LA MAFIA EN EL PODER Y LA DESMEMORIA DEL PODER

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La mafia del poder se niega a cambiar el actual régimen de empobrecimiento: AMLO

                                        

A pesar de que el país se está deshaciendo, la mafia del poder se niega a cambiar el actual régimen de empobrecimiento, de corrupción, de impunidad y de saqueo de los bienes propiedad de la Nación, denunció Andrés Manuel López Obrador.

Los 26 traficantes de influencia, 11 políticos corruptos y tres tecnócratas que integran la mafia del poder “son incapaces de cambiar el modelo económico neoliberal que ha demostrado su rotundo fracaso en 28 años de imposición, para dar paso a un sistema que genere una atmósfera de progreso, de impulso a las actividades productivas y a la generación de fuentes de empleo, que ofrezca oportunidades de estudio a los jóvenes, subrayó.

Al iniciar la sexta semana de la gira nacional Salvemos a México, el presidente legítimo expuso que los 30 potentados quieren resolver los problemas de violencia e inseguridad, que son producto de la crisis económica, con medidas coercitivas, es decir con cárceles, policías, soldados, amenazas de mano dura y leyes más severas.

En la plaza cívica de esta localidad, hizo énfasis en la necesidad de mantener la lucha hasta lograr la cuarta transformación de la vida pública, por la vía pacífica y electoral y recordó que las primeras tres transformaciones culminaron con la Independencia, la Reforma y la Revolución.

“Hay que hacer a un lado a la mafia del poder”; de lo contrario, México no encontrará la salida ni como pueblo ni como nación, sentenció.

Ante miles de simpatizantes e integrantes de los comités municipales y territoriales del Movimiento Regeneración Nacional (MORENA) en el norte del estado, aseguró que los cambios tendrán que gestarse de abajo hacia arriba, con la participación de mujeres y hombres conscientes de la necesidad de transformar la vida pública de México.

Flanqueado por los senadores Dante Delgado y Arturo Herviz, así como de legisladores y dirigentes locales del PRD, PT y Convergencia, López Obrador sostuvo que los cambios no vendrán de arriba hacia abajo, por la simple razón de que la oligarquía no está dispuesta a perder privilegios.

Sin embargo, la mafia de cuello blanco es responsable de la crisis económica, política y social por la cual atraviesa el país, porque canceló el futuro de millones de mexicanos, en particular de los jóvenes, quienes están expuestos a tomar los caminos de las conductas antisociales.

Luego explicó que la mafia del poder se conformó después de que el ex presidente Carlos Salinas asumiera la Presidencia de la República. A partir de 1988 el entonces primer mandatario entregó las empresas públicas a allegados al régimen y amigos, desde las instituciones bancarias hasta las reservas mineras más importantes del país.

A partir de ese entonces inició el saqueo de los bienes de la nación, señaló al informar que durante su mandato, el ex presidente Ernesto Zedillo continuó con la política de pillaje y vendió los ferrocarriles nacionales, además de convertir las deudas de un puñado de banqueros en deuda pública, el llamado Fobaproa, por un monto de 100 mil millones de dólares y de los cuales se han pagado alrededor de 600 mil millones de pesos por concepto de intereses.

El llamado gobierno del cambio, encabezado por el panista Vicente Fox, lo primero que hizo fue nombrar secretario de Hacienda al ex subsecretario de la misma dependencia en tiempos de Salinas, Francisco Gil, abundó.

Con el presidente usurpador Felipe Calderón, se mantiene la misma política y pretende entregar las industrias petrolera y eléctrica al capital privado, tanto nacional como extranjero, añadió.

Al informar que el próximo domingo 5 se realizará una asamblea nacional en el Zócalo de la Ciudad de México para dar a conocer un reporte sobre la constitución de los comités municipales y territoriales de MORENA, el presidente legítimo expuso en detalle los 50 puntos del Proyecto Alternativo de Nación 2012.

Entre los puntos más importantes, destacó la reactivación del sector energético como palanca del desarrollo nacional y la construcción de cinco refinerías para dejar de exportar petróleo e importar gasolinas, así como aplicar un plan de desarrollo a favor de las personas de la tercera edad, madres solteras, personas con discapacidad y estudiantes de preparatoria, como ocurre en la capital del país.

En otra parte del discurso, López Obrador se refirió a lo que llamó una operación de recambio. Ahora que a la mafia del poder ya no le sirve el PAN y Calderón, impulsa la candidatura presidencial del gobernador priista Enrique Peña, con la intención de mantener el actual régimen de corrupción y de privilegios.

Ahora, “ya se volvió deporte nacional golpear a Calderón; ya cualquiera lo ningunea”, subrayó.

A pesar de que se esparce la especie de que con el eventual retorno del PRI se resolverían los grandes y graves problemas nacionales, lo cierto es que los priistas actuarían de manera similar al dictador Antonio López de Santa Anna y venderían Petróleos Mexicano, el sector energético y hasta Palacio Nacional.

De acuerdo a su agenda de trabajo, el presidente legítimo encabezará hoy una asamblea informativa en La Paz, Baja California Sur.



Fuente: Revista Emet

10 de junio: memoria contra la impunidad

Jesús Martín del Campo

Hace cuarenta años ocurrió la masacre de San Cosme, perpetrada por los Halcones, grupo paramilitar creado desde la Presidencia de la República. Como resultado del ataque a la manifestación pacífica de ese día hubo más de un centenar de muertos y gran cantidad de heridos. Ese crimen ocurrió a menos de tres años de la masacre de 1968.

En ambas acciones criminales el gobierno asumió explícitamente una política de Estado centrada en la persecución y abierta represión de los estudiantes y otros grupos opositores, a la que se asignó la misión de contribuir por vías violentas, con grupos paramilitares, al mantenimiento del control y la hegemonía política de la sociedad mexicana, dando origen a la llamada guerra sucia. Los hechos del 10 de junio de 1971 se enmarcan en esa visión.

Sin duda, el gobierno tuvo como objetivo directo e inmediato el de reprimir, sofocar y aplastar con la fuerza y los recursos del Estado a un sector de la población, mediante la utilización de un sofisticado esquema de planeación estratégica de la represión política, apoyado en la actuación del grupo paramilitar denominado Halcones.

Durante muchos años no se llevó a cabo ninguna investigación sobre las masacres de 1968 y 1971. Los sucesivos gobiernos querían que ambos acontecimientos cayeran en el olvido, pero eso no sucedió.

Se mantuvo viva la memoria por la actividad de miles de jóvenes estudiantes forjados en el trienio 1968-1971. En muchas escuelas, en sindicatos, en colonias populares, por medio de volantes y de viva voz, muchos conocieron sobre lo acontecido en las inmediaciones de la Normal. La juventud estudiantil, a contracorriente de la adversidad represiva, empezó la construcción de la modernidad democrática y libertaria en el último tercio del siglo pasado.

Además de la memoria activa, también ha sido importante la reconstrucción de los hechos y la acumulación de pruebas que llevan a una sola conclusión: la masacre del 10 de junio de 1971 es un crimen de Estado y el principal responsable es Luis Echeverría Álvarez. Esa verdad histórica no admite duda; sin embargo, la justicia ha sido traicionada por quienes tienen que impartirla en México. La magistrada Antonia Herlinda Velasco Villavicencio determinó exonerar a Echeverría y archivar el caso.

La batalla por la justicia tendrá que continuar en el plano internacional. A partir de una queja que impulsamos desde el Comité del 68, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos ha pedido información al gobierno mexicano sobre el expediente del halconazo, lo que genera posibilidades de reabrir el caso.

Con los elementos del derecho penal contemporáneo podemos afirmar que la acción del 10 de junio de 1971 es un caso de terrorismo de Estado que se acredita, más allá de toda duda razonable, con el hecho de que, desde las entrañas mismas del Estado, se tomó la determinación de crear, estructurar bajo parámetros militares, financiar, equipar con armas de grueso calibre, operar, contratar y encubrir al cuerpo represivo Halcones.

Se trata de un fenómeno propio de la macrocriminalidad de los gobernantes autoritarios, para quienes se aplican categorías inherentes a los crímenes de lesa humanidad.

Ahora también sabemos, por la apertura de archivos en Estados Unidos, que los militares que organizaron el grupo Halcones fueron entrenados en la Escuela de las Américas para hacerlos expertos en tácticas de contrainsurgencia usadas en la represión al estudiantado mexicano. Nuestro país sirvió como campo de experimentación de formas de represión masiva llevadas a cabo después en otros países del continente.

Mantener viva la memoria, complementar con nuevos elementos la verdad histórica y seguir luchando por la justicia en el caso del 10 de junio es un imperativo, sobre todo ahora que vuelve a cobrar fuerza la decisión del actual gobierno federal de criminalizar la protesta social.

A juzgar por la información del acontecer nacional que cotidianamente conocemos, podemos afirmar que en la población mexicana hay crispación y hartazgo por tantas injusticias acumuladas y por tanta impunidad de quienes estuvieron antes y de los que están ahora en el poder.

Impulsar actividades que recuerden los acontecimientos del 10 de junio de 1971 no significa desvincularlas de las causas por la justicia que ahora existen. Me cuento entre los que con entereza podemos afirmar que el recuerdo de nuestros muertos no nos paraliza, al contrario, nos impulsa a seguir luchando. Por los caídos, la memoria contra la impunidad. Halcones nunca más. ¡10 de junio, no se olvida!

La conducción al caos

Enrique Calderón Alzati

Al inicio del actual periodo de gobierno, sin lugar a dudas México tenía serios problemas de inseguridad; estaba, por una parte, el caso de Ciudad Juárez con toda su historia interminable de muertes de mujeres jóvenes de la clase trabajadora. La ciudad era centro de disputa entre los cárteles del narco. Las actividades del trasiego de drogas se extendían por varios estados, además de Chihuahua. Se hablaba de Nuevo León, de la frontera de Tamaulipas con Estados Unidos y, sobre todo, de Sinaloa, donde se sabía de tiempo atrás que se cultivaban y procesaban la mariguana y la cocaína.

De algunos poblados de Tabasco se sabía que la venta de mariguana entre la población joven se hacía en expendios conocidos de todos y con el claro apoyo de las policías locales, mientras en Cuernavaca el gobernador de Morelos se paseaba en su helicóptero con chicas familiares de los capos. El Chapo Guzmán era ya todo un personaje, mientras los Arellano Félix constituían un cártel de droga con conexiones internacionales.

De esos años, recuerdo unas declaraciones de Santiago Creel en el sentido de que el crecimiento de la violencia dada como combates y ejecuciones entre los narcos era la mejor muestra de los avances que estaba logrando el gobierno en su lucha incesante contra el narcotráfico y que ésta terminaría pronto con la destrucción del crimen organizado.

Si al principio del presente gobierno ya existía todo esto, y seguramente había también una capacidad razonable aunque insuficiente para combatir el narcotráfico y el crimen organizado, también había experiencia para proponer soluciones a los problemas que generaba la inseguridad. Fue entonces cuando llegó Calderón, quien buscando superar las dudas en torno a su legitimidad como presidente, y alentado seguramente por los estadunidenses, decidió generar una guerra frontal contra el narcotráfico y las organizaciones delictivas que operaban en el país. La campaña militar fue iniciada en Ciudad Juárez y luego se extendió a varios estados, como Michoacán, donde las fuerzas de seguridad arrestaron a funcionarios estatales y municipales de manera sorpresiva; o como Nuevo León, Durango, Tamaulipas y Guerrero, que empezaron a ser fuente de noticias de acciones violentas. En todos ellos y en otros diversos puntos de la República comenzaron a aparecer retenes militares de aspecto amenazante para la población, que detenían automóviles, autobuses y camiones de carga sin razón aparente.

Los enfrentamientos entre las fuerzas del Estado y los supuestos delincuentes empezaron a darse en la vía pública con números crecientes de víctimas, generalmente calificadas como delincuentes por las autoridades e incluso por el Presidente mismo, sin detenerse a preguntar siquiera por la identidad de éstas, tratárase de familias que viajaban con niños pequeños por vías públicas, de estudiantes que salían de sus escuelas o de mujeres que realizaban sus actividades cotidianas. Luego de cuatro años y medio de que Felipe Calderón accediera al poder, la realidad cotidiana nos ha transformado en un país totalmente distinto al que teníamos en aquel año de elecciones, en el que nuestros temas de plática cotidiana era comentar las ocurrencias de Fox; hablábamos de Foxilandia para reírnos de las mentiras demagógicas que nos contaba, pero después de todo teníamos capacidad para la risa, aun cuando el tema de la violencia concretada en la práctica de los secuestros nos sacuda de tiempo en tiempo generando la movilización de la sociedad, sobre todo en el Distrito Federal.

La guerra que empezó y en la que Calderón se ufana hoy de estar dirigiendo a sus huestes a la victoria, comparándose con Churchill, ha dejado cerca de 40 mil muertos, mexicanos en su inmensa mayoría, mas no todos. Los resultados que vemos son un tanto diferentes y de alguna manera sospechosos. La guerra se ha extendido hoy a prácticamente todo el territorio nacional. Son ya muy contados los estados que no reportan acciones violentas del crimen organizado, mientras las cifras de muertos mantienen, como en todo el sexenio, tendencias de crecimiento. Cada día sabemos de nuevas ciudades donde los comercios y los profesionistas independientes son amenazados por los delincuentes y obligados a pagar igualas mensuales, para lograr que ni ellos ni sus familiares sean víctimas de la violencia. Los robos de autos en las carreteras se dan por igual entre Monterrey y Nuevo Laredo que entre Acayucan y Coatzacoalcos, o en los desiertos de Zacatecas.

Los actos de barbarie, que incluyen la aparición de descabezados y desmembrados que hace algunos años ocurrían en Chihuahua, son hoy comunes en Monterrey, Durango, Michoacán, Morelos y en Guerrero. Al tráfico de drogas se ha integrado el de seres humanos, principalmente centroamericanos, con la participación y la responsabilidad de funcionarios federales de migración; los hallazgos recientes de fosas colectivas con decenas de víctimas indefensas nos hablan de barbarie similar a la ejercida por las tropas alemanas durante la ocupación de Polonia.

Por los medios de comunicación sabemos de los incrementos crecientes en los recursos para las fuerzas de seguridad tanto civiles como militares, los cuales representan hoy presupuestos anuales varias veces mayores a los existentes al inicio del sexenio. Uno de los avances más impactantes de la ciencia moderna son los estudios de la simetría, que hoy explican tanto las leyes de la física como los procesos biológicos de la evolución y diversos fenómenos sociales, ello nos hace pensar que el crecimiento de la violencia y del crimen no son otra cosa que la réplica de esos incrementos presupuestales, y que ello lo saben bien nuestros amables vecinos del norte, beneficiarios y promotores de esta guerra, de acuerdo con los datos proporcionados por Wikileaks, que los señalan como vendedores directos de armas para los dos bandos en pugna: el gubernamental y el del crimen organizado. Creo que el término más apropiado para referirnos a todo esto es el de caos.