Cuando el Estado incumple...

Cuando el Estado incumple...Édgar Téllez
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Seis exsecuestrados por la guerrilla de las FARC presentaron demandas en contra del Estado colombiano por considerar que incumplió, por omisión o comisión, su responsabilidad de proporcionar información y salvaguardas que impidieran sus capturas y retenciones. Al mismo tiempo, un tribunal encontró al gobierno culpable de incurrir en fallas que provocaron la muerte de un soldado y heridas a otros tres, y le ordenó indemnizar a los familiares. Ambos hechos –inéditos en Colombia– abren la posibilidad de que tanto secuestrados por las FARC –30 mil en los últimos 25 años– como policías y militares presenten demandas millonarias en contra del Estado.

BOGOTÁ.- En julio de 2001, Consuelo González de Perdomo, entonces representante camaral por el departamento del Huila, ubicado 400 kilómetros al sur de Bogotá, le envió una carta al comandante regional de la policía para pedirle que evaluara los riesgos que correría en caso de permanecer en Gen Neiva, la capital, o desplazarse por esa zona para hacer proselitismo político.

Esta petición tenía un fundamento: Huila era puerta de entrada a la zona de distensión de 42 mil kilómetros en la que el gobierno y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) avanzaban en un accidentado proceso de diálogo que por aquella época estaba en un momento crítico.

Los delegados del presidente Andrés Pastrana y los del secretariado del grupo insurgente no lograban avanzar en los puntos básicos de la negociación: el cese al fuego y la deposición de las armas por parte de los rebeldes. A cambio, el gobierno retiraría los cargos y les permitiría reintegrarse a la vida civil.

Además, Huila, bastión político de la congresista liberal González de Perdomo, era azotado por las FARC, que continuaban secuestrando y extorsionando a comerciantes y empresarios de la región; y Neiva era lugar de paso para quienes viajaban a la zona de despeje (área desmilitarizada) desde otros lugares del país a fin de negociar las liberaciones con Jorge Suárez Briceño, el Mono Jojoy, jefe militar del grupo guerrillero.

La congresista no recibió respuesta a su petición. El 10 de septiembre de 2001 fue secuestrada por cinco guerrilleros de la columna móvil “Teófilo Forero”, de las FARC, que interceptaron el vehículo que la llevaba al aeropuerto de Neiva para tomar un avión a Bogotá.

Durante los seis años que permaneció en cautiverio, González perdió su curul y quedó viuda al morir de un infarto su esposo, Jairo Perdomo. El 10 de enero de 2008 recuperó su libertad al ser entregada a una comisión de la Cruz Roja Internacional y del gobierno venezolano. Volvió a Pitalito, su ciudad natal, no lejos de Neiva.

Sus familiares le contaron que en diciembre de 2001, tres meses después de haber sido plagiado, las autoridades respondieron a su petición de analizar los riesgos a su seguridad. De manera escueta, el documento oficial indicaba que la entonces congresista no corría peligro alguno en el desem­peño de su actividad pública.

En los meses siguientes a su liberación, la excongresista asistió a numerosos foros y entrevistas en los que relató el drama que vivió durante su secuestro. Al mismo tiempo, clamó para que las FARC dejaran en libertad a quienes estaban en su poder, entre ellos una docena de integrantes del ejército y la policía.

Las demandas

El 14 julio de 2010, cuando el drama de los exsecuestrados se encontraba en el olvido, el procurador delegado judicial administrativo de Neiva, Francisco Lizcano, dio a conocer en conferencia de prensa que los excongresistas Consuelo González de Perdomo, Gloria Polanco, Orlando Beltrán y Jorge Eduardo Géchem Turbay, así como Sigifredo López, exdiputado del Valle del Cauca, habían entablado demandas individuales contra el Estado colombiano por las fallas en que incurrieron los organismos de seguridad pública para protegerlos.

En esa ocasión, González de Perdomo comentó a los periodistas que acudió al mecanismo legal de la indemnización y que solicitaba alrededor de 450 mil dólares. Dijo que los jueces debían determinar si “hubo responsabilidad de las autoridades de la época”. Apuntó: “Me secuestraron el 10 de septiembre de 2001 y mi estudio de seguridad llegó en diciembre y afirmaba que no corría peligro”.

El también excongresista Orlando Beltrán Cuéllar exige una indemnización de 4 millones 200 mil dólares porque asegura que las autoridades no le advirtieron del peligro que corría en el Huila, su bastión político.

Beltrán Cuéllar fue secuestrado por guerrilleros de las FARC el 28 de agosto de 2001. Lo sacaron de su finca en el municipio de Gigante, Huila, para llevarlo a un campamento del Mono Jojoy en la zona desmilitarizada.

“Me notificaron que era un secuestro político, que reclamaban incumplimiento del gobierno por no liberar a unos guerrilleros presos”, dijo Beltrán a W Radio al explicar los alcances de su demanda contra el Ministerio de Defensa, el Ejército, el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), el Departamento Administrativo de la Presidencia y la Policía Nacional.

Al día siguiente de que se dio a conocer el caso de las demandas, el ministro del Interior, Germán Vargas Lleras, manifestó que el gobierno estaba en desacuerdo con los reclamos y consideró que eran exagerados. Precisó: “A estas personas no las secuestró el Estado colombiano ni la nación, y poner a todos los colombianos a indemnizarlos en los montos de las pretensiones que están sugiriendo me parece no procedente”.

El funcionario sugirió a los exlegisladores que esperen la aprobación de la Ley de Víctimas que se encuentra en el Congreso y que prevé la reparación económica a los afectados por el conflicto interno.

Durante los siguientes meses los demandantes fueron citados a audiencias de conciliación en la Procuraduría General de la Nación; sin embargo, esta dependencia les indicó que sus reclamos económicos eran improcedentes en virtud de que fueron las FARC las que los secuestraron.

Una vez agotada esta instancia, las querellas pasaron al Tribunal Administrativo del Huila, que recopilará pruebas y testimonios para emitir un fallo final, lo que podría demorar entre tres y cuatro años.

Desdén

Proceso entrevistó a González de Perdomo, quien dice que a su audiencia de conciliación sólo asistieron dos delegados de la policía y del DAS, que acudieron sin ninguna propuesta de indemnización. Por parte de las demás entidades demandadas, la Presidencia de la República y el Ejército, no acudió ningún representante. “Hay que tener paciencia. La demanda ahora está en el tribunal”, comenta la exlegisladora.

Quien no quiso esperar tanto tiempo fue Alan Jara, exgobernador del departamento del Meta. El 15 de abril de 2011 se desistió de la demanda de indemnización que había presentado en marzo último ante el Tribunal Contencioso Administrativo del Meta por alrededor de 4 millones 300 mil dólares. Exigía esta reparación por los daños morales que él, su esposa, su hijo y su cuñada sufrieron durante los siete años y medio que permaneció retenido por las FARC.

En su querella, Jara argumentó que el Estado fue responsable, por acción y por omisión, de su secuestro, ocurrido el 15 de julio de 2001 cuando viajaba en un vehículo de las Naciones Unidas por una carretera del sur del Meta. Además, alegó que durante el tiempo que permaneció secuestrado su familia no recibió ayuda alguna del Estado. El 3 de febrero de 2009 Jara fue liberado de manera unilateral junto con Sigifredo López, tres policías y un militar.

Esta demanda suscitó un intenso debate para dirimir si el Estado debe responder por los secuestros perpetrados por las FARC. La suma global de las pretensiones de estos seis exsecuestrados asciende a más de 15 millones de dólares.

El ministro del Interior, Vargas Lleras, reiteró que las solicitudes de dinero le parecían “muy exageradas”. Durante un debate en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en septiembre de 2010, manifestó que las autoridades no pueden impedir que las personas presenten demandas porque al hacerlo ejercen un derecho constitucional de acceso a la justicia, pero recalcó que hará todo lo posible para impedir que al Estado se le condene a pagar esas indemnizaciones.

Los argumentos del ministro encontraron respuesta en el exsenador Luis Eladio Pérez, quien permaneció secuestrado por las FARC durante siete años y hasta ahora no ha presentado ninguna demanda por su plagio.

“El Estado falló de alguna manera: a Gloria Polanco la sacaron de su casa, a Jorge Eduardo Géchem lo bajaron de un avión y con Alan Jara no respetaron que iba en un vehículo de Naciones Unidas. El Estado falló, las demandas son justas”, dijo Pérez a El Tiempo.com.

El desistimiento de Jara se sumó al de la excandidata presidencial Ingrid Betancourt, quien el 30 de junio de 2010 demandó al Estado por 8 millones de dólares por “la tristeza, enfermedad, el fallecimiento de su padre y el salario que dejó de percibir” durante los seis años que permaneció en manos del grupo guerrillero.

En un documento de 55 páginas, la dirigente política sostuvo que el día de su secuestro, el 23 de febrero de 2002, varios oficiales del Ejército le garantizaron que no sucedería nada y que no corría peligro durante la travesía que se proponía realizar entre Florencia, la capital de Caquetá, y San Vicente del Caguán, localidad donde se realizaban los diálogos de paz del gobierno con el grupo guerrillero, y que tres días antes fueron suspendidos de manera definitiva por el presidente Andrés Pastrana.

En respuesta a las pretensiones de Betancourt, el Ministerio de Defensa dijo en un comunicado que ella “desatendió las insistentes recomendaciones de la fuerza pública y otras autoridades de no proseguir en su intención de viajar al municipio de San Vicente del Caguán, Caquetá, a un acto de su campaña política”.

La querella de Betancourt contra el Estado desató una ola de rechazo en Colombia y en el exterior. El 5 de agosto de 2010, cuando fue citada a la audiencia de conciliación en la Procuraduría, Betancourt, por medio de su abogado, Ernesto Devis Morales, presentó el desistimiento definitivo.