Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

jueves, 9 de junio de 2011

HANK RHON, PRESO POR ACOPIO DE ARMAS- ¿QUE HACER DESPUES DE LA MARCHA?


Nuevo frente de guerra
Hank Rhon, preso por acopio de armas; no se le acreditó delincuencia organizada
A 10 coacusados la SIEDO les imputa el delito de portación ilegal
Sólo 4 alcanzan la libertad bajo caución, señala Patricia Bugarín
Alfredo Méndez
Periódico La Jornada
Jueves 9 de junio de 2011, p. 2
La Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) precisó este miércoles que Jorge Hank Rhon fue consignado ante un juez de distrito, con sede en Baja California, por el delito de acopio de armas, mas no por delincuencia organizada. En tanto, a los 10 coacusados, la mayoría trabajadores del ex alcalde de Tijuana, les imputó el cargo de portación de armas de uso exclusivo del Ejército Mexicano.
Ayer por la mañana, la titular de la SIEDO, Patricia Bugarín, dio lectura a un comunicado e indicó que de las 88 armas encontradas en la casa de Hank Rhon, 49 son de uso exclusivo del Ejército Mexicano, pero sólo 10 tienen permiso oficial de las autoridades correspondientes.
Se informó que cuatro de los 11 inculpados contra quienes se ejercitó acción penal tendrán derecho a obtener la libertad provisional bajo caución, pues los delitos que se imputan al resto son considerados graves en el Código Penal Federal.
En caso de que Hank Rhon reciba auto de formal prisión, enfrentará su juicio en prisión.
Por la tarde, Bugarín concedió una entrevista radiofónica en la que reconoció que la SIEDO no logró acreditar contra Jorge Hank el tipo penal de delincuencia organizada ni otra conducta ilícita, a pesar de que solicitó información a las agencias de inteligencia de Estados Unidos (entre ellas la antidrogas y la Oficina Federal de Investigaciones, DEA y FBI, por sus siglas en inglés, respectivamente) con el propósito de saber si existen pruebas que vinculen al político priísta con algún cártel de las drogas.
La funcionaria destacó que durante los tres días que Hank estuvo a disposición del Ministerio Público Federal la autoridad sólo pudo acreditar dos delitos: acopio y portación de armas.
Dijo que se pudo acreditar la probable responsabilidad de Hank Rhon en el primer delito, mientras a sus escoltas se les imputó portación de armas de uso exclusivo del Ejército.
El abogado Fernando Benítez, uno de los defensores de Jorge Hank, aseguró en entrevista telefónica que el equipo de litigantes buscará acreditar la inoperancia del argumento de detención en flagrancia (fue la versión oficial que ofreció la Secretaría de la Defensa Nacional –Sedena– desde el pasado sábado) para justificar el allanamiento de la casa del político, con la finalidad de que carezca de validez legal el hallazgo de armas en ese domicilio.
La tesis de jurisprudencia 1a/J21/2007, emitida por la primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, señala que carecen de eficacia probatoria todas las pruebas recabadas durante una intromisión a un domicilio sin orden de cateo de parte de una autoridad policial, cuando ésta no compruebe plenamente que allanó un domicilio bajo la hipótesis de la actuación en un caso de flagrancia.
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La SIEDO no logró acreditar el tipo penal de delincuencia organizada contra Hank Rhon, a pesar de que se solicitó información a autoridades de Estados Unidos, señala la subprocuradora Patricia BugarínFoto Francisco Olvera
El abogado señaló que Hank Rhon se reservará su derecho a declarar ante las autoridades judiciales y solicitará al juez de la causa la duplicidad del plazo de término constitucional (de 72 a 144 horas) para que sea a más tardar el próximo martes cuando se determine su situación jurídica, ya sea un auto de formal prisión o de libertad.
Benítez dio a conocer que la defensa del empresario se basará en pruebas técnicas que no dejarán duda de qué fue lo que pasó el sábado anterior en la residencia de su cliente, cuando elementos del Ejército lo detuvieron por acopio ilegal de armas, junto con otras 10 personas.
Lo que les puedo decir es que la mayoría de las pruebas son técnicas; son pruebas científicas, irrefutables, irrebatibles, no estamos descansando en testimonios nuestra defensa, sostuvo.
Por la mañana, durante un encuentro con reporteros en el que se dio lectura a un comunicado en las instalaciones de la SIEDO en el Distrito Federal –sin que se permitieran preguntas–, Bugarín informó que Hank Rhon y los demás detenidos salieron de la subprocuraduría custodiados por elementos del Ejército Mexicano a las 23:45 horas del pasado martes, para ser trasladados a un penal de Tecate, Baja California.
Respecto de las citadas armas, se solicitó información a efecto de verificar si contaban con licencia, obteniéndose respuesta de que sólo 10 tienen el permiso correspondiente: cuatro se encuentran bajo la licencia colectiva 186 a nombre de la coordinación general del Consejo Consultivo Estatal de Seguridad Pública de Baja California; otra está amparada en la licencia colectiva número 6 de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal y las otras cinco a nombre de personas físicas, que no son los detenidos, indicó.
Por lo que hace a las otras 78 armas, no cuentan con licencia alguna.
La subprocuradora señaló que los peritajes de la Procuraduría General de la República determinaron que 49 de las 88 armas decomisadas son de uso exclusivo del Ejército y 39 de uso permitido, siempre y cuando posean licencia.
De los 9 mil 250 cartuchos incautados, 8 mil 944 son para armas de uso exclusivo del Ejército y 306 de uso permitido, pero con licencia de la Sedena.
Equilibrios-Hernández


Astillero
¿Qué hacer, después de la marcha?
Energía social despertada
Las muertes en Torreón
Ciudadanos anónimos
Julio Hernández López



Julio Hernández López

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HALLAZGO. Imágenes de la Santa Muerte y de Jesús Malverde fueron descubiertas cerca del sitio donde se encontraron fosas clandestinas, en el parque nacional El Veladero, en Acapulco. Hasta el momento han sido hallados 10 cadáveresFoto Ap
Aun cuando su figura principal, el poeta Javier Sicilia, se conduce con un riguroso ánimo pacifista, confrontando y disolviendo incluso las expresiones altisonantes de plaza pública que pudieran ser usadas para atribuirle rasgos de violencia aunque fuera verbal a ese movimiento, la marcha por la paz se está convirtiendo en un impactante registro nacional de la barbarie permitida por los diversos niveles de autoridad de un Estado desfallecido y en un gran enigma respecto al curso que esa energía levantada tendrá en el corto plazo para convertirla en acción política y social transformadora y no en una nueva decepción, ya fuera por errores de los directivos, por la vuelta ciudadana a la desidia y el miedo, o incluso porque las tretas de la institucionalidad lograran entrampar, confundir y absorber sutilmente esta importante expresión de inconformidad nacional.
Entre otras cosas, la caravana vehicular rumbo a Ciudad Juárez ha ido develando con dolorosa claridad el hecho incontestable de que el aparato gubernamental de nuestro país, en sus niveles federal, estatal y municipal, ha practicado un pacto secreto de silenciamiento de la realidad y de burocratización paralizante de los obligados procesos judiciales que deberían acompañar a las denuncias ciudadanas de hechos de extrema violencia cometidos contra familiares secuestrados, torturados, desaparecidos y luego convertidos en un expediente oficial condenado al olvido. Sólo por ese hecho, por el abandono criminal de sus responsabilidades básicas, el sistema nacional de gobierno debería ser sentado en el banquillo de los acusados y sentenciado a su rehabilitación forzosa o incluso al paredón cívico.
Pero, además, la apesadumbrada marcha también ha podido constatar, casi por suscripción pública (Sicilia convertido en confesionario ambulante, familias relatando sus desgracias, llanto compartido ante el horror sabido pero ahora confirmado a orilla de carreteras, en actos públicos de desahogo), el devastador hecho de que en todos lados existe un evidente contubernio entre policías de las diversas corporaciones y los delincuentes sin placa oficial a los que supuestamente deberían combatir pero de quienes son informantes, protectores y verdugos.
Esa tenue esperanza de organización y lucha cívica para combatir la locura bélica institucionalizada ha recibido, como antes sucedió con expresiones parecidas, invitaciones oficiales para dialogar y transitar los tradicionales caminos de la política formal. El propio comandante en jefe de las acciones punitivas, Felipe Calderón, prepara una reunión con Javier Sicilia luego del viaje a Ciudad Juárez, a pesar de que muchas agrupaciones cívicas de damnificados de la guerra, especialmente los de la propia urbe fronteriza tan golpeada, consideran que no tiene sentido una sesión así, con un gobierno federal que invariablemente ha traicionado sus promesas y ha agravado las cosas, como incluso se ha podido ver en ciertos hechos que parecieran respuestas violentas del calderonismo a la cuidadosa petición de señales que Sicilia ha hecho para constatar que en Los Pinos están viendo y oyendo la movilización nacional. Ahora también el congreso federal ha invitado a Sicilia a dialogar, todo lo cual lleva al movimiento de conciencias surgido a partir de asesinatos de jóvenes en el estado de Morelos a definir su ruta política de trabajo y las acciones inmediatas de lucha, entre las cuales están consideradas las correspondientes a la desobediencia civil tan practicada años atrás por los propios panistas ahora en el poder.
Hay, además, los riesgos derivados de manera natural del hecho de que a nivel nacional y en forma abierta se esté presentando un frente de oposición a la violencia en curso, lo que constituye una suerte de reto para el poder del narcotráfico (entendido éste en sus dos vertientes clarísimas, la de los delincuentes en sí y la de las autoridades al servicio de ellos), acostumbrado a callar con extrema violencia y sentido disuasorio a quienes se atreven a protestar y denunciar. Un hecho preocupante lo constituyó, por ejemplo, el asesinato de trece personas en Torreón, Coahuila, a unas horas de la llegada de la caravana de Sicilia y a pocas cuadras del sitio donde se realizaría una reunión pública. En general, poca difusión reciben los múltiples hechos de violencia que se generan en aquella entidad cuyo control político y mediático tienen los hermanos Moreira, uno de ellos convertido en gerente de relaciones públicas de Enrique Peña Nieto, y otro en sucesor familiar designado. Coahuila vive una guerra de cárteles pero no sólo del narcotráfico sino también de la política, con bandos alineados con ciertos ámbitos de poder federal contra bandos alineados con ciertos ámbitos del poder estatal, la narcoviolencia como instrumento político aunque, para desgracia, con los ciudadanos en medio y con asomos o mensajes o coincidencias indeseables en relación con movimientos como el encabezado por Sicilia.
Astillas
En Twitter, @alcala8892 escribió ayer: “el nuevo terror del sexenio, ‘ciudadano anónimo’. ¡Uy!”. Buena observación pues, entre otras de las deformaciones de la legalidad que ha instaurado el calderonismo está el uso de los testigos protegidos y las llamadas anónimas como incomprobables instrumentos para echar a caminar mecanismos de represión, o de partidización judicial, conforme a los intereses y humores del jefe mínimo y sus secuaces armados. Terror a domicilio, pues con esas coartadas se ha abatido la protectora letra constitucional y se posibilita que cualquier ciudadano, en cualquier circunstancia, pueda ser agraviado en su persona, familia y bienes, y su casa allanada (todo esto, en un escenario relativamente benigno, es decir, sin llegar a la fase superior que constituyen los daños colaterales) a título de presuntos telefonemas o acusaciones manipulables de delincuentes bajo chantaje...
Y, mientras sigue la telenovela tijuanense, y en Chiapas se declara en huelga de hambre el ex gobernador Pablo Salazar, acusado según eso por un ciudadano anónimo, ¡hasta mañana!
Humala, electo por legiones de pobres
Ángel Guerra Cabrera
La victoria de Ollanta Humala en la segunda vuelta de las elecciones peruanas es una verdadera proeza pues debió vencer a una poderosa coalición de fuerzas dirigidas desde Washington, uno de cuyos pilares ha sido la mafia mediática internacional. En lugar muy destacado, CNN en español, suerte de agencia de propaganda de la contrarrevolución anticubana de Miami, y, por supuesto, la ultramontana y pro imperialista oligarquía limeña y sus voceros locales, con el diario El Comercio al frente, unida al poder económico y político de los nuevos ricos y criminales de guerra del fujimorismo. Ollanta enfrentó el desafío con serenidad, adecuando su discurso y su plan de gobierno a la correlación de fuerzas existente y a esa realidad tan hostil y aceptando apoyos más allá del campo popular, pero sin renunciar en ningún momento a la prioridad que otorga a la inclusión social, la soberanía nacional y la inserción de su país en el ámbito político latinoamericano.
Perú ha sido presentado como modelo de crecimiento económico por los templos de la libertad de prensa, que siempre olvidan consignar que aquel se ha logrado a costa de la continuidad de la pobreza, la marginación, el desmantelamiento de las conquistas sociales del siglo XX, superexplotación de los trabajadores, entrega de los recursos naturales y la soberanía al capital internacional y la discriminación del país indígena (aproximadamente 52 por ciento de la población, según datos de 2000 del Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos). Se habla del estrecho margen de diferencia –apenas tres puntos porcentuales– entre Humala y la candidata Keiko Fujimori, pero este dato debe tomarse con suma precaución. La realidad es que Ollanta ganó en 19 de las 25 regiones del país: la selva, el centro y el sur andinos, donde arrasó. En 12 de ellas logró entre 58 y 77 por ciento de los sufragios y más de 60 por ciento en nueve. Justo las zonas donde no han llegado las bondades del crecimiento, excepto la degradación ambiental ocasionada por la minería y la expulsión por ésta de las comunidades de sus territorios ancestrales y donde existen millones en situación de indigencia. Vale añadir que a la par del crecimiento económico se ha desatendido como nunca la educación pública peruana. Según datos oficiales, hay más de un millón 200 mil analfabetos.
Fujimori, en cambio ganó en la costa, donde captó poco más de la mitad de los votos en Lima, Piura y La Libertad, que reúnen las cifras más altas de votantes. Además de Tumbes, Lambayeque y Callao. Es decir la parte próspera del país, a pesar de que también alarman sus bolsones de pobreza. En ella las maquinarias mediática y represiva conservan mucha influencia y se concentran los beneficiarios del clientelismo fujimorista y del crecimiento de los últimos años, basado principalmente en las políticas neoliberales y la privatización del patrimonio público forjado durante el gobierno reivindicador de la soberanía nacional de Velasco Alvarado.
No cabe duda que el ascenso de Ollanta a la presidencia es otro jalón en el proceso de alcanzar en América Latina los sueños de justicia social y unidad latinoamericana y caribeña enarbolados por Simón Bolívar y José Martí. Cierto es que todavía se está lejos de lograr su consolidación definitiva pero es constante el avance hacia su concreción.
Presidentes o primeros ministros que abanderan esas ideas –cruzando una gama de sabores y colores– hay ahora en Antigua, Argentina, Bolivia, Cuba, Dominica, Brasil, Ecuador, Nicaragua, Paraguay, Perú, Uruguay, Venezuela y San Vicente y Granadinas. Obsérvese que ocho de ellos se encuentra en América del Sur y con Perú –tercer país más grande del área– suman ya una extensión territorial de más de 15 millones de kilómetros cuadrados. Pero si –además de Guyana y Surinam– se les añaden Colombia y Chile, que aunque con gobiernos de derecha participan del proyecto latinoamericanista e integracionista de la Unasur, asciende a cerca de 18 millones de kilómetros cuadrados sin contar los territorios coloniales como islas Malvinas.
La postura cerril de la oligarquía y el capital internacional no ha cambiado pues a menos de 24 horas de la elección de Humala derrumbaron la bolsa de Lima para exigirle al presidente electo que diera a conocer su gabinete económico. Quizás haya una pequeña tregua, pero para atacar después con más fuerza bajo la batuta de la embajada yanqui en Lima.

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