3 de agosto de 2011
Videos del Mundo
Enjuician a Mubarak por corrupción y asesinato
El derrocado líder egipcio, Hosni Mubarak, es procesado el día de hoy por su papel en una matanza de manifestantes y corrupción, Mubarak entró en una camilla en la sala del tribunal encargado de juzgarle, ubicada en la Academia de la Policía. TeleSUR
Videos de México
CIDH preocupada por la situación de migrantes en México
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), mostró su preocupación por los peligros que enfrentan miles de migrantes que cada año atraviesan México en su intento por llegar a Estados Unidos. TeleSUR
Resultados son los que necesitamos: Roy Campos
El presidente de Consulta Mitofsky dijo que promoverá que se abra una ventanilla a fin de que se les proporcione información a los familiares de dos encuestadores que ya se encuentran en Apatzingán.
Realizan visita guiada por frontera México-EU
La frontera entre México y EU es ahora un lugar turístico que los estadunidenses pueden visitar y ver por donde los mexicanos se intentan trasladar "al otro lado".
Responde Cordero a acusaciones de Creel
Ernesto Cordero, Secretario de Hacienda y Crédito Público, aseguró que nunca ha usado fondos públicos para hacer campaña, y que todas las reuniones son en su tiempo libre.
Entrevista a Procurador de Michoacán por desaparición de encuestadores
Jesús Montejano, Procurador de Michoacán, narró los hechos de la desaparición de los encuestadores de Mitofsky y de Parametría, asegurando que su búsqueda es prioridad.
PGR: Los establos de Augias
Plaza Pública
Miguel Angel Granados Chapa
El descabezamiento de la Procuraduría General de la República es la viva imagen de su deterioro. Se ha anunciado la depuración de la dependencia mediante el reemplazo de 21 delegados en otras tantas entidades de la República. Pero por lo menos tres más fueron removidos en las semanas recientes. De igual manera, hace un mes que renunció la subprocuradora Dilicya Samantha García Espinosa de los Monteros, que ejerció su cargo sólo 3 meses, luego de su nombramiento por la procuradora Marisela Morales. Antes de que ella misma cumpliera un mes en su cargo, y en su ausencia como señal de desdén, el almirante Wilfrido Robledo dimitió de la cabeza de la Policía Federal Ministerial, nombre legal y verdadero de lo que se insiste en llamar, como si eso la dotara de prestigio, Agencia Federal de Investigación, AFI.
Es grande la tentación de comparar a la procuraduría federal con los establos de Augias, el rey que en la mitología griega era poseedor de grandes hatos de ganado a los que albergaba en instalaciones que hedían cada día más porque el estiércol de las vacas no era removido nunca. Hasta que apareció Hércules que, en cumplimiento de su quinta hazaña dejó esas instalaciones flamantes, en un solo día. Claro que no realizó la operación a mano, tarea imposible, sino que se las ingenió para desviar dos ríos hacia los establos, cuyos caudales dejó fluir de manera que la corriente realizara la limpieza que aumentó la fama universal del forzudo e inteligente héroe.
Para nuestro infortunio, no hay un Hércules a la mano que logre depurar al personal de la PGR de modo cabal, para imprimir eficacia al órgano del Ejecutivo federal encargado de la persecución de los delitos. Una y otra vez, ante la evidencia de corrupción y negligencia, por citar sólo dos de los lastres que afectan a esa institución, se anuncian purgas que “ahora sí” higienizarán las oficinas de todo nivel del Ministerio Público Federal. Pero son anuncios las más de las veces carentes de contenido o que surten efectos sólo provisionalmente.
Cada procurador se asombra o enfurece, supongo, cuando conoce el estado en que recibe la dependencia a su cargo. Y por ello resuelve lavarla. En este mismo sexenio, el primero de los tres titulares designados por el presidente Calderón emprendió una espectacular Operación limpieza. Entre 2008 y 2009 fueron removidos veinticinco funcionarios del más alto nivel, entre ellos el subprocurador Noé Ramírez Mandujano, que está en prisión sujeto a proceso por los nexos con el crimen organizado que se le atribuyen. Su vacante fue ocupada por la actual procuradora, que ascendió al rango inmediato superior no obstante que su desempeño al frente de la SIEDO (la subprocuraduría a cargo de investigar a la delincuencia organizada) fue notoriamente insuficiente y fallido. Quizá por eso se la designó, pues al parecer en esta administración el objetivo no es lavar la casa, sino achicarla y dejarla en condiciones precarísimas, que le impidan realizar sus funciones constitucionales.
De varios modos parece que de eso se trata. Esta misma semana la revista Proceso muestra como su material principal el grado de penetración que agentes de la DEA realizan en perjuicio de la PGR, aunque con su avenimiento. Dadas las magras condiciones en que sobrevive la Policía Federal Ministerial, que en un breve lapso se llamó policía federal de investigación, la DEA toma a su cargo un número creciente de indagaciones, capturas e interrogatorios. Cuando se marchó en abril pasado Robledo, denunció en un documento interno el deplorable estado de la Policía a que dirigió unos cuantos meses. Además de su diagnóstico, es público que esa corporación es ya una oficina marginal en el ámbito policiaco, arrinconada por la Policía Federal.
El auge organizativo de este cuerpo representa una victoria del secretario Genaro García Luna. Eran conocidas sus diferencias y aun querellas con el procurador Eduardo Medina Mora, en un conflicto que se resolvió con el reemplazo del procurador y su envió a la corte de Saint James, a orillas del Támesis. Desde el principio de esta administración, y valido de su ascendiente sobre Calderón, García Luna se encaminó hacia su ideal organizativo, la Policía Única. Consiguió que su jefe confiara el mando de las dos policías federales, la AFI y la PFP a una sola persona, Ardelio Vargas, después diputado priísta y hoy secretario de Seguridad en Puebla, dentro del gobierno aliancista (panista-panalista en realidad) de Rafael Moreno Valle.
Aunque no prosperó la unificación de las policías, García Luna ganó para la suya la facultad de investigación y la de capturar a quienes lo ordene la justicia, funciones hasta ahora reservadas al Ministerio Público a través de su órgano policíaco. Hoy éste languidece, descabezado no sólo por negligencia, sino como parte de una estrategia cuyos perfiles se dibujan cada día con mayor nitidez.
¿Cómo serán sustituidos los veintitantos delegados a los que se ha despedido en los días recientes? Algunos de ellos fueron nombrados por el procurador Arturo Chávez Chávez apenas unas semanas antes de ser cesado.
Al parecer fueron designaciones desatinadas. Nada garantiza que las que ahora se emprendan serán de signo contrario. Tradicionalmente, el reclutamiento del personal de alto nivel de la PGR se realizó con base en recomendaciones, no necesariamente desinteresadas, o para satisfacer compromisos políticos. No hay una vía de incorporación y ascenso basada en méritos medibles. Debe haberla..
Es grande la tentación de comparar a la procuraduría federal con los establos de Augias, el rey que en la mitología griega era poseedor de grandes hatos de ganado a los que albergaba en instalaciones que hedían cada día más porque el estiércol de las vacas no era removido nunca. Hasta que apareció Hércules que, en cumplimiento de su quinta hazaña dejó esas instalaciones flamantes, en un solo día. Claro que no realizó la operación a mano, tarea imposible, sino que se las ingenió para desviar dos ríos hacia los establos, cuyos caudales dejó fluir de manera que la corriente realizara la limpieza que aumentó la fama universal del forzudo e inteligente héroe.
Para nuestro infortunio, no hay un Hércules a la mano que logre depurar al personal de la PGR de modo cabal, para imprimir eficacia al órgano del Ejecutivo federal encargado de la persecución de los delitos. Una y otra vez, ante la evidencia de corrupción y negligencia, por citar sólo dos de los lastres que afectan a esa institución, se anuncian purgas que “ahora sí” higienizarán las oficinas de todo nivel del Ministerio Público Federal. Pero son anuncios las más de las veces carentes de contenido o que surten efectos sólo provisionalmente.
Cada procurador se asombra o enfurece, supongo, cuando conoce el estado en que recibe la dependencia a su cargo. Y por ello resuelve lavarla. En este mismo sexenio, el primero de los tres titulares designados por el presidente Calderón emprendió una espectacular Operación limpieza. Entre 2008 y 2009 fueron removidos veinticinco funcionarios del más alto nivel, entre ellos el subprocurador Noé Ramírez Mandujano, que está en prisión sujeto a proceso por los nexos con el crimen organizado que se le atribuyen. Su vacante fue ocupada por la actual procuradora, que ascendió al rango inmediato superior no obstante que su desempeño al frente de la SIEDO (la subprocuraduría a cargo de investigar a la delincuencia organizada) fue notoriamente insuficiente y fallido. Quizá por eso se la designó, pues al parecer en esta administración el objetivo no es lavar la casa, sino achicarla y dejarla en condiciones precarísimas, que le impidan realizar sus funciones constitucionales.
De varios modos parece que de eso se trata. Esta misma semana la revista Proceso muestra como su material principal el grado de penetración que agentes de la DEA realizan en perjuicio de la PGR, aunque con su avenimiento. Dadas las magras condiciones en que sobrevive la Policía Federal Ministerial, que en un breve lapso se llamó policía federal de investigación, la DEA toma a su cargo un número creciente de indagaciones, capturas e interrogatorios. Cuando se marchó en abril pasado Robledo, denunció en un documento interno el deplorable estado de la Policía a que dirigió unos cuantos meses. Además de su diagnóstico, es público que esa corporación es ya una oficina marginal en el ámbito policiaco, arrinconada por la Policía Federal.
El auge organizativo de este cuerpo representa una victoria del secretario Genaro García Luna. Eran conocidas sus diferencias y aun querellas con el procurador Eduardo Medina Mora, en un conflicto que se resolvió con el reemplazo del procurador y su envió a la corte de Saint James, a orillas del Támesis. Desde el principio de esta administración, y valido de su ascendiente sobre Calderón, García Luna se encaminó hacia su ideal organizativo, la Policía Única. Consiguió que su jefe confiara el mando de las dos policías federales, la AFI y la PFP a una sola persona, Ardelio Vargas, después diputado priísta y hoy secretario de Seguridad en Puebla, dentro del gobierno aliancista (panista-panalista en realidad) de Rafael Moreno Valle.
Aunque no prosperó la unificación de las policías, García Luna ganó para la suya la facultad de investigación y la de capturar a quienes lo ordene la justicia, funciones hasta ahora reservadas al Ministerio Público a través de su órgano policíaco. Hoy éste languidece, descabezado no sólo por negligencia, sino como parte de una estrategia cuyos perfiles se dibujan cada día con mayor nitidez.
¿Cómo serán sustituidos los veintitantos delegados a los que se ha despedido en los días recientes? Algunos de ellos fueron nombrados por el procurador Arturo Chávez Chávez apenas unas semanas antes de ser cesado.
Al parecer fueron designaciones desatinadas. Nada garantiza que las que ahora se emprendan serán de signo contrario. Tradicionalmente, el reclutamiento del personal de alto nivel de la PGR se realizó con base en recomendaciones, no necesariamente desinteresadas, o para satisfacer compromisos políticos. No hay una vía de incorporación y ascenso basada en méritos medibles. Debe haberla..
La vergüenza del sur
Ricardo Rocha
“Yo fui violada por el mero jefe de ellos”, dijo la joven hondureña en pleno Senado. Y no se refería a un jefe sicario, sino al de los agentes del tristemente célebre INM.
Y éste es sólo uno de los miles de ejemplos de la ignominia generada por el organismo más vergonzante del Gobierno: el Instituto Nacional de Migración; no únicamente ineficiente, sino metido hasta las orejas en el miasma de la corrupción. Y peor aún, inmiscuido en el más ruin y sanguinario de los comercios criminales de estos tiempos: la trata de personas. El tráfico de seres humanos,
Lo que comenzó como “mordidas” inofensivas de 100 pesos por cruce y cuotas similares por permitir prostitución con los gobiernos priístas ha derivado en un gigantesco y aberrante negocio con los panistas. Lo más indignante es que suman miles –sin exageración alguna– las denuncias documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ONGs. Mientras los dos últimos gobiernos federales no han hecho absolutamente nada para remediar una situación que, para deshonra de este país, nos ha convertido en los más crueles y despiadados explotadores de migrantes del planeta. No hay en el mundo otra frontera tan infame como la nuestra.
Y si cree que exagero, sólo le recuerdo la masacre de San Fernando, Tamaulipas, que nos reconfirmó entre la comunidad internacional como un pueblo de bárbaros. Al que no conviene preservar los más elementales derechos humanos de los migrantes que atraviesan nuestro territorio rumbo al sueño americano, porque se beneficia del negocio como socio del crimen organizado. Así ocurrió en ese capítulo, en el que 58 hombres y 14 mujeres fueron primero pastoreados y luego entregados como carne de matadero cuando algo falló en el mecanismo de extorsión. Aunque lo más grave del caso es que a la directora del INM, Cecilia Romero –obligada a renunciar por la presión pública–, se le blindó con el cargo de secretaria general del PAN.
Según datos de la CNDH, son 18 mil los migrantes centroamericanos secuestrados cada año en México y miles más extorsionados. Un negocio gigantesco de un centenar de millones de dólares, que nadie podría creer que se queda en los mandos inferiores y medios. Por lo que es absolutamente válida la pregunta de qué tan alto salpica la corrupción del INM –dependiente, por cierto, de Gobernación– y a quiénes beneficia.
Por todo ello, y más, resulta encomiable el esfuerzo de 500 migrantes encabezados por el heroico padre Alejandro Solalinde para, desde el 24 de julio en Guatemala, emprender la Caravana Paso por Paso Hacia la Paz hasta la Ciudad de México, donde han demandado tres acciones al Gobierno mexicano: que cancele las visas, que de plano desaparezca el horrendo Instituto Nacional de Migración y… en términos un poco más coloquiales “que deje de ser agachón y que deje de ser ojete con sus hermanos del sur y haga lo que tiene que hacer”.
Se ve difícil, porque hasta ahora no hay la menor intención de corregir este cotidiano crimen de lesa humanidad. Hay mucho dinero de por medio; aun los encuentros presidenciales de buenos propósitos no pasan de ser un requisito para la foto. Y que en el fondo subyace la doble moral de regular en apariencia una migración que descongestiona en gran medida la miseria imperante en la zona. Lo terrible es que al cruzar la frontera sea absorbida por una descomunal trituradora humana de la que salen sangre y billetes. Y que, de paso, nos inhabilita moralmente para exigir un trato humanitario a nuestros propios migrantes mexicanos cuando logran cruzar al otro lado. ¿Con qué cara podríamos alegar nada si lo que allá ocurre es Disneylandia frente al infierno dantesco que les hacemos padecer aquí?
Es cierto, como apunta el ombudsman Raúl Plascencia, hay avances notables como la Ley de Migración y la reforma en materia de derechos humanos, pero mientras no se desaparezca o se reinvente una escoria como el INM, seguiremos manchados y marcados por la vergüenza.
Y éste es sólo uno de los miles de ejemplos de la ignominia generada por el organismo más vergonzante del Gobierno: el Instituto Nacional de Migración; no únicamente ineficiente, sino metido hasta las orejas en el miasma de la corrupción. Y peor aún, inmiscuido en el más ruin y sanguinario de los comercios criminales de estos tiempos: la trata de personas. El tráfico de seres humanos,
Lo que comenzó como “mordidas” inofensivas de 100 pesos por cruce y cuotas similares por permitir prostitución con los gobiernos priístas ha derivado en un gigantesco y aberrante negocio con los panistas. Lo más indignante es que suman miles –sin exageración alguna– las denuncias documentadas por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y ONGs. Mientras los dos últimos gobiernos federales no han hecho absolutamente nada para remediar una situación que, para deshonra de este país, nos ha convertido en los más crueles y despiadados explotadores de migrantes del planeta. No hay en el mundo otra frontera tan infame como la nuestra.
Y si cree que exagero, sólo le recuerdo la masacre de San Fernando, Tamaulipas, que nos reconfirmó entre la comunidad internacional como un pueblo de bárbaros. Al que no conviene preservar los más elementales derechos humanos de los migrantes que atraviesan nuestro territorio rumbo al sueño americano, porque se beneficia del negocio como socio del crimen organizado. Así ocurrió en ese capítulo, en el que 58 hombres y 14 mujeres fueron primero pastoreados y luego entregados como carne de matadero cuando algo falló en el mecanismo de extorsión. Aunque lo más grave del caso es que a la directora del INM, Cecilia Romero –obligada a renunciar por la presión pública–, se le blindó con el cargo de secretaria general del PAN.
Según datos de la CNDH, son 18 mil los migrantes centroamericanos secuestrados cada año en México y miles más extorsionados. Un negocio gigantesco de un centenar de millones de dólares, que nadie podría creer que se queda en los mandos inferiores y medios. Por lo que es absolutamente válida la pregunta de qué tan alto salpica la corrupción del INM –dependiente, por cierto, de Gobernación– y a quiénes beneficia.
Por todo ello, y más, resulta encomiable el esfuerzo de 500 migrantes encabezados por el heroico padre Alejandro Solalinde para, desde el 24 de julio en Guatemala, emprender la Caravana Paso por Paso Hacia la Paz hasta la Ciudad de México, donde han demandado tres acciones al Gobierno mexicano: que cancele las visas, que de plano desaparezca el horrendo Instituto Nacional de Migración y… en términos un poco más coloquiales “que deje de ser agachón y que deje de ser ojete con sus hermanos del sur y haga lo que tiene que hacer”.
Se ve difícil, porque hasta ahora no hay la menor intención de corregir este cotidiano crimen de lesa humanidad. Hay mucho dinero de por medio; aun los encuentros presidenciales de buenos propósitos no pasan de ser un requisito para la foto. Y que en el fondo subyace la doble moral de regular en apariencia una migración que descongestiona en gran medida la miseria imperante en la zona. Lo terrible es que al cruzar la frontera sea absorbida por una descomunal trituradora humana de la que salen sangre y billetes. Y que, de paso, nos inhabilita moralmente para exigir un trato humanitario a nuestros propios migrantes mexicanos cuando logran cruzar al otro lado. ¿Con qué cara podríamos alegar nada si lo que allá ocurre es Disneylandia frente al infierno dantesco que les hacemos padecer aquí?
Es cierto, como apunta el ombudsman Raúl Plascencia, hay avances notables como la Ley de Migración y la reforma en materia de derechos humanos, pero mientras no se desaparezca o se reinvente una escoria como el INM, seguiremos manchados y marcados por la vergüenza.
Cacería de migratorios-Ahumada
Desapariciones desafíos e irrealidad
La Procuraduría General de Justicia de Michoacán confirmó ayer la desaparición de tres trabajadores de la empresa Parametría en el municipio de Apatzingán, con lo que suman nueve los encuestadores privados de su libertad en esa localidad en menos de una semana. Cabe recordar que en días previos la firma Consulta Mitofsky informó que había perdido contacto con seis de sus empleados desplazados en esa misma comunidad.
Sin soslayar que la principal responsabilidad de las autoridades es dar con el paradero de los encuestadores, el episodio no deja de ser indicativo de la debacle generalizada del estado de derecho que se vive en el país, del colapso de la seguridad pública, del auge de las organizaciones delictivas y de que las instituciones del Estado han perdido control territorial.
El caso de Michoacán –donde los grupos criminales ejercen un vasto poder fáctico sobre varias localidades, y donde la violencia se ha traducido incluso en ataques indiscriminados contra la población en general, como los ocurridos la noche del 15 de septiembre de 2008 en Morelia– permite ponderar, con particular crudeza, el fracaso de la estrategia antinarco lanzada en los primeros meses del actual gobierno: cabe recordar que fue precisamente en esa entidad donde se ensayaron los primeros operativos militares contra el crimen organizado, luego reproducidos a escala nacional. Sin embargo, el presunto secuestro de los encuestadores –además de la cuota diaria de asesinatos o levantones relacionados con el narco– pone en entredicho la prédica oficial optimista acerca del debilitamiento de las instancias delictivas a consecuencia de las acciones gubernamentales, y permite ponderar la ineficacia de éstas para restablecer la legalidad.
Por lo demás, es imposible desvincular dichas desapariciones del clima preelectoral en la entidad rumbo a los comicios estatales de noviembre próximo, empezando por el hecho de que, según la información disponible, los trabajadores de Consulta Mitofsky y Parametría se encontraban realizando sondeos sobre preferencias electorales al momento de ser privados de su libertad.
En ese sentido, el hecho constituye un mensaje inequívoco para la clase política que ha pretendido aparentar, en esa entidad y en todo el país, una normalidad institucional y democrática. Tal pretensión adquiere tonos de irrealidad, de insensibilidad social y hasta de irresponsabilidad en el momento presente, sobre todo cuando eventos como los comentados dan cuenta de la determinación cada vez más desembozada de la criminalidad de irrumpir en el panorama político.
En el caso concreto de Michoacán, sería ingenuo soslayar que el clima de violencia e impunidad, así como el control que diversos grupos delictivos ostentan en varios puntos del territorio estatal, pueden llegar a interferir e incluso imposibilitar el desarrollo de comicios mínimamente confiables, por no hablar de la posible infiltración de la delincuencia organizada en partidos, candidaturas y organismos electorales.
En suma, la agresión contra los encuestadores en el municipio michoacano no es únicamente un delito –de suyo condenable– contra nueve personas y sus respectivos entornos familiares y laborales, sino constituye un atentado contra la lógica de los procesos democráticos, que necesitan, para realizarse, de condiciones mínimas de normalidad en la vida pública, hoy ausentes en amplias franjas del territorio nacional. El desaliento y escepticismo de la sociedad sobre los asuntos de la vida política son multiplicados por el temor y la zozobra generados por la operación de la delincuencia organizada y la incapacidad gubernamental para combatirla.
Astillero
Desarmar el rompecabezas
Avanza la bota
Mensaje michoacano
Deshabilitar opciones
Julio Hernández López
Vistosas maniobras militares en el patio de operaciones llamado San Lázaro. Para empezar, conscriptos trianuales presentaron armas de fantasía en una comisión clave, la de Gobernación, al conseguir, por disciplinada mayoría de votos, una peculiar aprobación en lo general de modificaciones a la Ley de Seguridad Nacional aunque manteniendo bajo reserva, para su discusión y votación, los artículos de esa misma reforma, uno por uno, en un vistoso juego de pirotecnia procesal que pretende dosificar la molestia popular que podrían generar esas novedades normativas, pues buscan dar marco legal al autoritarismo actuante desde 2006 e incluso abrirle más anchas avenidas de represión a movimientos y protestas sociales y a la declaratoria formal de estados calderónicos de excepción.
Atole procesal con el dedo del presunto debate a fondo del articulado integralmente impugnado, pues a fin de cuentas ya se tiene el acuerdo de los votantes que hacen mayoría: el panismo cuyo comandante en jefe de inmediato celebró los primeros resultados; el peñanietismo que pasados los comicios mexiquenses ya puede empujar los escenarios de guerra que cree le tocará administrar a partir de 2012, y el chuchismo-perredismo siempre redituablemente colaborador. La única oposición expresa ha sido la del PT, cuya bancada tiene como principales expositores a personajes identificados con el lopezobradorismo. Por lo pronto, se tomarán en cuenta las observaciones y sugerencias de la sociedad civil, en particular del movimiento dirigido por Javier Sicilia y Emilio Álvarez Icaza, y falta afinar puntos controvertidos con el beltronismo senatorial, además de que el PRI podría a última hora echarse atrás en el pleno y dejar esos acuerdos en la congeladora si el calderonismo no cede todo lo que la gerencia tricolor demande.
En caso de que fueran autorizadas esas nuevas reglas, calderohólicos, peñanietistas y chuchos solidarios estarían en mejores condiciones de imponer, por ejemplo, resultados electorales que fueran definidos en las alturas de ese bipartidismo esencial (PAN y PRI). Con esta probable ley en la mano, Fox podría haberle hecho caso a Calderón y haber ordenado el desalojo del plantón de 2006 sin que ningún secretario de la Defensa Nacional preguntara por los fundamentos legales de tal acometida. Si avanzaran estas reformas, Calderón podría darles garantías jurídicas a los mandos militares de que sus eventuales excesos de fuerza y violaciones a los derechos humanos tendrían una mejor sombrilla protectora.
Aunque, a la vista de lo que sucede en la tierra presuntamente gobernada por Leonel Godoy, tal vez ni protestas electorales haya en el horizonte inmediato. El mensaje constante que se promueve desde Michoacán es claro: no hay más viabilidad electoral. No sólo es la imposición nepótica con sabor a Cocoa, que expresamente rompe cualquier idea de equidad y que coloca al bélico gobierno federal en una trinchera familiar frente al resto de los contendientes. Ni solamente ha de hablarse del proceso intencional de descomposición del escenario estatal (el michoacanazo, como ejemplo extremo de uso, impune, de lo institucional para proyectos grupales o familiares) o de la exploración abierta de posibilidades de virtual cancelación de los comicios para instaurar una candidatura de unidad decidida en las cúpulas de lo político y lo empresarial.
Hay algo más, que hoy se ve agudizado por el doloroso caso de los nueve encuestadores desaparecidos allá: el rompecabezas se va desarmando conforme a lo previsto. No se trata de ensamblarlo o de construir, sino de enrarecer, inhibir y deshabilitar la de por sí muy deteriorada opción electoral de 2012, en un paso natural que va del militarismo impuesto en 2006 como forma de control social hasta desembocar en la programada amenaza del narcotráfico que ¡sorpresa! podría impedir, como ya lo está haciendo, el ejercicio cívico venidero.
Nada embona, nada funciona, nada garantiza viabilidad electoral: la cúpula ejecutiva del Instituto Federal Electoral, por ejemplo, es intencionalmente mantenida en la desintegración, con sólo seis de nueve consejeros, ofreciendo un flanco peligroso a las impugnaciones jurídicas que podrían deslegitimar todo el proceso en curso, además de que los propios consejeros actuales constituyen, con sus lamentables dichos y pésimas decisiones, una permanente incitación a la desobediencia cívica. El tribunal electoral federal tampoco ofrece credibilidad, convertido como está en tianguis donde las influencias partidistas empujan las decisiones jurídicas hacia el marchante más generoso o promisorio.
Así, cada día va tomando cuerpo la posibilidad de que el avispero desatado por Calderón en 2006 haga imposible la realización de comicios federales o que sus resultados sean condicionados o definidos por esos factores en armas. El secuestro en Michoacán de encuestadores pertenecientes a empresas privadas no es una excepción, aunque ha tenido más resonancia que anteriores secuestros de encuestadores pertenecientes a entidades públicas, como el Inegi. Habrá de verse lo que sucederá en las vísperas electorales si las amenazas del narco o, más bien dicho, de ciertos segmentos del narco, hacen desistir a funcionarios de mesas directivas de casillas y a representantes de candidatos y a estos mismos, y cuando los presuntos votantes prefieran la seguridad de sus casas al riesgo anunciado en las urnas. Si no hubiese sido intencional la creación de este peligro para México, algunos personajes con ánimo de mantenerse en el poder, haya de ser como haya de ser, podrían sentirse satisfechos de esta nueva ocasión en que la realidad supera a la ficción.
Y, mientras el Cordero de Los Pinos dice que dará el Fuá para ser Presidente (nótese cómo el tecleador elude con prudencia el hacer juegos de palabras o referencias al contexto húmedo del famoso grito original), ¡hasta mañana, con el Vicentillo denunciando que la DEA protege al capo bisexenal intocable, y con El Diego denunciando que policías estatales y municipales le protegían en Ciudad Juárez!
Ahí va el golpe-Fisgón
Actualidad y legado
Luis Linares Zapata
Dos sexenios consecutivos con panistas al mando del Ejecutivo federal son suficientes para extenderles reprobatorio certificado por hipócrita deshonestidad, pésima gestión y entreguista actitud operativa. Su legado es, en verdad, indigno de un partido que declaraba al bien común como su norma y horizonte. Sus varias generaciones de funcionarios y políticos involucrados en tal empresa tendrían que reclamar el insulto que implica la triste actualidad de sus seguidores. El país ha resentido su conducción en carne viva pero, en especial, la padece por el quiebre ético que proyectan, ya sin recato alguno. Las mayorías del país han salido más que perjudicadas en sus haberes y expectativas de futuro. Poco habría que agregar dada la incapacidad panista para edificar un mundo de oportunidades asequibles, pujante construcción económica, paz con justicia y vida digna para los más.
El dilatado periodo panista frustró el cambio entrevisto y deseado por muchos. Las mayorías, ahora depauperadas más allá de toda decencia, han sido engañadas con falsas promesas de progreso instantáneo, trampeadas en el ejercicio de sus derechos básicos (fraude) y usadas con ramplón cinismo para fines diversos a los declarados. Los dos titulares panistas del Ejecutivo federal son los directamente responsables. Uno de ellos frívolo, tonto, resentido e ignorante. El otro, mentiroso, inepto y faccioso. La dupla mencionada ha dejado en peores condiciones a los mexicanos que lo vivido durante el decadente priísmo de finales de siglo, cuando mandaban sus últimos presidentes: De la Madrid, Salinas y Zedillo.
Nada de lo anteriormente expuesto ha sido gratuito. Grandes sectores sociales han propiciado tal estado de cosas que tienen, como resultado, postrada a la nación. Las clases medias acomodadas (esa porción que ingresa más de 10 mil pesos mensuales) se han regodeado en su individualismo con fiereza inaudita. Piensan, con dosis de inocencia pueril, que poco o nada de lo negativo que acontece a su derredor habrá de tocarlas o perturbarles su remanso, tan artificial como precario. Y, cuando son rozados por la mirada de los miserables, los deplorables servicios públicos, el desempleo, la intranquilidad por el futuro o la violencia desatada se declaran, con voces de lamento, sorprendidos, aterrados, heridos, burlados por sus liderazgos. Buscan entonces el repuesto inmediato a sus arraigados temores sólo para caer en salidas engañosas: claman por la vuelta del priísmo al que edulcoran con recambios de actitud, cierta maestría y una imagen atractiva de candidato manipulable. En el extremo, se aferran a la mano dura y la fuerza providencial.
La crítica orgánica al sistema entra así, por estos días de premuras y aprietos, con grandes bocinas y desplantes airosos, en la operación de sepultar lo maltrecho y con el ánimo de prolongar lo establecido. La academia, infestada por sus propios prestigios de gueto y contenidas pasiones de mandarines, se apresura a llenar huecos conceptuales, sembrar seguridades faltantes y dar municiones verbales a los grupos de poder para su continuidad en el mando. El modelo en boga debe ser preservado a toda costa es la consigna. Es el referente para fundar lo conocido, eso que puede dar tranquilidad aunque sea imperfecta, el faltante se conseguirá en un dilatado tiempo siempre pospuesto para mejor ocasión. Sin ese modelo operando reinará la anarquía, afirman con voz de catedrático inapelable. Se desatan entonces las persecuciones a todo aquello o aquellos que se mueven en la periferia sistémica. Los que desatienden y hasta desprecian las ataduras que tratan de imponer las normas aceptadas o la corrección en el decir y el hacer públicos. A ésos que son molestos, inapresables, portadores de palabras inquietantes, pues nombran las cosas como es debido, hay que dictarles bulas de exclusión: tienen muchos negativos para ser triunfadores, les achacan con suficiencia de ballenatos encuestados. A los que encuentran las razones efectivas, los que van, sin tapujos ni penas ajenas, hasta los orígenes de los fracasos, les ensartan el título de rijosos, poco modernos y desactualizados. Con apuros y a gritos diarios, los declaran polarizantes: esos que denuncian los abusos sin medida que ejecutan los usufructuarios de las buenas conciencias. Lo cierto es que los promotores del cambio efectivo, base indispensable para entronizar la justicia efectiva portan, en sí mismos, promesas dañinas para aquellos pocos que gozan de privilegios heredados o adquiridos en la trifulca cotidiana del tráfico de influencias.
Ser ahora de izquierda es, también, ser democrático. Es decir, perseguir, al mismo tiempo, la justicia aceptando, con el debido respeto, la pluralidad y la disidencia. Pero, de manera obligada, es poner el acento donde duele si se vive en una sociedad profundamente injusta, no por designio divino, mala suerte o destino inexorable, sino por el apañe, la prepotencia, la ambición desatada de los soberbios beneficiados en extremo. Evadir tal verdad o disfrazarla es traicionar a la izquierda a la que se pertenece. El meollo en el México de hoy no se encuentra en la conciliación fingida sino en la negociación dura, franca, abierta, propositiva, de salidas dignas y justas. Negociar no es transar en el sentido de sacar indebida raja o favorecer intereses particulares a cambio de distraer los haberes y servicios públicos. Ser rijoso, en estos tiempos de desventuras y sacrificios enormes (con 13 millones de nuevos pobres al hombro: Coneval) es absolutamente indispensable. Todo aquel que predica temperancia con lo establecido, y antifaz para con lo que ata y expolia en pos de la tranquilidad social, es un tramposo convenenciero. La modosidad que apacigua o la manipulación que atonta o distrae es hacer el juego al voraz a costa de la sangría permanente a los de abajo. El candidato de la izquierda debe emanar de la presión popular organizada que ansía el cambio, no la de los indiferentes. Para triunfar en las urnas y ser fiel al proyecto de justicia y democracia, hay que apoyarse, en primera instancia y de manera definitoria, en los inconformes. Junto con ellos buscar a los demás que dudan entre opciones o a los desahuciados por el sistema. Pero sólo será con los primeros, con quienes se podrá trasformar lo injustamente establecido.
Sin regateos-Helguera
AI no exagera la situación del país es terrible: Ibarra
Andrea Becerril y Alma Muñoz
Periódico La Jornada
Miércoles 3 de agosto de 2011, p. 8
Miércoles 3 de agosto de 2011, p. 8
La alerta lanzada la víspera por Amnistía Internacional (AI) sobre una degradación en México en materia de derechos humanos similar a la vivida en países del cono sur, fue secundada ayer por activistas, como la senadora Rosario Ibarra, quien pidió atender la advertencia, sobre todo por venir de una organización seria que conoce perfectamente la situación y no se equivoca cuando afirma que el país está al borde de una represión sistematizada.
El obispo de Saltillo, Raúl Vera, dijo que la falta de procuración de justicia, la militarización del país y la propuesta de Ley de Seguridad Nacional que permite la injerencia de las fuerzas armadas en labores de seguridad interior significan virtualmente un golpe de Estado, porque estos elementos evidencian que la pauta de gobernabilidad está en manos del Ejército.
Actualmente, dijo, se está sustituyendo la procuración de justicia por la intervención de las fuerzas armadas, con lo que prácticamente estamos viviendo una dictadura.
Respecto de las desapariciones forzadas en diversos estados del país, Vera expresó que aun cuando hay evidencia de la participación del Ejército en varios casos, las autoridades estatales han sido incapaces de procurar justicia
Consideró que la guerra contra el narcotráfico podría acarrear la implementación de la guerra sucia una vez más en México, ya que se le está dando a esa lucha un carácter contrainsurgente en el cual se criminaliza la protesta social.
Con el diagnóstico de AI coincidieron también la Red Todos los Derechos para Todos y el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Prodh), los cuales enfatizaron sobre la falta de investigación a los gravísimos problemas de violación de derechos humanos en México.
En el Senado, Rosario Ibarra resaltó: AI no exagera; la situación en México es terrible, basta la cifra de más de 50 mil muertos y miles de desparecidos en lo que va de la administración de Felipe Calderón.
Pidió además a las autoridades tomar en cuenta la opinión de AI, una organización que a ella la ayudó muchísimo en la búsqueda de desaparecidos y gracias a su intervención lograron recuperar a 148 de ellos, que estaban en el Campo Militar número uno y en otras prisiones castrenses.
Sostuvo que tiene toda la razón AI cuando habla de la impunidad, ya que en los 36 años que tiene de luchar es el panorama con el que se ha topado. Es una vergüenza, pero no hay castigo para los responsables; demandé al ex presidente Luis Echeverría en agosto del año pasado y no hay avance alguno, no lo obligan a declarar.
El senador priísta Carlos Jiménez Macías dijo que es válida la alerta, ya que con el pretexto del crimen organizado, diariamente se vulneran los derechos humanos.
Por el lado de las organizaciones no gubernamentales, José Rosario Marroquín, director del Prodh, indicó que hoy el Estado actúa sin ningún control y hay un uso sistemático de los aparatos de justicia para actuar contra líderes sociales.
Agnieszka Racynska, secretaria técnica de la Red Todos los Derechos para Todos, indicó que las gravísimas violaciones a los derechos humanos se dan en un contexto de impunidad, porque no hay esfuerzo alguno por parte del Estado mexicano, incluidos gobiernos locales, para investigar.
Con los atentos saludos-Hernández
Las rebanadas del pastel
Carlos Fernández-Vega
Prioridades, ante todo: mientras el gobierno calderonista alegremente gasta 120 millones de pesos en una panegírica telenovela rascuache (El equipo, de García Luna Productions), millones de niños mexicanos pasan hambre: en pobreza, 21.4 millones de niños y adolescentes; 53.8 por ciento de ellos, menores de 18 años: 5.1 millones padecen condiciones extremas de miseria; falta de acceso a la alimentación, la que más creció en este sector; 11.7 millones de pequeños y jóvenes sufren hambre
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