Las muertes de civiles inocentes no son un «precio a pagar», dicen ONG

Wikileaks en La Jornada

Demanda al Ejecutivo diga por qué el funcionario ofreció a EU libre acceso a datos de inteligencia

Pide la Permanente informe sobre colaboracionismo de García Luna

Andrea Becerril y Víctor Ballinas

Periódico La Jornada
Jueves 9 de junio de 2011, p. 5

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión demandó al gobierno de Felipe Calderón que le informe sobre las revelaciones de Wikileaks, publicadas en La Jornada, en el sentido de que el secretario de Seguridad Pública, Genaro García Luna, ofreció a Estados Unidos proporcionarle información y datos de inteligencia referidos al combate al crimen organizado.

De haber sucedido ello, cuáles son las bases jurídicas, se recalca en el acuerdo aprobado ayer por el órgano legislativo, en el que se pide también al Ejecutivo federal que responda si ha habido filtración de información de alto nivel sobre seguridad pública y si esa acción fue por parte de un servidor público.

Ante el pleno de la Permanente, el senador del PT Ricardo Monreal se refirió a la información contenida en la edición de ayer de La Jornada, y preguntó si no hay quien eleve la voz por la postura del gobierno de Calderón de desprecio por la vida de los mexicanos y lo considere como “daños colaterales de su estrategia contra la inseguridad y la violencia, según se desprende de los cables de Wikileaks”.

Hasta en la embajada de EU lo sabían: Zambrano y Gómez

Por separado, el dirigente nacional del PRD, Jesús Zambrano, y el senador de ese partido Pablo Gómez, deploraron que hasta en la embajada de Estados Unidos se tenga certeza de que al gobierno de Felipe Calderón no le importan las violaciones de derechos humanos, los abusos de militares contra civiles, con tal de seguir con su estrategia de combate al narcotráfico.

Zambrano recalcó que su partido de ninguna manera comparte que el precio a pagar para frenar la violencia provocada por las bandas criminales sea la muerte de inocentes, mientras que el senador Gómez recalcó que hay un completo desprecio del gobierno federal por la vida de los mexicanos.

Durante la sesión de ayer de la Permanente, Monreal insistió en que los legisladores no pueden permanecer impasibles y apáticos sobre los efectos de la lamentable y desafortunada guerra contra el crimen organizado. Dijo que el Congreso debe formular un extrañamiento a un gobierno que ha provocado la muerte de miles de inocentes y violado las garantías fundamentales de muchos más y lo considera parte de esa guerra declarada torpe y unilateralmente para frenar el narcotráfico.

Se refirió al punto de acuerdo aprobado ayer y mencionó que los cables de Wikileaks difundidos por La Jornada dan cuenta de que García Luna le ofreció a Estados Unidos libre acceso a la información de inteligencia sobre sobre seguridad pública.

Preguntó a cambio de qué, el titular de la SSP envió a un gobierno extranjero y a sus agencias de seguridad esa información confidencial, sin que medie un convenio de colaboración. Es, dijo, una actitud obsequiosa de García Luna que puede tener repercusiones graves. De ahí la importancia, recalcó, de que la Comisión Permanente le pida a Calderón que precise cuáles son las bases jurídicas de ello.

La Permanente aprobó también ayer solicitar a García Luna y a la titular de la Procuraduría General de la República, Marisela Morales, un informe detallado sobre la estrategia de seguridad seguida en lo que va del sexenio, que incluya las recomendaciones en materia de derechos humanos, el número de víctimas, el cálculo de los daños materiales y las pérdidas económicas derivadas de las maniobras de esa estrategia.

Asimismo, se solicitó a las secretarías de la Defensa y de Relaciones Exteriores detallar el número oficial de civiles que han perdido la vida en los operativos anticrimen.

Reacción del PT

Por su parte, el Partido del Trabajo (PT) conminó al secretario de Seguridad Pública federal, Genaro García Luna, para que renuncie a su cargo tras evidenciarse –a través de los cables de WikiLeaks publicados por La Jornada– que miente, como hizo ante el legislador republicano Mark Kirk, en 2009, cuando restó importancia a la participación del Ejército en la lucha contra el crimen organizado, y le dijo que militares que cometieron crímenes fueron juzgados en tribunales civiles.

Por lo tanto, indicó en entrevista el dirigente nacional del PT, el senador Alberto Anaya, el señor García Luna no es un personaje que esté dando resultados para garantizar la seguridad del país.

A su vez, el diputado Herón Escobar ubicó al secretario García Luna como el estratega represivo, mientras Felipe Calderón Hinojosa hace y dice lo que el funcionario quiere. Ante ello, está demostrado que hay un Estado fallido y debe cambiar la estrategia, advirtió.

Con información de Alma E. Muñoz

Critican la declaración del presidente Calderón revelada en cables

Las muertes de civiles inocentes no son un precio a pagar, dicen ONG

Ángeles Cruz Martínez

Periódico La Jornada
Jueves 9 de junio de 2011, p. 5

El presidente Felipe Calderón se burla de las organizaciones civiles y de las personas que reclaman un cambio en la guerra contra la delincuencia organizada. No le importa el dolor de las personas que han perdido a familiares porque están desaparecidos o muertos, señalaron representantes de organizaciones civiles defensoras de los derechos humanos.

Al comentar sobre la información de Wikileaks difundida por La Jornada, respecto de que las violaciones a garantías fundamentales son para el gobierno federal un precio a pagar, Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (Ciesas), dijo que nada puede haber más importante que la vida humana.

Las políticas deben enfocarse en la protección y garantías ciudadanas, por eso es un desatino la política calderonista y se hace necesario un viraje en el rumbo dentro del marco de la ley.

Francisco Cerezo, del comité del mismo apellido, comentó que ante la evidencia sobre la forma de pensar del Ejecutivo es factible prever que la reciente reforma constitucional en materia de derechos humanos no será efectiva y, por el contrario, continuará la violación sistemática de garantías.

Lo peor en estos momentos es que al momento en que se realiza la Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad, en cuyo trayecto hacia Ciudad Juárez se han escuchado los testimonios de las víctimas de la guerra contra el narcotráfico y el reclamo de justicia de parte de los familiares, a Calderón no le interesan los reclamos y tampoco tiene intención alguna de atenderlos, dijo.

Ayer, activistas de diferentes agrupaciones que no pudieron acompañar a la caravana se reunieron para elaborar propuestas que enviarán a Ciudad Juárez, donde se discutirán los términos finales del pacto con que concluirá esta movilización.

Las agrupaciones proponen que nuevamente se plantee al gobierno federal la desmilitarización del país y la puesta en marcha de planes de emergencia ante la crisis económica y para atender contextos de violencia. Se requiere, por ejemplo, contar con ofertas de trabajo para los jóvenes y congelar los precios de los productos de la canasta básica.

Melanie Salgado, del Comité Cerezo, señaló que a pesar de la oferta de Calderón para mantener un diálogo con la sociedad, hasta ahora es una falacia. Ni siquiera en la supuesta alternativa por Internet es posible entablar tal comunicación, dijo.