Irrupciones al margen de la ley
Cateos y allanamientos ilegales
Miguel Concha
Vivienda del poeta Efraín Bartolomé, luego de ser allanada
por agentes mexiquenses, el pasado día 11Foto Yazmín Ortega
Cortés
El principio de inviolabilidad del domicilio está previsto en el
artículo 16 de nuestra Constitución, el cual establece que
nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento. Esto significa que nadie puede ingresar al domicilio de persona alguna sin contar con un mandato judicial expedido para tal efecto.
Los acontecimientos que tuvieron lugar la madrugada del 11 de agosto, en la
que elementos de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México
irrumpieron en domicilios particulares en el Distrito Federal, en el contexto de
un operativo tendiente a la captura de una persona señalada como líder
de una banda criminal, no dejan de ser preocupantes y reflejan una vez más la
fragilidad de nuestros derechos fundamentales frente a las acciones de los
cuerpos de seguridad.
El acceso ilegal esa madrugada a los diversos domicilios propició una serie
de abusos, que afortunadamente en este caso culminaron con una disculpa pública
y un acuerdo de reparación del daño, pero en la mayor parte de las ocasiones
estos hechos quedan impunes y fomentan la ilegalidad.
A algunos lectores les podrá parecer exagerada esta afirmación; sin embargo,
es necesario recalcar que ninguna acción de las autoridades, en el contexto de
la llamada guerra contra la delincuencia, puede ir en contra de los derechos
humanos. Aceptarlo significaría estar de acuerdo en que cualquiera entre a
nuestra casa sin nuestro consentimiento, sea autoridad o no.
Ya en 2008, en su propuesta de reforma constitucional en materia penal, el
titular del Ejecutivo federal había sugerido constitucionalizar la facultad de
cuerpos de seguridad para allanar domicilios sin una orden judicial. Gracias a
la oposición de la ciudadanía, afortunadamente esa propuesta no logró la
aprobación del Legislativo, que estaba destinada a legalizar acciones que de
facto ya se emprenden en el país.
En efecto, en su recomendación general número 19, publicada en el Diario
Oficial de la Federación el pasado 12 de agosto, la Comisión Nacional de
Derechos Humanos (CNDH) afirma que los cateos ilegales constituyen una práctica
común de los cuerpos policiales y las fuerzas armadas, que deberían ser
tipificados como delito.
Según la CNDH, de 2006 a la fecha
la situación es alarmante, pues se han tramitado 3 mil 786 expedientes de quejas de violaciones relevantes a derechos humanos, cometidas en cateos.
El año en que hubo más quejas fue 2009, con 947, pero en lo que va de 2011 se
han registrado 422. “Si esta práctica violatoria se mantiene, no se permitirá
moldear un marco de convivencia social justa y pacífica –advierte la CNDH–, y,
por el contrario, se atentará contra uno de los presupuestos básicos de los
derechos humanos, que es la cláusula de libertad y/o propiedad”.
La comisión asegura además que tras los allanamientos y cateos ilegales se ha
detectado que se incurre en una flagrancia simulada para tratar de justificar
legalmente esas arbitrariedades, llegando al extremo de colocar armas, drogas u
otros objetos para comprometer al involucrado.
En su recomendación la CNDH critica también el empleo del detector molecular
GT200, utilizado por miembros de las fuerzas armadas para presuntamente detectar
drogas, armas y explosivos en el ambiente, ya que viola la intimidad del
domicilio de las personas si no hay orden de cateo.
Otro punto lamentable que se debe relevar de lo ocurrido el día 11 en el
Distrito Federal es que al haber existido además daño en propiedad ajena, robos,
malos tratos e intimidación, se posterga en la atención de algunos medios el
allanamiento de morada perpetrado por los agentes estatales, lo cual no es una
cuestión menor, toda vez que muestra una falta de respeto a actos que requieren
un mínimo de legalidad y se encuentran prohibidos en los más diversos sistemas
de justicia del mundo.
En México, en particular en el Distrito Federal, el principio de
inviolabilidad del domicilio sólo se puede limitar cuando exista una orden
judicial que la autoriza. Ello está así contemplado en el Código de
Procedimientos Penales, que en su artículo 152 también señala que en dicha orden
debe especificarse el lugar que ha de inspeccionarse, la persona o personas que
hayan de aprehenderse, o los objetos que se buscan. Debe además limitarse esta
diligencia a esos puntos, y levantarse al final de la misma un acta
circunstanciada de los hechos, en presencia de dos testigos nombrados por el
ocupante del lugar cateado, o en su ausencia o negativa por la autoridad que la
practica.
Al parecer, ninguna de las actuaciones que se llevaron a cabo el 11 de agosto
cumplió con esos mínimos, y, en palabras del procurador de Justicia de la ciudad
de México, él mismo no tenía claro dónde se iban a llevar a cabo las
actuaciones, ni cuántos elementos participarían o qué se buscaba con las
mismas.
De igual forma, las diversas víctimas de dichos operativos señalan
que las autoridades no mostraron en momento alguno la orden expedida por la
autoridad competente o los objetivos que se buscaban. Ni qué decir que hasta el
momento no se ha exhibido acta circunstanciada sobre la manera en la que se
desarrollaron los acontecimientos. Las autoridades pretenden pasar por alto
estas violaciones, argumentando que son costos necesarios en este tipo de
acciones. Es tiempo ya de que la sociedad se manifieste de nueva cuenta contra
estas prácticas delictivas de las autoridades, que ponen en riesgo su libertad y
patrimonio.
Aunque duela, no se rían
Reformas a la ley de seguridad-Fisgón
Raúl García-Barrios
En México priva la incertidumbre y duele la falta de proyecto de
nación. Las únicas certezas, nada halagüeñas, son una soberanía ausente y un
tufo a irracionalidad neofascista. No sabemos qué futuro espera a la cultura y a
la democracia, ni cuál será el régimen político-administrativo con que nos
gobernaremos, o si la economía crecerá o se hundirá en la debacle de la
globalización. Pero para el futuro distante, todas estas incertidumbres son
nimias, dolores pasajeros de una sociedad en transición. De hecho, se potencian
y vuelven infinitas cuando se las combina con
la madre de todas las incertidumbres: la medioambiental. De lo que ocurra con el sistema ecosocial mexicano dependerá nuestro futuro como de ningún otro factor. No es sólo que nuestras formas básicas de vida serán afectadas de manera contundente por el calentamiento global, sino que la
locura ecocidamexicana (utilizando el término del filósofo Luis Tamayo) parece no tener fin. Las tasas de deforestación siguen entre las primeras del mundo, la especulación inmobiliaria y la minería a cielo abierto reclaman cada vez más territorio, más de la mitad del suelo mexicano está degradado y los ríos más importantes son un desastre. Cualquiera de los escenarios medioambientales se antoja catastrófico.
¿Qué pasa con nuestro derecho a un medio ambiente adecuado para el bienestar
y el desarrollo? ¿Qué pasa con la autoridad ambiental y su función de fomentar
la protección, restauración y conservación de los ecosistemas y recursos
naturales y bienes y servicios ambientales? Muchos lectores, sobre todo quienes
están entre los millones de afectados ambientales, querrán ahora burlarse para
no llorar, pero los invito a suspender su muy mexicano fatalismo y amarga
ironía, y a iniciar una reflexión de fondo de nuestra situación. No sólo somos
más de 100 millones quienes dependemos de que el gobierno cumpla con su
obligación, sino que miles de personas –funcionarios honrados y ciudadanos
organizados– realizan cotidianamente enormes esfuerzos en su favor con pocos
resultados. Quienes día a día tratamos de defender el medio ambiente estamos
convencidos de que la calidad del bienestar humano, el desarrollo y el medio
ambiente son una sola cosa, un conjunto inseparable. Somos parte de la
naturaleza y con los demás organismos biológicos formamos su herencia evolutiva;
nuestras normas éticas, jurídicas y políticas deben reflejarlo. Enfatizamos que
el derecho al medio ambiente es de carácter cooperativo, en el sentido de que la
cooperación social es condición indispensable para alcanzar los fines que tal
derecho contempla, y que el gobierno está obligado a garantizar la organización
efectiva, eficiente y sustentable de los sectores e individuos en un proceso de
cooperación social propicio. Pero en México, para maximizar la inversión
corporativa, el poder constitucional del Estado ha sido capturado, deformado y
desviado. El gobierno mexicano neoliberal ha posibilitado una perversa
desfiguración de los derechos individuales y sociales consagrados por nuestras
leyes, la inducción sistemática y estratégica de fallas de Estado ¡por el mismo
gobierno!, y la imposición y ocultamiento de una violencia de Estado contra la
población en lo que se refiere a la aplicación justa de la ley y la satisfacción
de sus necesidades básicas. Para los mexicanos se ha vuelto casi irreconocible
el contenido ético y político de nuestros derechos, deberes y leyes, y del mismo
gobierno: simplemente no sabemos qué son y por qué están. La sociedad y el medio
ambiente están separados artificialmente, el derecho a la vida se practica como
derecho al dominio irresponsable sobre la vida (incluyendo, claro está, la
humana) y el gobierno no propicia un estado social adecuado para los derechos
cooperativos. La aplicación de la Ley General del Equilibrio Ecológico y
Protección Ambiental (LGEEPA) está hecha ruinas.
Así lo señala claramente el manifiesto recién emitido por el colegio
académico del Centro Regional de Investigaciones Multidisciplinarias de la UNAM
(CRIM) frente los hechos ignominiosos ocurridos en torno al Programa de
Ordenamiento Ecológico del Territorio de Cuernavaca (véase www.educrim.org/drupal612/?q=node/153),
en los que participaron autoritariamente los tres niveles de gobierno y
regidores de casi todos los partidos políticos. El país debe compartir y
discutir este manifiesto, que señala algunos defectos principales de los
procedimientos de administración ambiental, destacando la falta de protección
adecuada a la participación informada y oportuna de la ciudadanía y la falta de
acceso a la justicia pronta, expedita e imparcial para quienes sufrimos del
deterioro medioambiental en donde vivimos, trabajamos y nos recreamos. Los
académicos del CRIM también invitan a la comunidad universitaria nacional a
iniciar un debate sobre la LGEEPA. Respondamos con energía a este llamado, e
incorporemos a toda la sociedad mexicana. La incertidumbre en que vivimos nos
abre una coyuntura política y social decisiva: de lo que hagamos ahora dependerá
el futuro de México. Discutamos en todo el territorio nacional la ley y la
política ambiental, y sus instrumentos y procedimientos de aplicación en el
país, los estados y los municipios. Y también suscribamos el manifiesto de los
Indignados en Defensa del POET de Cuernavaca, en www.facebook.com/notes/indignados-al-rescate-del-poet-por-las-barrancas-y-bosques-de-cuernavaca/manifiesto-ciudadano/262044250472480.
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