Acteal: 14 años de impunidad- Larga historia de agresiones a normales rurales- El rito del eterno retorno

El rito del eterno retorno

Rolando Cordera Campos

Escribo rito y no mito porque en Guerrero no se inventa; sólo se sufre y se muere. Una y otra y otra vez, hasta convertir el arco secular de su violencia en un círculo alucinante de repetición mortuoria que recoge las hazañas del pueblo guerrerense y los abusos del poderoso en turno quien, a su vez, recoge los mandatos de los poderes de siempre enfeudados en la tierra o el bosque, el comercio y la usura, y ahora (¿ahora?), el cultivo y tráfico de drogas.

Para un memorioso deteriorado, lo ocurrido este 12 de diciembre en la Autopista del Sol despierta los ecos lúgubres de los años 60: Chilpancingo e Iguala, Caballero Aburto y sus demenciales matanzas; Genaro Vázquez Rojas, del secuestro a la prisión y su posterior rescate para refugiarse en el monte.
O Abarca Alarcón y Atoyac, con un Lucio Cabañas que, frente a una nueva masacre, se va para el cerro a formar su Brigada del Partido de los Pobres. O el segundo Figueroa y Aguas Blancas enrojecidas de sangre, con vaya a saberse cuántos jóvenes y viejos campesinos ya en la sierra y por otros caminos del sur.
La irresponsabilidad gubernamental en el desalojo criminal de los estudiantes normalistas de Ayotzinapa que habían tomado la autopista nos remite también a los relatos de Othón Salazar y su permanente denuncia del atropello policial, que no hacía sino revelar la incapacidad de los gobernantes para registrar en pupilas y neuronas la presencia de los pobres más pobres de las tierras sureñas.
La única capacidad mostrada: convertir en invisibles a los débiles, para así justificar el uso desmedido de la fuerza para responder a sus reclamos. Y vuelta a la tuerca de la desesperación y la ira.
Convocar a otro ¡Basta ya!, que no fuera reiteración resignada, debería implicar el examen detallado y sin concesiones de la actuación policial y judicial del estado y la Federación antes, si es que eso es posible, de que nos sometan a una aberrante guerra de videos al gusto.
Pero junto con la exigencia de cuentas claras de la autoridad y el castigo de los culpables, es indispensable que el país entero se haga cargo de la desproporción en que anidan esta y otras tragedias, como la que nos contara La Jornada hace unos días tras el sacrificio de don Trino en Aquila.

El pozo de la pobreza sometida a una desigualdad que se reproduce sin coto, articula la lucha por la propiedad colectiva o la demanda estudiantil de un poco más de dinero para comer, que el gobernador de Guerrero había prometido resolver pronto. Pero también da cuenta de una incongruencia profunda del edificio republicano y ahora democrático que debería reinar y modular el conflicto social pero no lo hace.

Arriba de ese pozo impera, como antes de que presumiéramos de urbanos, demócratas y globalizados, la incultura impune de la riqueza cuyos designios obedecen los matones y buscan edulcorar los nuevos intérpretes del poder oligárquico. Se nutre y despliega el mal gobierno, contra el que se levantaron los revolucionarios de todos los tiempos. Y sigue ahí, aferrado a la impunidad y la ley del más fuerte.

De nuevo, como lo contara Arturo Cano ayer en La Jornada, los jóvenes que se aferran a la esperanza y sobreviven como pueden entre los muros deteriorados de la enseñanza normal nacional, como gaviotas o arrejuntados para compartir frijoles, condensan el gran reto nacional de una juventud desperdiciada que no tiene educación ni empleo seguro, ni expectativa de vida digna y buena. La crisis política, conforme al rito nefando, se cierne de nuevo sobre las tierras de don Juan Álvarez, pero el pronóstico debiera ser reservado y cuidadoso, sometido a los acosados pero fundamentales criterios de justicia, seguridad y democracia.

De no ser así, sólo quedará la ampliación del círculo corrosivo de reclamo, muerte, decepción y posterior escarnio desde el poder que ha marcado la vida de Guerrero. Y frente a esto, la desesperación rencorosa que todo lo aniquila.

Los caminos del sur ya no sólo van para Guerrero.

Acteal: 14 años de impunidad

Gilberto López y Rivas

Misa para las víctimas de la matanza de Acteal en 1997Foto Carlos Cineros

Este 22 de diciembre se cumplen 14 años de la matanza de Acteal. Ese fatídico día, durante horas, un grupo paramilitar entrenado, armado y protegido por las más altas jerarquías militares, policiacas y civiles de los tres niveles de gobierno, asesinó con toda premeditación, alevosía y ventaja a 45 personas indefensas, en su gran mayoría niños y mujeres, entre ellas, cinco embarazadas, y causó graves lesiones físicas y sicológicas a otras personas que sobrevivieron. La masacre se llevó a cabo en el contexto de una estrategia contrainsurgente o de guerra irregular, cuya parte sustancial de su doctrina castrense se fundamenta, precisamente, en la formación de grupos de civiles afines, o paramilitares.

Durante todos estos años, diversas investigaciones independientes, (que incluyen tesis académicas e informes de organismos de derechos humanos), testimonios de sobrevivientes, actores activos confesos y testigos colaterales, y sobre todo, en el terreno judicial vinculatorio, los resultados de la Fiscalía especializada en delitos cometidos en la procuración y administración de justicia en el estado de Chiapas, dados a conocer este año, señalaron, sin lugar a dudas, un crimen de Estado, pese a la defensoría de oficio de intelectuales de la contrainsurgencia que lograron –en una campaña bien orquestada–, que la desprestigiada Suprema Corte de Justicia de la Nación, dejara en libertad a varios de los autores materiales de la matanza de Acteal. Han sido identificados como autores intelectuales, cómplices y encubridores de este delito de lesa humanidad, por omisión y comisión: Ernesto Zedillo Ponce de León, Liébano Sáenz Ortiz, Emilio Chauyffet Chemor, Julio César Ruiz Ferro, Jorge Madrazo Cuéllar, entre otros funcionarios, así como la entonces alta oficialidad de la Secretaría de la Defensa Nacional y comandantes de la séptima Región Militar.

Por mi parte, en mi calidad de presidente en turno de la Comisión de Concordia y Pacificación (Cocopa), presenté el 30 de abril de 1999 una demanda en la PGR, en torno a la existencia en Chiapas de grupos paramilitares, uno de los cuales habría realizado la masacre de Acteal. En la citada demanda estipulaba que “los paramilitares son ahora la fuerza de contención activa en Chiapas. Mientras que el Ejército se ha desplegado como una fuerza de contención pasiva, los paramilitares han estado dedicados a hostigar con acciones armadas a las bases de apoyo zapatistas, a lideres agrarios y a obispos y sacerdotes de la diócesis de San Cristóbal. La cooperación de los militares y policías supondría la aplicación de una táctica militar de contraguerrilla conocida como ‘yunque y martillo’, la cual consiste en que el Ejército e instituciones policiacas adoptan la función de fuerzas de contención (yunque) y permiten realizar la función de golpeo de los grupos paramilitares (martillo) contra el EZLN y sus simpatizantes.”

A partir de la experiencia chiapaneca y el estudio de grupos represivos como la llamada Brigada Blanca, que actuaron en la sombras de la guerra sucia de los años setenta, ochenta y noventa, y que vuelven a resurgir ahora con la guerra de Calderón, definimos a los grupos paramilitares como aquellos que cuentan con organización, equipo y entrenamiento militar, a los que el Estado delega el cumplimiento de misiones que las fuerzas armadas regulares no pueden llevar a cabo abiertamente, sin que ello implique que reconozcan su existencia como parte del monopolio de la violencia estatal. Los grupos paramilitares son ilegales e impunes porque así conviene a los intereses del Estado. Lo paramilitar consiste entonces en el ejercicio ilegal e impune de la violencia del Estado y en la ocultación del origen de esa violencia. Existen víctimas, hechos de sangre, como el de Acteal, pero ningún gobierno mexicano ha reconocido nunca la existencia de grupos paramilitares, porque sería reconocer la paternidad de masacres y actos represivos.

La organización Sociedad Civil Las Abejas, con justa razón, ha cuestionado fuertemente a un grupo que se separa de la misma, y que promueve a través de un bufete de abogados con domicilio en Miami, una demanda en contra de Ernesto Zedillo, a quien se acusa de crímenes de guerra y lesa humanidad. Se aduce que esta demanda tiene un carácter meramente civil y no penal, y que busca tan solo una reparación económica, que consideran inadmisible. No obstante, no hay que perder de vista que pese a estas limitaciones, la demanda abre un camino para un juicio a un ex presidente, quien, como jefe de Estado y comandante supremo de las fuerzas armadas, representa al conjunto de los funcionarios y militares implicados en los graves delitos cometidos. En las pruebas de la acusación, se pueden consultar importantes documentos que comprueban la responsabilidad de numerosos funcionarios y jefes militares y que van más allá de un enfoque conspirativo, en el sentido de que el proceso iniciado –señalan algunos analistas– podría ser maniobra electorera o venganza de personajes turbios como Felipe Calderón y Carlos Salinas de Gortari, respectivamente. No considero posible que en la lógica de semejantes protagonistas políticos, se pretenda violar la regla no escrita de no tocar, en ningún caso, la sacrosanta imagen de un ex presidente.

Asimismo, la comparecencia de Zedillo ante la justicia, sea esta civil, crea un precedente importante para el curso de la reciente denuncia –firmada por miles de ciudadanos–, en contra de Felipe Calderón y los integrantes de su gabinete de seguridad por presuntos crímenes de guerra y de lesa humanidad para ser juzgados ante la Corte Penal Internacional, con sede en La Haya.

Seguirán repitiéndose masacres como la Acteal en nuestro país –marcado por la violencia– mientras prevalezca la impunidad y se pretenda borrar de nuestra memoria el clamor de justicia.

Represión en Guerrero

Larga historia de agresiones a normales rurales

Iván García Solís

Los ataques gubernamentales contra las normales rurales se iniciaron justamente en la de Ayotzinapa el 2 de abril (vaya fecha escogida) de 1941 por Manuel Ávila Camacho, presidente rectificador de Cárdenas, y Luis Sánchez Pontón, su secretario de Educación.

La gran calumnia contra Ayotzinapa, como la llamó el profesor Hipólito Cárdenas, autor de un libro alusivo, consistió en inventar faltas a la autoridad y ultrajes a la bandera nacional, inculpando falsamente a los normalistas de haber sustituido el lábaro patrio por la bandera rojinegra de su huelga estudiantil.
Numerosos alumnos fueron detenidos y acusados de asociación delictuosa, delitos contra la autoridad y ultrajes a la bandera. Las autoridades democráticas, comenzando por el profesor Cárdenas, fueron cesadas y hostilizadas. Se suprimió el consejo técnico, instrumento democrático, y se impuso la separación de las escuelas regionales campesinas de las normales rurales, mutilando así un modelo educativo popular y avanzado.

El caso Ayotzinapa exhibió la ilegalidad del Poder Ejecutivo, la postración del Legislativo y la corrupción extrema del Judicial. El STERM (antecesor del SNTE) dio un giro a la derecha y la izquierda oficialista de entonces (Lombardo Toledano) también se doblegó. Ayotzinapa fue un laboratorio para abrirle cauce a la prensa como un cuarto poder vendido.

Díaz Ordaz dio otro severo golpe a las normales rurales al suprimir el internado para el ciclo secundario y convertir 50 por ciento de ellas en técnicas agropecuarias, sin las prestaciones de las primeras.

Ante las agresiones de Fox (El Mexe, Hidalgo) y Calderón-Aguirre (Ayotzinapa), apoyo total a la movilización del 19 de diciembre en defensa de Ayotzinapa y las normales rurales.