El espionaje del gobierno de EU- Las netas del planeta Monsanto- Aeroméxico, sobrevivir con el uniforme puesto

El espionaje del gobierno de EU

Immanuel Wallerstein

El espionaje es una actividad eterna de los gobiernos. Hubo una vez un tiempo en que los gobiernos espiaban primordialmente a otros gobiernos. Hoy espían a todo mundo y en verdad digo que es todo el mundo. Recientemente hemos sabido, gracias a quienes denunciaron estos hechos, a Wikileaks y al periódico británico The Guardian, qué tan extenso se ha vuelto el alcance de Estados Unidos, que aparentemente cuenta con el sistema de espionaje más amplio de cualquier gobierno en el mundo. En particular el de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA, por sus siglas en inglés).

 

Por extraño que pueda parecerle a quienes espían, muchas personas ordinarias que para nada son espías, ni están implicadas en actividades nefastas, están sorprendidas de enterarse de que su privacidad es invadida y no les gusta.

Lo que la NSA ha estado haciendo es lo que se conoce como extraer metadatos. Es decir, hacer que los servicios que transmiten correos electrónicos y llamadas telefónicas le envíen a la NSA todos los registros que tienen para que la NSA los analice en busca de tendencias que supuestamente puedan revelar actividad terrorista real o potencial.

Supuestamente, el elemento inicial que evoca sospechas es alguna comunicación entre alguien fuera de Estados Unidos y alguien dentro de Estados Unidos. Sin embargo, esto se extiende hasta incluir todas las comunicaciones entre la persona dentro de Estados Unidos y el resto. Y luego, incluye todas las comunicaciones entre estos otros y los demás con quienes se comunican. En este punto, hablamos de una red que incluye virtualmente a la población entera de Estados Unidos.

La justificación legal para esta actividad es la Sección 215 de la Ley Patriota, que permite que la FBI solicite una orden para producir cosas tangibles con el fin de proteger al país del terrorismo internacional. La orden la adjudica (virtualmente siempre se concede) la corte de la Ley de Vigilancia de la Inteligencia Extranjera (FISA, por sus siglas en inglés). El criterio de juicio y los argumentos gubernamentales ante la corte son secretos. Esta muy extensa actividad es lo que reveló Edward Snowden, y es lo que ha causado semejante conmoción. Para algunas personas, las revelaciones fueron una total sorpresa. Para otras, meramente confirman lo que ya hace mucho tiempo se sospechaba. Para el gobierno, fue una vergüenza importante.

Hubo tres principales reacciones ante las revelaciones. La primera fue la del gobierno de Estados Unidos. Pese a que el presidente Barack Obama aseguró que el debate sobre estos asuntos era deseable y prometió aumentar la transparencia sobre el proceso de toma de decisiones, también persiguió a Snowden del modo más fiero posible, buscando traerlo ante una corte estadunidense para juzgarlo y castigarlo con severidad.

La segunda reacción importante fue la de otros gobiernos por todo el mundo, que descubrieron que eran objeto activo del espionaje estadunidense (algo que por supuesto ya sabían). Y al mismo tiempo, las revelaciones de Bradley Manning y Edward Snowden, juntas revelaron el grado de cooperación entre los gobiernos de Europa occidental y Japón con las operaciones de la NSA.
 

Pero la reacción más interesante ocurrió en el Congreso estadunidense. Hasta ahora, la oposición de los miembros del Congreso a tales actividades había sido bastante marginal. Pero de repente, se volvió de gran escala. Dos miembros de la cámara de representantes, Justin Amash y John Conyers, unieron fuerzas para proponer una medida que habría restringido la colecta indiscriminada de tales registros.

 

Hay dos cuestiones que resaltan en la enmienda de Amash-Conyers. Justin Amash es un republicano de extrema derecha, lo que se conoce como republicano libertario. John Conyers es uno de los prominente miembros antiguos del ala progresista (o ala izquierda) del partido demócrata. La segunda cosa que resalta es que fueron combatidos por otra pareja inusual, el presidente Obama y el vocero de la cámara, John Boehner. Era el establishment contra los extremos. El voto fue de 205 a favor (94 republicanos y 111 demócratas) contra 217 en contra (134 republicanos y 83 demócratas) más 12 abstenciones.

 

La derrota de la enmienda fue asegurada gracias únicamente al intenso cabildeo de Obama y Boehner. Más aún, lo más notable es que el autor mismo de la sección 215, el representante James Sensenbrenner (republicano de Wisconsin), denunció enojado al gobierno por no llevar a cabo la intención de lo que él había redactado. Y expresó que el término relevante relacionado con los registros implicaba limitar la autoridad del gobierno, no extenderla. También le recordó al establishment que la cláusula expira en 2015 y dijo: A menos que se percaten de que tienen un problema, esto no va a lograr su renovación. Así que ¿dónde estamos? El gobierno (sea demócrata o republicano) intentará demoler verbalmente a quienes protesten mientras, de todos modos, continúa invadiendo la privacidad de todo mundo. Y utilizarán (o fabricarán) conspiraciones terroristas para justificar esto. Pero quienes denunciaron estos hechos socavaron su legitimidad y esto es lo que les duele y es por eso que el gobierno se torna vengativo con ellos.

 

¿Logrará aprobarse la próxima vez algo parecido a la enmienda Amash-Conyers? es difícil decirlo, pero es bastante posible. Y si lo logra, ¿entonces qué? Bueno, depende un poco de quién esté en el cargo. ¿Sería tan duro Amash si el presidente en cuestión fuera Rand Paul? Posiblemente no. Lo que de todos modos podemos decir es que la legitimidad y la autoridad del gobierno de Estados Unidos, en lo interno, se erosionó de forma severa. Cuando uno añade esto a una seria y continua decadencia en legitimidad y autoridad geopolítica, Estados Unidos comienza a verse como uno de esos países menos estables en el sistema-mundo, y no como uno de sus fundamentos.

Traducción: Ramón Vera Herrera

© Immanuel Wallerstein

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

Las netas del planeta Monsanto

Silvia Ribeiro *

En días pasados circuló un comunicado falso donde Monsanto agradece al gobierno mexicano haber aprobado la siembra comercial de 250 mil hectáreas de maíz transgénico en Coahuila, Chihuahua y Durango. La nota circuló rápidamente en redes sociales y algunos medios informativos. Monsanto se deslindó, acusando a activistas. Muchos creyeron que era auténtico, porque podría haber sido así, ya que Monsanto está esperando que el gobierno apruebe sus solicitudes para sembrar cientos de miles (y hasta millones) de hectáreas de maíz transgénico, desechando la enorme y argumentada oposición social, nacional e internacional de científicos, campesinos, artistas, intelectuales, trabajadores, activistas, consumidores, maestros y muchos más.

 

Quizá el comunicado falso haya sido una tentativa de empresas o protransgénicos para medir qué reacción habrá. Porque aunque dicen estar seguros de que el gobierno les aprobará sus solicitudes para contaminar transgénicamente el centro de origen del maíz (incluso DuPont-Pioneer presentó dos nuevas para Sonora y Sinaloa, cada una por 442 mil 706 hectáreas), las empresas están nerviosas por la resistencia generalizada y redoblan sus campañas de desinformación, tratando de revertir la opinión pública.

Por ello, están pagando cápsulas radiofónicas en favor de los transgénicos en los noticiarios de mayor audiencia, que a su vez dirigen a un sitio electrónico. Tanto ese sitio como las cápsulas son producidas por Agrobio México, que se presenta como organización civil sin fines de lucro, aunque sus únicos miembros son Monsanto, DuPont, Syngenta, Bayer y Dow, cuyo único fin es el lucro. Son las transnacionales que controlan las semillas genéticamente modificadas y las mayores del mundo en venta de agrotóxicos. Claramente, su información no es objetiva. Su larga historia de engañar al público y a los afectados por sus productos, pese a afrontar juicios por ello, muestra que son capaces de propagar cualquier mentira si sirve a sus ganancias.

Su campaña actual no es excepción. Casi cada cosa que afirman en radio y sitio electrónico es falsa. Por ejemplo, que los transgénicos aumentan la producción y que son necesarios para enfrentar el hambre, porque se requiere duplicar la producción de alimentos para 2050. O que es una forma de producción sustentable y que los transgénicos no tendrán impactos en la biodiversidad o los productores.

La realidad es que ya se producen suficientes alimentos para todo el planeta y con el mismo nivel de generación, también para 2050. Pese a ello, la mitad de la población mundial sufre hambre, desnutrición u obesidad, a consecuencia, justamente, de que las trasnacionales se han apoderado del sistema alimentario agroindustrial, produciendo comida de cada vez peor calidad, con enormes costos y grandes desperdicios (más de la mitad de lo que producen). Con sus monocultivos y control de la cadena agroalimentaria –que aumenta con los transgénicos– han desplazado a millones de campesinos y mercados locales, que son los que alimentan a la mayoría y los que proveen comida a quienes no tienen dinero para comprarla.
 

Está probado por diversas fuentes, incluyendo estadísticas oficiales de Estados Unidos, que los transgénicos rinden menos que otros cultivos híbridos y usan mucho más agroquímicos. Por la resistencia en malezas que provocan, están haciendo transgénicos resistentes a químicos cada vez más tóxicos, aumentando el impacto brutal en suelos, agua, biodiversidad y sobre quienes viven cerca de sus plantaciones, que sufren porcentajes elevadísimos de cáncer, abortos y deformaciones congénitas, además de terminar con la apicultura. Condenan a todos los consumidores a comer más tóxicos, ya que los transgénicos dejan porcentajes mucho más altos de residuos químicos en los alimentos.

 

Sólo ese hecho –pero hay muchos más– significa importantes daños a la salud. Es cínico que Agrobio afirme que los alimentos transgénicos son sanos, ya que hay muchas evidencias de que son dañinos y que la regulación existente no lo considera. Ninguna agencia oficial (salvo limitadamente en Europa, donde 8 países han prohibido los transgénicos) pide pruebas en animales para ver impactos en salud. Las demás se limitan a aceptar los datos que les dan las propias empresas, para aprobarlos para consumo. No existen estudios epidemiológicos ni de largo plazo sobre impactos en salud de los transgénicos, y cuando algún estudio independiente los señala –como el estudio científico que en 2012 mostró que el maíz genéticamente modificado puede causar cáncer en ratas si se consume a largo plazo y cotidianamente, como sucedería en México– las empresas compran directa o indirectamente a seudocientíficos e instituciones oficiales para atacarlos.

 

En lugar de enfrentar el hambre, los transgénicos la aumentan. Casi la totalidad se produce para alimentar autos (agrocombustibles) o para forraje de ganado en cría industrial, a manos de transnacionales, desplazando la cría descentralizada y de pequeña escala (que usa diversidad de alimentos), inundando los mercados con cerdos, pollos y vacas de dudosa calidad, atiborrados de grasa, químicos y antibióticos, cuya forma de cría es también un emisor principal de gases que producen cambio climático. Para eso mismo se importa maíz a México, no por necesidad del país, sino para sostener el negocio de trasnacionales de cría animal, a costa de productores chicos.

 

Mientras tanto, el gobierno guarda silencio sobre las demandas de siembra masiva de las trasnacionales, aunque hay abundancia de datos independientes, científicos, sociales, históricos, culturales, de defensa de la soberanía y muchos otros, contra la siembra de maíz genéticamente modificado en México. Si se lo preguntaban, pueden estar seguros de que la resistencia sigue y crece.

*investigadora del Grupo ETC

FUENTE: LA JORNADA OPINION

 

Aeroméxico, sobrevivir con el uniforme puesto

Arturo Alcalde Justiniani

El laudo dictado por la Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) con motivo del conflicto colectivo de naturaleza económica presentado por Aeroméxico en contra de sus sobrecargos, exhibe el verdadero rostro de la justicia laboral en nuestro país y la actuación que en esta materia inaugura la actual administración de Enrique Peña Nieto.

 

El juicio que dio cauce al reclamo de Aeroméxico para bajar salarios, prestaciones y descansos e imponer jornadas inhumanas a los sobrecargos, estuvo plagado de irregularidades; se suspendió y aceleró arbitrariamente al gusto de la empresa, se negó a los trabajadores su derecho a exhibir pruebas fundamentales tendientes a acreditar la ilegalidad de los cambios propuestos y la sensible afectación a la integridad física y mental de las y los sobrecargos y también a la seguridad de la operación aérea. Se designaron peritos parciales y carentes de conocimiento aeronáutico, quienes llegaron al extremo de firmar el dictamen un día y cambiarlo al siguiente para responder a las exigencias de la empresa. Obran en el expediente los dos dictámenes, diferentes uno del otro, firmados por las mismas personas. Se ocultó información esencial para acreditar la situación económica real como la vinculación entre Aeroméxico y la empresa Connect, a la que traslada vuelos y materia de trabajo constituyendo la misma unidad económica.

El contenido del laudo ha generado una inmediata indignación en el medio laboral. La Unión Nacional de Trabajadores expresó su protesta por las injustas condiciones que impone. También, porque fue elaborado con extrema parcialidad, no explica el sinnúmero de cambios que se incluyen en textos que sólo reproducen documentos aportados por la empresa. Como muestra basta señalar que las 222 hojas de su contenido aparecen supuestamente redactadas en un solo día, el 20 de agosto de 2013, el mismo en que fue firmado por los integrantes de la junta y también notificado al sindicato. No cabe duda, tenían prisa.

El nuevo laudo impone sólo a los trabajadores de nuevo ingreso una reducción de prestaciones a niveles de ley y a los salarios en más del 50 por ciento. Se llega al extremo de suprimir la protección a la maternidad que en esta actividad es fundamental, no sólo porque 80 por ciento son mujeres, sino también porque las vibraciones del avión y presión en la cabina pueden afectar la fijación del producto en la matriz, razón que explica la recomendación médica vigente. El salario que se impone a los nuevos sobrecargos quedaría congelado por el término de 10 años, disposición absurda que no tiene precedente en nuestra historia laboral. Considerando las inhumanas condiciones impuestas en las jornadas, es esperable que se incremente la rotación y que exista deserción antes del periodo del congelamiento. Los sustitutos deberán también esperar otros 10 años y así sucesivamente.

En materia de jornadas, se faculta a la empresa asignar en ciertos vuelos 18 horas consecutivas que podrán ser extendidas tres horas más; ello viene acompañado de nuevas reglas para disponer del sobrecargo en cualquier día y hora. La nueva clausula 28 lo dice todo: “Asignación de servicio.- Los avisos de notificación de un nuevo servicio, de cancelación o cambio de servicio podrán ser notificados a los sobrecargos en su domicilio (incluso por vía telefónica), en los aeropuertos, en los hoteles de pernocta (incluso por vía telefónica), en la transportación, en las salas de reservas, en las oficinas que para el efecto disponga la empresa o en los aviones que vayan laborando o siendo transportados por la empresa…” Una sobrecargo afirmó que con esas condiciones las jóvenes apenas podrán sobrevivir y tendrán la obligación de mantenerse permanentemente con el uniforme puesto, para cuando sean llamadas a trabajar.
 

La JFCA es formalmente tripartita; en este caso el laudo aparece firmado unánimemente por Diodoro J. Siller Arguello, presidente y representante del gobierno; Jorge Mariscal Bustamante, supuesto representante de los trabajadores (por cierto, perteneciente a la sección XV de la CTM, la misma que administra el contrato de protección patronal en Interjet y cuyos bajos salarios sirvieron de argumento a Aeroméxico para su propuesta), y Humberto Guerra Correa, representante patronal. Sin embargo, esta composición es una simulación, ya que el gobierno federal es el que toma la decisión, los demás simplemente firman y cobran. Ello no quiere decir que el presidente de la JFCA decida por sí mismo, sino que en asuntos colectivos atiende la instrucción del secretario de Trabajo y Previsión Social y este último, en casos especiales, reserva la decisión al propio presidente de la República. La conclusión es que no existen tribunales imparciales en materia laboral y por ello no hay árbitro confiable. El procedimiento no es más que el reflejo de influencias, totalmente alejado del debido proceso que de acuerdo con la ley y los compromisos internacionales debería prevalecer en nuestro país.

 

La decisión del gobierno federal en el caso Aeroméxico trasciende sus límites y exhibe una nueva visión que no sólo rompe con principios constitucionales tan claros como el contenido en la fracción VII, del apartado A del artículo 123 constitucional, el cual garantiza que a igualdad de trabajo debe cubrirse salario igual, ello acredita además la intención de precarizar el futuro de los trabajadores del país y lesionar la contratación colectiva utilizando la fuerza del Estado para modificar condiciones laborales al gusto del sector empresarial, aún cuando carezca de argumentos técnicos. En el caso de los trabajadores de Aeroméxico, tienen en su favor la presencia de un sindicato de larga tradición democrática y de una directiva sindical que no ha claudicado; sin embargo, en otros centros de trabajo, no existe posibilidad de defensa alguna, como sucede en las líneas aéreas de bajo costo, cuyas miserables condiciones laborales se utilizan como argumento comparativo. El asalto al futuro que hoy impone el gobierno federal transita en sentido contrario al discurso oficial.

 

Falta un largo camino por recorrer antes de conocer si este viraje en la política laboral gubernamental logrará su finalidad depredadora.

FUENTE: LA JORNADA OPINION