Cordero desconoce la realidad del país; existen
50 millones de pobres: analistas
México no es nación de clase media; 65 por ciento de
la PEA gana de uno a tres minisalarios
Cerca de la mitad de la
población vive en pobreza patrimonial; los datos vienen del gobierno
Angélica Enciso
Periódico
La Jornada
Jueves 2 de junio de 2011, p. 7
Jueves 2 de junio de 2011, p. 7
México no es un país en
el que predomine la clase media; 65 por ciento de la población económicamente
activa (PEA) gana apenas entre uno y tres salarios mínimos, además de que cerca
de la mitad de los mexicanos vive en pobreza patrimonial, advirtió Ximena
Maroto, del Observatorio de Política Social y Derechos Humanos.
El titular de la
Secretaría de Hacienda y Crédito Público, Ernesto Cordero, con sus
declaraciones del martes pasado manifiesta que desconoce la realidad del país,
donde hay pobres deambulando, nada menos que 50 millones de mexicanos, dijo por
su parte Salomón Nahmad Sittou, integrante del Centro de Investigaciones y
Estudios Superiores en Antropología Social Pacífico Sur-Oaxaca (Ciesas). Apuntó
que los datos de pobreza son del propio gobierno.
Por otro lado, en los
dos primeros años de esta administración el número de pobres creció. El Consejo
Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) reportó
que entre 2006 y 2008 la pobreza patrimonial tuvo un incremento de 5.9 millones
de mexicanos, con lo que se llegó a 50.6 millones, y en pobreza alimentaria se
reportó un incremento de 5.1 millones, es decir, 19.5 millones no podían
adquirir la canasta alimentaria básica. En julio próximo se darán a conocer los
datos más recientes.
Entre enero de 2008 y
diciembre de 2009, Ernesto Cordero fue secretario de Desarrollo Social. Días
después de que el Coneval dio a conocer los datos de pobreza por ingreso, dijo
que durante 2009 las clases medias comenzaron a resentir los efectos de la
crisis económica. Se verá afectada la población que está en la raya de la
pobreza patrimonial (La Jornada, 21 de julio 2009).
En esa ocasión sostuvo
en conferencia de prensa que las cifras de pobreza reveladas por el Coneval no
quieren decir que los programas no funcionen; lo que quieren decir es que las
condiciones de pobreza por ingreso dependen, más allá de la política social, de
la crisis alimentaria y económica.
Allí se le preguntó
cuáles alimentos de la canasta básica alimentaria –que establecen la propia
Sedeso y el Banco de México– habían dejado de consumir los mexicanos, lo cual
no pudo precisar: Es difícil establecer el porcentaje de la canasta básica que
adquieren, hay que ver cuáles son los patrones de consumo de los mexicanos.
El 14 de septiembre de
2009, cuando anunció la incorporación de familias pobres urbanas al programa
Oportunidades, dijo que era para ayudar a la familia y evitar que los jóvenes
encuentren la salida falsa de la delincuencia. Allí se le preguntó si con ese
planteamiento criminalizaba la pobreza, y precisó: Lo que estoy diciendo es que
la falta de ingreso en las familias mexicanas sin duda puede agravar el
problema de la delincuencia.
Durante su gestión
promovió la incorporación de 1.5 millones de familias al programa
Oportunidades, por lo que se alcanzó la cobertura de 34 millones de personas en
pobreza.
Ximena Maroto señaló que
el actual secretario de Hacienda utilizó equivocadamente el concepto de renta
media, ya que esto no tiene nada que ver con el nivel de pobreza; 47.4 por
ciento de la población vive en pobreza. A menos que su idea de la clase media
sea una persona que gana tres salarios mínimos, dijo. Desde un enfoque de
derechos sociales, una persona que gana tres salarios mínimos debe pagar
educación, vivienda y salud; son recursos tan precarios que a través de su
ingreso deben acceder a esos bienes.
Ayer, la Sedeso dijo que
como resultado del crecimiento económico y los avances de la política social,
aumentó en el primer trimestre la proporción de personas que pueden adquirir
una canasta alimentaria con su ingreso laboral, según el Índice de Tendencia
Laboral de la Pobreza (ITLP).
Calderón, su República de pantalla
A finales de diciembre de 2010, el
acuerdo de interconexión firmado entre Telmex y Telefónica, los dos acérrimos
rivales en el mercado de telefonía, prendió los focos de alerta en las oficinas
de las dos grandes televisoras: Televisa y TV Azteca.
A partir de ese momento, la sociedad de intereses mutuos entre las dos grandes televisoras se transformó en una carta de intención para que Televisa adquiriera 50% de las acciones de Grupo Iusacell, perteneciente a Grupo Salinas, y se concretara la alianza fundamental: bloquear el acceso de Telmex al mercado de la televisión restringida.
Cuando a principios de 2011 el columnista Miguel Ángel Granados Chapa reveló estas negociaciones, las dos televisoras se rasgaron las vestiduras y desmintieron airadamente al prestigiado periodista. Pocos meses después, lo que negaron públicamente se confirmó ante los mercados bursátiles en medio de la “guerra sucia” desatada entra las dos empresas y Grupo Carso, a partir de febrero de este año.
Desde ese momento quedó muy claro que el proyecto de convergencia, competencia y cobertura del gobierno de Felipe Calderón para el sector de las telecomunicaciones, quedaba sepultado para lo que resta de su sexenio.
El cálculo electoral pesó más que el poderío económico de Carlos Slim. La campaña para la sucesión del 2012 había arrancado y a la administración federal panista le importa más la república de pantalla que la república convergente.
De 2006 a 2010, el gobierno de Felipe Calderón coqueteó con la posibilidad de abrir el mercado de la televisión, las telecomunicaciones y la banda ancha para aparentar un libre juego de fuerzas, en aras de avanzar en el triple play. Contuvo a Telmex con la promesa del cambio de título de concesión; licitó la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a un consorcio formado por Televisa, Telefónica y Megacable; emitió un decreto para acelerar de 2021 a 2015 el cambio hacia la televisión digital, que fue congelado por la Suprema Corte, y puso en operación las polémicas licitaciones 21 y 22 que beneficiaron a jugadores entrantes, aunque en el tramo final Televisa se desmarcó de su alianza con Nextel, empresa que ha ido venciendo los ochenta litigios que interpuso Grupo Iusacell.
En los hechos, el proyecto de convergencia cedió en casi todo a los intereses de las televisoras: no hubo licitación de la tercera cadena de televisión ni en 2007 ni la habrá en este año; se respetó el “regalo” del final del gobierno de Vicente Fox que prolongó hasta 2021 las 393 frecuencias que detentan Televisa (224 a través de sus redes de los canales 2, 4, 5 y 9) y TV Azteca (169 a través de sus redes 7 y 13, más el canal 40 que ilegalmente administra); se suspendió el proyecto de una reforma integral de las leyes de telecomunicaciones y radio y televisión, dejando coja la ambiciosa reforma electoral de 2007-2008; las televisoras acabaron dándole la vuelta a la prohibición de compra de tiempo-aire, como claramente se observa en la pantalla llena de infomerciales políticos y advertainment de políticos, y se permitió la expansión de Televisa, que pasó de tener menos de 30 a más de 55% del control de la televisión por cable.
A contragolpe, Televisa aceptó la sociedad de un nuevo actor en televisión satelital, Grupo Dish, que fue el primer intento de Telmex, en sociedad con MVS y la estadunidense EchoStar, de entrar al terreno de la televisión restringida. En menos de dos años, le arrebató una buena parte del mercado a Sky, de Televisa, que dominaba 95% de este sector. Se peleó con TV Azteca cuando ofreció el servicio de HiTV y acabó por apoyar su reciente empresa, Totalplay.
El gobierno federal, lejos de resolver los problemas de interconexión entre las empresas telefónicas y el duopolio Telmex-Telcel, dejó que los litigios se entramparan hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se ha convertido, desde su sentencia en contra de la Ley Televisa, en un regulador de facto y de jure en el sector.
La cereza del pastel para confirmar la opción a favor de la república de pantalla se dio el 27 de mayo de 2011. Después de retrasar su decisión final, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) finalmente respondió a la solicitud de Telmex, bajo la presión de una orden del juez sexto de distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. Y la respuesta fue contundente, aunque poco transparente:
La SCT “ha resuelto negar dicha petición (para prestar servicios de televisión y audio restringidos) al determinar que no se reúnen los requisitos previstos en el marco normativo, en particular en el Acuerdo de Convergencia publicado en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2006”, resalta la parte sustancial del comunicado.
La negativa a Telmex no sólo afecta al consorcio más grande en telecomunicaciones del país, el “monopolio” como le llaman Televisa y TV Azteca. Impacta sobre el desarrollo de un sector que, desgraciadamente, ha dependido más de los grandes monopolios que de una política pública promotora de la competencia y la convergencia.
El primer impacto es financiero. Telmex suspenderá los planes de mil 500 millones de dólares de inversión, mismos que el Grupo Carso puede destinar a cualquiera de los otros 18 mercados de América Latina donde tiene fuertes intereses y puede dar servicios de triple play, en especial, Argentina y Brasil.
El segundo impacto es para los usuarios y las audiencias. En 2006, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) calculó que si se cumplía lo establecido en el Acuerdo de Convergencia, el número de usuarios de los servicios de televisión y/o audio restringido se incrementaría de 4.6 millones a 8.6 millones en 2012, y los precios de video e Internet disminuirían sustancialmente.
Esto no sucederá. El número actual de usuarios de televisión por cable en el país es de 5.4 millones de suscriptores, 3 millones menos a los proyectados. La disminución de 15% de los precios, prevista en 2006, tampoco se cumplirá.
La negativa del gobierno a Telmex para ofrecer servicios de televisión significa que 15.6 millones de líneas fijas, 80% del total de líneas del país, continuarán siendo subutilizadas, “en detrimento de la eficiencia del país y de los usuarios que ya tienen acceso a esa infraestructura”, según el análisis más reciente de Mediatelecom.
Peor aún, la diversificación y pluralidad de contenidos no se dará en ninguna de las plataformas. Televisa domina ampliamente los contenidos no sólo en televisión abierta sino en las redes de televisión restringida. El must offer y el must carry son una utopía en el país. Televisa condiciona a qué empresas les ofrece el servicio de sus canales de televisión abierta (concesiones públicas) y también baja las señales en sus plataformas de televisión de cable y digital a aquellas empresas que son sus competidoras (como el caso de MVS y de decenas de otros canales a los cuales el consumidor mexicano no tiene acceso).
Es una de las grandes paradojas de la mala política de convergencia en este sexenio. Se ha logrado separar la discusión sobre las tarifas de interconexión en telefonía y sobre las tarifas de televisión restringida, cuando ambas deben formar parte de una política convergente.
La negativa a Telmex hace prever que el proyecto de licitación de dos cadenas de televisión en la banda UHF (la banda digitalizada), elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de Mony de Swaan para este 2012, se suspenderá. La Secretaría de Hacienda, encabezada por Ernesto Cordero, el candidato de la actual cargada calderonista, ha bloqueado esta posibilidad para no ganar el veto de Televisa y de TV Azteca a sus aspiraciones presidenciales.
Es la misma Secretaría de Hacienda que retrasará el proyecto de “Banda Ancha Móvil para Todos”, lanzada por MVS Telecomunicaciones en abril de este año. Es un proyecto que afecta la sociedad entre Grupo Televisa y Grupo Salinas en Iusacell.
De esta manera, la “sociedad de la información” en México quedará supeditada a la sociedad del mercado de la información y de los contenidos audiovisuales, dominada ampliamente por Televisa y TV Azteca.
En otras palabras, ganó la república de la pantalla en el sexenio de Calderón. ¿Será el Poder Judicial, a través de largos y complicados litigios que llegarán a la Suprema Corte, el que resuelva finalmente el secuestro electoral del gobierno federal?
Fuente: Proceso
A partir de ese momento, la sociedad de intereses mutuos entre las dos grandes televisoras se transformó en una carta de intención para que Televisa adquiriera 50% de las acciones de Grupo Iusacell, perteneciente a Grupo Salinas, y se concretara la alianza fundamental: bloquear el acceso de Telmex al mercado de la televisión restringida.
Cuando a principios de 2011 el columnista Miguel Ángel Granados Chapa reveló estas negociaciones, las dos televisoras se rasgaron las vestiduras y desmintieron airadamente al prestigiado periodista. Pocos meses después, lo que negaron públicamente se confirmó ante los mercados bursátiles en medio de la “guerra sucia” desatada entra las dos empresas y Grupo Carso, a partir de febrero de este año.
Desde ese momento quedó muy claro que el proyecto de convergencia, competencia y cobertura del gobierno de Felipe Calderón para el sector de las telecomunicaciones, quedaba sepultado para lo que resta de su sexenio.
El cálculo electoral pesó más que el poderío económico de Carlos Slim. La campaña para la sucesión del 2012 había arrancado y a la administración federal panista le importa más la república de pantalla que la república convergente.
De 2006 a 2010, el gobierno de Felipe Calderón coqueteó con la posibilidad de abrir el mercado de la televisión, las telecomunicaciones y la banda ancha para aparentar un libre juego de fuerzas, en aras de avanzar en el triple play. Contuvo a Telmex con la promesa del cambio de título de concesión; licitó la red de fibra óptica de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a un consorcio formado por Televisa, Telefónica y Megacable; emitió un decreto para acelerar de 2021 a 2015 el cambio hacia la televisión digital, que fue congelado por la Suprema Corte, y puso en operación las polémicas licitaciones 21 y 22 que beneficiaron a jugadores entrantes, aunque en el tramo final Televisa se desmarcó de su alianza con Nextel, empresa que ha ido venciendo los ochenta litigios que interpuso Grupo Iusacell.
En los hechos, el proyecto de convergencia cedió en casi todo a los intereses de las televisoras: no hubo licitación de la tercera cadena de televisión ni en 2007 ni la habrá en este año; se respetó el “regalo” del final del gobierno de Vicente Fox que prolongó hasta 2021 las 393 frecuencias que detentan Televisa (224 a través de sus redes de los canales 2, 4, 5 y 9) y TV Azteca (169 a través de sus redes 7 y 13, más el canal 40 que ilegalmente administra); se suspendió el proyecto de una reforma integral de las leyes de telecomunicaciones y radio y televisión, dejando coja la ambiciosa reforma electoral de 2007-2008; las televisoras acabaron dándole la vuelta a la prohibición de compra de tiempo-aire, como claramente se observa en la pantalla llena de infomerciales políticos y advertainment de políticos, y se permitió la expansión de Televisa, que pasó de tener menos de 30 a más de 55% del control de la televisión por cable.
A contragolpe, Televisa aceptó la sociedad de un nuevo actor en televisión satelital, Grupo Dish, que fue el primer intento de Telmex, en sociedad con MVS y la estadunidense EchoStar, de entrar al terreno de la televisión restringida. En menos de dos años, le arrebató una buena parte del mercado a Sky, de Televisa, que dominaba 95% de este sector. Se peleó con TV Azteca cuando ofreció el servicio de HiTV y acabó por apoyar su reciente empresa, Totalplay.
El gobierno federal, lejos de resolver los problemas de interconexión entre las empresas telefónicas y el duopolio Telmex-Telcel, dejó que los litigios se entramparan hasta llegar a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que se ha convertido, desde su sentencia en contra de la Ley Televisa, en un regulador de facto y de jure en el sector.
La cereza del pastel para confirmar la opción a favor de la república de pantalla se dio el 27 de mayo de 2011. Después de retrasar su decisión final, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) finalmente respondió a la solicitud de Telmex, bajo la presión de una orden del juez sexto de distrito en Materia Administrativa del Distrito Federal. Y la respuesta fue contundente, aunque poco transparente:
La SCT “ha resuelto negar dicha petición (para prestar servicios de televisión y audio restringidos) al determinar que no se reúnen los requisitos previstos en el marco normativo, en particular en el Acuerdo de Convergencia publicado en el Diario Oficial de la Federación en octubre de 2006”, resalta la parte sustancial del comunicado.
La negativa a Telmex no sólo afecta al consorcio más grande en telecomunicaciones del país, el “monopolio” como le llaman Televisa y TV Azteca. Impacta sobre el desarrollo de un sector que, desgraciadamente, ha dependido más de los grandes monopolios que de una política pública promotora de la competencia y la convergencia.
El primer impacto es financiero. Telmex suspenderá los planes de mil 500 millones de dólares de inversión, mismos que el Grupo Carso puede destinar a cualquiera de los otros 18 mercados de América Latina donde tiene fuertes intereses y puede dar servicios de triple play, en especial, Argentina y Brasil.
El segundo impacto es para los usuarios y las audiencias. En 2006, la Comisión Federal de Mejora Regulatoria (Cofemer) calculó que si se cumplía lo establecido en el Acuerdo de Convergencia, el número de usuarios de los servicios de televisión y/o audio restringido se incrementaría de 4.6 millones a 8.6 millones en 2012, y los precios de video e Internet disminuirían sustancialmente.
Esto no sucederá. El número actual de usuarios de televisión por cable en el país es de 5.4 millones de suscriptores, 3 millones menos a los proyectados. La disminución de 15% de los precios, prevista en 2006, tampoco se cumplirá.
La negativa del gobierno a Telmex para ofrecer servicios de televisión significa que 15.6 millones de líneas fijas, 80% del total de líneas del país, continuarán siendo subutilizadas, “en detrimento de la eficiencia del país y de los usuarios que ya tienen acceso a esa infraestructura”, según el análisis más reciente de Mediatelecom.
Peor aún, la diversificación y pluralidad de contenidos no se dará en ninguna de las plataformas. Televisa domina ampliamente los contenidos no sólo en televisión abierta sino en las redes de televisión restringida. El must offer y el must carry son una utopía en el país. Televisa condiciona a qué empresas les ofrece el servicio de sus canales de televisión abierta (concesiones públicas) y también baja las señales en sus plataformas de televisión de cable y digital a aquellas empresas que son sus competidoras (como el caso de MVS y de decenas de otros canales a los cuales el consumidor mexicano no tiene acceso).
Es una de las grandes paradojas de la mala política de convergencia en este sexenio. Se ha logrado separar la discusión sobre las tarifas de interconexión en telefonía y sobre las tarifas de televisión restringida, cuando ambas deben formar parte de una política convergente.
La negativa a Telmex hace prever que el proyecto de licitación de dos cadenas de televisión en la banda UHF (la banda digitalizada), elaborado por la Comisión Federal de Telecomunicaciones (Cofetel) de Mony de Swaan para este 2012, se suspenderá. La Secretaría de Hacienda, encabezada por Ernesto Cordero, el candidato de la actual cargada calderonista, ha bloqueado esta posibilidad para no ganar el veto de Televisa y de TV Azteca a sus aspiraciones presidenciales.
Es la misma Secretaría de Hacienda que retrasará el proyecto de “Banda Ancha Móvil para Todos”, lanzada por MVS Telecomunicaciones en abril de este año. Es un proyecto que afecta la sociedad entre Grupo Televisa y Grupo Salinas en Iusacell.
De esta manera, la “sociedad de la información” en México quedará supeditada a la sociedad del mercado de la información y de los contenidos audiovisuales, dominada ampliamente por Televisa y TV Azteca.
En otras palabras, ganó la república de la pantalla en el sexenio de Calderón. ¿Será el Poder Judicial, a través de largos y complicados litigios que llegarán a la Suprema Corte, el que resuelva finalmente el secuestro electoral del gobierno federal?
Fuente: Proceso
Astillero
Jugando Monopolio
FC
Simulacros y sordera
Cordero desdice a Ernesto
FC
la traecon Slim
Simulacros y sordera
Cordero desdice a Ernesto
Julio Hernández López
A BORDO DEL BUQUE USUMACINTA. El presidente Felipe Calderón
encabezó ayer la celebración del Día de la Marina con una exhibición en Guaymas,
SonoraFoto José Antonio López
El calderonismo pretende disfrazar de lucha heroica contra
monopolios lo que en el fondo no es más que la consolidación de una camarilla
económica que le es tentativa y provisionalmente leal, sobre todo en términos de
propagandismo y financiamiento electorales para 2012, mientras el único de esos
monopolios combatidos, surgido gracias al salinismo ahora distanciado del
felipismo, pretende caracterizarse como opción
Tan dicho y sabido es que Calderón ya buena, moderna y confiable para un futuro en el que, más allá de las guerras de hoy, los intereses compartidos por la verdadera elite del país acabarán propiciando reconciliaciones y nuevos repartos gustosos del botín nacional.
la traecontra Carlos Slim que ayer, mientras acompañaba en Sonora al ocupante de Los Pinos, el secretario de comunicaciones y transportes (otra improvisación de alta burocracia generada por el circulito íntimo gobernante), Dioniso Pérez-Jácome (hijo de un priísta veracruzano de larga carrera política), hubo de negar la versión en ese sentido que le planteaban reporteros de medios del DF.
No, no, para nada. No la traemos contra nadie, dijo el joven miembro de la cofradía de San Felipe, según el adelanto publicado ayer en Internet por Claudia Herrera en el portal de La Jornada.
Pero el calderonismo siempre mantuvo en la mira los monopolios (es decir, los que le eran antipáticos o disfuncionales, aunque en realidad el uso del plural no es necesario, pues el conjunto se reducía a un solo ente: Telmex o, más concretamente, Slim). Apenas se habían declarado detentadores del poder, en la época de la presunta presidencia electa, los felipistas consentidos ya filtraban a sus periodistas favoritos la tesis de que el implacable Calderón iría contra esos monopolios, es decir, contra uno en especial. El coordinador del área económica del equipo de transición, Agustín Carstens, hablaba en octubre de 2006 (http://j.mp/mgjfPC) del freno para el país que significaban los monopolios y de la necesidad de impulsar reformas en materia de telecomunicaciones.
La hora de cumplir con esos propósitos de ajusticiamiento empresarial ha coincidido con el reloj de la estrategia política con la que el calderonismo pretende seguir adueñado del poder. Calderón ha decidido golpear con todo a Slim mediante sus órganos
autónomos, las comisiones federales de telecomunicaciones y de competencia, y sus secretarías directas, como la SCT: megamulta, pa’ que aprenda a respetar (más una menor, de 91.5 mdp, anunciada ayer), reducción de las tarifas de interconexión con otros prestadores de servicios telefónicos y negativa a modificar el título de concesión para que pudiera abrirse la TeleCarso. Guerra abierta, como si fuera el cobro de viejas afrentas (la cercanía con el pejismo gobernante de la capital del país, por ejemplo) o como si se quisiera inhibir el apoyo a opciones electorales no oficialistas en 2012 que bien se sabe que será ardiente.
Slim ha hecho fortuna en el contexto de las relaciones clásicas de políticos y empresarios mexicanos, de tal manera que así como recibió grandes beneficios en el pasado por sus cercanías, ahora debe asumir las circunstanciales pérdidas que le provoquen las lejanías. Pero, como dice la conseja popular: juego que tiene desquite, ni quien se pique. Azcárraga y Salinas Pliego, mientras tanto, sonríen (y preparan las formas de pago por los favores recibidos, en un escenario complicado porque deberán safisfacer los intereses de su apuesta principal, el gran anunciante Peña Nieto, y de su benefactor actual, el calderonismo necesitado de cerrar pinzas el año entrante para intentar su acto final de temporada, la repetición del milagro de la reproducción cibernética y televisada de los votos).
La otra guerra calderónica, la que presuntamente ha ido contra el
narcotráfico (que cada vez gana más dinero y extiende su control territorial,
marcadamente fuera de nuestro país), fue colocada nuevamente en el escaparate de
los perdedores, pues personalidades de todo el mundo reiteraron el planteamiento
de legalizar las drogas y frenar los combates armados que han resultado un
fracaso en todos lados. El comandante Calderón, sin embargo, no tiene oídos para
esas ni otras similares palabras, contento como suele estar en todo acto
castrense, emocionado en la degustación de evoluciones militares, demostraciones
de fuerza, exhibiciones de armamento, e incluso, como sucedió ayer en Guaymas,
simulacros de éxito de fuerzas gubernamentales buenas contra malvados
delincuentes también de utilería.
El hermano de la precandidata Cocoa, y esposo de la posible candidata Margarita, celebró en aquel puerto sonorense el Día de la Marina, ajeno por completo al tema que la sociedad recuerda de aquellas tierras, el de la guardería ABC. En lugar de promover un pronunciamiento felipense sobre ese asunto vigente, de las muertes sin castigo de decenas de niños, el actual gobernador, Guillermo Padrés, cuya suerte electoral derrotada cambió a partir del incidente de la guardería, se dedicó a justificar las acciones armadas de Calderón y produjo palabrería infame contra quienes critican la locura bélica en curso.
El hermano de la precandidata Cocoa, y esposo de la posible candidata Margarita, celebró en aquel puerto sonorense el Día de la Marina, ajeno por completo al tema que la sociedad recuerda de aquellas tierras, el de la guardería ABC. En lugar de promover un pronunciamiento felipense sobre ese asunto vigente, de las muertes sin castigo de decenas de niños, el actual gobernador, Guillermo Padrés, cuya suerte electoral derrotada cambió a partir del incidente de la guardería, se dedicó a justificar las acciones armadas de Calderón y produjo palabrería infame contra quienes critican la locura bélica en curso.
Astillas
En Guaymas, el secretario federal de hacienda desmintió lo dicho un
día antes, en San Luis Potosí, por el precandidato panista a la presidencia del
país, Ernesto Cordero. No es que en México ya no haya pobreza, sino que así lo
decían unos papelitos que le pasaron del Banco Mundial, dijo el Rubencito
Aguilar de sí mismo. Pero que dijo su mamá que siempre sí, así es que
oficialmente sigue habiendo pobreza en el país, y suficiente como para que el
calderonismo la enfrente y la supere. ¡Sí señor!... Alejandro Encinas recibió
del tribunal electoral federal la aprobación plena para ser candidato al
gobierno del estado de México, con lo que se eliminan las dudas y riesgos que el
propio perredista había expresado puntual y categóricamente en diciembre de 2010
sobre su propia posibilidad de ser postulado a ese cargo... ¡Hasta mañana, con
Javier Lozano y su
ya estuvo suave!
Fax: 5605-2099 • juliohdz@jornada.com.mx
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