Limpieza social y preservación de mercados- La Caravana, memorial de agravios- El candidato del Presidente

Limpieza social y preservación de mercados

El multihomicidio perpetrado anteayer en el centro de rehabilitación para adictos La Victoria, de Torreón, Coahuila –en donde un comando armado asesinó a 13 personas–, es el más reciente de una cadena de hechos similares ocurridos con el telón de fondo de la guerra contra el narcotráfico declarada por el gobierno federal: en 2009 se cometieron tres masacres de este tipo –el 5 de febrero, el 2 y el 15 de septiembre–, todas en Ciudad Juárez, Chihuahua, con un saldo acumulado de 32 muertos; un año después, en esa misma localidad fronteriza, tuvieron lugar cuatro asesinatos en masa en centros de desintoxicación –el 31 de mayo, el 10 y 16 de junio, y el 2 de septiembre–, con un total de 49 víctimas, y dos más ocurrieron en Gómez Palacio, Durango (26 de junio), y en Tijuana, Baja California (24 de octubre), con saldos de 11 y 13 muertos, respectivamente. Finalmente el 10 de febrero, un grupo armado mató a dos personas al salir de una clínica de rehabilitación en las inmediaciones del aeropuerto de la propia Ciudad Juárez.

La descontrolada violencia que se ceba contra los internos de los centros de desintoxicación en distintos puntos del país, así como la exasperante falta de capacidad de las autoridades para brindar seguridad a esos sitios, dan sustento a señalamientos como los formulados anteayer por el obispo de Saltillo, Raúl Vera, de que estos episodios obedecen a una estrategia de limpieza social aplicada contra sectores de la población que son considerados indeseables. Tales señalamientos tendrían que ser atendidos por el poder público y por la ciudadanía, habida cuenta de que día a día se multiplican los indicios de que la estrategia de seguridad pública vigente no sólo ha fracasado en la contención de las bandas del crimen organizado, sino también ha abierto un margen para el resurgimiento de prácticas como las desapariciones forzadas –ahora disfrazadas de levantones del narco–, y de un accionar de grupos armados que actúan, se dice, bajo las órdenes de los cárteles, que reproduce prácticas genocidas de organizaciones paramilitares que han operado en Centro y Sudamérica.

Al margen de las consideraciones anteriores, los asesinatos en masa referidos conllevan un mensaje claro y alarmante: aquellos consumidores de drogas que se involucren en procesos de rehabilitación están, por ese solo hecho, en peligro de ser asesinados. En el contexto actual de violencia, barbarie y devaluación de la vida humana que recorre el país, las masacres de adictos se presentan como una forma particularmente atroz de contrarrestar los esfuerzos en materia de combate a las adicciones, y de conjurar, en esa medida, una eventual reducción en el mercado de drogas ilícitas en el país.

En un momento en que el enfoque de política global contra las drogas experimenta un giro en sus ejes fundamentales –uno de cuyos rasgos principales es, justamente, la reorientación de los esfuerzos gubernamentales al control de las adicciones– es necesario cuestionar no sólo la pertinencia de la actual estrategia de seguridad pública, sino también el hostigamiento y la estigmatización de que son objeto los adictos en el discurso oficial: lejos de criminalizar en automático a las víctimas de episodios como el ocurrido el pasado martes –como han hecho las autoridades con su insistencia en presentar estos episodios como ajustes de cuentas entre cárteles– y de colocarlos, con ello, a merced de prácticas de exterminio, el gobierno debe cumplir con su obligación de protegerlos, y para ello es necesario que las autoridades corrijan su visión –superficial y oportunista– de los fenómenos sociales de la criminalidad y el consumo de drogas.

El candidato del Presidente

Soledad Loaeza

La verdad es que somos incorregibles. Reformas electorales van y vienen; tres grandes partidos se alternan en el poder federal, estatal y municipal; el Congreso es un protagonista real del proceso de gobierno y las restricciones con que se topa el Presidente para ejercer autoridad son cada día mayores. No obstante todos estos cambios indudables, seguimos pensando la sucesión presidencial en los términos del pasado. Así, creemos que el candidato del partido en el gobierno no será otro más que el señalado por el Presidente de la República. El cliché ha servido para apoyar la aparente intención del presidente Calderón de ejercer los privilegios que derivan de su posición como primer panista de la nación, y designar al candidato de su partido, como antes lo hacían los presidentes priístas. De manera que son inútiles los esfuerzos en que han puesto tanto empeño para llamar nuestra atención los precandidatos distintos del secretario de Hacienda. La opinión mira preferentemente hacia donde mira el presidente Calderón. De ahí que sean justos los reclamos que le hacen de favorecer a Ernesto Cordero, pues introduce en la competencia todo el peso del Poder Ejecutivo, y tiende a condenar a la irrelevancia los procedimientos internos del partido de selección de candidatos.

Contrariamente a lo que nos dejaba esperar la transición, hemos vuelto a un vocabulario que creíamos para siempre superado. Hablamos de madruguete (pues, ¿qué otra cosa fue la carta de apoyo a Cordero firmada por 134 legisladores panistas?), de cargada, del candidato del Presidente. Podríamos explicarnos este comportamiento en términos culturales, pero al hacerlo tomamos la salida fácil y, sobre todo, negamos la posibilidad de cambio. Así somos porque así hemos sido. Resulta mucho más complicado examinar la subordinación del partido al Presidente a partir del equilibrio entre instituciones –en este caso la Presidencia de la República y el PAN–, y hacernos la pregunta de si acaso, una vez en el poder, el partido pierde autonomía, sobre todo en cuanto al funcionamiento regular de sus procesos internos.

Al igual que en el pasado, a más de un año del día de la elección, el proceso se ha impuesto a nuestra perspectiva del acontecer político. Interpretamos lo que ocurre, y lo que puede ocurrir, a la luz de la competencia por el poder, entre los panistas, y entre ellos y los demás partidos. Las palabras de Cordero adquieren el significado que les imprime su condición de precandidato favorito del Presidente. De entrada cualquier declaración del secretario de Hacienda –quienquiera que éste sea– es en ella misma importante, pero adquiere un mayor alcance cuando a la trascendencia del cargo le sumamos la posición que le ha atribuido el Presidente en la carrera por la candidatura del PAN. Cuando Cordero habla de desempleo o de poder adquisitivo del salario mínimo, sus observaciones no son meros comentarios a la política del actual gobierno, lo que dice es escuchado como si se tratara de un programa futuro de gobierno, su participación en actos públicos es entendida como actos de campaña. Lo son. Pero lo peor de todo es que desde hace unas semanas sus decisiones están, previsible e inevitablemente, permeadas por sus aspiraciones presidenciales.

En este respecto valdría la pena que Cordero y el Presidente, ambos, recordaran las consecuencias catastróficas de que las aspiraciones presidenciales guíen el comportamiento y las decisiones de funcionarios ambiciosos. En 1962, como secretario de Hacienda, Antonio Ortiz Mena estuvo dispuesto a posponer una devaluación que era necesaria, con tal de no molestar al presidente López Mateos que tal vez lo designaba su sucesor. En la Secretaría de Gobernación, Luis Echeverría estuvo dispuesto a mostrarle al presidente Díaz Ordaz y al gobierno de Estados Unidos que él tenía la capacidad de controlar a los comunistas en México; desde la dirección de Pemex, Jorge Díaz Serrano quiso construir su candidatura presidencial a partir de precios del petróleo y metas desmesuradas de producción.

Hasta ahora no sabemos si Ernesto Cordero tendrá la capacidad de aislar sus obligaciones al frente de la secretaría, de sus aspiraciones presidenciales, y cruzamos los dedos para desear que la tenga y que la ambición no nuble su capacidad de juicio. Son pocas las muestras que ha dado de su talento político, y en las últimas semanas ha lanzado un desafío retórico que es francamente muy desafortunado. Le ha dado por decir que 10 años de gobiernos del PAN han hecho más por el país que 70 años de gobiernos del PRI. Semejante aseveración da prueba de ligereza intelectual, y de ignorancia, así no sea más que de historia económica. En las siete décadas de historia nacional que Cordero descalifica con tanto desenfado, la población se incrementó nueve veces, el país se industrializó, se formó el Estado, las clases medias se expandieron, el analfabetismo fue abatido, se elevó la media de escolaridad de la población de dos a nueve años; y así podríamos seguir enumerando los diversos aspectos de la modernización del país que se desarrollaron en los años que gobernó el PRI. Y lo invito a comparar, y a que demuestre que tenemos más que agradecer a la obra de desmantelamiento que llevó a cabo el gobierno de Vicente Fox, que lo que hicieron sus antecesores. Más todavía, yo le preguntaría a Ernesto Cordero si él vive mejor o peor que sus papás y que sus abuelos. La respuesta me interesa, porque habla como precandidato y lo último que necesitamos es un presidente que descubra el hilo negro

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La Caravana, memorial de agravios

Adolfo Gilly

La Caravana por la Paz con Justicia y Dignidad está haciendo soplar con fuerza creciente un viento nuevo sobre la dolorida realidad de este país y la mezquindad de la política institucionalizada tal como hoy la vivimos y padecemos.

Los testimonios que va suscitando y recogiendo en su camino a Ciudad Juárez son conmovedores: es la angustia y el dolor de un pueblo la que habla por ellos. La Caravana va dando espacio y resonancia a las pequeñas voces bajas de esta historia atroz. Desde el dolor de cada una, todas repiten: nadie nos escucha, antiguo clamor del pueblo de México, y todas quieren y necesitan decir su dolor, gritar, imprecar, sollozar. La Caravana, que es un montón de nadies en camino, cuando llega no lanza discursos ni promesas ni compromisos: escucha, escucha, escucha y nada pide. Esto es nuevo, muy nuevo, aunque sea antiguo como el mundo.

El 10 de junio –ese día en que hace 40 años el Supremo Gobierno nos lanzó sus Halcones a golpear y matar estudiantes en la ciudad de México– la Caravana tendrá su asamblea y muchas propuestas e iniciativas serán discutidas.

Quiero desde aquí enviar un abrazo fraterno a Javier Sicilia y a su Caravana, y sumar una propuesta para que esas voces cotidianas no se desvanezcan, para que sigan presentes en los días y años por venir. Propongo que, si como creo están grabadas, se integre con ellas, ordenadas y cuidadas con esmero, un Memorial de Agravios y Dolor, una suma escrita de esas angustias; y que además, en el espacio permanente que la Caravana abra para lo que sigue, todos cuantos quieran dar su testimonio y decir su agravio y confiar su dolor, y tal vez también registrar sus propuestas para México, puedan hacerlo por escrito o con su voz.

Un Memorial de Agravios y Dolor de estos días y estos años que se vaya haciendo público, donde converjan todas las voces que ya existen y dicen, para que en la memoria mexicana no se desvanezcan, para que nadie diga que no supo y para que de estos tiempos aciagos que la indiferencia, la codicia y la ineptitud de los privilegiados y los poderosos nos imponen, no haya olvido ni perdón, sino justicia.