas que aún permanecen como tales, para dejar como única alternativa su privatización. Este ha sido el caso tanto de Petróleos Mexicanos como de la Comisión Federal de Electricidad, a las cuales se les ha impedido desarrollar la capacidad tecnológica y la infraestructura industrial que necesitan para ser competitivas, siguiendo para ello la estrategia aplicada a los Ferrocarriles Nacionales de México, cuya venta ningún beneficio aportó al país.
 
Regresar hoy Petróleos Mexicanos a compañías privadas, cuyo interés único es obtener las mayores ganancias posibles, tal como lo propone el gobierno actual, constituye un retroceso histórico que no debemos ni podemos permitir, aunque tampoco debemos aceptar que continúe operando en las condiciones actuales. Una reforma es no sólo necesaria sino urgente, pero la empresa no pasa por la privatización, sino que requiere un cambio de fondo en su línea y estructura de mando, para evitar el manejo discrecional de sus recursos y evitar que estos sean utilizados para financiar a empresas extranjeras y para beneficio personal de los directivos y altos funcionarios del gobierno, como ha venido sucediendo durante los últimos sexenios.
FUENTE: LA JORNADA OPINION
Vandalismo-Fisgón
Democracia participativa en ejercicio
Miguel Concha
Mañana tendrá lugar un ejercicio libre e informado de consulta a la ciudadanía sobre dos reformas estratégicas que el Congreso debatirá en su próximo periodo ordinario de sesiones: la fiscal y la energética. Los tres partidos políticos más grandes han dado ya a conocer sus iniciativas y, como es sabido, la del PAN y la del PRI prevén reformas a artículos constitucionales de gran envergadura y significado, y consideran fundamental la inversión privada en el conjunto de la industria petrolera, mientras el PRD no estima necesarias esas reformas a la Constitución, destaca la autonomía de esa industria nacional y aconseja su eficiente y renovada administración. Así, se prevé un fuerte debate, que no debiera soslayar, minusvalorar o desechar la opinión ciudadana. En ese entorno, Alianza Cívica, organizadora de la Consulta Nacional Ciudadana, ha informado que el próximo domingo 25, a partir de las 9 de la mañana, la ciudadanía que vive en Campeche, Coahuila, Colima, Distrito Federal, Guanajuato, Nayarit, Nuevo León, Querétaro, Sonora y Tabasco, podrá ir a las mesas de consulta a dar su punto de vista, al responder las seis preguntas que integran la boleta.
 
El domingo siguiente, el 1° de septiembre, las otras 22 entidades realizarán también este sondeo ciudadano con los mismos cuestionamientos. El pasado 15 de agosto Alianza Cívica y el Consejo Nacional Ciudadano que se conformó explícitamente para la consulta dieron a conocer las preguntas que diseñaron y validaron con un ejercicio piloto. Tenemos información acerca del esfuerzo cuidadoso y técnico-didáctico para lanzar preguntas claras, concretas y sencillas sobre dos asuntos que indudablemente son de gran interés para el pueblo de México. Tema fiscal: 1. ¿Estás de acuerdo en que se cobre IVA en alimentos y medicinas? 2. ¿Estás de acuerdo en que se eliminen tratamientos especiales y privilegios en el pago del impuesto sobre la renta (ISR) de los que se benefician algunas empresas y personas? 3. ¿Estás de acuerdo en que aquellos que más ingresos obtienen paguen mayor porcentaje de impuestos, como lo establece la Constitución? Tema energético: 1. ¿Estás de acuerdo en que se modifique la Constitución para permitir inversión privada en la explotación y transformación de petróleo y gas en México? 2. ¿Estás de acuerdo en que sólo Pemex invierta en México para construir refinerías, producir gasolina y diésel, y en otras plantas industriales los fertilizantes que usamos? 3. ¿Estás de acuerdo en que los beneficios de la industria petrolera, cubiertas sus necesidades de operación y desarrollo, se utilicen exclusivamente en inversión pública, como construcción de hospitales, escuelas, ferrocarriles, investigación científica y desarrollo rural? Como puede observarse, cada una de estas preguntas puede responderse fácilmente con un sí o un no, para evitar confusiones.
 
Y si bien mañana Alianza Cívica y el Consejo Ciudadano mantendrán informada a la opinión pública sobre el desarrollo del proceso de consulta, los resultados concentrados se darán a conocer en un primer reporte el 1° de septiembre por la noche, y el total del cómputo el 3 de septiembre. Alianza Cívica y las personas destacadas que integran el Consejo Ciudadano para la consulta sobre las reformas fiscal y energética confían en que este proceso de información, diálogo, deliberación e intercambio de opiniones enriquecerá la democracia participativa de nuestro país, y en que, una vez que se conozcan los resultados, se legisle en razón del interés nacional y con el consenso ciudadano.
 
Los tiempos actuales demandan una nueva forma de gobernar, bajo una relación horizontal y de respeto entre los partidos políticos y la sociedad civil, con una actitud responsable y transparente que considere la opinión y perspectiva de la población sobre las decisiones estratégicas que la afectan. La expectativa es que la consulta nacional ciudadana de los próximos 25 de agosto y 1° de septiembre se constituya en un ejercicio popular y ejemplar, cuyos resultados sean reconocidos por la clase política, que tiene formalmente la decisión final dentro y fuera del Congreso. Y que aunque todavía no pueda ser jurídicamente vinculante, se reconozcan los resultados de una consulta hoy asumida con gran entusiasmo y convicción por diversos movimientos sociales y organizaciones ciudadanas y comunitarias de todo el país, además de líderes sociales, intelectuales, académicos y personas destacadas por su compromiso con la soberanía nacional y la democracia.
 
La consulta ha sido bien acogida por los medios impresos y la radio, lo que es importante para lograr sus objetivos, aunque de nuevo significativamente no ha ocurrido igual con los medios televisivos. Su difusión ha sido una estrategia de Alianza Cívica y del PRD que la ha impulsado y acompaña, por lo que hay razones para esperar que sus resultados se defiendan a la hora del debate, y que los tres partidos los tomen en serio. Que el PRI cumpla con su dicho de que quiere convencer y no vencer. No hay que olvidar que esta administración y legislatura han decido un conjunto de reformas que hacen parte de un proyecto de nación que no se somete a la consideración del pueblo, y que nos exige defender con ahínco nuestros derechos a ser consultados y participar en la política pública. Esperamos una ciudadanía que presione y reclame su derecho a ser tomada en cuenta en las grandes decisiones nacionales. Una sociedad responsable y vigilante, como una especie de contraloría social que da seguimiento y evalúa, y que, de ser el caso, denuncia las faltas u omisiones en que incurran los poderes.
FUENTE: LA JORNADA OPINION

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