Centroamérica, propensa y contaminada...

Centroamérica, propensa y contaminada...
Velia Jaramillo

La fragilidad institucional guatemalteca y los territorios dejados a la delincuencia por un ejército reducido que se desentendió de las fronteras propiciaron el florecimiento del narcotráfico mexicano en Centroamérica. Aunque esta presencia ha incrementado la violencia, miles de militares desmovilizados y de jóvenes desempleados integrantes de las maras mantenían ya desde antes altos índices de criminalidad...

CIUDAD DE GUATEMALA.- Cuando el narcotráfico mexicano llegó a Centroamérica, encontró un caldo de cultivo en miles de militares desmovilizados –muchos de ellos participaban ya en actividades criminales– y miles de jóvenes incorporados a las maras, así como en un mercado ilegal de armas floreciente, una próspera industria del sicariato y una gran estructura que lucra con la violencia.

Todo ello, según revelan especialistas consultados por Proceso, propiciado por una gran fragilidad institucional y un ejército guatemalteco reducido que dejó territorios a la delincuencia y abandonó la protección de las fronteras cuando décadas de guerra habían establecido ya una cultura de violencia.

La directora del Movimiento Pro Justicia de Guatemala, Carmen Aída Ibarra, explica: “Las estructuras criminales que proceden de fuera, y que constituyen hoy la más grave amenaza armada de carácter externo que tiene el país, no llegan porque tengan un poderío indestructible, sino porque el país y la región se encuentran en una situación vulnerable desde hace muchas décadas”.

Y la experta en seguridad Carmen Rosa de León manifiesta: “El escenario es terrible porque se pone más cuesta arriba la construcción de la institucionalidad. No diría que somos un Estado fallido, pero no hemos tenido tiempo ni espacio para crear instituciones fortalecidas, y ahora hay que sumar el ingrediente de la introducción del narco”.

La situación regional en materia de seguridad la abordó ampliamente el Banco Mundial en su investigación Crimen y violencia en Centroamérica: un desafío para el desarrollo, presentada este año.

La población de toda Centroamérica, indica el estudio, es equivalente a la de España; sin embargo, en 2006 España registró 336 asesinatos –menos de uno por día– y Centroamérica tuvo 14 mil 257, casi 40 diarios.

El análisis del Banco Mundial menciona que detrás de esos índices de violencia se hallan el tráfico de drogas, dado que 90% de la cocaína que llega a Estados Unidos lo hace a través del corredor centroamericano, y de las maras, que son más de 900 en la región y suman unos 70 mil miembros.

También se refiere a la abundancia de armas de fuego circulando en la zona, y alude a estudios independientes según los cuales más de 4.5 millones de armas pequeñas se encontraban en la región en 2007, en su gran mayoría ilegales.

Según el mismo estudio, el índice de homicidios para Centroamérica es de 35.4 por cada mil habitantes, muy superior al latinoamericano, de 20; pero en El Salvador dicho índice se dispara a 58 asesinatos por cada mil habitantes, el promedio más alto de Latinoamérica, mientras que en Guatemala y Honduras la tasa es de 45 y 43, respectivamente. Esto coloca a dichas naciones entre las cinco más violentas de América Latina.

Junto con el tráfico de drogas, Centroamérica se enfrenta a un enemigo de recursos vastísimos. La investigación del BM presenta datos según los cuales el costo de un kilo de cocaína recién producido en Colombia arranca en 10 mil dólares; cuando arriba a Estados Unidos, su valor de venta mayorista aumenta a 30 mil y, finalmente, costará más de 100 mil dólares en las calles estadunidenses.

“Las 560 toneladas métricas de cocaína enviadas a través de la región equivalen a 14 gramos por cada uno de los 40 millones de habitantes de Centroamérica, una cantidad que en Estados Unidos tiene un valor de 2 mil 300 dólares, más de la mitad de los 4 mil 200 dólares del PIB per cápita para Honduras en 2009”, refiere el análisis.

Debido a estas cifras, advierte, “los recursos de los traficantes son enormes. El valor agregado a la cocaína conforme viaja por la región es 20 veces el presupuesto de defensa combinado de Panamá y Guatemala, 364 millones de dólares en 2007, y opaca en más de 100 veces los relativamente escasos 65 millones de dólares destinados por Estados Unidos a la Iniciativa Mérida para respaldar los esfuerzos de intercepción de las naciones centroamericanas”.

Rodrigo Serrano-Berthet, uno de los principales autores del estudio, dice a la corresponsal: “Por un lado Centroamérica sufre los costos de su ubicación geográfica. Al mismo tiempo, creemos que hay factores internos de debilidad institucional, de fragilidad a nivel social, que llevan a crear condiciones propicias para que el crimen organizado se mueva con mayor impunidad y en muchos casos contribuya a debilitar las instituciones del Estado. La violencia en Centroamérica es producto de una combinación de factores”.

Añade: “Nuestro análisis muestra que el narcotráfico ha sido uno de los factores que han contribuido a aumentar el deterioro de la situación; las rutas por las cuales se mueve la droga tienen el doble de probabilidad de que sucedan asesinatos. Al mismo tiempo, hay un conjunto de problemas de violencia que no están relacionados con el narcotráfico, sino que tienen que ver con las propias debilidades institucionales y sociales de los países de la región”.

Para el experto, el alto nivel de violencia en Centroamérica “es un problema complejo que tiene múltiples factores y múltiples causas. La presencia de millones de armas circulando por la región sin duda es un factor de riesgo alto, como lo son los jóvenes fuera del mercado de trabajo, la vulnerabilidad social, la desintegración familiar, todos ellos factores que contribuyen a la violencia”.

Los recursos del narcotráfico exceden ampliamente la capacidad de los países de la región. Por tanto, el fenómeno se tiene que enfrentar con una perspectiva continental, opina.

Y propone: “El abordaje tiene que enfocarse en tres líneas: fortalecer las instituciones, el sistema de investigación criminal y el control del crimen y la violencia; trabajar en una perspectiva continental sobre todo para lidiar con el problema del narcotráfico, y trabajar en la prevención de la violencia”.

Espacios frágiles

Carmen Aída Ibarra, la directora del Movimiento Pro Justicia, una coalición de organizaciones que trabajan para fortalecer la seguridad y la justicia en Guatemala, refiere: El narcotráfico arriba a la región en un contexto “de institucionalidad precaria y con espacios de democratización y pacificación sumamente frágiles, endebles”.

Ya desde antes, sin la gran amenaza que representa hoy el narcotráfico, la situación en el tema de seguridad era desesperante, dice. “El Estado carece de capacidad técnica para dar respuesta institucional al crimen. No hay vehículos, gasolina, armas, balas, municiones ni adecuada preparación de los agentes de seguridad ni de los operadores de justicia. Y a la falta de equipo y políticas institucionales se suma la ineficiencia y el mal desempeño de las personas que tienen que hacer funcionar a las instituciones. Tampoco hay dinero suficiente para ponerlas a funcionar”.

Advierte otro rezago: Los procesos políticos y sociales, y las dinámicas institucionales que se impulsaron después de los Acuerdos de Paz quedaron en la nada. Como consecuencia, no maduraron los procesos de pacificación.

En ese momento, cuando la institucionalidad se repensaba después de firmada la paz, “no preveíamos que tendríamos regiones penetradas por el crimen organizado, que la autoridad iba a sucumbir ante amenazas de la corrupción, de la delincuencia organizada, ni que las maras iban a convertirse en bandas dedicadas al terror”, señala.

Finalizada la guerra, estructuras que antes se dedicaban a la contrainsurgencia transitaron hacia estructuras armadas de carácter ilegal. Así, “gente vinculada al negocio del conflicto armado interno empezó a dedicarse a proveer servicios de seguridad en el ámbito privado; muchos exfuncionarios terminaron dirigiendo estructuras de sicarios; otros, proveyendo seguridad a narcos. Unos más se metieron en el contrabando de armas”, cuenta la activista.

Hoy, la ausencia del Estado “favorece cada día el desarrollo de más estructuras criminales cometiendo delitos, enriqueciéndose y matando gente”.

En la violencia cotidiana, “muchos de los asesinatos son extremadamente crueles. Tenemos desde hace mucho decapitados y mutilados, y se culpó a las maras de haber sido los primeros en llevar la violencia a esos extremos. Cuando surgieron los primeros decapitados todo mundo se horrorizó, pero luego se convirtió en algo bastante cotidiano”, expresa.

Mercado boyante

Directora del Instituto de Enseñanza para el Desarrollo Sostenible (Iepades), una organización especializada en la agenda de seguridad, Carmen Rosa de León plantea: “Si bien hay avances a nivel de la regulación del mercado de armas, no existen unidades especializadas de investigación de tráfico de armas en ninguna entidad del Estado, no hay una cultura de seguimiento para descubrir el mercado ilegal de las armas. Y esa situación se replica en la región”.

Admite que otro fenómeno preocupante es el abandono de amplias zonas –como Petén en Guatemala o La Mosquitia en Honduras– al crimen organizado, pero cuestiona las voces según las cuales la reducción del ejército dejó en la desprotección a Guatemala.

“Lo que hay que plantear es que el ejército tuvo los recursos, pero abandonó las fronteras. Ellos prefirieron orientar los recursos para pagar personal y altos mandos militares; se convirtieron en un ejército de oficiales, y ellos mismos seleccionaron las zonas militares que iban a ir cerrando. Las autoridades civiles les bajaron el presupuesto, pero no les dijeron dónde tenían que recortar. Ellos decidieron quitar las zonas militares justo de las partes que aprovechó el narcotráfico para entrar”, denuncia.

Además, critica, el ejército postpaz abandonó las fronteras pese a que los Acuerdos de Paz planteaban que uno de sus nuevos roles debía ser precisamente la defensa externa. “Debieron invertir en fuerza aérea y naval, y en ninguna de las dos invirtieron ni un centavo. Siguieron teniendo como fuerza principal al ejército de tierra; nunca funcionaron en la visión de la defensa externa”.

En cuanto a las estrategias para enfrentar los problemas de inseguridad y violencia en Centroamérica, De León propone “replantear hacia dónde vamos como región. Un reclamo que se ha hecho a los gobiernos es que no sólo somos países con recursos pobres, sino que además utilizamos la mayor parte no para seguridad a la población, sino para apoyar la lucha contra el narcotráfico de Estados Unidos, que no da los recursos en la misma proporcionalidad. Hay una insatisfacción en la región, la cual se siente abandonada por el Estado que se focaliza en esos temas y no en su seguridad. Debe impulsarse un cambio de perspectiva, con una corresponsabilidad diferenciada en el problema de la droga”.

Y sentencia: “La única salida es trabajar en el fortalecimiento del Estado, de la institucionalidad, por un sistema democrático efectivo. No hay de otra. A menos que nos convirtamos en zona de guerra y pidamos la intervención de la ONU”. l