José Meléndez
SAN JOSÉ.- Armados con palos, piedras, pedazos de madera,
latas de zinc y toda clase de escombros, y blindados con una proclama de “no al
narcotráfico”, los vecinos de Las Orquídeas—barrio costarricense ubicado en la
periferia norte capitalina—iniciaron una pacífica rebelión cívica.
Asidos a una muralla moral, física y social y temerosos por las consecuencias
y los riesgos de una fuga de supuestos narcos, los moradores lanzaron una
inusual protesta callejera e impidieron que dos mexicanos acusados de traficar
177 kilos de cocaína a Guatemala y a México, se alojaran en una casa de la
colonia y disfrutaran de las comodidades del arresto domiciliario de 120 días
que les concedió un tribunal de Costa Rica.
La “rebelión de Las Orquídeas”, barriada de Guadalupe en el municipio de
Goicoechea, ocurrió el 19 de mayo al atardecer y fue imitada en la mañana del 24
por los pobladores de San Jerónimo y El Guarco—barrios del municipio de Moravia,
de la periferia noreste—para decirle no a la eventual llegada de los mexicanos
Rubén Martínez Trujillo y Elvis Mendoza Rivera, presos desde el 11 de octubre de
2010 luego de un descubrimiento de tráfico de cocaína.
“No hay paso, no hay paso”, advirtió María Luisa Rojas, una embravecida
habitante de Las Orquídeas que se ubicó cerca de la vivienda para bloquear el
anunciado ingreso de ambos mexicanos. Con un niño en sus brazos, y mientras los
demás residentes del barrio colocaron las barricadas, Rojas clamó: “Por favor,
ayuda para que estos narcotraficantes no vengan a robarnos la paz en este
lugar”.
A poca distancia, policías costarricenses ni reaccionaron para prohibir el
bloqueo de una vía pública. Algunos vecinos se encadenaron al portón del
domicilio que ocuparían los mexicanos. En medio del confuso escenario, una
sorprendente noticia llegó a Las Orquídeas: el Sindicato Independiente de
Trabajadores Estatales Costarricenses anunció su rechazo a que oficiales de la
Fuerza Pública (policía civil gubernamental) asuman la protección de Martínez y
Mendoza.
Tras señalar líos económicos y logísticos en la custodia, el Sindicato alertó
que “no permitirá que se respeten los derechos de dos sospechosos de
narcotráfico, en detrimento de los derechos laborales de los oficiales
policiales costarricenses. De darse tal atropello, ejerceremos las acciones
legales y de hecho para impedirlo”. Con los mexicanos, la vida de los vecinos
está en peligro, recalcó.
Empujados por el repudio de Las Orquídeas, los mexicanos debieron regresar a
las celdas de máxima seguridad en la prisión de La Reforma, a unos 20 kilómetros
al noroeste de esta ciudad, donde han permanecido desde su captura. Allí
quedaron a espera de que jueces, fiscales y abogados defensores resolvieran un
férreo debate de reclamos y apelaciones acerca de otorgárseles o no el beneficio
de la casa por cárcel.
En la mañana del 24, al rechazo de Goicoechea se unió el de Moravia. Medios
locales de comunicación filtraron la noticia de que por orden del Juzgado Penal
de Pavas, en el oeste de San José, los mexicanos serían ubicados en casas de
habitación de los barrios de San Jerónimo o de El Guarco.
De pronto, y movilizados por el temor de que los mexicanos se convirtieran en
sus inesperados (y no deseados) vecinos, las comunidades comenzaron a
organizarse y a reunirse frente a las viviendas. En la de El Guarco, por
ejemplo, empezaron gritar una vieja consigna política, mientras pintaban
pancartas: “El pueblo unido, jamás será vencido. Moravia, unida, jamás será
vencida”.
Molesto por lo que calificó como “grave peligro para todo el barrio” y
sentado a un lado de la entrada a la vivienda, Edgar Chavarría, uno de los
pobladores, declaró a Apro: “Nunca nos imaginamos que la casa
viniera a terminar en guarida de unos narcotraficantes que no queremos tenerlos
en Costa Rica”.
“No vamos a permitir que estén en nuestro país y mucho menos en el barrio”,
afirmó.
Un numeroso grupo de miembros del vecindario se quedaron desde la noche del
24 de mayo en una vigila de cautela y allí siguieron durante el día siguiente,
ya que temieron que la operación del traslado de los mexicanos se realizara de
sorpresa, quizás de madrugada, para aprovechar un eventual retiro de los
vecinos.
“Es una resistencia cívica contra el narcotráfico. El primer brote fue en
Goicoechea y pasó a Moravia. Estamos seguros, como país de paz, de que en
cualquier otra parte de Costa Rica en que se dé la alerta de que va esta gente,
la misma situación van a enfrentar. El sistema judicial debe velar por la
seguridad de las comunidades, no por la de los narcotraficantes”, pidió
Chavarría.
“Los narcos a la cárcel. Y si no, que los jueces y sus abogados defensores se
los lleven para su casa, a ver si va a resistir y no va a poner en peligro a una
comunidad que les va a responder de la misma manera como estamos respondiendo
aquí”, insistió.
¡Fuenteovejuna!
Costa Rica registra una creciente resistencia cívica al narcotráfico. Los
costarricenses se han unido a un grupo creado en Facebook para rechazar a los
traficantes.
“Una ciudadanía organizada y activa pondrá a pensar a los políticos y a sus
eventuales ‘narco-financistas’. Los poderes echarán para su saco, en especial el
Poder Judicial que se cree el Olimpo con sus intocables y altisonantes dioses y
diosas”, escribió Bernardo Gómez, uno de los costarricenses que integran el
grupo “Resistencia Cívica al Narcotráfico”, en Facebook.
A diferencia de otros países, como Guatemala, en los que los narcotraficantes
son protegidos por las comunidades al convertirse en sus benefactores sociales,
en Costa Rica la situación es de cansancio por la crisis de inseguridad y
penetración de las narcomafias.
“Lo que permitió el Poder Judicial lo impidió (…) un indignado barrio de
Goicoechea que ante la posibilidad de tener como vecinos un par de personajes
provenientes de máxima seguridad del penal La Reforma se levantaron con rejas,
pancartas y cadenas para impedir semejante atropello a su seguridad ciudadana al
mejor estilo de una Fuenteovejuna a la tica”, aseguró la analista política
costarricense Nuria Marín, en un artículo en el matutino La República,
de esta ciudad.
“Se está dañando la imagen de un Poder Judicial que en un ininteligible
sentido de defensa de los derechos de los acusados abre de par en par las
puertas para una fácil fuga, con la consiguiente impunidad de los imputados, o
peor aún, el exponer a más violencia a nuestros ciudadanos”, puntualizó.
La crisis se desató el 16 de mayo, cuando se informó que la juez Kattia
Jiménez, del Tribunal Penal de Pavas, en esta capital, resolvió el 11 de mayo
que los mexicanos pasaran del penal La Reforma a un edificio de apartamentos en
el oeste de San José. La jueza se basó en que tras más de siete meses de
encarcelamiento de Martínez y Mendoza, la Fiscalía General (Ministerio Público)
seguía sin presentar la acusación.
La resolución, reconfirmada el 19 por el Juzgado y congelada por la reacción
en Las Orquídeas, obligó a la Fiscalía a apelar para pedir cancelar el arresto
domiciliario y mantener encarcelados a los mexicanos, ante el peligro de fuga
por su falta de arraigo en el país. El 23 en la tarde, la Fiscalía finalmente
les acusó de posesión de droga para el tráfico internacional y de penalidad del
corruptor. Al ser capturados—cerca de Peñas Blancas, puesto de la frontera con
Nicaragua, en el norte del país—, los mexicanos intentaron sobornar al policía
Víctor Medina para que los dejara pasar a suelo nicaragüense, según la
acusación.
En la mañana del 25, y de manera previa a una audiencia para revisar la
petición de la Fiscalía, el Juzgado adoptó una medida que complicó más el
escenario: suspender al abogado Leonel Villalobos—exdiputado y exviceministro de
Seguridad Pública—de la defensa de Martínez y Mendoza, porque presuntamente
visitó a Medina hace varios días en su unidad policial de la zona norte, para
pedirle que variara la versión sobre la oferta de soborno de los mexicanos.
Medina compareció el 25 en el Juzgado, ante Villalobos y la representación
fiscal.
El Juzgado pidió a la Fiscalía abrir una causa contra Villalobos por
obstaculización de la justicia y pasar el caso a conocimiento del Colegio de
Abogados, institución gremial que regula el ejercicio del derecho en Costa Rica.
Además, ordenó que el abogado defensor saliera de la sala donde se realizaría la
audiencia, que fue reprogramada para el 27 de este mes. El co-defensor Gilberto
Villalobos tomará el caso, pero el exviceministro anunció que apelará por su
restitución ya que nunca ha visto a Medina.
Tras la denuncia del policía en su contra, el exdiputado replicó que “no
tengo el placer de conocer” a Medina. “Nunca he visto en mi vida (a Medina). El
señor (Medina) indicó que yo lo había ido a presionar a Peñas Blancas para que
cambiara un informe. En mi vida lo he visto al señor, pero le dijo al juez
delante de mí que yo soy la persona que lo fue a presionar. El juez me separó de
la defensa”, explicó.
Sin embargo, la Fiscalía destacó el valor del testimonio del policía.
“Es un hecho novedoso”, declaró el fiscal de Narcotráfico, Álvaro Montoya, a
la salida del juzgado.
La figura de Leonel Villalobos ha sido controversial en el pleito, pues en
1998 fue sentenciado a 12 años de cárcel por organización para el tráfico
internacional de drogas y en 2002 quedó en libertad condicional. Asimismo, la
juez Jiménez—la misma que aceptó beneficiar a los dos mexicanos con ”casa por
cárcel”—ordenó en enero de 2009 dejar libre a Villalobos, tras ser acusado de
ocultar bienes de un narcotraficante sentenciado a prisión en Costa Rica en
2007.
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