Alianza Social de Trabajadores de la Industria Mexicana

viernes, 16 de diciembre de 2011

Astillero-Peña Nieto, de voto - Golpe al Estado laico- Traición al Estado laico

Astillero
Regalito al Papa
Peña Nieto, de voto
IFE: cuotas simuladas
Terrorismo a modo
Julio Hernández López
Foto
DEDICATORIAS. En una librería, donde se realizó una firma de textos, el escritor Carlos Fuentes dijo que México necesita un presidente con el perfil de Lázaro Cárdenas y, en relación con algunos políticos, reiteró que no resulta problemático que no lean, sino que carezcan de experiencia para gobernar el paísFoto Cristina Rodríguez

Sólo sería necesario que Benedicto 16 adelantara un par de días la prevista fecha de su llegada a México para hacerla coincidir con la correspondiente al natalicio de Benito Juárez. Según las primeras versiones difundidas por el Vaticano, el jefe internacional de la Iglesia católica romana estaría en León, Guanajuato, del 23 al 26 de marzo del año próximo, aunque sus principales actividades se realiza-rían el 24 y el 25.
Fuese ajustado el calendario de esa visita papal, o sostenido en su programación hasta ahora conocida, lo cierto es que, en términos simbólicos y prácticos, la presencia pública desbordante de B-16 significará un golpe a la memoria de lo que ha sido el juarismo en su vertiente histórica de constitución y defensa del concepto del Estado laico. Sobre todo porque, en esta ocasión, la visita del Papa pretende ser convertida en una suerte de aparatosa reivindicación histórica del conservadurismo, mediante la entrega de una ofrenda consistente en la reforma del artículo 24 de la Constitución vigente para derribar los últimos frenos al expansionismo clerical y propiciar la legalización del carácter confesional en las escuelas, la realización de actos masivos fuera de recintos de culto religioso sin pedir permiso a autoridad alguna, la obtención de concesiones para frecuencias de radio y televisión a través de las cuales emitir directamente programación propia y la caracterización jurídica de la católica como la Iglesia dominante en el país, y de lo religioso como concepto dominante y excluyente en materia de conciencia.
En razón de ese compromiso de entregar al máximo sacerdote cambios constitucionales como ofrenda en el marzo juarista de 2012 (en plenas campañas), la derecha bicéfala de San Lázaro forzó ayer procedimientos, reglamentos y memoria histórica, unidos panistas y priístas en el objetivo de sacar adelante las modificaciones que el partido de blanco y azul considera totalmente afines a su pensamiento y trayectoria pero que en el caso del de tres colores solamente han sido impulsadas en razón de dar cumplimiento al compromiso que Enrique Peña Nieto hizo con los mandos locales y la nunciatura apostólica en el sentido de aprobar en la Cámara de Diputados las adecuaciones que, como advirtió con oportunidad y visión La Jornada en su edición de ayer, constituyen una nueva vía para demoler el Estado laico.
Cierto es que, en el México de las apariencias y la simulación, la Iglesia católica ya realiza y aprovecha varios de los rubros contenidos en las modificaciones constitucionales apenas autorizadas en San Lázaro que ahora pasan al Senado para revisión y eventual convalidación. Pero el Estado mexicano había mantenido esa reserva legal en su favor, la de una prohibición jurídica que sin embargo podía ser negociada y tolerada. Ahora, el clero triunfal legaliza lo que ejercía mediante discrecionalidad y, por tanto, obtiene una fuerza jurídica y política que podrá transferir abiertamente a los terrenos social y electoral. El Papa y su Iglesia obtuvieron anoche una autorización expresa para influir en los comicios de 2012. El Estado mexicano cede más y más frente a poderosos grupos de presión como las televisoras, los empresarios, las fuerzas armadas (soldados, marinos, policías) y ahora la elite católica.
La visita papal de marzo entrante queda desde ahora marcada por el interés electoral. La derecha confesa, la que se agrupa en el PAN, espera que la figura del sucesor de Juan Pablo II le ayude a ganar votos en una coyuntura especialmente difícil, que parece encaminada a que pierda el poder. Pero el principal buscador de indulgencias en tiempo de comicios es el mencionado Peña Nieto, educado o, más precisamente, egresado de una universidad perteneciente al Opus Dei. Por ello, ayer, los priístas férreamente alineados a su literariamente despeinado mando se batieron en la Cámara de Diputados en defensa del proyecto acordado, mientras petistas, entre los que destacó el constitucionalista Jaime Cárdenas Gracia, alegaron una y otra vez; demostraron violaciones procesales y conceptuales; tomaron la tribuna en un par de ocasiones, y acabaron viendo el paso de la aplanadora del prianismo para reformar el artículo 24 constitucional.
Antes de tal milagro benedictino prematuro, los diputados habían vivido otro momento de éxtasis. Catorce meses después de lo que la letra legal les indicaba, violando el artículo 41 constitucional en cuanto a la obligación de realizar una consulta ciudadana, y restituyendo el criterio mercantil del reparto de cuotas (apenas disfrazado mediante mejores hojas curriculares de los designados), la cámara tardía designó a tres consejeros del IFE. Tan insólita muestra de eficacia demorada generó enorme júbilo en esos legisladores que a través de tribunos cantarines dijeron estar presenciando momentos históricos en los que la democracia se perfeccionaba, las instituciones refulgían y ellos, los diputados, cumplían a cabalidad con sus responsabilidades y compromisos. Con un consejero por partido principal (PAN, PRI, PRD) en esta nueva asignación de consejeros, y sin mayor cambio que el numérico, los perfiles y méritos de los recién llegados irán sumándose al proceso de empequeñecimiento y predisposición adversa que han ido construyendo los seis ya existentes.
Y, mientras a título ciudadano y como creyente católico el licenciado Calderón se apresta a ir este domingo a una misa por la paz en la Basílica de Guadalupe, que oficiará el cardenal Norberto Rivera, y en tanto en San Lázaro continúan las protestas de diputados por la ceremonia de bendición, a cargo de un cura, de la sala de prensa de esa cámara, ¡feliz fin de semana, viendo a la secretaria mexicana de Relaciones Exteriores, Patricia Espinosa, responder con proyectiles declarativos ligeros (no aceptaremos cooperación que esté por encima de la soberanía nacional) al tentativo plan de un subcomité legislativo gringo (que aún deberá pasar por la aduana senatorial previsiblemente adversa a esos excesos) de intervención en México para combatir cárteles terroristas!
Nuevo acólito-Fisgón
Golpe al Estado laico
En una accidentada sesión, la Cámara de Diputados avaló ayer, por mayoría y con el respaldo de las bancadas de PRI y PAN, una reforma constitucional que permite la realización de actos de culto en espacios públicos sin dar aviso a la autoridad correspondiente, lo que incluye la difusión de ceremonias religiosas en medios masivos de comunicación e incluso abre la posibilidad de que las organizaciones clericales sean concesionarias de radio y televisión.
La reforma se sustenta en aseveraciones tan falaces como que no permitir la realización pública de ceremonias religiosas es un atentado a la libertad de creencia e implica que el Estado mexicano sea anticlerical por definición. El señalamiento es improcedente porque en ningún punto de la legislación en vigor se establece que las autoridades tengan capacidad de proscribir o perseguir a ningún credo: por el contrario, el artículo 24 de la Constitución ordena: El Congreso no puede dictar leyes que establezcan o prohiban religión alguna, en tanto que el 130, si bien consagra el principio institucional de la separación entre las iglesias y el Estado, ordena al segundo no intervenir en la vida interna de las primeras.
En todo caso, lo que parece estar detrás de la aprobación legislativa de ayer –además de las presiones ejercidas por la jerarquía católica del país y de un inocultable oportunismo electorero de PRI y PAN– es una grave falta de discernimiento de los legisladores que avalaron la citada enmienda, al sostener que, en aras de la libertad de culto, el espacio público no debe ser regulado en su laicidad: debe recordarse que la esfera pública, en tanto escenario de la interacción social cotidiana, está sometida por definición a la regulación del Estado; éste, a su vez, debe fijar las condiciones de su uso colectivo e individual del espacio público, a efecto de garantizar su accesibilidad a todos los ciudadanos, y ello incluye, desde luego, mantenerlo al margen de cualquier sesgo confesional. No existe, pues, afán anticlerical alguno en la reivindicación de que las instituciones estatales acoten la realización de los actos religiosos a los templos, sino el reconocimiento de la necesidad de preservar un ámbito neutral para todas las personas, independientemente de su credo.
Por otra parte, resulta preocupante que los promotores de la citada reforma equiparen las limitaciones a la difusión de actividades religiosas en medios masivos con una censura previa, y que se pretenda, con base en ello, dar concesiones de radio y televisión a las organizaciones religiosas. La argumentación contrasta con el trato discriminatorio que la propia autoridad ha dado en ese ámbito a entidades federativas, municipios, universidades, comunidades, gremios y otras formas de organización social, algunas de las cuales tienen mayor trascendencia legal y social que cualquier instancia religiosa, incluida la Iglesia católica, y que tendrían que verse beneficiadas, antes que éstas, de una eventual liberalización de las concesiones de medios electrónicos. En cambio, un efecto posible de la reforma avalada ayer es la colocación de frecuencias televisivas y radiofónicas en manos de las instituciones religiosas que cuenten con más recursos económicos, y ello podría agravar el desequilibrio que persiste en favor esas organizaciones e incrementar el poder de facto que ejercen sobre la sociedad y las instituciones.
Por lo demás, es cuestionable la aseveración de que con estas modificaciones en el texto constitucional se reconoce el derecho implícito en la tutela de los padres sobre los hijos para enseñarles la religión que profesan, cuando las leyes vigentes permiten que las familias eduquen a sus hijos según sus convicciones religiosas y morales, ya sea en los propios templos o en colegios privados. En cambio, la votación legislativa de ayer sienta un precedente nefasto y un riesgo considerable para la vigencia de otros preceptos, como el carácter laico de la educación pública asentado en el artículo tercero de la Carta Magna.
En suma, la aprobación de la reforma referida no derivará en una sociedad más libre, como afirman sus impulsores: por el contrario, y dada la correlación de fuerza existentes entre las autoridades políticas y los poderes fácticos –incluida la Iglesia católica– cabe suponer que esto se traduciría, si hallara convalidación en el Senado, en una sociedad más intolerante, en un poder político más atado de manos ante el clero, en una multiplicación de la capacidad de chantaje de las jerarquías eclesiásticas y en un debilitamiento del carácter laico del Estado.
Estado laico-Ahumada
Traición al Estado laico
Gabriela Rodríguez
Policías que matan estudiantes, más muertos y más violencia cada día, y cada vez más urgente la necesidad de lograr un cambio verdadero. Enfrentamos una guerra material y cultural, el peor momento del país que me ha tocado vivir.
Pero a los legisladores del PAN y del PRI lo único que les preocupa es la campaña electoral, y como al votar juntos suman las tres cuartas partes que exige toda reforma constitucional, esta semana quisieron ganarse al episcopado mexicano al cambiar el artículo 24 de la Constitución; pero el intento les falló, y ante las irregularidades del proceso ayer las y los legisladores de la izquierda tuvieron que tomar la tribuna. Esperamos que no vuelvan a presentar una reforma que atenta contra el Estado laico.
La reforma pretendida no es menor. Querían cambiar el concepto anterior de libertad de creencia por el de libertad de conciencia y religión, además de derogar el párrafo que sujeta la realización de los actos de culto público en los templos, lo cual tiene un gran riesgo: abre la puerta para difundir ideas religiosas en los espacios públicos, en las calles, en los medios, y –en la concepción del episcopado– la libertad de religión podría incluir a las escuelas públicas.
Increíble pero cierto, lo que los jerarcas eclesiales perdieron frente a Benito Juárez en 1857, frente al Constituyente de 1917 y en la Guerra Cristera, quieren recuperarlo en pleno siglo XXI. La gravedad de la reforma pretendida es el riesgo de quitar al Estado la hegemonía de la educación y echar atrás un proceso que permitió que las prácticas religiosas se circunscribieran a la vida privada, que los mexicanos fuésemos formados con base en los valores democráticos y constitucionales, en los conocimientos científicos y en las humanidades, una reglamentación que durante 150 años nos permitió modernizarnos y secularizarnos, ejercer los derechos humanos y ser libres.
Se trata de una iniciativa innecesaria y discriminatoria porque ya esta contemplada la libertad de creencias y de culto en la Constitución, pero ahora querían otorgar grandes privilegios a la jerarquía católica sin brindar ningún beneficio al resto. Se vulneraría la democracia porque discrimina a muchos católicos que no comulgan con las ideas de los obispos, a las minorías religiosas y a quienes no profesamos ninguna religión.
Las principales víctimas de la desregulación de las ideas religiosas serían las familias pobres: las niñas, los niños, los jóvenes, las mujeres y las minorías sexuales, las familias de hogares marginales, rurales e indígenas, así como quienes tienen menor capital cultural y cuentan con menos libros e información en casa. Porque la difusión del catolicismo en los espacios públicos no sólo promueve el amor al prójimo, sino que puede deformar el derecho a la información y atentar contra los derechos sexuales y reproductivos: cuando desprecia el erotismo y distorsiona el vínculo del amor y la sexualidad, cuando devalúa las capacidades de niñas, niños y adolescentes al negarles el derecho a la información y dejarlos más vulnerables al abuso sexual y la pederastia, cuando discrimina a solteros y solteras con vida sexual activa y a las minorías sexuales, al promover la virtud de la castidad y de la virginidad, al condenar los pecados de la masturbación, la fornicación, la pornografía, la prostitución y los actos homosexuales; y limita el acceso a la salud reproductiva y a la maternidad voluntaria, al proscribir el condón, los métodos anticonceptivos y la interrupción legal del embarazo.
Esta semana PRI y PAN perdieron una batalla contra el Estado laico pero ganaron otra: no lograron cambiar el artículo 24 para que los ministros religiosos llamaran a votar por sus siglas, pero triunfaron al traer al Papa y así poder manipular a las masas en plena campaña electoral.
Las elites políticas deberían tomar en cuenta la opinión de las nuevas generaciones, quienes actualmente representan la mayoría de los votantes. De acuerdo con la Encuesta Nacional de la Juventud 2010, 60.9 están en desacuerdo en que la Iglesia participe activamente en la política, 49.4 por ciento considera que la Iglesia no tiene una respuesta adecuada para los problemas sociales concretos del país, 66.2 por ciento de los jóvenes y 54.20 de ellas utilizaron un anticonceptivo en su primera relación sexual, y en cuanto a sus creencias 83 por ciento son católicos, 7.8 son cristianos, y actualmente 7.9 no tienen ninguna religión, lo cual aumentó 4.9 puntos porcentuales en cinco años.
La historia nos enseña que brindar mayor libertad de acción a las elites religiosas no garantiza una convivencia pacífica ni armoniosa sino todo lo contrario. Para evitar enrarecer más el ambiente electoral o calentar los ánimos en un caldo de cultivo tan violento como el que prevalece en nuestro territorio, habría que fortalecer la laicidad del Estado, denunciar lo peligroso de vulnerarla y además solicitar al Vaticano que posponga la visita del Papa para 2013. Aunque parece que la violencia no es un asunto que les quite el sueño ni a los candidatos ni a los legisladores de la derecha.
Ensotanados al ataque-Magú

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