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Argentina: autorizan
examen de ADN a hermanos Noble Herrera
La justicia argentina ha
autorizado una extracción de sangre a Felipe y Marcela Noble Herrera, hijos de
Ernestina Herrera propietaria del grupo Clarín, a fin de hacer exámenes de ADN y
determinar su verdadera identidad. TeleSUR
Mexicanos presos en
Malasia: Juez desecha argumentos de la defensa
La Familia González
Villarreal continúa con esperanzas a pesar de que las opciones de los
sinaloenses se acaban; los hermanos tendrán que declarar y defenderse el próximo
28 de junio.
Evo Morales: dirigentes deben estar al
servicio del pueblo
El presidente de Bolivia,
Evo Morales, afirmó que los dirigentes bolivianos deber estar al servicios de la
patria y el pueblo. TeleSUR
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Nuevo Spot de ALEJANDRO
ENCINAS "Corrupción"
Tráiler
del documental ABC: Justicia, Justicia, Justicia
http://www.youtube.com/watch?v=i7laEY1XQKc&feature=player_embedded
83% de mexicanos cree
que la inseguridad aumentó desde 2009
Cadenas
de Noticias de México da a conocer una encuesta que revela que el país en
criminalidad está peor que en 2009, en un sólo año aumentó de 30 a 58 por ciento
de la cantidad de personas que consideran que el crimen organizado en México va
ganando la guerra contra la inseguridad que está emprendida por el gobierno
nacional. TeleSUR
El 5 de junio se
cumplen 2 años de incendio en guardería ABC
En junio de 2009, en
Hermosillo, Sonora, en México un incendio en la guardería ABC terminó con la
vida de 49 niños, los mayores tenían 4 años, 104 pequeños sobrevivieron de ellos
24 tuvieron quemaduras de segundo y tercer grado.
TeleSUR
El
Día del Policía; el día de García Luna
La SSP federal publicó en el Diario Oficial el decreto por el cual
se declara el 2 de junio como el Día del Policía, con el fin de promover ante la
sociedad el reconocimiento a la labor que llevan a cabo los
miembros
Reprueban organismos internacionales censura en internet
Posted:
02 Jun 2011 04:04 PM PDT
Relatores
especiales para la libertad de expresión de diversas organizaciones
internacionales firmaron una declaratoria conjunta en favor de la libertad de
expresión en Internet, donde quedan asentados lineamientos y recomendaciones
para que los Estados garanticen el pleno ejercicio de este derecho.
La Declaración
Conjunta fue signada por los relatores especiales para la libertad de expresión
de la ONU,
la Organización de Estados Americanos (OEA),
la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) y la Comisión Africana para los Derechos
Humanos.
En el documento
ayer publicado se destaca que “la falta de libertad de expresión puede conducir
al estancamiento económico y a prácticas indebidas tanto por parte de los
gobiernos como de las empresas”.
Y recalcan que
en virtud del “carácter transformador” de este medio, es necesario promover la
protección de la libertad de expresión de los miles de millones de personas que
lo utilizan para verter opiniones, obtener y generar información y promover el
acceso universal a dicha herramienta.
Añaden que la
libertad de expresión debe ser aplicada a Internet del mismo modo que al resto
de los medios de comunicación; y establecen lineamientos sobre restricciones,
filtros y bloqueos a sitios o usuarios que violen otros derechos humanos.
“Acciones como
el bloqueo obligatorio de sitios Web constituyen una acción extrema que sólo
podría ser justificada conforme a estándares internacionales, como proteger del
abuso sexual a menos de edad”, señalan.
La declaratoria conjunta se puede
consultar en su totalidad en el sitio web.
Policía
Federal… reconocimiento y mensajes improcedentes
Al encabezar la ceremonia de conmemoración del Día del Policía
–instaurado ayer mismo por decreto presidencial–, el titular del Ejecutivo
federal, Felipe Calderón Hinojosa, reconoció la labor del titular de Seguridad
Pública, Genaro García Luna, porque ha sido clave para iniciar la transformación
profunda de la Policía Federal (PF) en un cuerpo profesional dedicado a servir y
a proteger a la comunidad. A renglón seguido, el político michoacano llamó a que
la carrera policial deje de ser y parecer una ocupación desprestigiada; convocó,
en cambio, a que sea vista por la población como un sacerdocio cívico, e invitó
a los jóvenes mexicanos, en especial a los universitarios a tenerla en cuenta
como una opción de vida y una opción de desarrollo profesional atractiva y a
incorporarse a las filas de la propia PF.
Poco oportuno resulta el reconocimiento a un funcionario que
enfrenta, con fundados motivos, las críticas de un sector amplio de la sociedad
civil y de la clase política. Su mala imagen no sólo es consecuencia de un
desempeño deficiente que se manifiesta en la crisis de seguridad pública que
recorre el país a consecuencia de las acciones de los grupos de la delincuencia
organizada y de la desastrosa estrategia gubernamental para combatirlos –uno de
cuyos principales impulsores es el propio García Luna–, sino también de una
actitud sumisa hacia las autoridades estadunidenses y, lo más reciente, de la
manifiesta infracción a la disposición constitucional que condiciona la
aceptación y el uso de condecoraciones extranjeras al aval de
Congreso.
En esta circunstancia, el reconocimiento da un mensaje de
insensibilidad para la población, la cual ha sido, a fin de cuentas, la
principal afectada por el actual desastre de seguridad pública. Más grave aún:
el encomio a la labor de un funcionario que acaba de protagonizar un desacato a
la Carta Magna se convierte en un mensaje de desdén al marco jurídico vigente y
de falta de compromiso con la cultura de la legalidad, una de las consignas más
recurridas de la administración calderonista.
Por otra parte, y en lo que toca al llamado a erradicar el
desprestigio que rodea a la carrera policial, cabe recordar que dicha percepción
no es gratuita, sino que es el resultado de los numerosos casos de corrupción y
complicidad con bandas delictivas, documentados en las filas de las
corporaciones de distintos niveles, incluido el federal; de las recurrentes
denuncias por violaciones a los procedimientos penales cometidos por integrantes
de esas instancias, y de los constantes atropellos a los derechos humanos de
ciudadanos nacionales y extranjeros en los que se han visto involucrados
efectivos policiacos municipales, estatales y federales.
Ciertamente, en un contexto de normalidad democrática, de fortaleza
institucional y de plena vigencia de la legalidad, el trabajo de policía puede
ser una opción laboral y de desarrollo profesional como cualquier otra; pero, en
la circunstancia nacional actual, la invitación a que los jóvenes mexicanos se
integren a esa carrera equivale a colocarlos a merced de la violencia
generalizada y de las prácticas delictivas y corruptas que campean dentro y
fuera de esas corporaciones, y a hacerlos partícipes, con ello, de la
descomposición institucional generalizada y del baño de sangre cotidiano que
padece el país.
Por esta vía, la política en curso contra la delincuencia se
proyecta como un modelo de nación trastocado e indeseable, en el que se priorice
la creación de plazas policiales por sobre la formación de nuevos
profesionistas. Más valdría, en todo caso, cambiar de
estrategia.
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